PGN - NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORAL - Alteracion de las actas despues de ser firmadas

NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORAL-Violencia ejercida sobre los jurados de votación y los sobres contentivos de los tarjetones electorales En relación con este primer cargo esta Delegada quiere destacar que luego de analizar el contenido de los documentos con los que el actor pretende demostrar el requisito de procedibilidad, el mismo no se acreditó en debida forma, pues no es claro que en ellos se haya reclamado con fundamento en la causal 1ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo. En efecto, el actor refiere hechos que de suyo no denotan el ejercicio de violencia, ni física ni de otro orden, sobre el escrutador o sobre el elector, pues el demandante señala que la misma se efectúo sobre los testigos y en cuanto a la violencia sobre las tarjetas o la mezcla de estas por razón de la violencia no son más que meras suposiciones, inferencias de carácter subjetivo que no fueron objeto de probanza en debida forma. Conforme al tenor literal de la norma la causal de nulidad derivada de la violencia que consagra el numeral 1° del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, se ejerce y puede recaer sobre el escrutador o sobre las papeletas (tarjetones electorales). Inicialmente esta causal de nulidad se interpretó ceñida a su tenor literal, por manera que solo en los eventos que ella describe se entendía configurada esta causal de nulidad, posteriormente la H. Sala consideró que la violencia que generaba una nulidad de la elección no sólo era la considerada en la norma, sino que ésta también podía comprender al elector a quien, por razón de la misma, se le podía obligar a votar por un determinado

candidato o por el contrario, se le podía conminar a no ejercer el derecho de elegir, que le es propio; en todo caso, los eventos en los que se conculcara el libre albedrío del elector se materializaba la nulidad con fundamento en esta causal. NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORAL-Se requiere demostrar que la violencia pretendía modificar el resultado electoral Ahora bien, conforme a lo señalado en la jurisprudencia que esta H. Sala ha elaborado en torno al asunto, no basta señalar que se ejerció violencia pues ella per sé no hace nula la elección sino que se requiere demostrar que la misma estaba dirigida a alterar el resultado electoral, que bajo constreñimiento se obligó al escrutador a modificar el resultado incorporando en los documentos electorales, resultados que no corresponden con la realidad de las urnas, o con la destrucción de las tarjetas electorales, o que se obligó al elector a depositar su voto contra su voluntad o se le obligó a no ejercer el derecho de elegir; empero, para la prosperidad de la acción con fundamento en esta causal se debe demostrar el hecho de la violencia y su incidencia en el resultado electoral final. Conforme a los supuestos fácticos que expone el actor en este primer cargo, se observa que la violencia que alega se ejerce sobre los testigos electorales del movimiento político que apoyaba la causa electoral del candidato derrotado, es decir, que no se trata de violencia ejercida contra el escrutador, a que alude la causal invocada en la demanda. No existiendo este primer presupuesto bastaría el argumento de que no se trata de la persona señalada en la disposición para proceder a la desestimación del cargo; empero,

como quedó anotado, la violencia que genera la nulidad también comprende al elector y el jurado de votación reviste en principio esta calidad, por lo mismo se podría estudiar el asunto a la luz de la jurisprudencia elaborada por la H. Sala , conforme a la cual la violencia que genera la nulidad de la elección comprende de igual manera a la que se ejerce sobre el elector para que apoye una determinada causa política o para que se abstenga de ejercer el derecho de elegir, aspectos estos que no aparecen probados en el plenario. En efecto, de las pruebas y de los hechos que relata el actor se puede concluir que se obstruyó la labor de los jurados de votación, que no se les permitió efectuarla de la manera más adecuada a los fines para los cuales se instituyó esta figura, pero a lo sumo

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co podrá considerarse como un ejercicio indebido de las funciones atribuidas a las autoridades de policía y electorales que impidieron este control, hecho que bien puede generar una responsabilidad en ellos, pero que no acarrea la nulidad de la elección. En cuanto a la violencia sobre los tarjetones, no hay elemento de prueba que demuestre la verdad de la aseveración que hace el actor y menos de que fue ella la que determinó el resultado electoral. NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORALCausal por falsedad del registro Esta causal de nulidad se halla consagrada en los términos fijados por el artículo 223 del

Código Contencioso Administrativo En fin, el demandante enlista una serie de irregularidades que no configuran la causal de nulidad por falsedad o aprocrifidad de los registros electorales pues no se denota que estas irregularidades hayan alterado el resultado electoral, ni que las mismas estén relacionadas «con la mutación física física o material de los pliegos, con la alteración intelectual de su contenido y con la inexistencia de los documentos que puedan contribuir a la formación de los registros, cuando tales documentos constituyen garantía eficaz e irremplazable de la pureza del sufragio” No se puede desatender lo señalado en la jurisprudencia elaborada en torno a esta causal de nulidad, en particular aquella que ha señalado como indispensable «… para que prospere una impugnación de esta naturaleza contra un resultado electoral, que se muestre plenamente, y no a base de inferencias o hipótesis, la existencia concreta y operante de uno de aquellos sistemas de maquinación fraudulenta ya mencionados. De lo contrario, la presunción de legalidad y veracidad que ampara los actos de las operaciones electorales bastará para mantener incólume el resultado de la acusación...» Ahora bien, los hechos que si pueden ser constitutivos de la causal de nulidad que invoca el actor, como lo es la diferencia de guarismos que se incorporan en los documentos electorales, resultan ser de poca monta como para concluir que su demostración concluiría en la nulidad de la elección, no se puede soslayar que estas irregularidades solo trascienden en el curso de la acción de nulidad cuando tienen la capacidad de modificar el resultado electoral y las que enuncia el demandante en su escrito por su

número y diferencias prima facie, permiten concluir en que resultan inanes para los fines perseguidos con el ejercicio de la acción de nulidad. NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORAL-Alteración de las actas después de ser firmadas La causal de nulidad señalada por el actor se encuentra consagrada por el artículo 223. Modificado por el artículo 17 de la Ley 62 de 1988 del C.C.A. numeral 3. De conformidad con la causal de nulidad que señala el actor, el acto de elección se ha de anular cuando se demuestre en debida forma que las actas electorales fueron alteradas de manera sustancial, después de haber sido firmadas por quienes las expidieron; así, el acta de los jurados de votación es nula si se demuestra que luego de haber sido firmada por los miembros del jurado lo que ellos allí consignaron fue sustancialmente alterado, hecho que comprende actividades posteriores a la suscripción del documento. El actor consideró que las irregularidades que señala en el escrito de demanda, puntualmente las diferencias que se presentan en los guarismos que se incorporan en los documentos electorales entre ellos el E-14 y el E-11, las tachaduras, los errores aritméticos, las diferencias entre el total de sufragantes y el total de votantes indicados en el E-14, etc.., se dieron luego de sucederse la suscripción de las Actas de Jurados de Votación –Formato E-14y que eran demostrativas de la alteración de estos documentos electorales.

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Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co …No obstante lo que manifiesta el demandante y la relación de irregularidades que señala, se suceden en las formularios E-14, en consideración de esta Despacho no es procedente concluir en la nulidad del acto de elección porque de estas irregularidades no es posible deducir la configuración de la causal 3ª de nulidad, pues no son demostrativas de los presupuestos que se exigen para efectos de configurar la causal de nulidad a saber: i) una alteración sustancial en lo escrito; ii) que haya sido realizada en forma posterior a la firma de quienes las expidieron. Ahora bien, como no es solo el señalamiento de la irregularidad en el documento electoral lo que determina la configuración de la causal sino la demostración de su alteración sustancial, luego de haber sido suscrita por quienes las expidieron y ello no ha sucedido así, pues como lo señaló el a-quo no hay prueba de ello, la conclusión a la que se arriba impone solicitarle a la H. Sala la desestimación de la pretensión y la confirmación de la sentencia de primera instancia en este aspecto. NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORAL-Desconocimiento del derecho de audiencia y defensa Esta causal de nulidad de los actos administrativos, es una causal implícita en el Derecho administrativo, porque forma parte de la garantía constitucional básica al debido proceso, la cual se hace explícita en el artículo 84 cuando se señala que: Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los administrativos, cuando hayan sido expedidos con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa.

Ahora bien, como se señala en la obra de Derecho Procesal Administrativo del doctor Carlos Betancur Jaramillo, :cuando se alega esta causal habrá que señalar las normas legales específicas que permiten la audiencia del administrado y el ejercicio de su defensa. En el asunto en examen el demandante pretende explicar esta causal aduciendo como argumento que a los testigos electorales no se les permitió el ejercicio de las funciones que a ellos les permite la Ley en el curso de los procesos electorales ante las distintas autoridades en las que intervienen en el proceso electoral llevado, presupuesto fáctico, que conforme es propuesto por el demandante, por sí solo, no demuestra el desconocimiento de esta garantía. Ahora bien, el demandante no precisa en la demanda las normas que consagran este derecho y en ese entendido, dado el carácter rogado de esta jurisdicción, no es posible adelantar estudio alguno en relación con la causal, motivo por el cual se ha de desestimar el cargo y confirmar la decisión de primera instancia

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C. enero 17 de 2013 Concepto No. 002 Doctora

SUSANA BUITRAGO VALENCIA

H. Consejera Ponente

Sección Quinta Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 660012331000201200011 01

Radicado interno número: 20110011

Actor: Juan Manuel Arango Vélez

Demandado: Enrique Antonio Vásquez Zuleta.

Contenido: Apelación de la sentencia de fecha 19 de junio de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda de nulidad del acto de elección del señor Enrique Vásquez Zuleta, como Alcalde del Municipio de Pereira, para el periodo 2012 - 2015.

Respetado señora Consejera: Como Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia, de la manera más atenta procedo a rendir concepto, y por ello, presento a consideración de la

H. Sala los siguientes argumentos.

IAntecedentes  La demanda y su pretensión El ciudadano Juan Manuel Arango Vélez, en ejercicio de la acción de nulidad de contenido electoral, actuando por intermedio de apoderado judicial, demandó la nulidad del acto de elección del señor Enrique Antonio Vásquez Zuleta, como Alcalde del Municipio de Pereira (Risaralda) para el periodo 2012 - 2015.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Las pretensiones formuladas por el actor son las siguientes: «PRIMERA: Se declare la nulidad del acta de escrutinio E-26 AL del 30 de octubre de 2011 y la resolución 003 del 26 de noviembre de 2011, mediante el cual la

organización Electoral a través de la Comisión Escrutadora Municipal declaró Elegido Alcalde del municipio de Pereira al señor ENRIQUE ANTONIO VÁSQUEZ ZULETA, representante de los partidos políticos de Unidad Nacional en coalición con el Partido Verde, para el período 1º de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2015 y consecuentemente se ordenó la expedición y entrega de credencial en lo relativo con la elección de Alcalde del municipio de Pereira.

SEGUNDA: Que se ordene la exclusión del cómputo (sic) general de los votos contenidos en las actas de escrutinio E-24 de las zonas electorales 3, 5, 9 y 10, respecto de la declaratoria de elección de ENRIQUE ANTONIO VÁSQUEZ ZULETA como alcalde, por cuanto se encuentran demostradas las causales de nulidad contempladas en el artículo 223 numerales 1, 2 y 3 del C.C.A, igualmente se ordene la cancelación de la respectiva credencial por no reunir las condiciones legales, pues en dicho acto administrativo aparecen convalidándose votos a su favor. (…) » A título de pretensión subsidiaria solicitó se efectuara la siguiente declaración: «CUARTA: Que si del acervo probatorio y de las causales de nulidad anunciadas se encuentra probado por el Honorable tribunal que estas irregularidades eran de tal entidad que afectaron el total de las zonas electorales y la generalidad de las elecciones en violación al principio de eficacia del Voto, se ordenen nuevas elecciones en lo atinente a la alcaldía municipal señalando fecha para las mismas» Hechos de la demanda Refiere el demandante aspectos del proceso electoral llevado a cabo el 30 de

octubre del 2011 y manifiesta que en el curso del mismo se presentaron irregularidades que apuntaban a favorecer la aspiración política del candidato señor Enrique Antonio Vásquez Zuleta; que estas anomalías las puso en conocimiento del Consejo Nacional Electoral, lo que motivó que este órgano dispusiera la revisión de los escrutinios, designando para ello a los señores Raúl Giorgi Laverde y Armando Rojas Fierro, quienes adelantaron el proceso de revisión; sin embargo, considera que este proceso de revisión no fue satisfactorio por cuanto no se cumplieron a cabalidad con las instrucciones impartidas por el Consejo Nacional Electoral.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co  Normas violadas y concepto de la violación El demandante señaló como normas en las que funda su pretensión el artículo 223, causales 1ª, 2ª y 3ª del Código Contencioso Administrativo y el artículo 84 ibídem. Conforme al escrito de demanda, la causal 1ª, se configura por lo siguiente:  Porque no se le permitió a los testigos electorales ejercer su función.  Porque no se les permitió acompañar el traslado de los documentos electorales correspondientes al sitio de votación ubicado en la escuela Remigio Antonio Cañarete.  Porque a altas horas de la noche se sustrajeron documentos electorales, lo que hace presumir la desaparición, cambio o mezcla de documentos

electorales.  Porque algunos formatos de reclamaciones presentados por los testigos electorales del candidato fueron encontrados en una bolsa de basura.  Refriere las siguientes irregularidades, las que dice se suceden en la Zona 3ª: o Funcionarios de la Registraduría sustrajeron formularios E-14 – Claveros del Centro Cultural Lucy Tejada. o Retiro de una bolsa con contenido electoral de la cual nunca se supo su destino. o Que en toda la zona 3, se encontró que el 99% de las tarjetas electorales se encuentran sin ningún tipo de dobles (sic). o Que resulta sospechoso que la totalidad de las 7.200 personas que votaron en esta zona depositaron su voto en la urna sin doblar el tarjetón. o El color de las bolsas en que se depositaron los resultados de Alcaldía, era un poco distinto a las demás bolsas que contenía documentos electorales.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co  En la zona 5ª señala que se sucedieron las siguientes anomalías: o Que la Fiscalía tiene en su poder una tarjeta electoral que se encontraba en la basura de la Gobernación de Risaralda y que además se informó que existían “bolsadas) de documentos, los cuales fueron sacados rápidamente.  De la zona 9ª, refiere los siguientes hechos: o En esta zona se sucedieron hechos de compra de voto por parte de

personas afectas a la campaña del elegido Alcalde. o No se les permitió a los testigos electorales la realización de su labor, pues no se les permitió el acceso a los puestos de votación.  De la zona 10ª enlistas las siguientes irregularidades: o Se le impidió a los testigos electorales el ejercicio de su función pues no se les permitió el ingreso a los sitios de votación argumentando para ello que las tarjetas que los identificaban eran falsas. La causal 2ª, tiene como supuestos fácticos que la estructuran los siguientes:  De manera general dice que los tarjetones electorales, no obstante que admite su validez, no tenían señales de haber sido manipuladas por el elector, hecho que le hace suponer que los documentos electorales fueron marcados por los electores fueron sustituidos.  Que otro aspecto que hace suponer un “cambiazo” de los documentos electorales lo constituye el manejo de la cadena de custodia de los documentos electorales, pues entre la hora de entrega de los documentos a los funcionarios de la Registraduría y su ingreso al Arca Triclave se sucede durante un tiempo que hace presumir que durante este tiempo se alteraron su contenido.  Que en el documento en donde consta la entrega de los documentos electorales a los funciones de la Registraduría aparece indicada como hora las 10:00 p.m. y en el de ingreso al Arca Triclave las 8:30, es decir, que el ingreso al Arca Triclave se dio antes de su entrega a los funcionarios de la Registraduría.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co  Que las tarjetas electorales fueron marcadas uniformemente, lo que hace presumir la uniprocedencia de la marcación.  Que las bolsas contentivas de la documentación electoral se encontraba abierta.  Que en algunas mesas se determinó la existencia de diferencias entre el número de votantes que no corresponde con el total de votos depositados para la alcaldía. La causal 3ª se configura por la siguiente razón: «De acuerdo con las revisiones realizadas a los documentos electorales, en especial los formularios E-14, que se adjuntan en copia auténtica fueron los siguientes documentos electorales que al parecer sufrieron alteraciones, sin especificar su autor lo que ameritaría una seria revisión por parte de los organismos de control. Además las actas electorales o formularios E-14, no corresponden en materia de firmas con las rúbricas de los formularios E-11…etc. » Señala, igualmente, que conforme a lo establecido en el artículo 84 del C.C.A. los actos administrativos serán nulos cuando se desconozca el derecho de audiencias y defensa y sean expedidos mediante falsa motivación, explicando la causal señalando que se dio una violación al derecho de audiencia y de defensa ante los jurados de votación, porque a los testigos electorales se les impidió ejercer la función que a ellos es encomendad; igual aconteció ante las Comisiones Escrutadoras Zonales, en donde los escrutadores amenazaron a los testigos; ante

la Comisión Escrutadora Municipal se desconoció esta garantía y ante los Delegados del Consejo Nacional Electoral, durante el proceso atípico de revisión.  Admisión de la demanda Por auto del 18 de enero de 2012, el Tribunal Administrativo de Risaralda, admitió la demanda.  Sentencia de primera instancia

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del 19 de junio de 2012, negó las pretensiones de la demanda. En su decisión consideró y analizó los cargos que fueron propuestos por el demandante, de la siguiente manera:  Primer cargo: Para desestimar este cargo concluyó el a-quo lo siguiente: «No quedó demostrado entonces que hubiera existido violencia contra los testigos electorales o contra el material electoral. A esta misma conclusión llegó la Comisión Escrutadora que en su informe final señaló que después de recolectar todas las pruebas allegadas en sede administrativa, entre ellas más de 23 testimonios de los diferentes actores del proceso electoral: …, se pudo establecer que no hubo violencia, ni amenaza, ni coacción contra los testigos electorales de la campaña electoral del señor Juan Manuel Arango Vélez, en el ejercicio de su labor». Además de lo anterior, como fundamento de la desestimación de este cargo, citó el concepto del Ministerio Público en primera instancia, en donde se dijo lo

siguiente: «”…no se inserta dentro de los presupuestos del numeral 1º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, pues en ningún aparte del expediente obra reclamación alguna con fundamento en ejercicio de la violencia, ni contra los escrutadores, ni contra los electores, de modo que no se evidencia conexidad alguna entre las irregularidades denunciadas y el resultado final del proceso electoral, más allá de suspicacias irrelevantes para el debate jurídico, pues ello no constituye nulidad de la elección, dado que, no son considerados por la ley como causal de nulidad. Igualmente, no se encontró prueba fehaciente que pudiera aseverar la afirmación hecha por el demandante en relación con la “destrucción de papeletas de votación para la alcaldía de Pereira”, pues como sobre sale (sic) del informe de los comisionados delegados por el Consejo Nacional Electoral, no se encontró “hallazgo alguno”. Finalmente, no se probó la destrucción de las papeletas electorales, ni con la comparecencia de la violencia, ni con la ausencia de ella, por lo tanto, considerando lo anteriormente discurrido y al no estar probado procesalmente hecho o hechos que generen causal de nulidad,… el cargo debe despacharse desfavorablemente».

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co El cargo sustentado en la causal 2ª del artículo 223 del C.C.A., referido con la

falsedad o apocrifidad, fue igualmente desestimado por falta de prueba. El cargo relacionado con la causal 3ª del artículo 223 del C.C.A. se desestima por el a-quo bajo la consideración de que el mismo no fue formulado «…como una verdadera imputación de ilegalidad o de configuración de alguna causal general o específica de nulidad electoral, sino que la parte actora plantea una duda y la necesidad de verificar su asidero, lo cual no corresponde con el principio de rogatividad que impone al demandante en los procesos de nulidad, del cual el electoral es una especie, la carga de plantear y acreditar las causales de nulidad de los actos administrativos enjuiciados, en orden a desvirtuar la presunción de legalidad que, de otra forma, permanece incólume». En cuanto a la causal del cargo cuarto de la demanda, el a-quo dijo lo siguiente: «Al realizar un examen de los argumentos en los que el demandante funda la causal de nulidad así formulada como violación del derecho de audiencia y de defensa, observa la Sala que dicha causal se centra en el argumento de que a los testigos electorales se les impidió el cumplimiento de sus funciones. Al respecto, reitera la Sala los fundamentos que en relación con el mismo hecho fueron expuestos para resolver el cargo de ilegalidad, en cuanto se planteó el mismo impedimento de los testigos de votación para el ejercicio de sus funciones, como una forma de violencia electoral. Por otra parte, en lo que respecta a las reclamaciones formuladas por estos en las distintas etapas del proceso electoral, obra prueba documental en el expediente, por medio de la cual se constata que cada una de las reclamaciones que

formulaban los colaboradores de la campaña del candidato Arango Vélez fueron debidamente atendidas. …etc.».  Apelación de la sentencia de primera instancia En el escrito por medio del cual el actor interpone el recurso se manifiesta lo siguiente. En lo que atañe con la primera de las causales de nulidad que invocara en el libelo, sostuvo que la ausencia probatoria que demostrara la destrucción de papeletas se debió no propiamente a causa de la parte actora sino de la actitud asumida por las autoridades electorales que impidieron su realización; además

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co que le correspondía al a-quo practicar las pruebas pero ello no aconteció; señala que el a-quo desconoció las amenazas de que fueron objeto los testigos electorales y que se demostraron en el curso del debate; dice que igualmente desconoció y dejo de analizar las declaraciones extra proceso de los testigos electorales en donde manifiestan que se vieron obligados a retirarse de las mesas de votación en donde actuarían; también dice que se desconocieron y dejaron de considerar pruebas como el video aportado y la prueba gráfica aportada. En relación con la decisión proferida frente al segundo de los cargos señaló que la falencia probatoria no era endilgable a la parte actora sino al a-quo y a la Registraduría que torpedeó la práctica de las mismas; y concluye expresando que

la falencia del a-quo es la que permite que no se haya demostrado el cargo, dice que la misma es la que «da al traste con las pretensiones del accionante, razón por la que ha de insistirse en la prueba reina de las irregularidades en los términos en que fue solicitada y decretada por el A-quo, aunque haya que incurrir en las costas del desplazamiento de todos los documentos electorales». Seguidamente dice que «La obstrucción de la prueba por parte de la Registraduría no puede constituirse en obstáculo de la administración de justicia, para que ella profiera contra-legen resoluciones inhibitorias». De lo señalado por el a-quo al decidir el tercero de los cargos dijo «En relación con el tercer cargo, he de respectar la libre apreciación de la prueba por parte del A-quo quien no encuentra irregularidad alguna en el aporte de los documentos con las enmendaduras anexado, pues en este caso tuvieron más peso para el juzgador, las declaraciones de quienes debían proteger su actuar, que las evidencias documentales, que al parecer no tuvieron el suficiente examen». Sobre el desconocimiento del derecho de audiencia, sostiene que las pruebas allegadas al plenario son demostrativas del hecho y refiere que la prueba fotográfica, así como el video que allegó lo corroboran; es más, dice que estas pruebas fueron legalmente aportadas al plenario y que el a-quo así lo consideró, cuando en el auto admisorio determinó tener como prueba la documentación aportada con la demanda.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Reprocha la decisión del a-quo de inhibirse de decidir sobre la nulidad del acta de escrutinio E-26 AL, porque en su sentir esta decisión le negaba el derecho de acceder a la justicia; sostiene que la sentencia de primera instancia no refiere un solo argumento para decidir en el sentido en que lo hiciera; que la decisión inhibitoria es abiertamente violatoria de los derechos fundamentales de todos los pereiranos y deslegitima la elección del alcalde y solicita que el H. Consejo de Estado le ordene al Tribunal Administrativo de Risaralda decida de fondo sobre todas las pretensiones puestas a consideración y que practique las pruebas que dejó de practicar, porque con ello se vulneró «el derecho de defensa del accionante, al arrebatarle los argumentos necesarios para defender los cargos que invocaba, so pena de pretermitirse la decisión de primera instancia por parte del alto tribunal». Admisión del recurso Por auto del 6 de julio de 2012, se concede el recurso de apelación y éste es admitido por el H. Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta – mediante proveído del 13 de noviembre de 2012.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Procede esta Agencia del Ministerio Público a rendir el concepto de rigor que le corresponde en el asunto sub examen.

Se encuentra el proceso en trámite ante el H. Consejo de Estado por razón de la interposición del recurso de apelación contra la providencia del Tribunal Administrativo de Risaralda, calendada en Pereira a 19 de junio de 2012, por medio de la cual se denegó la pretensión de nulidad del acto que declaró elegido

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co como alcalde del Municipio de Pereira para el período 2012 – 2015, al señor Enrique Antonio Vásquez Zuleta. Conforme a la decisión de primera instancia, los cargos que consideraron para efectos del estudio y que fueron propuestos por el actor en su demanda, son los que se enuncian a continuación:  Primer cargo:  Nulidad con fundamento en la causal 1ª del artículo 223