PGN - NULIDAD - Por violación al debido proceso

Expediente No 46.946 (2004 - 04106) ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Responsabilidad de los daños ocasionados por la muerte de una persona por falta de atención médica NULIDAD-Por existir incongruencia en la sentencia/NULIDAD-Jurisprudencia del Consejo de Estado/NULIDAD-Por violación al debido proceso Previo a cualquier consideración, el Ministerio Público advierte sobre la posible configuración de una causal de nulidad, pues al revisar la sentencia proferida el 20 de abril de 2012 por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala de Descongestión, se observa que existe una incongruencia en la misma, ya que en su parte motiva refiere al hecho dañoso, esto es “la muerte de la señora y como fecha de su deceso “1 de julio de 2003”, lo anterior según anotaciones consignadas por el médico de EMI y en la historia clínica diligenciada por la Clínica de Especialistas de Envigado (fl. 377 C. Consejo de Estado), sin embargo en la parte resolutiva de la sentencia señala unos datos que no guardan ninguna relación con lo anotados en precedencia, en tanto indica un nombre y una fecha de deceso distintas “LA MUERTE DE LA SEÑORA EN HECHOS OCURRIDOS EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2000” Ante la incongruencia observada, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia debió ser aclarada o corregida. En el caso concreto la ausencia de armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia da por cierto un hecho dañoso que no fue alegado en la demanda,

Aceptar equivocaciones como éstas o pasarlas por desapercibidas implicaría cercenar el debido proceso, pues ello conllevaría a declarar responsable a la entidad demandada, por un hecho del que es imposible derivar condena a favor de los demandantes. En concepto del Ministerio Público se configura la nulidad de pretermisión íntegra de la instancia en tanto se declaró administrativamente responsable a la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE EN LIQUIDACION. DAÑO-Corresponde a la muerte de la madre de la demandante/DAÑO-La demandante incumplió con la carga de la prueba En el presente caso lo primero que debe demostrarse es el daño, que corresponde a la muerte de la señora. En el caso concreto los actores no adjuntaron con la demanda el registro civil de defunción de la señora fallecida y tampoco solicitaron que dicha prueba fuera solicitada ante las autoridades encargadas del registro civil. Lo anterior es suficiente para concluir que la parte demandante incumplió con la carga procesal de la prueba, onus al que se refiere el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, omisión que dejó huérfanos de prueba los fundamentos de sus pretensiones, lo cual conlleva necesariamente a que las mismas sean desestimadas por ausencia de prueba idónea que acredite el hecho dañoso que se invoca como fuente de la responsabilidad del Estado.

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Expediente No 46.946 (2004 - 04106)

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 149/ 2013

Bogotá, D.C., 11 de junio de 2013 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente Dra. OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ

E. S. D.

Ref: Proceso No 46.946 (05001233100020040410601) Acción de reparación directa

Actor: ADRIANA PATRICIA BERMUDEZ MORALES y otros Demandado: Caja Nacional de Previsión Social y otro El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 Ext: 12056 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 3 Expediente No 46.946 (2004 - 04106) 1.1 Demanda.- FABIO, WILLIAM DE JESÚS, NORA ELENA, LUZ EDI, MARIA CITELLA PIA, IDALIA, NELSON y ADRIANA PATRICIA BERMUDEZ MORALES, instauraron demanda contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL – CAJANAL EPS, para que se le declarare administrativamente responsable de los daños ocasionados por la muerte de su señora madre MARIA ELICENIA MORALES DE BERMUDEZ, ocurrida el 1 de julio de 2003,

como consecuencia de la falta de atención médica y la negación de autorización para recibir el servicio médico hospitalario. Como consecuencia de la anterior declaración, solicitan los actores que se condene a la entidad demandada a pagar perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente la suma de $2.000.000, correspondiente al tiempo y dinero invertido en medicamentos y médicos particulares, y perjuicios morales el equivalente a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los actores. Como soporte fáctico, se adujo en la demanda que la señora María Elicenia Morales de Bermúdez era beneficiaria de los servicios de salud de CAJANAL, por cuenta de su hijo Fabio Morales Bermúdez – cotizante. Que la señora en comento sufría quebrantos de salud, en especial un cuadro respiratorio complejo denominado “EPOC SEVERO”, lo cual exigía una aplicación permanente de nebulizantes y oxígeno. Que ante el incumplimiento de CAJANAL en el suministro de droga y oxígeno su hijo Fabio Bermúdez interpuso acción de tutela el 30 de septiembre de 2002, la cual fue fallada a su favor el 29 de octubre de 2002. Que CAJANAL suspendió todos los servicios de salud a sus afilados en el Departamento de Antioquia desde el 6 de junio de 2003, razón por la cual los centros hospitalarios con los cuales tenía contrato se negaron a continuar recibiendo enfermos remitidos por Cajanal. Que el 15 de junio de 2003 la señora María Elicenia sufrió una crisis de salud, la cual fue atendida en una entidad privada en donde el médico indicó que requería

tratamiento hospitalario y trató de internarla en uno los centros contratistas de

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 Ext: 12056 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 4 Expediente No 46.946 (2004 - 04106) CAJANAL, lo cual no fue posible por razón de la suspensión de los contratos y tuvo que dejarla en su domicilio. Que el señor Fabio Bermúdez, dado el grave estado de salud de su progenitora, se hizo presente en las oficinas de Cajanal EPS con el fin de obtener la respectiva autorización para internarla, lo cual no fue posible, luego insistió en varios centros clínicos y hospitalarios sin recibir la atención médica requerida y falleció el 1 de julio de 2003. Se afirma por los actores que la entidad demandada incurrió en falla del servicio por omisión, pues privó a la paciente de la atención médica requerida y le impidió acceder a un centro hospitalario para ser atendida. 1.2 Contestación de la demanda.- La Caja Nacional de Previsión Social1 se opuso a las pretensiones, pues advierte que dicha entidad no atiende de manera directa a sus afiliados y que para la época de los hechos en el Departamento de Antioquia tenía contratado el servicio médico con la Corporación Médica CMD Ltda., como consta en el contrato No 258 de 2003, por tanto corresponde a ésta responder por los daños causados. Propuso la excepción de indebida notificación, pues la demanda debió ser notificada al liquidador de Cajanal2. 1.3 Llamamiento en garantía. En escrito separado solicitó llamar en garantía a

SEGUROS DEL ESTADO3, para que en el evento de condena se le declare administrativamente responsable de los daños ocasionados a los actores, con cargo a la póliza de cumplimiento 036500977 y su anexo, que expidió para garantizar el cumplimiento del contrato No 258 de 2003 celebrado entre CAJANAL y la Corporación Médica CMD Ltda. El Tribunal admitió el llamamiento solicitado y dispuso su citación al proceso (fls 137 a 138 c. ppal). 1 (fls 71 a 75 c. ppal) 2 El Tribunal mediante proveído de 30 de septiembre de 2009 (fls 322 a 329 c. ppal) decretó la suspensión del proceso hasta tanto no se llevara a cabo la notificación personal a “El Liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE en Liquidación, o a su delegado”. La diligencia de notificación se surtió el 13 de noviembre de 2009 (fls 333 c. ppal) 3 (fls 97 a 100 c. ppal)

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 Ext: 12056 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 5 Expediente No 46.946 (2004 - 04106) Seguros del Estado S.A., contestó el llamamiento y se opuso a las pretensiones4, pues advierte que la póliza mediante la cual se le llamó en garantía corresponde a un contrato estatal y no de responsabilidad civil profesional, como tampoco de atención médica a los pacientes afiliados a CAJANAL.

Propuso las excepciones de: - caducidad del auto que resolvió el llamamiento,

pues para el momento de la vinculación del llamado al proceso ya se encontraba vencido el termino preclusivo de los 90 días establecido en el inciso segundo del artículo 56 del C.P.C., - Inexistencia de cobertura por responsabilidad civil o profesional a cargo de la póliza 036500977, pues no existe ninguna relación entre el contrato estatal, caducidades y multas, con la responsabilidad médica o profesional que se alega en la demanda; - Causal inadecuada, pues el deceso de la víctima se produjo por el curso irreversible de las enfermedades crónicas que padecía; y – Ausencia de nexo causal, pues para el 1 de julio de 2003 el contrato 258 de 2003 estaba suspendido por cesación de pagos, esto es por causas imputables a CAJANAL. 1.4 Sentencia de primera instancia.- El Tribunal Administrativo de Antioquia5, declaró administrativamente responsable a la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL EICE EN LIQUIDACION, o quien hiciere sus veces, de los perjuicios ocasionados a los demandantes con ocasión de la muerte de la señora

“CLARA ISABEL OLANO GARCIA, EN HECHOS OCURRIDOS EL 9 DE

NOVIEMBRE DE 2000, EN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE QUEDARON CONSIGNADAS EN LA PARTE MOTIVA” (Resalto y subrayo) Como consecuencia de la anterior declaración condenó a la entidad demandada a pagar a favor de cada uno de los actores: FABIO, WILLIAM DE JESÚS, NORA ELENA, LUZ EDI, MARIA CITELLA PIA, IDALIA, NELSON y ADRIANA PATRICIA

BERMUDEZ MORALES una suma equivalente a 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno y negó las demás pretensiones de la demanda. 4 (fls 174 a 185 c. ppal) 5 En sentencia de 20 de abril de 2012 (fls 361 a 382 c. Consejo de Estado)

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 Ext: 12056 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 6 Expediente No 46.946 (2004 - 04106) Para el a-quo la responsabilidad que se predica de CAJANAL, en su condición de EPS, surge del hecho no tener suscrito contrato con ninguna I.P.S. de la red de la ciudad de Medellín que prestara el servicio a los afiliados, razón por la cual durante los meses de junio y julio, fecha de los hechos, la señora María Elicenia Morales de Bermúdez no fue recibida en ninguna clínica de la ciudad. Que se evidencia una falla de tipo administrativo que le restó posibilidad de recuperación o de estabilizar a la víctima y permitió el deterioro de su salud, lo que finalmente la llevó a la muerte. Precisó, que si bien existía una enfermedad de base, lo cierto es CAJANAL no puso al servicio de la paciente todos los medios, las ayudas y posibilidades que estaban a su alcance de manera oportuna, lo cual le restó la posibilidad de recuperarse, pues pese a su deficiencia pulmonar venía siendo controlada con medicamentos, que incluso tenía que asumir la familia de su propio patrimonio,

pero que en época de crisis se hacía necesario un atención especial, la que no fue brindada por un problema de tipo administrativo de la EPS, lo que indudablemente contribuyó a que la salud de la paciente se fuera deteriorando, con las consecuencias funestas conocidas. Con respecto al llamado en garantía indicó que la excepción de caducidad si procedía a su favor, pues su vinculación al proceso se hizo de manera extemporánea, esto es después del término preclusivo de 90 días establecido en la norma. 1.5 Grado jurisdiccional de consulta.- El Consejo de Estado, mediante proveído de 22 de mayo de 2013, ordenó dar trámite al grado jurisdiccional de consulta de la sentencia de 20 de abril de 20126. II CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema jurídico 6 (fls 396 a 397 c. Consejo de Estado)

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 Ext: 12056 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 7 Expediente No 46.946 (2004 - 04106) Se pretende por la vía de reparación directa obtener la declaratoria de responsabilidad administrativa imputable a la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EN LIQUIDACION, por razón de la muerte de la señora MARIA ELICENIA MORALES DE BERMUDEZ, acaecida como consecuencia de no autorizar la atención del servicio médico que requería la paciente en los centros hospitalarios contratados para tal fin por la entidad demandada. Previo a cualquier consideración, el Ministerio Público advierte sobre la posible

configuración de una causal de nulidad, pues al revisar la sentencia proferida el 20 de abril de 2012 por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala de Descongestión, se observa que existe una incongruencia en la misma, ya que en su parte motiva refiere al hecho dañoso, esto es “la muerte de la señora María Morales de Bermúdez y como fecha de su deceso “1 de julio de 2003”, lo anterior según anotaciones consignadas por el médico de EMI y en la historia clínica diligenciada por la Clínica de Especialistas de Envigado (fl. 377 C. Consejo de Estado), sin embargo en la parte resolutiva de la sentencia señala unos datos que no guardan ninguna relación con lo anotados en precedencia, en tanto indica un nombre y una fecha de deceso distintas “LA MUERTE DE LA

SEÑORA “CLARA ISABEL OLANO GARCIA, EN HECHOS OCURRIDOS EL 9

DE NOVIEMBRE DE 2000” El Consejo de Estado7, en materia de congruencia de la sentencia ha sido reiterativo en señalar: “el principio de congruencia de la sentencia, exige de una parte, que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la misma, lo que se denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión que ella contenga, sea concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda, como en el escrito de oposición, denominada congruencia externa, es decir, se tome la decisión conforme se ha marcado la controversia en el proceso. Este principio fundamental busca no solo la protección del derecho de las partes a obtener una decisión judicial que dé certeza jurídica al asunto que se ha puesto a

consideración de un juez, sino la salvaguarda del derecho de defensa de la contraparte, quien ha dirigido su actuación a controvertir los argumentos y hechos expuestos en la demanda. 7 Ver entre otras, las sentencias de 16 de agosto de 2002, expediente 12668, y de 21 de noviembre de 2007 Exp 15.770 ( Sección Cuarta)

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 Ext: 12056 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 8 Expediente No 46.946 (2004 - 04106) La violación de dicho principio traería como consecuencia, igualmente la violación al debido proceso, en la medida en que nuestro ordenamiento positivo consagra etapas procesales exclusivas a que las partes manifiesten y contradigan argumentos en defensa de sus derechos, siempre bajo el marco de litis que se ha planteado desde la demanda. En materia contenciosa la demanda marca el límite dentro del cual el funcionario judicial debe pronunciarse para decidir la controversia, las normas violadas y su concepto de violación, se constituyen en el marco de análisis y estudio al momento proferir la sentencia.” (Resalto y subrayo) Ante la incongruencia observada, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia debió ser aclarada o corregida. El Código de Procedimiento Civil indica en sus artículos 309 y 310 que la aclaración o corrección puede ser realizada de manera oficiosa o a petición de parte, por el mismo Juez que profirió la sentencia.

La aclaración, la corrección y la adición de providencias judiciales permiten enmendar de oficio o a solicitud de parte las providencias que adolezcan de cualquiera de los siguientes vicios: i) puntos o frases que ofrezcan duda; ii) errores puramente aritméticos y, iii) falta de congruencia entre los extremos de la litis (objeto de decisión) y la providencia respectiva[2], pero la oportunidad debía agotarse en la primera instancia. En el caso concreto la ausencia de armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia da por cierto un hecho dañoso que no fue alegado en la demanda, pues en ésta se solicita declarar administrativamente responsable a Cajanal por la muerte de la señora MARIA ELICENIA MORALES BERMUDEZ ocurrida el 1 de julio de 2003, progenitora de FABIO, WILLIAM DE JESÚS, NORA ELENA, LUZ EDI, MARIA CITELLA PIA, IDALIA, NELSON y ADRIANA PATRICIA BERMUDEZ MORALES, y no por el muerte de una señora llamada Clara Isabel Olano García fallecida el 9 de noviembre de 2000. [2] “Tales remedios no son recursos, con los cuales en ocasiones se puede lograr similar objeto, debido a que éstos son un medio de impugnación de las providencias judiciales de empleo exclusivo por las partes o terceros habilitados para intervenir dentro del proceso, mientras que la aclaración, corrección o adición pueden darse a solicitud de parte o inclusive de oficio y respecto de providencias que no admiten en la misma instancia recurso alguno como sucede con las sentencias.” LÓPEZ Blanco, Hernán Fabio

“Procedimiento Civil – Parte General”, Ed. Dupre, Bogotá, 2002, Pág. 649

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 Ext: 12056 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 9 Expediente No 46.946 (2004 - 04106) Aceptar equivocaciones como éstas o pasarlas por desapercibidas implicaría cercenar el debido proceso, pues ello conllevaría a declarar responsable a la entidad demandada, por un hecho del que es imposible derivar condena a favor de los demandantes. El artículo 140 del Código de Procedimiento Civil8 dispone que el proceso es nulo en todo o en parte solamente en los siguientes casos: (…)

3. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.

(…)” (Resalto y subrayo) Conforme al 144 ib. “No podrán sanearse las nulidades de que tratan las nulidades 3 y 4 del artículo 140 ni la proveniente de falta de jurisdicción o de competencia funcional.” De la nulidad originada en la sentencia La SECCION SEGUNDA SUBSECCIÓN “B”, en auto de 20 de mayo de 2010.

Radicación número: 25000-23-25-000-2002-00491-01(6323-05), sostuvo que la nulidad originada en la sentencia de primera instancia debe alegarse cuando se surte la apelación o la consulta y frente a las de única o segunda instancia a través del recurso extraordinario de revisión.

“En punto a la posibilidad de proponer incidente de nulidad contra la sentencia que pone fin al proceso, esta Corporación ha tenido oportunidad de pronunciarse de manera negativa9, precisando que acorde con la normatividad reguladora de este mecanismo ordinario de defensa, concretamente el artículo 142 inciso 1º del C. de P.C., norma a la cual se acude por expresa remisión del artículo 267 del C.C.A. las nulidades pueden alegarse en cualquiera de las instancias, esto es, en primera, segunda o única, antes de que se dicte sentencia, o durante la actuación posterior a ésta si ocurrieron en ella . 8 Articulo modificado por el artículo 1 numeral 80 del Decreto 2282 de 1989. 9 (pie de página de la cita) Auto del 3 de diciembre de 2009. C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Expediente No. 2003-01199-01. Actor: Flor Hercia Hernández Martínez

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 Ext: 12056 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 10 Expediente No 46.946 (2004 - 04106) Sobre la segunda de las posibilidades enunciadas, considera la Sala apropiado aclarar, que cuando la ley hace referencia a la actuación posterior a la sentencia, esto debe ser interpretado como aquél acto ulterior al pronunciamiento de la decisión que requiera la intervención del respectivo juez. Por tanto, tratándose de una sentencia de primera instancia, el medio idóneo para alegar la nulidad originada en la sentencia, no puede ser otro que el recurso de

apelación10, dado que el superior jerárquico, dentro del trámite de la segunda instancia, tiene absoluta competencia para declarar los vicios de que se acuse a la sentencia, de conformidad con los artículos 145 y 357 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto el doctrinante Hernán Fabio López Blanco, en su libro Procedimiento Civil11, Tomo 1, expone: “Ciertamente la posibilidad de alegar la nulidad después de dictada la sentencia de primera instancia queda abierta únicamente si se apeló de aquella o cuando debe ser surtida la consulta y con el fin de que el superior pueda, en uso de la facultad expresa que le otorga el art. 357, analizar tal aspecto aun en el evento de que la apelación no verse directamente sobre la nulidad, porque no le es dable al inferior entrar a considerar ese tipo de petición luego de dictada la sentencia si se apeló de ella debido a que de acuerdo con el art. 354 pierde la competencia para hacerlo una vez otorgado el recurso, dado que tan solo la conserva, por excepción, para práctica de medidas cautelares.” (Subrayas fuera del texto) (…)” Criterio similar exhibió la Corte Constitucional, al estudiar la exequibilidad de la expresión “antes de dictar sentencia”, contenida en el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil: “La oportunidad señalada en el inciso primero del artículo 142 no clausura la posibilidad que tienen las partes de alegar la nulidad. En efecto, veamos. Según el inciso tercero del mismo artículo 142 "la nulidad por indebida representación o

falta de notificación y emplazamiento en legal forma, podrá también alegarse durante la diligencia de que tratan los artículos 337 a 339, o como excepción en el proceso que se adelante para la ejecución de la sentencia, o mediante el recurso de revisión..." E igual ocurre, según el inciso final, con la nulidad originada en la sentencia que ponga fin al proceso, contra la cual no proceda recurso alguno. (…) (Resalto y subrayo) En concepto del Ministerio Público se configura la nulidad de pretermisión íntegra de la instancia en tanto se declaró administrativamente responsable a la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE EN LIQUIDACION, por un hecho que no fue objeto de controversia, pues en parte alguna de las consideraciones de la sentencia se probó que la señora Clara Isabel Olano García hubiera fallecido el 9 de noviembre de 2000, como tampoco que ésta 10 (pie de página de la cita) En el mismo sentido se pronunció la Subsección B, Sección Segunda de esta Corporación, en Sentencia del 22 de octubre de 2009. Radicado No. AC-2009-00990-00-00. M.P. Gerardo

Arenas Monsalve. Actor: Eulises Sierra Jiménez y otra.

11 (pie de página de la cita) Dupré Editores. Bogotá D.C, 2005. Pág. 925.

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 Ext: 12056 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 11 Expediente No 46.946 (2004 - 04106)

fuera la progenitora de los actores y mucho menos que la causa de su muerte se hubiere dado por la omisión en la prestación del servicio de salud a cargo de la entidad demandada, razón por la cual solicita al H Consejo de Estado declare la nulidad de lo actuado a partir de la sentencia de primera instancia. En el evento que tal solicitud no fuese atendida por el Consejo de Estado y se prosiguiera con el trámite en esta instancia, por considerar que el superior puede corregir los yerros en que incurrió el a-quo, lo cual puede corregir en cualquier tiempo12, correspondería entonces absolver, en su orden, los siguientes problemas jurídicos para resolver el caso objeto del grado jurisdiccional de consulta: (i) Acreditación del daño antijurídico y sólo en el evento de encontrarse probado (ii) Establecer el régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto y si procede o no atender las pretensiones de contenido económico. (i). EL DAÑO El artículo 177 del C.C.A. señala que corresponde a la parte demandante probar los supuestos de hecho sobre los que fundamenta su pretensión de reparación, en especial la existencia del daño y su carácter de antijurídico, que son presupuestos necesarios de una pretensión indemnizatoria. 12 Corte Constitucional Sentencia T-429/11 “(…) Respecto a lo manifestado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, si bien los artículos 309 y 311 del Código de Procedimiento Civil hacen referencia a la aclaración y adición de los fallos, de oficio o a petición de parte, cuya actuación está sometida al término de ejecutoria del fallo; en aras de salvaguardar los derechos subjetivos del accionante hubiera podido hacer

uso de su facultad discrecional para corregir los yerros en que incurren los funcionarios judiciales en sus sentencias, lo cual se puede realizar en cualquier tiempo. El artículo 310 del Código de Procedimiento Civil acerca de la “Corrección de errores aritméticos y otros” establece lo siguiente: “Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético, es corregible por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto susceptible de los mismos recursos que procedían contra ella, salvo los de casación y revisión (…) Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.” (Subraya fuera de texto) Para esta Sala, la Sección Tercera del Consejo de Estado al negarse a realizar la corrección del yerro que consistió en omitir la transcripción del nombre de uno de los demandantes en la parte resolutiva de su fallo al cual hizo referencia en la parte motiva como uno de los casos objeto de estudio, incurrió en un exceso ritual manifiesto al no corregir su propio error, lo cual hubiera podido realizar de oficio, teniendo en cuenta la omisión en la que incurrió y que este error, influía y sigue influyendo en la parte resolutiva de su sentencia. Al contrario, sigue preservando una posición indiferente frente a los derechos fundamentales que quebrantó.

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 Ext: 12056 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 12 Expediente No 46.946 (2004 - 04106)

En el presente caso lo primero que debe demostrarse es el daño, que corresponde a la muerte de la señora MARIA ELICENIA MORALES DE BERMUDEZ, acaecida el 1 de julio de 2003. La Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, en sentencia de 22 de agosto de 2002, expediente No. 6734, al tratar el tema de cuál es el documento que acredita la muerte de una persona señaló: 1.- La muerte es, sin duda, un hecho constitutivo del estado civil de las personas (art. 5°, Decreto 1260 de 1970), por cuanto como lo consagra el artículo 94 del Código Civil, la existencia de éstas "termina con la muerte". Por ello, en tratándose de defunciones acaecidas con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, como de cualquier hecho, o acto ulterior a la operancia de esa normatividad relacionado con el estado civil, la única forma de demostrar su ocurrencia es mediante "copia de la correspondiente partida o folio, o con certificado expedidos con base en los mismos" (art. 105 del Decreto 1260 de 1970), imposición del legislador que corresponde a uno de los casos de excepción a las reglas de la sana crítica y de libertad probatoria, contempladas en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil y que esa misma disposición autoriza, al prever que la aplicación de los referidos principios tiene lugar "sin perjuicios de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos". Síguese, entonces, que la muerte de una persona es un hecho sometido, en

lo que hace a su demostración, a la "tarifa legal", en el entendido de que su acreditamiento sólo procede con los específicos documentos señalados en el transcrito artículo 105 del Decreto 1260 de 1970. Empero, es de verse, que el rigor probatorio que se deja advertido tiene límites y que, por ende, su correcta aplicación depende de la perfecta identificación que de ellos se tenga. Al efecto debe destacarse, que son los hechos propiamente constitutivos del estado civil de las personas, como los que con carácter ejemplificativo enlista el artículo 5 del Decreto 1260 de 1970, los sometidos a la regla probatoria comentada, mas no los que, con todo y que estén íntimamente ligados con aquellos, no son, por esencia, los determinantes del estado civil. Así tuvo oportunidad de precisarlo esta Sala de la Corte en sentencia de 29 de noviembre de 1982, cuando dijo: "no se puede asimilar la prueba del estado civil con los hechos que pueden dar lugar a su establecimiento. En el primer caso, debiendo constar en el registro respectivo, la ley ha estatuido que para acreditarlo es necesaria la 'copia de la correspondiente partida o folio, o con certificado expedidos con base en los mismos' (art. 105 Dec. 1260/70). En la segunda hipótesis, cualquier medio de prueba es útil para ese propósito, entre ellos la confesión, sea real o ficta" (CLXV, 327). Vale decir, entonces, que una cosa es demostrar, la muerte de alguien, lo que sólo podrá hacerse en la forma expresamente indicada por el legislador, y otra, comprobar la causa del deceso, cuestión que al no quedar comprendida

por el mandato del artículo 105 del precitado Decreto, puede hacerse libremente, esto es, recurriendo a cualquier medio de convicción.

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 Ext: 12056 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 13 Expediente No 46.946 (2004 - 04106) (Resalto y subrayo) La jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado cual es el documento idó