PGN - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Contra acto administrativo de la alcaldía m

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto administrativo de la Alcaldía Municipal de Apie que revocó orden de suspender actividades a Ecopetrol S.A. CONSEJO DE ESTADO-Competencia en única instancia/COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN UNICA INSTANCIA-Sobre temas de servidumbre petrolera en municipio de Aipe (Huila)/COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN UNICA INSTANCIA-Acto acusado revocó el derecho a ser indemnizado por Ecopetrol a propietario del predio ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHORequisitos REVOCATORIA DIRECTA-De los actos administrativos en vigencia del Decreto No. 1/84 ANALISIS PROBATORIO-Afectaciones al derecho de dominio sobre terreno objeto del asunto REVOCATORIA DIRECTA-Criterios de análisis de las razones y causales para dicha declaración/REVOCATORIA DIRECTA-Naturaleza jurídica de dicho acto administrativo/REVOCATORIA DIRECTA-Sobre acto administrativo que se originó con ocasión a acción de cumplimiento REVOCATORIA DIRECTA-Procede en el sublite Considera este Despacho que debe acogerse las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de la Resolución 181 de 2007, mediante la cual se revocó el acto administrativo expedido el 1º de diciembre del 2006, por parte de la alcaldía de Aipe, por considerarse que existió una vulneración al debido proceso, pues no se dio cumplimiento a lo establecido en los artículos 73 y 74 para que

procediera la revocatoria directa de un acto administrativo de carácter particular Conforme a lo anterior, el Ministerio Público considera procedente la declaratoria de nulidad de la Resolución 181 de 2007, proferida por la alcaldía de Aipe y, a título de restablecimiento del derecho debe declarase que queda en firme al acto administrativo proferido el 1º de diciembre de 2006, que dispuso en su artículo PRIMERO. “Ordenar a ECOPETROL S.A. suspender los permisos de trabajos de exploración y explotación que adelante en el predio Santa Helena, hasta tanto cancele el pago de los perjuicios judicialmente avaluados.” Por lo que el restablecimiento del derecho no puede ser ni más ni menos de lo allí establecido, Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (60525) 11001032600020170016800 “la suspensión de los trabajos de ECOPETROL hasta que cancele los perjuicios”, no siendo procedente el reconocimiento de suma alguna pues dicho acto administrativo, no fue el que reconoció la indemnización, sino que simplemente le da una orden de suspensión de trabajos a ECOPETROL hasta que cancela la cifra establecida y reconocida en otro proceso judicial como aquí se expuso extensamente De tal manera que cualquier reclamación pecuniaria, así como las indexaciones e intereses que la misma haya generado en el tiempo, será una reclamación que el

demandante tendrá que surtir ante ECOPETROL, que no fue parte demandada en el presente caso FALLO DE UNICA INSTANCIA-Debe acceder de manera parcial a las pretensiones invocadas/FALLO DE UNICA INSTANCIA-Procede nulidad de acto revocatorio de la alcaldía por vulneración al debido proceso 2 PGP Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (60525) 11001032600020170016800

CONCEPTO No. 162 / 2019

Bogotá D.C., 15 de Noviembre de 2019. Señores Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A Consejera Ponente Doctora Marta Nubia Velásquez Rico

E. S. D.

Radicado: 11001032600020170016800 (60525) Ley 01 de 1984 – única Instancia Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Actor: Azarías Castro Sánchez Demandado:Municipio de Aipe Sentido del concepto: solicitud de acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda / Es procedente declarar la nulidad de la Resolución No 181 de 2007 expedida por la Alcaldía de Aipe, por considerarse que existió una vulneración al debido proceso / A título de restablecimiento debe Declararse que queda en firme el acto

administrativo mediante el cual se reconoció derechos al actor // El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y del patrimonio público.

1. ANTECEDENTES

1.1. Demanda. 3 PGP Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (60525) 11001032600020170016800 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 82 del Decreto 01 de 1984, el señor AZARÍAS CASTRO SÁNCHEZ, instauró demanda en contra del MUNICIPIO DE AIPE el 18 de mayo de 2007, con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución No. 181 del 17 de abril de 2007, mediante la cual se revocó el acto administrativo que había ordenado a Ecopetrol S.A. suspender las actividades en el predio de propiedad del demandante hasta que realizara el pago contenido en el avalúo que fue aceptado por el Juez Único Promiscuo Municipal de Aipe. Como sustento de la petición la parte actora indicó que la revocatoria del acto administrativo no contó con el consentimiento expreso y escrito del beneficiario

de la situación jurídica consolidada en la resolución revocada, la cual en su sentir contravenía abiertamente las previsiones contenidas en los artículos 14, 28, 34, 73 y 74 del C.C.A. Por lo anterior y como consecuencia de las declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, solicita que se declare que debido a la expedición de la Resolución 181 mencionada, Ecopetrol no pagó a la parte demandante los perjuicios aprobados por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Aipe, cuyo monto asciende a la suma de $702.005.940 Que como consecuencia de la anterior declaratoria se condene al municipio de Aipe, a título de restablecimiento del derecho, a reparar el daño causado al señor AZARÍAS CASTRO SÁNCHEZ en la suma de $ 702.005.940, monto que deberá ajustarse a la fecha en que efectivamente se verifique el pago de los perjuicios. 4 PGP Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (60525) 11001032600020170016800 Dentro del concepto de violación señaló: - Violación a la Constitución Política, especialmente se refirió a la violación al derecho a la propiedad consagrado en el art. 58., pues se está afectando el derecho de propiedad del señor CASTRO SANCHEZ sobre el predio Santa Helena.

• Violación a la ley art. 73 y 74 del C.C.A. pues el municipio no tuvo en cuenta el consentimiento del titular del derecho, además no agotó el procedimiento para revocar los actos de contenido particular y concreto, como lo es el del 1º de diciembre de 2006 disposición que reconoció el derecho con que contaba el señor CASTRO a ser indemnizado, tal y como lo establece el Decreto 1886 de 1954, norma que dispone que era necesario contar con el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.

Entonces si existía alguna razón para revocar la decisión, el municipio debió haber acatado el procedimiento indicado en el art. 74 del C.C.A. El ente territorial violó los art. 73 y 74 del C.C.A., porque la resolución 181 del 2007 vulnera los derechos de defensa y debido proceso del particular, derechos que por mandato del art. 29 de la Constitución, deben regir en las actuaciones administrativas Además hubo desviación de poder, pues al revocar mediante la Resolución 181 de 2007 un derecho ya reconocido, denota la aplicación de la superioridad propia del gobernante sobre la inferioridad característica del gobernado, circunstancia que conlleva una clara desviación de poder atribuible al señor alcalde municipal de Aipe. 5 PGP Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (60525) 11001032600020170016800 El funcionario disfraza el acto atacado, de carácter particular y concreto, de acto “intimatorio”, expedido en ejercicio del poder de policía administrativa” del municipio, lo cual resulta desacertado, toda vez que los actos policivos, siempre son consecuencia de un proceso del mismo orden, que para el caso que nos ocupa debió ventilarse conforme al procedimiento del código nacional o departamental de policía. Medida Cautelar Por último solicitó la suspensión provisional de la Resolución 181 del 17 de abril de 2007, expedida por el alcalde municipal de Aipe. 1.2. Contestación de demanda. El Municipio de Aipe presentó contestación a la demanda mediante escrito del 15 de noviembre de 2018, en el cual expuso su oposición a las pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, argumentando en síntesis lo siguiente: Luego de hacer un recuento sobre las leyes que se han proferido respecto del uso del petróleo como un mineral de propiedad de la Nación, en las que se da la posibilidad de explotarlo a través de contratos celebrados con la rama ejecutiva, pues se ha declarado de utilidad pública la industria del petróleo en sus ramos de exploración, explotación, refinación, transporte y distribución. Seguidamente se centró en la expedición de la Resolución No. 181 del 17 de abril de 2007, mediante la cual se revocó la decisión contenida en el acto administrativo del 1º de diciembre de 2006, y señaló que con dicha resolución 6 PGP Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Exp. No. (60525) 11001032600020170016800 se restableció el orden constitucional y legal, permitiendo que la actividad petrolera no se suspenda. Y por consiguiente no se violó la constitución, ni la ley, no desconoció ningún derecho a la propiedad del demandante, por el contrario se protegió el interés general, pues se dio valor a la función social de la propiedad, ya que permaneció inalienable el precepto de utilidad pública de la industria petrolera. Que la expedición de dicha resolución se basó en sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Civil, en las que se señaló que “LOS TERRENOS RECIBIDOS POR HOCOL S. A. PASARON A ECOPETROL, SIN QUE SE REQUIERA EL PAGO DE UNA NUEVA INDEMNIZACIÓN POR SU USO. La indemnización se paga por una sola vez, que la misma abarca todo el tiempo que dure la servidumbre petrolera y que comprende la totalidad de los perjuicios que se puedan causar.” Así mismo se señaló que “LA INDEMNIZACIÓN POR EXPLOTACIÓN DE TIERRAS SE CAUSARA Y SE PAGARA POR UNA SOLA VEZ, ASI EXISTE UNA CESIÓN DEL CONTRATO.” Por lo que se puede afirmar que el centro de la discordias no es la expedición de la resolución 181 del 17 de abril de 2007, expedida por el municipio de Aipe, sino en el segundo cobro de una servidumbre ya pagada.

Por lo que el demandado trajo a colación el trabajo presentado a la Academia Colombina de Jurisprudencia por Luis Augusto Cangrejo Cobos en relación con la servidumbre petrolera, como tema de conflicto permanente entre los propietarios de las tierras y las empresas petroleras, lo que demuestra el desconocimiento del régimen especial que las regula, siendo equivocada su 7 PGP Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (60525) 11001032600020170016800 asimilación con las servidumbres prediales que regula el ordenamiento del código civil. Que el art. 332 de la Carta Política consagra la titularidad del Estado sobre los recursos naturales no renovables y del subsuelo y consecuencialmente el exclusivo derecho a la explotación y aprovechamiento de ellos en orden a la consecución de los fines previstos en la constitución en los términos de la ley. En suma, son derecho de uso sobre bienes de propiedad privada cuya utilización solamente surge en los términos de la ley, y que puede imponerse al propietario, quien no puede sustraerse a su constitución; así, la doctrina los ha encuadrado dentro de la categoría jurídica de los derechos de goce que en la órbita privada la ley reconoce. Por lo que esto es lo que se conoce como servidumbre o derechos de uso a los que se adiciona la calificación de público, y de allí que, por estar previstos en la

ley, comúnmente se hable de servidumbres legales petroleras. Cuyas características son:

1. Que la servidumbre se constituye o se impone, según sea el caso y con el pago de las indemnizaciones que correspondan, siempre en favor del

Estado.

2. Que la servidumbre es integral, valga decir, puede comprender objetos distintos pero conexos; por ejemplo, instalaciones, pozos, oleoductos, vías.

3. La servidumbre petrolera estará vigente mientras se mantenga el proyecto petrolero, por imperativo legal, pues lo que se protege es la utilidad pública de la actividad y los intereses superiores, por lo que no son de recibo estipulaciones contractuales ni aplicación de las normas

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Exp. No. (60525) 11001032600020170016800 referidas a las terminación de las servidumbres prediales que consagra el Código Civil. La servidumbre petrolera se rige por normas de carácter especial contenidas en el Código de Petróleos que claramente advierten su origen legal, dicha servidumbre entraña el derecho a ocupar y utilizar aquellas zonas del predio que fueran necesarias para el desarrollo de la actividad petrolera. Sea que la servidumbre fuere impuesta bajo el procedimiento especial establecido al efecto, o que el empresario de petróleos y los dueños y

ocupantes de los terrenos celebren acuerdo que permitan la ocupación de los mismos, en nada modifican la naturaleza legal de la servidumbre. Por último, respecto a la expedición ilegal o no de la Resolución 181 del 2007 señaló los argumentos expuestos en el acto administrativo justificado en el interés general y en los “actos intimatorios” que deviene de la justicia administrativa. Que el poder de policía se materializa, por medio de la función correccional, que tiene entre otras expresiones concretas (los actos intimatorios) que por su propia naturaleza son creadores de situaciones jurídicas individuales desfavorables para alguien, es decir, no crean ni reconocen derechos, porque en su condiciones de emanaciones (sic) del poder de policía, ostentan un carácter eminentemente coercitivo. Por lo tanto, los actos administrativos del ejercicio del poder de policía de la función correccional son eminentemente revocables, bien por la propia autoridad que los haya ejercido, bien por su inmediato superior jerárquico. Así mismo dichos actos sin limitantes y por ello han de estar jurídicamente 9 PGP Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (60525) 11001032600020170016800 hablando rodeados de “límites a las limitaciones”, de límites - garantías” como son la legalidad, la razonabilidad, la inviolabilidad de la persona humana.

Así las cosas, la revocatoria de oficio de los actos administrativos del poder de policía, es procedente sin el cumplimiento de la exigencia contenida en el art. 73 del C.C.A.; particularmente en el caso que nos ocupa el acto de fecha 17 de abril de 2007, es un acto eminentemente conminatorio, toda vez que con él se busca una sanción por indebido cobro de una servidumbre que ya había sido pagada al anterior propietario del predio Santa Helena. El acto administrativo que se ataca por ilegal, tiene por objeto realizar los fines del Estado, en los casos concretos que señala la ley. Puede ocurrir que se dicten decisiones conforme al ordenamiento legal, pero que no sean convenientes para el Estado Social de Derecho que pregona la Constitución Política de 1991, y deben ser revocados, en caso que hubiesen conferido un derecho a un particular. Un acto administrativo no puede subsistir un solo instante desde que aparezca contradiciendo el precepto anterior, pues sostener lo contrario sería vulnerar el orden jurídico. Propone las siguientes Excepciones:

1. Pago de la Obligación, por cuanto según la Escritura Pública No. 3862 del 31 de diciembre de 1985 al señor Darío Charry Diaz, propietario del predio denominado Santa Elena, lo indemnizaron. El Num. 6º de dicha escritura hace alusión a que “HOCOL podrá ceder total o parcialmente, en cualquier tiempo el presente contrario, para lo cual el propietario otorga desde ahora su consentimiento; siendo entendido que los cesionarios subrogarán a HOCOL, en su derechos y obligaciones frente al predio y a sus propietarios.”

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Exp. No. (60525) 11001032600020170016800 En la Cláusula XI se estableció que el fallecimiento del propietario no interrumpe ni modifica el presente contrato.

2. Cobro de lo no Debido Que el pago por ocupación de terrenos y constitución de servidumbres se hace por una sola vez y ampara todo el término de duración de este contrato, de conformidad con el Decreto 1056 de

1953.

3. Excepción Genérica. En caso de que se pruebe hechos dentro del proceso en los que resulten cualquier excepción de fondo

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico planteado por el Ministerio Público: ¿La Resolución 181 de 2007, expedida por la alcaldía del municipio de Aipe, incurre en alguna de las causales de nulidad señaladas en el Decreto 01 de 1984? 2.2. Marco teórico.

Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público. 11 PGP Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (60525) 11001032600020170016800 2.2.1. Competencia en única instancia del Consejo de Estado en la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En relación con la competencia para conocer de esta clase de acciones, el artículo 128 del C.C.A., en su numeral 6, establece que el Consejo de Estado conocerá, en única instancia, de los siguientes asuntos: “6. De los que se promuevan sobre asuntos petroleros o mineros en que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada, con excepción de las controversias contractuales, de reparación directa y las de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre impuestos mineros, contribuciones y regalías, que seguirán las reglas generales” (negrita por fuera del texto original). Por lo anterior, esta Delegada del Ministerio Público considera que si bien la pretensión está encaminada a que por vía judicial se declare la nulidad del acto administrativo atacado y, en consecuencia, obtener la indemnización, lo cierto es que la controversia es de índole minera pero no contractual y, por tanto, no se encuadra dentro de las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente, por lo tanto recae la competencia en única instancia al Consejo de Estado. Lo anterior, habida consideración que la presente demanda versa sobre temas de servidumbre petrolera en el municipio de Aipe, departamento del Huila, pues en virtud del acto acusado se negó el derecho que se le había concedido al propietario del predio a ser indemnizado por parte del ECOPETROL.

2.2.2. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. De acuerdo con el artículo 82 del C.C.A., la jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, entre otras, de las controversias y 12 PGP Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (60525) 11001032600020170016800 litigios originados en actos administrativos; disposición que guarda relación con los artículos 84 y 85 ibidem que consagran los medios de control de Nulidad y de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Ambos medios de control tienen una finalidad y un objeto distintos, lo cual ha sido centro de análisis en múltiples decisiones de la jurisprudencia, en las cuales se ha concluido que el primero busca la legalidad abstracta o control del ordenamiento jurídico (salvaguarda del principio de legalidad), mientras que con el segundo se persigue además de lo anterior, la defensa de un interés particular que ha sido vulnerado por la expedición de l acto administrativo, específicamente para que opere e l restablecimiento de l derecho conculcado con el acto, así como la consecuente indemnización de perjuicios, de ser el caso. Igualmente, se ha concluido que por regla general el primero procede contra actos de carácter general y el segundo contra actos de carácter particular y concreto, con las excepciones legales y jurisprudenciales que no son del caso

traer a colación, así como que el demandante no puede escoger el medio por el cual pretende acudir a la jurisdicción, sino que éste debe adecuarse a los móviles y finalidades por los cuales se acude a la administración de justicia. 2.2.3. Principio de legalidad de los actos administrativos. Respecto al tema el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, manifestó1 que los actos administrativos están dotados de presunción de legalidad, legitimidad, validez, ejecutividad y de justicia, por lo cual se le da plena eficacia y obligatoriedad a la actividad de la Administración, suponiendo que todo acto administrativo se elabora conforme al ordenamiento jurídico superior, tratándose de una presunción legal o iuris tantum y no iuris et de iure, vale decir, 1 Sentencia del 3 de diciembre de 2007, proceso radicado interno No 16503, actor Luz Bernal De Pedraza y otros contra el municipio de Sabaneta. 13 PGP Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (60525) 11001032600020170016800 que admite prueba en contrario y por lo mismo es desvirtuable ante los jueces competentes. El fundamento Constitucional del principio de legalidad de los actos administrativos, se estipulado en el inciso 1 del artículo 29 de la Carta Magna, que dispone “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y

administrativas” 2.2.6. Requisitos de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Para que haya lugar a demandar un acto administrativo ante la jurisdicción contenciosa administrativa, independientemente de que se quiera que se declare la simple nulidad o que además se restablezcan el derecho o se indemnicen perjuicios, es necesario que dicho acto incurra en cualquiera de las causales de nulidad señaladas en el artículo 84 del C.C.A. “ARTÍCULO 84. Acción de nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro.” Resaltado fuera del texto Artículo 165. Nulidades. Causales. Procedimiento. Serán causales de nulidad en todos los procesos, las señaladas en los artículos 152 y 153 del Código de Procedimiento Civil, y 14 PGP Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (60525) 11001032600020170016800 se propondrán y decidirán como lo previenen los artículos 154 y siguientes de dicho estatuto. 2.2.7. DECRETO 1886 DE 1954 (junio 18), Por el cual se dictan algunas disposiciones referentes a la industria del petróleo. “(…) ARTÍCULO 4. Cualquiera de las partes puede pedir ante el Juez del Circuito de la jurisdicción a la que pertenezcan los inmuebles materia de la diligencia, la revisión del avalúo y del monto de la indemnización fijada con base en él, dentro del término de un mes contado a partir de la fecha de la diligencia del avalúo. Si fuere el explorador o explotador de petróleo quien hiciere uso de este recurso, deberá consignar previamente en la Agencia o sucursal de la Caja Colombiana de Ahorros, si la hubiere, o en la Recaudación de Hacienda Nacional del Municipio, a la orden del Juez del Circuito respectivo, en dinero efectivo, el 50% del valor de la indemnización que hubieren señalado los peritos. Sin este requisito, la solicitud de revisión hecha por el explorador o explotador de petróleo no podrá ser tenida en cuenta. Los gastos que ocasione la revisión serán sufragados por la parte que la pida. ARTÍCULO 5. Cuando se trate de obras o labores de impliquen ocupación de carácter permanente, la indemnización se causará y se pagará por una sola vez y amparará todo el tiempo que el explorador o explotador de petróleos ocupe los

terrenos y comprenderá todos los perjuicios. Se entiende por obras de carácter permanente la construcción de carreteras, la de oleoductos, la de campamentos y edificios para oficinas, la instalación de equipos de perforación y demás semejantes. Cuando se trate de obras o labores que impliquen ocupación de carácter transitorio, la indemnización amparará períodos hasta de seis meses. Se entiende por ocupación de carácter transitorio la ejecución de trabajos de exploración superficial con aparatos de geofísica, trazados o de oleoductos, de carreteras, etc., que impliquen destrucción de cercas, apertura de trochas o senderos de penetración, excavaciones superficiales y otras análogas. ARTÍCULO 6o. Surtida la revisión, si el explorador o explotador de petróleo rehusare pagar al dueño o al ocupante de los terrenos el valor de la indemnización, el Juez del Circuito competente ordenará al Agente de la Agencia o sucursal de la Caja Colombiana de Ahorros, o al Recaudador de Hacienda Nacional del Municipio 15 PGP Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (60525) 11001032600020170016800 respectivo, a solicitud del interesado, que efectúe tal pago con los dineros consignados por el explorador o explotador de petróleo, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 4o. de este Decreto. Pero si la suma consignada no fuere suficiente para cubrir la indemnización, el industrial de petróleos deberá pagar al dueño u ocupante de los terrenos el saldo a su favor, so pena de que si así no lo hiciere éste pueda solicitar del Alcalde la suspensión del permiso para la ejecución o continuación de los trabajos, de que trata el artículo 7o. del presente Decreto. (…) 2.2.8. DE LA REVOCATORIA DIRECTA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, EN VIGENCIA DEL DECRETO 1º DE 1984.2 “Estima la Sala, sobre este particular, que el artículo 29 de la Constitución Política establece como derecho fundamental el debido proceso el cual, entre otros aspectos, conlleva a que la administración, en el marco de un Estado de derecho, esté sometida a procesos reglados y al respeto por sus propios actos, esto como, límite al ejercicio del poder público y garantía a favor de los administrados. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que: “(…) Esto conlleva a que la Administración se encuentre sometida a sus propios actos y deba ser leal ante ellos. Todo lo anterior, como una garantía de la población en general frente a posibles desmanes del poder constituido. En este sentido, es conocido que frente a los actos administrativos particulares y concretos, en razón a la protección a la buena fe y a la seguridad jurídica, por regla general, se requiere la autorización expresa y escrita de los particulares para su revocatoria. Lo anterior, está ligado entonces al respeto al acto propio, al igual que a la

inmutabilidad del acto administrativo. Por lo demás, suponer que la Administración puede revocar unilateralmente sus actuaciones, cuando quiera que ellas han reconocido un derecho particular y concreto, sería convalidar un pernicioso factor de inseguridad, al igual que un quebranto a los principios de la buena fe y de la confianza legítim