PGN - NULIDAD - No se genera por falta de publicación del acto

NULIDAD-Contra acto administrativo general por falta de publicidad CORPORACIÓN AUTÓMA REGIONAL-Carece de competencia para reglamentar los usos del suelo NULIDAD-No se genera por falta de publicación del acto/PUBLICACIÓN-Su ausencia respecto del acto genera su oponibilidad Al respecto, cabe señalar que es reiterada la posición de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo en señalar que la falta de publicación de un acto administrativo no es causal de nulidad sino de oponibilidad frente a terceros. Al respecto, la Sala señaló que «no es de recibo el argumento de los demandantes según el cual el acto acusado viola lo dispuesto en los artículos 44, 45 y 46 del C.C.A., los cuales se refieren al deber y forma de notificación de las actuaciones que ponen término a una actuación administrativa, pues, de una parte, el requisito de la publicidad, para el caso de los actos de carácter general, como lo es el Decreto 4779 del 2005, se cumplió con su publicación en el Diario Oficial y, de otra parte, porque es sabido que la falta de publicación de un acto no es causal de nulidad, sino de inoponibilidad frente a terceros». CORPORACIÓN AUTÓMA REGIONAL-Funciones La norma que le ha servido de fundamento a la disposición demandada, le otorga la facultad a las Corporación Autónomas Regionales para reglamentar el uso y funcionamiento de los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales; sin embargo, en dicho artículo no se hace referencia alguna a la facultad de reglamentar el uso del suelo.

CONCEJO MUNICIPAL-Es el competente para reglamentar los usos del suelo A pesar del esfuerzo del apoderado de la Corporación Autónoma Regional del Tolima por encontrar en dichas normas el sustento del acto acusado, lo cierto es que de la lectura de dichas disposiciones no es posible encontrar la facultad de la Corporación Autónoma Regional de reglamentar el uso del suelo. Así, estando asignada, conforme al artículo 313 (numeral 7°) de la Constitución Política, la reglamentación de los usos del suelo a los concejos municipales, resulta claro que la Corporación Autónoma Regional del Tolima ejerció funciones distintas a las que le atribuye la Constitución y la Ley, violándose los artículos 121 y 313 (numeral 7°) de la Carta Política, razón por la que el Acuerdo No. 026 de 13 de noviembre de 2007, debe desaparecer del ordenamiento jurídico. Expediente No 110010324000 2012 00073 00

Consejero Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA

Bogotá D.C., 18 de marzo de 2014 Concepto No. 26

HONORABLES CONSEJEROS DE ESTADO

Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo Consejero Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala Ref.: Expediente No 110010324000 2012 00073 00

Actor: Ingrid Soraya Ortíz Baquero

Demandado: CORTOLIMA Acción: Nulidad Procede esta Procuraduría Delegada1 a emitir concepto de fondo en el asunto de la referencia, de conformidad con las facultades constitucionales y legales.

ANTECEDENTES 1.- La demanda La ciudadana Ingrid Soraya Ortíz Baquero, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad del Acuerdo No. 026 de 13 de noviembre 2007, expedido por la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), por considerar transgredidos los artículos 121, 150 (Numeral 7), 311 y 313 de la Constitución Política; 40 de la Ley 489 de 1998; 23 y 29 (Numeral 12) de la Ley 99 de 1993; 59 y 84 del Código Contencioso Administrativo; 9 de la Ley 388 de 1997; y 90 del Acuerdo No. 005 de 21 de enero de 2006, expedido por CORTOLIMA, conforme a los siguientes argumentos: 1.1.- […] V. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN […] V.1. Indebida publicidad del acto demandado […] El Acuerdo No. 026 de 13 de noviembre de 2007 de CORTOLIMA desconoce el contenido de los artículos 150, numeral 7, de la Constitución Política; 40 de la ley 489 de 1998; 23 y 29, numeral 12, de la Ley 99 de 1993; y 90 del Acuerdo No. 005 de 21 de febrero de 2006 de CORTOLIMA (Estatutos) aprobado mediante Resolución 0640 de 12 de abril de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. […] La

violación de las citadas disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, 1 De conformidad con la competencia delegada por el Procurador General de la Nación, mediante Resolución 194 de junio 8 de 2011, la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa tiene funciones de intervención ante la Sección Primera y ante la Sala Plena del Consejo de Estado. Expediente No 110010324000 2012 00073 00

Consejero Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala como se explicará en detalle a continuación, radica en el hecho de que, desconociendo las disposiciones que en ejercicio de la autonomía que el ordenamiento jurídico le reconoció, CORTOLIMA, a la fecha, no ha cumplido a cabalidad con los requisitos especiales que sus estatutos previeron para la publicidad de actos administrativos de carácter general como el Acuerdo demandado, razón por la cual el mismo no puede tener efecto alguno frente a terceros, es decir, que es ineficaz de pleno derecho y así deberá ser reconocido […] 1.2.- […] Habiendo hecho uso de su autonomía administrativa, constitucional y legalmente reconocida, CORTOLIMA profirió el Acuerdo No. 005 de 21 de febrero de 2006 “Por medio del cual se adoptan los Estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Tolima” CORTOLIMA” (…)”, los cuales fueron aprobados mediante la Resolución No. 0640 de 12 de abril de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – en adelante los Estatutos -, y en los cuales, en su artículo 89, se dispuso lo siguiente: (se cita la

norma) […] Es decir, según los estatutos de CORTOLIMA, por regla general, con el fin de dar publicidad a los actos administrativos de carácter general que ésta Corporación expida, deberán cumplirse los mandatos contenidos en el Código Contencioso Administrativo, concretamente, en su artículo 43 anteriormente citado. […] Sin embargo, esta regla general encuentra su excepción dentro de la misma regulación que, en ejercicio de su autonomía, se dictó CORTOLIMA para reglamentar el ejercicio de las funciones a cargo de sus funcionarios, específicamente, al proferir actos administrativos generales […] En efecto, dispuso el artículo 90 de los Estatutos lo siguiente: (se cita la norma) […] En resumen, por regla general, cuando CORTOLIMA expida un acto administrativo, deberá satisfacer los requisitos indicados por el artículo 43 del Código Contencioso Administrativo, pero esta regla general encuentra su excepción cuando un acto administrativo general presenta las características indicadas por el artículo 90 de los Estatutos, caso en el cual, para que el respectivo acto administrativo se entienda debidamente publicado, deberá satisfacer los requisitos o procedimientos de publicidad previstos en el mismo artículo 90 ibídem, por lo que no bastará con satisfacer los postulados del artículo 43 del Código Contencioso Administrativo. […] 1.3.- […] Visto lo anterior, y verificando el contenido del Acuerdo No. 026 de 13 de noviembre de CORTOLIMA, se encuentra que el mismo presenta todas las características señaladas en el artículo 90 de los Estatutos, por lo que, para efectos de su publicidad, se debieron haber satisfecho los requisitos de

publicidad establecidos en tal disposición estatutaria, y no aquellos señalados, por remisión del artículo 89 de los Estatutos, en el artículo 43 del Código Contencioso Administrativo […] En efecto, el Acuerdo demandado es un acto administrativo de carácter general (no tiene un destinatario determinado sino que aplica a un número indeterminado de sujetos de derecho), y que reguló el uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables que se encuentran en el área de la Cuenca Mayor del Río Coello, esto al haber limitado el ejercicio del derecho de cualquier persona interesada al efecto de explotar los mencionados recursos naturales mediante la reglamentación del uso del suelo de dicha cuenca […] A pesar de todo lo Expediente No 110010324000 2012 00073 00

Consejero Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala precedente, CORTOLIMA, una vez profirió el Acuerdo demandado, lejos de haber aplicado la normatividad cuyo cumplimiento ella misma se impuso, no solo desconoció sus Estatutos, sino que no realizó ningún tipo de publicidad del Acto demandado […] 1.4.- […] Lo anterior quiere decir que CORTOLIMA no satisfizo ninguno de los requisitos de publicidad que el eran aplicables al Acuerdo demandado; ni aquellos previstos por el artículo 43 del Código Contencioso Administrativo por remisión del artículo 89 de sus Estatutos –que en todo caso no eran ni son aplicables para el caso del Acuerdo No. 026 de 2007 de CORTOLIMA -, ni mucho menos aquellos requisitos de publicidad establecidos en el artículo 90 de

sus Estatutos, ésta última que era la disposición estatutaria aplicable a la Resolución demandada en razón de su contenido […] 1.5.- […] V.2. Vicios invalidantes del acto demandado […] 5.2.1. El Acuerdo No. 026 de 2007 fue expedido por un organismos incompetente, como quiera que CORTOLIMA no está facultada por la Constitución ni por la ley para reglamentar los usos del suelo […] Dentro de las facultades asignadas por la Constitución Política a los Concejos Municipales, el artículo 313 establece expresamente la siguiente: (se cita el numeral 7 de la norma) […] Se trata de una disposición atributiva de competencia que prevé una clara reserva a favor de los Concejos Municipales para la reglamentación y manejo de los usos fundamentales de la división político-administrativa que tiene el Estado para ordenar el desarrollo de su territorio, tal como lo consagra el artículo 311 de la misma Carta […] En consecuencia, son los Concejos Municipales y no las Corporaciones Autónomas Regionales organismos competentes por disposición constitucional y legal para establecer en sus Planes de Ordenamiento Territorial el tipo de actividad social y económica susceptible de ser realizada o no en cada una de las áreas comprendidas en el suelo de su jurisdicción.[…] Respecto a la primera, dispone el artículo 24 de la Ley 388 de 1997 que las Corporaciones Autónomas Regionales están facultadas para participar en la etapa de concertación previas de los proyectos de los POT o de los EOT, según corresponda, en lo concernieten a los asuntos exclusivamente ambientales y dentro del ámbito de las competencias asignadas por la Ley 99 de 1993. […]

1.6.- […] Contrariando lo expuesto, con la expedición del Acuerdo 026 de 2007 CORTOLIMA no se limitó a participar en los procesos de elaboración de los POT y de los EOT de los municipios cuyos territorios se encuentran comprendidos en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello, sino que por el contrario, los sustituyó. […] En efecto, a través del acto administrativo demandado CORTOLIMA reglamentó directamente los usos del suelo en todas las zonas señaladas en el numeral 3.3.16. de los hechos de esta demanda, los cuales corresponden a todos el suelo del municipio de Cajamarca y parte de los municipios de Coello, Ibagué, Espinal, Flandes, San Luís y Rovira, tal como se indica expresamente en el artículo 1 del mismo acto. Lo anterior, sin tener competencia para el efecto y en consecuencia, incurriendo en una de las causales de nulidad de los actos administrativos contempladas en el artículo 84 del C.C.A. […] Expediente No 110010324000 2012 00073 00

Consejero Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala 1.7.- […] En este sentido la Ley 99 de 1993 sólo le atribuye a las Corporaciones Autónomas Regionales en forma taxativa y por ende excepcional, la facultad de reglamentar directamente los usos de las siguientes zonas: […] De estas áreas en las que las Corporaciones Autónomas Regionales si tienen competencia para reglamentar su uso, en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello no existen distritos de manejo integrado, distritos de Conservación de suelos y parques naturales de carácter regional. Lo único que

hay son algunas reservas regionales, cuya extensión representan sólo el 1.19% del área total de la cuenca […] 1.8.- […] 5.2.1.3. CORTOLIMA usurpó igualmente la competencia que tiene el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para reglamentar el uso en las zonas de Reserva Forestal Nacional […] Con la expedición del Acuerdo No. 026 de 2007, CORTOLIMA usurpó la competencia atribuida al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial por el artículo 5, numeral 18, de la Ley 99 de 1993, para reglamentar el uso de las áreas de reserva forestal de carácter nacional […] En efecto establece la Ley 99 de 1993 lo siguiente: (se cita la norma) […] Por su parte, el Acuerdo No. 026 de 2007 reglamenta el uso de varias áreas de la Cuenca Mayor del Río Coello que corresponden a Reservas Forestales de Carácter Nacional, particularmente, a la Reserva Forestal Central declarada por la Ley 2 de 1959. Ello se hace visible al trazar la línea de delimitación de la Reserva Forestal Central sobre el mapa de la Cuenca Mayor del Río Coello, así: (se allega gráfico) […] Significa lo anterior que mediante el Acuerdo No. 026 de 2007, CORTOLIMA reglamentó los usos de las áreas de Reserva Forestal de carácter nacional, usurpando la competencia atribuida exclusivamente por la Ley 99 de 1993 al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para reglamentar el uso en estas zonas, conllevando una clara violación de las normas legales que regulan la

materia […] 1.9.- […] 5.2.2. Falsa motivación […] Como se observa en la cita misma (se cita el Acuerdo No. 026 de 2007), la facultad atribuida por el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 consiste en una bien distinta de la atribuida a los Concejos Municipales para reglamentar los usos del suelo dentro del área de su jurisdicción. En efecto, establecer normas y directrices para ordenar el manejo de las Cuencas Hidrográficas en los términos del artículo 31, numeral 17, de la Ley 99 de 1993m implica trazar el conjunto de objetivos, metas y estrategias para orientar y administrar la respectiva cuenta […] De otro lado, reglamentar los usos del suelo según la competencia atribuida constitucionalmente a los Concejos Municipales, es determinar en el “Plan de Ordenamiento Territorial” la destinación permitida o prohibida para las diferentes áreas del respectivo municipio, labor en la que las Corporación Autónomas Regionales sólo están facultadas para presentar observaciones y/o objeciones en la etapa de concertación previa de los proyectos de los POT y de los EOT y exclusivamente en los asuntos de carácter ambiental […] Por su parte, las únicas áreas frente a las cuales la ley faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales para reglamentar su uso, son los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos y las reservas forestales y parques naturales de carácter regional; áreas de las cuales en la Cuenca Mayor de Río Coello sólo Expediente No 110010324000 2012 00073 00

Consejero Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala existen algunas zonas de reserva forestal de carácter regional correspondientes al 1.19% del total de la Cuenca […] 1.10.- […] Como se analizó en el numeral anterior (se cita el Acuerdo No. 026 de 2007), las facultades asignadas a las Corporaciones Autónomas Regionales para dictar directrices en materia ambiental, corresponden a una función bien distinta a la de la reglamentación de los usos de los suelos atribuida por la Constitución a los Concejos Municipales […] En este sentido establecer normas para ordenar el manejo de las Cuencas Hidrográficas en los términos del artículo 31, numeral 17 de la Ley 99 de 1993, significa trazar el conjunto de objetivos, directrices, metras y estrategias para orientar y administrar la respectiva cuenca y no como lo hizo CORTOLIMA en el acto administrativo demandado, determinar la destinación permitida o prohibida de los suelos comprendidos en la cuenca […] 1.11.- […] Por su literalidad, es claro que esta norma (se cita el Acuerdo No. 026 de 2007) no faculta a CORTOLIMA a reglamentar el uso del suelo de las áreas comprendidas dentro de la Cuenca Mayor del Río Coello. Lo que se confirma además con lo consagrado en la primera parte del numeral 31 del artículo 31, de la Ley 99 de 1993, a la cual sorprendentemente CORTOLIMA omitió hacer referencia en el Acuerdo No. 026 de 2007 […] Como se evidencia, se trata de una norma que faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales para establecer las densidades máximas a las que se sujetarán las áreas suburbanas, los cerros y montañas, pero, sin desplazar o desconocer las atribuciones de los municipios para reglamentar los usos del suelo, como ilegalmente lo hizo CORTOLIMA mediante el Acuerdo No. 026 de 2007 cuando reglamentó los usos del suelo de todas las áreas comprendidos en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello […] De conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y su Decreto reglamentario número 1729 de 2002, la facultad para aprobar un Plan de Ordenación y Manejo de una Cuenca Hidrográfica, no implica la de reglamentar los usos del suelo comprendido en la misma. Lo anterior, por ausencia de atribución alguna de competencia en este sentido. […] 1.12.- […] En razón a todo lo establecido en la Ley 99 de 1993 y su Decreto reglamentario número 1729 de 2002, la facultad para aprobar un Plan de Ordenación y Manejo de una Cuenca Hidrográfica, no implica la de reglamentar los usos del suelo comprendido en la misma. Lo anterior, por ausencia de atribución alguna de competencia en este sentido […] En razón a todo lo expuesto, es falso que las disposiciones legales y reglamentarias alegadas por CORTOLIMA para la expedición del Acuerdo No. 026 de 2007 la facultan para reglamentar el uso del suelo de las áreas comprendidas dentro de la Cuenca Mayor del Río Coella; por consiguiente, en la expedición del acto administrativo demandado, CORTOLIMA incurrió en una de las causales de nulidad contempladas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, la cual

debe ser declarado por la jurisdicción contencioso administrativa. […] 2.- Contestación de la demanda por parte de la Corporación Autónoma Regional del Tolima Expediente No 110010324000 2012 00073 00

Consejero Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala En la oportunidad procesal correspondiente, mediante apoderado judicial, la Corporación Autónoma Regional del Tolima contestó la demanda, en la cual se opuso a las pretensiones de la misma, con base en los siguientes argumentos: 2.1.- […] 1. EXCEPCIÓN DE DEBIDA PUBLICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO […] Se hace necesario, en primer lugar, señalar que el que hacer de las entidades públicas en Colombia no puede aislarse de fenómenos de particular trascendencia en la vida moderna como lo son el surgimiento y consolidación de las nuevas tecnologías asociadas al mundo virtual. […] De hecho, la Legislación Colombiana desde hace más de una década ha venido trabajando en la incorporación de mecanismos tecnológicos adecuados que permitan crear herramientas de Gobierno en Línea y acerquen el ejercicio de la actividad administrativa a nuevas fronteras de eficiencia en la toma de decisiones y en la cercanía con los ciudadanos […] Así las cosas, la publicación en la página web cumple ampliamente con el objetivo legal de dar a conocer el contenido de las decisiones de la Administración mediante un medio de amplia circulación Nacional, y poner en conocimiento de los interesados la misma […] La prueba de que el medio es eficaz cumple adecuadamente con las condiciones legales establecidas, se deriva de la demanda misma: si no es por la publicación realizada en la página web de la Corporación, el demandante no

se hubiera enterado de la existencia del acuerdo 026 del 13 de Noviembre de 2007 […] 2.2.- […] Así mismo, se hace necesario señalar que los actos administrativos existen previamente a su publicación, y su legalidad no depende de la misma […] Y ello es evidente, pues la publicación es un acto posterior al surgimiento a la vida jurídica del acto administrativo específico, y por lo tanto no puede ser un defecto de origen que invalide el acto como expresión volitiva de la administración, sino que incide exclusivamente en la oponibilidad del mismo a terceros sujetos a su dominio […] 2.3.- […] 2. INDEBIDA PRETENSIÓN AL BUSCAR QUE LA ACCIÓN DE NULIDAD HAGA DECLARACIONES NO CONTEMPLADAS EN LAS NORMAS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS […] La acción iniciada carece el más mínimo soporte técnico jurídico al pretender que a partir de una acción de simple nulidad se hagan declaraciones no contempladas en el Código Contencioso Administrativo vigente para la fecha de la demanda, pues el artículo 84 de dicha norma señalaba con claridad […] Dicha norma no autoriza al fallador a determinar el momento en que dicho acto administrativo entró a regir ni establecer si en una situación particular dicho acto es aplicable o no; pues para ello la ley ha determinado mecanismos alternativos para establecer los daños que se puedan derivar de la aplicación de un acto administrativo que aún no sea vigente […] Dicho de otra manera, la solicitud realizada para que el Honorable Consejo de Estado determine la fecha en la cual entra a regir el acto administrativo deprecado no se puede conceder sin desbordar los precisos

límites legales fijados para el desarrollo de la acción de simple nulidad, y por lo tanto no puede prosperar […] Expediente No 110010324000 2012 00073 00

Consejero Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala 2.4.- […] 3. EL ACTO ADMINISTRATIVO FUE EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE […] El proceso de protección de las cuencas hidrográficas se encuentra reglamentado desde la expedición del Código de Recursos Naturales, el cual en su artículo 314 ordena: (se cita la norma) […] Esta norma se debe interpretar armónicamente con el artículo 316 ibídem, pues esta señala que: (se cita la norma) […] De donde se interpreta con meridiana claridad que la función de velar por integridad de las cuencas hidrográficas incluye la capacidad de tomar medidas de planeación que determinen el uso coordinado del suelo […] Ahora bien, como quiera que el artículo 31 de la ley 99 de 1993 fija con absoluta claridad como función de las Corporaciones Autónomas la regulación y ordenación de las cuencas hidrográficas en su área de influencia al ordenar que: (se cita la norma) […] Esto no es más que un análisis sencillo y literal de la norma transcrita parcialmente, análisis obligado según las reglas para interpretar textos jurídicos y que por lo tanto no puede ser desconocida como lo pretende el demandante. […] Así las cosas, se evidencia sin lugar a dudas que no existe una autoridad diferente que la Corporación Autónoma Regional del Tolima para ordenar la cuenca hidrográfica del Río Coello, toda

vez que la misma se encuentra dentro de su jurisdicción. […] Ahora bien, el tema de las cuencas hidrográficas, así como los planes de ordenación de las mismas se encuentran reguladas por el Decreto 1729 de 2002, norma que en su artículo 4 define las finalidades, principios y directrices de la ordenación, al señalar que: (se cita la norma) […] Así mismo, el artículo 19 del citado decreto señala con absoluta claridad cuál es el responsable de elaborar, y por lo tanto aprobar, el plan de ordenación de las cuencas al señalar que. (se cita la norma) […] 2.5.- […] Así pues, simplemente la afirmación según la cual la planeación y el ordenamiento del uso del suelo corresponde a autoridades diferentes a la Corporación Autónoma Regional del Tolima carece de las más mínimas bases jurídicas, pues el mismo se hace bajo la premisa de la Planeación Integral de las cuencas y la necesidad de garantizar que los procesos ambientales se desarrollen de manera armónica y con una visión de ordenación de conjunto imposible si se desvertebran las funciones según el recurso natural presente en la cuenca, y si se permite una ordenación fragmentaria y carente de unidad de toma de decisión como lo pretende el libelo introductorio […] Es evidente que la simple transcripción del artículo 316 del Código de Recursos Naturales establece que parte del proceso de ordenamiento incluye la ordenación del suelo, y que como quiera que dicha obligación se encuentra en cabeza de la Autoridad Ambiental respectiva, las pretensiones de nulidad carecen de cualquier legitimidad […]

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

1.- Las disposiciones acusadas Expediente No 110010324000 2012 00073 00

Consejero Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala Lo es el Acuerdo No. 026 del 13 de noviembre de 2007, «POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LOS USOS DEL SUELO ESTABLECIDOS EN EL PLAN

DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA MAYOR DEL

RÍO COELLO (ZONIFICACIÓN AMBIENTAL Y ECONÓMICA) Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES», expedida por la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), que por su extensión omitimos citar en su integridad. 2.- El problema jurídico Esta Agencia del Ministerio Público considera que los problemas jurídicos que deben ser resueltos por la Sala se contraen a determinar: 2.1.- Si se transgredieron los artículos 150 (numeral 7) de la Constitución Política; 40 de la Ley 489 de 1998; 23 y 29 (numeral 12) de la Ley 99 de 1993; y 90 del Acuerdo No. 005 de 21 de febrero de 2006 (aprobado mediante la Resolución No. 0640 de 12 de abril de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial), por cuanto, para la publicidad del Acuerdo No. 026 del 13 de noviembre de 2007, expedida por la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), no se siguieron los lineamientos del Artículo 90 del Acuerdo No. 005 de 21 de febrero de 2006.

2.2.- Si con la expedición del Acuerdo No. 026 del 13 de noviembre de 2007, expedida por la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) se transgredieron los artículos 121, 311 y 313 (numeral 7) de la Constitución Política; 31 (numeral 16) de la Ley 99 de 1993; 9 y 24 de la Ley 399 de 1997, por cuanto, en concepto del actor, la mencionada corporación autónoma regional carece de competencia para reglamentar los usos del suelo, la cual se encuentra constitucionalmente asignada a los concejos municipales. 3.- Análisis de los cargos formulados y el problema jurídico 3.1.- La indebida publicación del Acuerdo No. 026 del 13 de noviembre de 2007 El actor considera que se transgredieron los artículos 150 (numeral 7) de la Constitución Política; 40 de la Ley 489 de 1998; 23 y 29 (numeral 12) de la Ley 99 de 1993; y 90 del Acuerdo No. 005 de 21 de febrero de 2006 (aprobado mediante la Resolución No. 0640 de 12 de abril de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial), por cuanto, para la publicidad del Acuerdo No. 026 del 13 de noviembre de 2007, expedida por la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), no se siguieron los lineamientos del Artículo 90 del Acuerdo No. 005 de 21 de febrero de 2006. Al respecto, cabe señalar que es reiterada la posición de la Sección Primera de

la Sala de lo Contencioso Administrativo en señalar que la falta de publicación de un acto administrativo no es causal de nulidad sino de oponibilidad frente a terceros. Expediente No 110010324000 2012 00073 00

Consejero Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala Al respecto, la Sala señaló que «no es de recibo el argumento de los demandantes según el cual el acto acusado viola lo dispuesto en los artículos 44, 45 y 46 del C.C.A., los cuales se refieren al deber y forma de notificación de las actuaciones que ponen término a una actuación administrativa, pues, de una parte, el requisito de la publicidad, para el caso de los actos de carácter general, como lo es el Decreto 4779 del 2005, se cumplió con su publicación en el Diario Oficial y, de otra parte, porque es sabido que la falta de publicación de un acto no es causal de nulidad, sino de inoponibilidad frente a terceros»2.

Como consecuencia de lo anterior, esta Delegada considera que la Sala debe inhibirse de realizar pronunciamiento alguno en relación con el citado cargo. 3.2.- La Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) carecía de competencia para reglamentar los usos del suelo, conforme lo hizo en el Acuerdo No. 026 de 2007 El demandante considera que con la expedición del Acuerdo No. 026 del 13 de noviembre de 2007, expedida por la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), se transgredieron los artículos 121, 311 y 313 (numeral 7) de la Constitución Política; 31 (numeral 16) de la Ley 99 de 1993; 9 y 24 de la Ley

399 de 1997, por cuanto, en concepto del actor, la mencionada corporación autónoma regional carece de competencia para reglamentar los usos del suelo, función que constitucionalmente se encuentra asignada a los concejos municipales. Para la expedición del Acuerdo No. 026 de 13 de noviembre de 2007, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) se sustentó en el artículo 31 (numeral 7) de la Ley 99 de 1993, que al tenor señala: […] Artículo 31º.- Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: […]

16. Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter regional, y reglamentar su uso y funcionamiento. Administrar las Reservas Forestales Nacionales en el área de su jurisdicción.

La norma que le ha servido de fundamento a la disposición demandada, le otorga la facultad a las Corporación Autónomas Regionales para reglamentar el uso y funcionamiento de los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales; sin

2 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,

SECCION PRIMERA, Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASS