PGN - NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO - Falsa motivación y vulneración del debido proceso

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra actos por los cuales se dio por terminado el trámite de solicitud de legalización de minería de hecho COMPETENCIA-Del Consejo de Estado en acciones que se promuevan sobre asuntos mineros distintas de las contractuales según regulación legal FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA-Como excepción respecto a INGEOMINAS no se encuentra configurada ….De esta manera, encuentra esta Delegada que no está llamado a prosperar la solicitud elevada por el apoderado de Servicio Geológico Colombiano antes Instituto Colombiano de Geología y Minería -INGEOMINAS, toda vez que, como ya se analizó, esta entidad participó de manera activa como autoridad minera en la expedición de la Resolución SCT00307, por lo que la excepción denominada falta de legitimación en la causa por pasiva respecto a INGEOMINAS, no se encuentra configurada correspondiéndole hacer parte del litisconsorcio pasivo a esta institución. ACTO ADMINISTRATIVO-Se ajusta a disposiciones contenidas en el Código de Minas y demás normas complementarias/ACTO ADMINISTRATIVO-Goza del principio de legalidad En este orden de ideas, encuentra esta Delegada del Ministerio Público que la Resolución SCT 00307 del 4 de marzo de 2011, expedida por INGEOMINAS como autoridad minera para la época se ajusta a las disposiciones contenidas en el Código de Minas y las demás normas complementarias, por lo tanto, goza del principio de legalidad, pues evidentemente para dicha fecha se encontraba en trámite la solicitud de contrato de concesión minera LDS 09471, la cual en ejercicio de prelación la comunidad indígena de

los cabildos Canoas, Concepción y Guadualito, debiendo ser tramitada. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-La controversia no es contractual lo cual hace que no encuadre dentro de excepciones de ley/ACTOS DEMANDADOS-En virtud de estos se rechazó propuesta a fin de legalizar actividad minera Por lo anterior, esta Delegada del Ministerio Público considera que si bien la pretensión está encaminada a que por vía judicial se declare la nulidad de los actos administrativos atacados y, en consecuencia, obtener la concesión para las actividades de exploración y explotación minera, bien sea mediante el respectivo contrato de concesión o aquél medio que con ese fin establezca la ley, lo cierto es que la controversia no es de índole contractual y, por tanto, no se encuadra dentro de las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente, por lo tanto recae la competencia en única instancia al Consejo de Estado. Lo anterior, habida consideración que la presente demanda versa sobre temas mineros, pues en virtud de los actos acusados se rechazó la propuesta con el fin de legalizar la actividad minera que ejercía la Ladrillera San Benito LTDA ejercía desde el año 1992, en el yacimiento de Arcilla ubicado en el terreno Las Delicias de la jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, suscribiendo el respectivo contrato de concesión minera. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (50740) 110010326000201400056 00 ACTOS ADMINISTRATIVOS-Están dotados de presunción de legalidad, legitimidad, validez, ejecutividad y justicia según sentencia del Consejo de Estado NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO-Falsa motivación y vulneración del debido proceso/ENTIDAD ESTATAL-Se debe ordenar a esta el adelantamiento de trámite de propuesta de legalización de minería utilizando derecho de prelación Esta Delegada del Ministerio Público solicita al Honorable Consejo de Estado, acceder de manera parcial a las pretensiones invocadas, y proceda a declarar la nulidad de la Resolución 003743 expedida por la Agencia Nacional de Minería -ANM el 10 de septiembre de 2013, habida consideración que su expedición se fundamentó en que la propuesta de la comunidad indígena LDS 09471, se encontraba vigente para esa fecha, tiempo en el que realmente ya había sido archivada por disposición de la agencia, es decir que dicha situación no es real, configurándose una falsa motivación, y vulnerando el debido proceso que le permitía a la solicitud de legalización de minería de hecho FLS134 ser tramitada y estudiada de fondo. De esta manera, y al no existir superposición de la solicitud de concesión minera LDS 09471, y a título de restablecimiento del derecho se solicita ordenar a la Agencia Nacional de Minería que adelante el trámite de la propuesta de legalización de Minería de hecho FLS 134 presentada por la Sociedad CM Ladrillera San Benito LTDA hoy S.A.S el 28 de

diciembre de 2004, con el correspondiente derecho de prelación que le asiste por haber explotado de manera pacífica e ininterrumpida el yacimiento de minerales de arcilla ubicado en el terreno Las delicias de la jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca 2 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (50740) 110010326000201400056 00

CONCEPTO No. 114 / 2018

Bogotá D.C., 30 de julio de 2018. Señores Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A Consejera Ponente Doctora Marta Nubia Velásquez Rico

E. S. D.

Radicado: 110010326000201400056 00 (50740) Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Ley 1437 de 20111 – única Instancia

Actor: Sociedad C. M Ladrillera San Benito S.A.S.

Demandado: Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS y otro.

Sentido del concepto: solicitud de acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda / Es procedente declarar la nulidad de la Resolución No 003743 expedida por la Agencia Nacional de minería ANM / A título de restablecimiento del derecho se adelante el respectivo trámite de estudio

de la solicitud de legalización minera FLS-134 / El acto administrativo en mención fundado con falsa motivación / Concurre una causal de nulidad señaladas en el artículo 137 de la Ley 1437 del 2011 / No es procedente declarar la falta de legitimación del Servicio Geológico Colombiano antes

INGEOMINAS.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y del patrimonio público.

1. ANTECEDENTES

1.1. Demanda. 3 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (50740) 110010326000201400056 00 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, la Sociedad C.M. Ladrillera San Benito SAS, instauró demanda en contra de la Agencia Nacional de Minería y el Instituto Colombiano de Geología y Minería, con el fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones bajo los números SCT 00307 del 4 de marzo de 2011 y 003743 del 10 de septiembre de 2013, mediante las cuales se dio por terminado el trámite de la solicitud de legalización de minería de hecho

elevada por la Sociedad C M Ladrillera San Benito S.A.S. Mediante escrito de la demanda, se indica que los actos administrativos demandados fueron expedidos con infracción de las normas en que debían fundarse, con desconocimiento al debido proceso de la Sociedad C.M Ladrillera San Benito S.A.S y con falsa motivación. Por lo anterior, y como consecuencia de las declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, solicita la actora se reconozca a su favor lo dejado de percibir desde la fecha de ejecutoría de la Resolución 003743 del 10 de septiembre de 2013, acto administrativo que confirmó la terminación de la solicitud de legalización de minería de hecho, pues fue desde ese momento en que se suspendieron las actividades de explotación hasta que se dé cumplimiento a la orden impartida en decisión de única instancia. 1.2. Contestación de demanda. I.2.1. El servicio Geológico Colombiano – antes Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS-, mediante escrito radicado el 27 de febrero de 20151, presentó contestación de la demanda, resaltando que sus funciones corresponden únicamente a funciones de autoridad geológica nacional, por lo tanto, presentó oposición a las pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, argumentando en síntesis lo siguiente:  Según reza la demanda está dirigida en contra de la Agencia Nacional de Minería y del instituto Colombiano de Geología y Minería, en calidad de autoridad minera, sin embargo, se vinculó al Servicio Geológico Colombiano, entidad que por disposición del Decreto No 4131 de 2011, reemplazó al

extinto INGEOMINAS, y mutó su naturaleza jurídica de establecimiento público a Instituto Científico y Técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa, técnica ,financiera y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Minas y Energía, el cual hace parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI. 1 Folios 172 al 177 del cuaderno principal. 4 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (50740) 110010326000201400056 00  Insistió que los hechos que fundamentan la presente acción, así como las pretensiones que busca alcanzar, son ajenas por completo a las competencias del Servicio Geológico Colombiano, puesto que en virtud del Decreto 4134 de 2011, a partir del 2 de junio de 2012, dichas funciones son ejercidas por la Agencia Nacional de Minería; razón por la que los hechos de la demanda no le constan y manifiesta atenerse a lo que resulte probado en el proceso, máxime que desde la creación de la Agencia Nacional de Minería como autoridad minera, se efectúo la trasferencia de los expedientes contentivos de los contratos de concesión minera y autorizaciones temporales que se tramitaban a instancia de la extinta Dirección Técnica del Servicio Minero de INGEOMINAS.

 El ámbito funcional del Servicio Geológico Colombiano, se enmarca en el artículo 4° del Decreto Ley 4131 de 2011, y este no contempla funciones de autoridad minera, mucho menos le otorga facultad que le permitiera satisfacer las pretensiones invocadas en la presente acción, tales como la nulidad del contrato de concesión, nulidad de la inscripción en el Registro Minero Nacional o la desanotación del área.  En consonancia con el artículo 11 ibidem, el régimen de transición señaló que las funciones como autoridad minera que había sido delegadas por el Ministerio de Minas y Energía seguían a cargo del Servicio Geológico Colombiano, hasta que la Agencia Nacional de Minería entrara en operación, lo cual ocurrió el 3 de mayo de 2012.  La Agencia Nacional de Minería, con su entrada en vigencia adquirió el derecho de postulación ante los diferentes despachos judiciales dentro de diversas controversias judiciales, que por su naturaleza, objeto o sujeto procesal deben ser atendidos por la agencia en su condición de autoridad minera sucesora de las funciones que hasta el 3 de mayo de 2012 estuvieron a cargo de INGEOMINAS.  De esta manera, en casos de controversias judiciales como el presente, los artículos 14 del Decreto 4131 de 2011 y 22 del Decreto 4134 de 2011 excluyeron al Servicio Geológico Colombiano de todo proceso judicial cuyo objeto, naturaleza y sujeto procesal deba ser atendido, incluso en aquellos motivados en hechos ocurridos con anterioridad a la creación de la ANM.  De conformidad con lo anterior, manifestó que es evidente que el Servicio

Geológico Colombiano no se encuentra legitimado en la causa para ser parte de la pasiva dentro de la presente acción, toda vez que, no participó en ninguno de los hechos que originaron la demanda, por el contrario dicha participación recae únicamente sobre la autoridad minera, sin consideración 5 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (50740) 110010326000201400056 00 a su denominación, por lo cual solicitó se declare probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva a su favor. I.2.2.La Agencia Nacional de Minería -ANM-, sustentó contestación de la demanda2, mediante apoderado judicial que manifestó oponerse a la totalidad de las pretensiones de la demanda, solicitando sean desestimadas profiriendo sentencia adversa a las presunciones invocadas indicando, en resumen:  Desde la creación de la ANM, efectuada mediante el Decreto 4134 del 3 de noviembre de 2011, además de las resoluciones complementarias, las decisiones y pronunciamientos emitidos por la agencia en cada uno de los trámites administrativos a su cargo, obedecen a imperativos legales que deben ser acatados en toda su extensión.  Las resoluciones atacadas mediante la presente demanda, fueron expedidas con absoluto apego a las disposiciones legales que rigen la materia.

Efectivamente, tanto la Subdirección de Contratación y Titulación Minera de INGEOMINAS como la Vicepresidencia de Contratación y Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería; motivaron su decisión de dar por terminada la Solicitud de Legalización de Minería de Hecho No FLS -134 debido a presentar superposición total de la misma con la propuesta de Contrato de Concesión No LDS-09471 presentada por las comunidades indígenas de los Resguardos de Canoas, Concepción y Guadalito en ejercicio de su derecho de prelación de conformidad con lo señalado en el artículo 124 de la Ley 685 de 2001.  Para la época de los hechos la autoridad minera, efectúo verificación de la superposición que existía de la solicitud de minería de hecho No FLS – 134 con la zona minera indígena declarada por el Ministerio de Minas mediante Resolución No 801703 del 26 de julio de 1996, de esta manera, el 26 de marzo de 2010 procedió a notificar a las comunidades indígenas existentes en dicha zona, con el fin de que, si lo consideraban y en ejercicio de su derecho de prelación presentaran solicitud de contrato de concesión minero, dentro del término legal de 30 días siguientes a la notificación conforme lo establece en el artículo 275 del Código de Minas.  De esta manera, el 28 de abril de 2010 encontrándose dentro del término legal, el Cabildo Indígena de Canoas y los resguardos Indígenas de la Concepcion y de Guadalito ejercieron su derecho de prelación ante la Solicitud de Legalización de Minería de Hecho No FLS-134, haciendo

necesario que la Autoridad Minera de la época realizara una reevaluación técnica de esta última para determinar su viabilidad ante esta nueva situación fáctica y jurídica. 2 Foliatura desde el 208 al 221 vuelto del cuaderno principal del Consejo de Estado. 6 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (50740) 110010326000201400056 00  En consecuencia, el 13 de agosto de 2010 el Grupo de Legalización de Minería de Hecho de la Subdirección de Contratación y Titulación Minera de INGEOMINAS realizó reevaluación técnica respecto a la Solicitud de Legalización de Minería de Hecho No FLS-134, concluyendo esta presentaba superposición parcial con la Zona Minera Indígena y superposición total con la solicitud LDS-09471 presentada por los resguardos indígenas Canoas, Concepción y Guadalito en ejercicio del derecho de prelación contemplado en la ley. Así las cosas, se procedió a eliminar la superposición parcial con la zona minera indígena comunidad indígena al haberse ejercido el derecho de prelación.  Corolario a lo anterior, y teniendo en cuenta que la propuesta de contrato de concesión presentada por la comunidad indígena en mención gozaba de prelación respecto de la Solicitud de Legalización de Minería de Hecho No

FLS-134, con la cual presentaba una superposición total, es incuestionable que la autoridad minera de la época debía proceder a rechazar esta última, como en efecto ocurrió a través de la Resolución No 00307 del 04 de marzo de 2011.  Así las cosas, es evidente que, a diferencia de lo indicado por la demandante, la Resolución No 00307 del 04 de marzo de 2011 se encuentra ajustada en derecho y en este sentido, la decisión de dar por terminado la Solicitud de Legalización de Minería de Hecho No FLS-134 tiene amplio sustento debido al ejercicio del derecho de prelación por parte de las comunidades indígenas en mención. De esta manera, es claro que la solicitud presentada por la actora no estaba llamada a prosperar y por tanto debía darse por terminada en los términos señalados por el Decreto 2390 de 2002.  Por lo anterior, indicó el apoderado de la ANM que al momento de resolver el recurso de reposición sustentado por la actor frente a la resolución 00307 del 2011, la autoridad minera de manera errónea afirmó que la propuesta del contrato de concesión No LDS – 09471, presentada por los resguardos indígenas Canoas, Concepción y Guadualito en ejercicio del derecho de prelación, se encontraba vigente, sin embargo, esto en nada afecta la decisión de confirmar la resolución recurrida, puesto que el fundamento principal para ello no fue la vigencia de dicha propuesta sino el ejercicio del derecho de prelación respecto de la solicitud de legalización de Minería de Hecho LDS-134, por parte de las precitadas comunidades indígenas, esto de

conformidad con el Decreto 2390 de 2002 que obligaba a dar por terminada dicha solicitud. 7 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (50740) 110010326000201400056 00  Aunado a lo anterior, mencionó que no debe perderse de vista que la Ley 21 de 1991, mediante la cual se aprobó el convenio 169 de 1987 de la OIT sobre los pueblos indígenas y triviales, establece en el numeral primero del artículo 2° que los gobernantes deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto por su integridad.  Concluyó que los actos administrativos atacados, gozan del principio de legalidad puesto que fueron expedidas dentro del rigor jurídico, pues su expedición tuvo su sustento en las disposiciones contenidas en la Ley 685 de 2001, Decreto 2390 de 2002 y demás normas aplicables.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos: Para resolver el conflicto jurídico suscitado entre las partes se plantean los siguientes problemas jurídicos. 2.1.1. Problemas jurídicos propuestos por la parte demandante:  ¿Existió violación al debido proceso por parte de la AGENCIA NACIONAL DE

MINERÍA, en la expedición de la Resolución SCT 00307 del 4 de marzo de 2011, mediante la cual se dio por terminado el trámite de la solicitud de legalización minera de hecho elevada por la Sociedad CM Ladrillera San Benito S.A.S., la cual fue objeto de recurso de reposición, resuelto mediante la resolución 003743 del 10 de septiembre de 2013, la cual confirmó en todas sus partes el primer acto administrativo? 2.1.2. Problema jurídico propuesto por el Servicio Geológico Colombiano:  ¿De conformidad con las situaciones fácticas de la presente acción, es procedente declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto al demandado Servicio Geológico Colombiano antes Instituto Colombiano de Geología y Minería -INGEOMINAS? 2.1.3. Problemas Jurídicos propuestos por Agencia Nacional de Minería: 8 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (50740) 110010326000201400056 00  ¿Las Resoluciones SCT 00307 del 4 de marzo de 2011 y 003743 del 10 de septiembre de 2013, expedidas por la autoridad minera para la época de los hechos, se ajustan a las disposiciones contenidas en el Código de Minas y las demás normas complementarias, por lo tanto, gozan del principio de legalidad?

2.1.4. Problemas jurídicos plateados por el Ministerio Público:  ¿En el presente caso, las Resoluciones SCT 00307 del 4 de marzo de 2011 y 003743 del 10 de septiembre de 2013, incurren en alguna de las causales de nulidad señaladas en la Ley 1437 de 2011? 2.2. Marco teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público. 2.2.1. Competencia en única instancia del Consejo de Estado en la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En relación con la competencia para conocer de esta clase de acciones, el artículo 128 del C.C.A., en su numeral 6, establece que el Consejo de Estado conocerá, en única instancia, de los siguientes asuntos: “6. De los que se promuevan sobre asuntos petroleros o mineros en que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada, con excepción de las controversias contractuales, de reparación directa y las de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre impuestos mineros, contribuciones y regalías, que seguirán las reglas generales” (negrita por fuera del texto original). A su turno, el artículo 295 de la Ley 685 de 20011, prevé: “ARTÍCULO 295. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO. De las acciones que se promuevan sobre asuntos mineros, distintas de las contractuales y en los que la Nación o una entidad estatal nacional sea parte, conocerá el Consejo de Estado en única instancia”. Por lo anterior, esta Delegada del Ministerio Público considera que si bien la

pretensión está encaminada a que por vía judicial se declare la nulidad de los actos administrativos atacados y, en consecuencia, obtener la concesión para las actividades de exploración y explotación minera, bien sea mediante el respectivo 11 Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones. 9 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (50740) 110010326000201400056 00 contrato de concesión o aquél medio que con ese fin establezca la ley, lo cierto es que la controversia no es de índole contractual y, por tanto, no se encuadra dentro de las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente, por lo tanto recae la competencia en única instancia al Consejo de Estado. Lo anterior, habida consideración que la presente demanda versa sobre temas mineros, pues en virtud de los actos acusados se rechazó la propuesta con el fin de legalizar la actividad minera que ejercía la Ladrillera San Benito LTDA ejercía desde el año 1992, en el yacimiento de Arcilla ubicado en el terreno Las Delicias de la jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, suscribiendo el respectivo contrato de concesión minera. 2.2.2. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. De acuerdo con el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, la jurisdicción de lo

contencioso administrativo está instituida para conocer, entre otras, de las controversias y litigios originados en actos administrativos; disposición que guarda relación con los artículos 137 y 138 ibidem que consagran los medios de control de Nulidad y de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Ambos medios de control tienen una finalidad y un objeto distintos, lo cual ha sido centro de análisis en múltiples decisiones de la jurisprudencia, en las cuales se ha concluido que el primero busca la legalidad abstracta o control del ordenamiento jurídico (salvaguarda del principio de legalidad), mientras que con el segundo se persigue además de lo anterior, la defensa de un interés particular que ha sido vulnerado por la expedición del acto administrativo, específicamente para que opere el restablecimiento del derecho conculcado con el acto, así como la consecuente indemnización de perjuicios, de ser el caso. Igualmente, se ha concluido que por regla general el primero procede contra actos de carácter general y el segundo contra actos de carácter particular y concreto, con las excepciones legales y jurisprudenciales que no son del caso traer a colación, así como que el demandante no puede escoger el medio por el cual pretende acudir a la jurisdicción, sino que éste debe adecuarse a los móviles y finalidades por los cuales se acude a la administración de justicia. 2.2.3. Principio de legalidad de los actos administrativos. Respecto al tema el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, manifestó3 que los actos administrativos están dotados de presunción de legalidad, legitimidad, validez, ejecutividad y de justicia, por lo cual se le da plena eficacia y

obligatoriedad a la actividad de la Administración, suponiendo que todo acto administrativo se elabora conforme al ordenamiento jurídico superior, tratándose 3 Sentencia del 3 de diciembre de 2007, proceso radicado interno No 16503, actor Luz Bernal De Pedraza y otros contra el municipio de Sabaneta. 10 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (50740) 110010326000201400056 00 de una presunción legal o iuris tantum y no iuris et de iure, vale decir, que admite prueba en contrario y por lo mismo es desvirtuable ante los jueces competentes. El fundamento Constitucional del principio de legalidad de los actos administrativos, se estipulado en el inciso 1 del artículo 29 de la Carta Magna, que dispone “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas” 2.2.4. Procedimiento para la legalización de la minería de hecho – Ley 685 de 2001. En cuanto al proceso de legalización minera, de acuerdo a las situaciones fácticas del proceso bajo análisis, se tiene que este se adelantó en vigencia del Código de Minas -Ley 685 de 2001, y en cumplimiento específicamente del artículo 165 del, el cual, dispuso: “Los explotadores de minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional, deberán solicitar, en el término improrrogable, de

tres (3) años contados a partir del primero (1°) de enero de 2002, que la mina o minas correspondientes les sean otorgadas en concesión llenando para el efecto todos los requisitos de fondo y de forma y siempre que el área solicitada se hallare libre para contratar.” Al respecto, el artículo 271 ibidem, estableció como requisitos de la solicitud de legalización mediante propuesta de contrato de concesión, indicando al respecto: “a) El señalamiento del municipio, departamento y de la autoridad ambiental de ubicación del área o trayecto solicitado; b) La descripción del área objeto del contrato, y de su extensión; c) La indicación del mineral o minerales objeto del contrato; d) La mención de los grupos étnicos con asentamiento permanente en el área o trayecto solicitados y, si fuere del caso, el hallarse total o parcialmente dentro de zona minera indígena, de comunidades negras o mixtas; e) Si el área abarca, en todo o en parte, lugares o zonas restringidas para cuya exploración y explotación se requiera autorización o concepto de otras autoridades, deberán agregarse a la propuesta de acuerdo con el artículo 35; f) El señalamiento de los términos de referencia y guías mineras que se aplicarán en los trabajos de exploración y el estimativo de la inversión económica resultante de la aplicación de tales términos y guías; g) A la propuesta se acompañará un plano que tendrá las características y especificaciones establecidas en los artículos 66 y 67 de este Código. La propuesta deberá verterse en el modelo estandarizado adoptado por la entidad concedente”. Presentada la propuesta y sus anexos con el lleno de requisitos, corresponde a la

autoridad minera competente en cada etapa, el impulso oficioso del proceso de legalización hasta su finalización con la suscripción del contrato de concesión y su posterior registro, así como la disposición de todas las herramientas y actuaciones 11 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (50740) 110010326000201400056 00 necesarias para la efectiva conclusión de dicho procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 263 de la Ley 685 de 2001. Previo a la celebración del contrato de concesión, la autoridad minera competente, debía verificar las restricciones de área establecidas en el artículo 34 del Código de Minas y la libertad de la misma, a fin de establecer posibles superposiciones totales o parciales, que en caso de presentarse darán lugar al ajuste de la propuesta al área disponible, o en caso de superposición total impondrá su rechazo. 2.2.5. Derecho de prelación de los grupos indígenas en solicitudes de legalización de minería de hecho – alcance normativo. El Código