PGN - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Bonificación por compensación

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Bonificación por compensación BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN-Marco normativo

BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN-Beneficiarios

Se estableció por el Decreto 610 de 1998 -26 de marzo -– (D. O. No. 3.268) y conforme a la transcripción realizada: Se observa, sin mayor lucubración, con solo detallar el contenido del artículo 2°., que los servidores enlistados como beneficiarios de la bonificación por compensación, a partir de la vigencia del citado Decreto obtuvieron el derecho a la retribución laboral en los montos considerados en dicho ordenamiento, disposición que constituyó el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno con los representantes de los funcionarios allí enumerados. Por este aspecto de la regulación, cabe manifestar que frente a una disposición clara no es posible una interpretación extensiva so pretexto de encontrar un espíritu para el cual la norma no fue concebida. Conforme a los artículos 2° (fines esenciales estatales), 25 (protección al derecho al trabajo) y 53 (principios mínimos fundamentales) de la constitución Política, no se puede colegir una aplicación extensiva de la bonificación por compensación a un servidor que no se encuentra enlistado en la reglamentación dictada por el funcionario competente, el Ejecutivo Nacional (art. 189 -11 C. Po., y Ley 4ª de 1992). BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN-Doctrina RÉGIMEN PRESTACIONAL-Funcionarios de la Rama Judicial Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 411-2016 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0768-2015

Luz Elena Aranzeta Alvarez y otro Vs. NaciónRama JudicialConsejo Superior de la JudicaturaDirección Ejecutiva de Administración Judicial.

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PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 411-2016

SIAF: 2016-398663

Bogotá, octubre 28 de 2016

Señores Magistrados: Honorable Consejo de Estado

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

Conjuez Ponente: Dr. PEDRO ALFONSO HERNANDEZ MARTÍNEZ

E. S. D.

Referencia : 25000232500020090063002 (0768-2015)

Actor : Luz Elena Aranzeta Alvarez y otros.

Demandada : NaciónRama JudicialConsejo Superior de la JudicaturaDirección Ejecutiva de Administración Judicial Acción : Nulidad y Restablecimiento del Derecho Asunto : Bonificación por compensación Procede esta Agencia del Ministerio Público, dentro de la oportunidad legal, a emitir el concepto de rigor en el proceso de la referencia, del cual conoce el Honorable Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia de fecha 29 de agosto de 2014, proferida por el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca.

I. DEBATE PLANTEADO La presente controversia se centra en establecer si los demandantes Luz Elena Aranzeta Alvarez, Ricardo Rendón Puerta y Augusto Castañeda Díaz, quienes sostienen que tienen derecho al reconocimiento y pago de la bonificación por compensación, por cuanto el Decreto 610 de 1998

estableció el derecho consagrado por el artículo 280 de la C.P.; posición no compartida por la demandada, que afirma la legalidad del acto acusado, en cuanto fue expedido conforme a la norma reguladora del tema en ese momento y el cual no podía eludirse en su aplicación por el operador Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 411-2016 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0768-2015 Luz Elena Aranzeta Alvarez y otro Vs. NaciónRama JudicialConsejo Superior de la JudicaturaDirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Página : 3 administrativo, de ahí que esa decisión se adecuó a lo legal cuando se expidió el acto. 1.1. Pretensiones -Que se declare la inaplicación por inconstitucional e ilegal del Decreto 4040 del 3 de diciembre de 2004, mediante el cual el Gobierno Nacional creó una bonificación por gestión judicial, para Magistrados de Tribunales, Magistrados Auxiliares de la Corte, Magistrados Auxiliares del Consejo Superior de la Judicatura, entre otros funcionarios, cargos ocupados por los demandantes, y cuyo valor es inferior a lo consagrado en el Decreto 610 de 1998. -Que se declaren nulo el acto administrativo contenido en el comunicado número DEAJ09-8698 del 26 de mayo de 2009, notificado el 2 de junio de 2009, mediante el cual la Dirección Ejecutiva de Administración JudicialSala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, dio contestación a la solicitud de los doctores Luz Elena Aranzeta Alvarez, Ricardo Rendón Puerta

y Augusto Castañeda Díaz, negando la solicitud del pago del 80% de lo que por todo concepto perciben los magistrados de Altas Cortes conforme a lo estipulado en el Decreto 610 de 1998, por no ajustarse a derecho esta contestación, pues vulnera los derechos adquiridos de los demandantes establecidos en dicho decreto, pues no se tuvo en cuenta lo allí consagrado de ordenarse el pago del 80% de todos los factores de salario devengados y percibidos por un Magistrado de Alta Corte. -Que como consecuencia de las precedentes declaraciones, se ordene a la NaciónRama JudicialConsejo Superior de la JudicaturaSala AdministrativaDirección Ejecutiva de Administración Judicial, a título de restablecimiento del derecho, declarar que a los demandantes les asiste razón jurídica para que la entidad demandada les reliquide y cancele las sumas adeudadas por concepto de bonificación por compensación con fundamento en el Decreto 610 de 1998, es decir, ordenandose pagar el 80% de lo que por todo concepto perciben los Magistrados de Altas Cortes, desde la fecha de vinculación de cada uno de ellos, fecha en que el derecho se hizo exigible, atendiendo para ello las fechas que aparecen en cada una de las certificaciones de tiempo y servidos. Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 411-2016 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0768-2015 Luz Elena Aranzeta Alvarez y otro Vs. NaciónRama JudicialConsejo Superior de la JudicaturaDirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Página : 4 -Que se ordene liquidar y pagar a las demandadas y a favor de la parte actora, las diferencias entre lo que se les ha venido cancelando y lo que se determine pagar en la sentencia que ordene el pago del 80% en los términos de la pretensión anterior, diferencias efectivas a partir del tiempo de vinculación de cada uno de los demandantes, calculadas sobre la base de una cuantía pretendida del 80% de lo que por todo concepto perciben los magistrados de Altas Cortes. -Que se ordene a las demandadas a cancelar a la parte actora la suma equivalente al 80% de las diferencias adeudadas por concepto de prima especial de servicios desde la fecha de vinculación de cada uno de los demandantes, fecha en que se hizo exigible el derecho, atendiendo para ello las fechas que aparecen en cada una de las certificaciones de tiempo y servicio, teniendo en cuenta para su liquidación, reconocimiento y pago de todos los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los congresistas, los cuales son: sueldo básico, gastos de representación, prima de localización y vivienda, prima de salud, primas de servicios, prima de navidad y cesantía. -Igualmente que se condene a la NaciónRama JudicialConsejo Superior de la JudicaturaDirección Ejecutiva de Administración Judicial, que en adelante se continúe cancelando a los demandantes su prima especial de servicios, aplicando el procedimiento indicado en el numeral anterior para su liquidación. -Que se ordene que las sumas que resulten a favor de cada uno de los demandantes, sean canceladas con la indexación correspondiente con fundamento en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

-Que se de cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 1.2. Hechos Como fundamento de sus peticiones, la parte actora manifestó que todos los demandantes laboran para la NaciónRama JudicialConsejo Superior de la JudicaturaDirección Ejecutiva de Administración Judicial, según la certificación de tiempo de servicios como se anota enseguida: - Luz Elena Aranzeta Alvarez, vinculada a la Rama Judicial desde el 14 de enero de 2008 como Magistrada Auxiliar de la Sala Jurisdiccional Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 411-2016 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0768-2015 Luz Elena Aranzeta Alvarez y otro Vs. NaciónRama JudicialConsejo Superior de la JudicaturaDirección Ejecutiva de Administración Judicial.

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Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura adscrita al despacho de la doctora María Mercedes Lopez Mora. - Ricardo Rendón Puerta, vinculado a la Rama Judicial desempeñando el cargo de Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y desde el 25 de enero al 28 de febrero de 2007 en provisionalidad; y desde el 1° de marzo de 2007 en propiedad hasta la fecha de presentación de la demanda. - Augusto Castañeda Díaz, vinculado a la Rama Judicial, ejerciendo el cargo de Magistrado Auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del 22 de enero al 22 de julio de 2007 en provisionalidad, y

del 23 de julio de 2007 hasta la fecha, desempeñando el cargo de Magistrado Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Sala Penal en provisionalidad. Los demandantes solicitaron ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior el pago del 80% de lo que por todo concepto perciben los Magistrados de Altas Cortes conforme a lo consagrado en el Decreto 610 de 1998, el 3 de abril de 2009, ante lo cual la entidad contestó mediante el comunicado DEAJ09-8698 del 26 de mayo de 2009, acto administrativo notificado en legal forma el 2 de junio de 2009, la entidad demandada no accedió a la solicitud, expresando que la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998 y la bonificación de gestión judicial son incompatibles entre sí, tal y como lo señala el parágrafo 2 del artículo 2 del Decreto 4040 de 2004, y que por ello no es viable acceder a las pretensiones. 1.3. Normas Violadas y Concepto de Violación Citó como normas vulneradas los artículos 2, 13, 25, 53, 58, 90, 123 y 209, Código Sustantivo del Trabajo artículos 15 y 21, Código Contencioso Administrativo artículos 1, 3, 35, 36, 84, 78, 85, 158 y 206 a 214; Ley 4 de 1992 artículo 2 literal a), parágrafo del artículo 14 y artículo 15; Decreto 610 de 1998, Decreto 1239 de 1998, artículo 84 y numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996.

Como concepto de la violación indicó que el acto administrativo contentivo en el comunicado DEAJ09-6754 del 15 de abril de 2009, mediante el cual LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA dio contestación al derecho de petición que agotó vía gubernativa de sus poderdantes en el que se solicitó la Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 411-2016 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0768-2015 Luz Elena Aranzeta Alvarez y otro Vs. NaciónRama JudicialConsejo Superior de la JudicaturaDirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Página : 6 nivelación salarial mensual conforme lo señalado en el decreto 610 de 1998, vulnera las normas constitucionales y legales, pues transgredió los derechos adquiridos de sus mandantes, los fines que gobiernan las leyes laborales y la función pública, desconoció abiertamente todos los principios y reglas establecidas para situación en iguales condiciones, vulnerando los derechos a la vida, a la igualdad, al trabajo entre otros, de sus poderdantes.

Concepto de la violación de los artículos 2,13, 25, 53, 58, 90,123 y 209 de la Constitución. En su orden se establece como fines del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios y deberes consagrados en la Constitución; por su parte el artículo 13 consagra que todas las personas son iguales y recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos

derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación; y conforme a la certificación de salarios entregadas a mis mandantes, se evidencia una diferencia salarial respecto a otros magistrados que se les cancela el 80% de lo que por todo concepto perciben los magistrados de Altas Cortes, Cuando en verdad las funciones ejercidas por mis mandantes como magistrados de tribunal Superior, corresponden a la misma categoría, cumplimiento de las mismas funciones, horarios y con las mismas responsabilidad, lo que vulnera el principio de (a trabajo igual salario igual). Como argumento de lo anterior, presentó apartes de diferentes sentencias: sentencia C-168 del 20 de abril de 1995, T808 de 1999, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz, T -827 DE 1999, Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero, Sentencia de tutela T-097 del 16 de febrero de 2006, Magistrado ponente, doctor Alfredo Beltrán Sierra, y la sentencia SU 519 de 1997, Magistrado ponente, doctor José Gregorio Hernández, donde se dice que el artículo 53 señala cuales son los principios mínimos que el legislador debe tener en cuenta para la expedición de las normas del trabajo y uno de ellos es justamente el que se refiere a que todo trabajador tiene derecho, a una remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, cumpliéndose con los términos de igualdad de "a trabajo igual, salario igual". 1.4. Contestación de la demanda La demandada mediante apoderada se opuso a las pretensiones con el argumento que el acto administrativo que se demanda, se expidió en

cumplimiento de las normas constitucionales y legales. Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 411-2016 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0768-2015 Luz Elena Aranzeta Alvarez y otro Vs. NaciónRama JudicialConsejo Superior de la JudicaturaDirección Ejecutiva de Administración Judicial.

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Consideró que los efectos de la sentencia de nulidad del Consejo de Estado rigen hacia el futuro o ex nunc, con el objeto de generar certeza y seguridad jurídica dentro del sistema normativo, toda vez que la sentencia con efecto erga omnes, solo tiene consecuencias posteriores, restableciendo el derecho hacia futuro, pues no es posible producir efectos retroactivos ya que no es de carácter particular y así dar estricto cumplimiento a las disposiciones vigentes que regulan la materia objeto de la controversia.

Como excepciones propuso: la ausencia de causa petendi, cobro de lo no debido e innominada.

1.5. Sentencia de primera instancia: La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la providencia objeto de alzada (fls.316-345), declaró la nulidad parcial del Acto Administrativo DEAJ 09-6745 del 15 de abril de 2009, expedido por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial mediante la cual se dispuso negar el reconocimiento y pago del 80% de lo que por todo concepto perciben los Magistrados de las Altas Cortes, a que tienen derecho los actores Luz Elena Aranzeta Alvarez, Ricardo Rendón Puerta y Augusto Castañeda Díaz, a partir del tiempo de vinculación de cada uno de

los demandantes, condenó a la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a reconocer y pagar, a los actores el derecho adquirido a recibir el equivalente al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devengan como salario un Magistrado de Alta Corte, incluyendo las diferencias adeudadas por concepto de prima especial de servicios, teniendo en cuenta para la liquidación de esta todos los ingresos laborares totales anuales de carácter permanente devengados por los congresistas, que son: sueldo básico, primas de servicios, prima de navidad y cesantías, así: Luz Elena Aranzeta Alvarez, vinculada a la Rama Judicial desde el 14 de enero de 2008 como Magistrada Auxiliar de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Ricardo Rendón Puerta, vinculado a la Rama, desempeñando el cargo de Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y desde el 25 de enero al 28 de febrero de 2007 en provisionalidad y desde el 1o de marzo de 2007 en propiedad hasta la fecha de presentación de la demanda, Augusto Castañeda Díaz, vinculado a la Rama Judicial, ejerciendo el cargo de Magistrado Auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del 22 de enero al 22 de julio de 2007 en Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 411-2016 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0768-2015

Luz Elena Aranzeta Alvarez y otro Vs. NaciónRama JudicialConsejo Superior de la JudicaturaDirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Página : 8 provisíonalidad, y del 23 de julio de 2007 hasta la fecha desempeñando el cargo de Magistrado Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Sala Penal en provisionalidad. Y hasta que conserven la calidad de beneficiarios del Decreto 610 de 1998, con los correspondientes reajustes.

Como sustento a la decisión señaló la Sala que los demandantes solicitaron el pago de la Bonificación por Compensación, en virtud del Decreto 610 de 1998 que sumado a los demás ingresos laborales percibidos, igualen para el año 2001 y en adelante el 80% de lo que por todo concepto recibe un Magistrado de Alta Corte. En consecuencia de lo anterior, por la declaratoria de nulidad del decreto 4040 de 2004, a través de la sentencia del 14 de diciembre del 2011, las cosas vuelven a su estado anterior, es decir, cobran forma los derechos de los demandantes contemplados en el decreto 610 de 1999. De otra parte, en cuanto a la prima especial de servicios, conforme a la potestad otorgada por la Ley 4 de 1992, tanto los funcionarios de las Altas Cortes como otros Altos funcionarios del Estado, tienen derecho a una prima especial de servicios; la cual es igual a la diferencia que se presente entre los ingresos laborales totales anuales percibidos por los miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios que tienen derecho a ella (Magistrados de Altas Cortes), tal como lo señala el artículo 1 del Decreto 10

de 1993. 1.6 Recurso de apelación La apoderada de la entidad accionada, interpuso oportunamente recurso de apelación (fls.351-357.), en el que solicitó se revoque la sentencia de primera instancia del 29 de agosto de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en su lugar se absuelva a la entidad demandada, por cuanto esta cancela a los Magistrados de Altas Corporaciones, Magistrados Auxiliares, Magistrados de Tribunal, y demás funcionarios de la Rama Judicial, de conformidad con las normas constitucionales y legales que ordenan el pago de salarios y demás prestaciones sociales a sus servidores y administradores de justicia. Señaló que la bonificación por compensación creada por el Decreto 610 de 1998, así como la que actualmente se cancela, establecida por el Decreto 1102 de 2012, constituyen salario, pero no por ello puede desconocer que Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 411-2016 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0768-2015 Luz Elena Aranzeta Alvarez y otro Vs. NaciónRama JudicialConsejo Superior de la JudicaturaDirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Página : 9 esas mismas disposiciones limitan el carácter salarial de dicho concepto, de donde es dable concluir que no constituye factor de salario para la liquidación y pago de las prestaciones sociales.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico De conformidad con el marco conceptual contenido en el recurso de alzada, este caso se circunscribe a determinar si tiene lugar el reconocimiento de la

bonificación por compensación decretada a favor de los demandantes, para efectos de realizar las diferencias salariales correspondientes y proceder a los pagos respectivos con referencia a la fecha de vigencia del derecho pretendido por la parte actora, sin declarar la prescripción de los derechos. 2.2. Norma aplicable Ley 4ª de 1992 ARTÍCULO 1o. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de: a)… b) Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República; ARTÍCULO 2o. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios: a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales; … Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 411-2016 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0768-2015 Luz Elena Aranzeta Alvarez y otro Vs. NaciónRama JudicialConsejo Superior de la JudicaturaDirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Página : 10 c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte del Estado y de las condiciones de trabajo; ARTÍCULO 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no

inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil. PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad. Decreto 610 de 1998 “Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios. “EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, CONSIDERANDO: Que para el año fiscal de 1998, la remuneración de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; de los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la

Judicatura; de los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; de los Fiscales y Jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; de los Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 411-2016 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0768-2015 Luz Elena Aranzeta Alvarez y otro Vs. NaciónRama JudicialConsejo Superior de la JudicaturaDirección Ejecutiva de Administración Judicial.

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Fiscales del Tribunal Superior Militar, de los fiscales ante Tribunal de Distrito, y de los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, equivale al 46% de la remuneración de los magistrados de las Altas Cortes; Que el Gobierno Nacional acordó con los representantes de los funcionarios mencionados en el considerando anterior, un esquema que gradualmente permita superar la desigualdad económica entre los dos niveles mencionados, así: Para el año que corresponda a la vigencia fiscal para la cual se apruebe por primera vez la apropiación presupuestal correspondiente, se aplicará un ajuste a los ingresos laborales que iguale al sesenta por ciento (60%) de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado; Para la vigencia fiscal siguiente, el ajuste igualará al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de

Estado; A partir del año correspondiente a la tercera vigencia fiscal, los ingresos laborales serán igual al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado; “…DECRETA: “ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del presente decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura. Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 411-2016 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0768-2015 Luz Elena Aranzeta Alvarez y otro Vs. NaciónRama JudicialConsejo Superior de la JudicaturaDirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Página : 12 “La Bonificación por Compensación sólo constituirá factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los Magistrados de las Altas Cortes. “ARTÍCULO 2o. La Bonificación por Compensación de que trata el artículo anterior, se aplicará a los Magistrados de los Tribunales

Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo,

Nacional y Superior Militar; a los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito…” Decreto 3135 de 1968 ARTICULO 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. Decreto 1848 de 1969 Artículo 102º.- Prescripción de acciones.

1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.

Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 411-2016 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0768-2015 Luz Elena Aranzeta Alvarez y otro Vs. NaciónRama JudicialConsejo Superior de la JudicaturaDirección

Ejecutiva de Administración Judicial.

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CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL ARTICULO 151. PRESCRIPCION. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual.

3. Caso Concreto 3. 1. La bonificación por compensación. Sus beneficiarios

Se estableció por el Decreto 610 de 1998 -26 de marzo -– (D. O. No. 3.268) y conforme a la transcripción realizada: Se observa, sin mayor lucubración, con solo detallar el contenido del artículo 2°., que los servidores enlistados como beneficiarios de la bonificación por compensación, a partir de la vigencia del citado Decreto obtuvieron el derecho a la retribución laboral en los montos considerados en dicho ordenamiento, disposición que constituyó el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno con los representantes de los funcionarios allí enumerados. Por este aspecto de la regulación, cabe manifestar que frente a una disposición clara no es posible una interpretación extensiva so pretexto de encontrar un espíritu para el cual la norma no fue concebida. Conforme a los artículos 2° (fines esenciales estatales), 25 (protección al derecho al trabajo) y 53 (principios mínimos fundamentales) de la constitución Política, no se puede colegir una aplicación extensiva de la

bonificación por compensación a un servidor que no se encuentra enlistado en la reglamentación dictada por el funcionario competente, el Ejecutivo Nacional (art. 189 -11 C. Po., y Ley 4ª de 1992). La doctrina ha expresado sobre el particular: “… Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 411-2016 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0768-2015 Luz Elena Aranzeta Alvarez y otro Vs. NaciónRama JudicialConsejo Superior de la JudicaturaDirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Página : 14 “Desde el punto de vista de la noción de imperio de la ley, la autoridad que emite la norma no es sino el poder ejercido mediante el derecho, y por ello mismo esa noción ha de transmitir a ese poder y su configuración jurídica toda la exige