PGN - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Contra liquidación oficial que determinó im

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., abril 20 de 2022 Doctor Milton Chaves García Consejero Ponente – Sección Cuarta

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Concepto: 22 - 117

Radicación: 2500023370002017-01535-01

Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Actor: María Luisa Piraquive de Moreno

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Honorable Señor Consejero: Estando dentro del término de traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado contra la Resolución de Liquidación Oficial Nº 312412016000013 del 26 de mayo de 2016, en la que se determinó el Impuesto al Patrimonio por el año 2011 a cargo de la actora, y la Resolución Nº 003345, que resolvió el recurso de Reconsideración, proferidas por la DIAN.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CARRERA 5 # 15 – 80 Tel. (+57 1) 5878750 – Extensión 12080-12045-12078 www.procuraduria.gov.co 25000233700020170153501

JADV/P5taDCE

IUS-E-2022-233732

MAAM

1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora María Luisa Piraquive de Moreno solicita que se declare la nulidad de la Resolución de

Liquidación Oficial Nº 312412016000013 del 26 de mayo de 2016, y la Resolución Nº 003345, que resolvió el recurso de Reconsideración, proferidas por la DIAN. A título de restablecimiento del derecho, solicita que se declare que no esta obligada a presentar declaración, ni a liquidar Impuesto al Patrimonio, ni sobretasa, por el año gravable 2011. 1.1.a. Fundamentos fácticos Como soporte de sus pretensiones, la parte demandante expuso los hechos que a continuación se sintetizan:

I. Desde el 23 de agosto de 2006, la actora es residente fiscal en Estados Unidos.

II. El 25 de marzo de 2011, la actora declaró el Impuesto sobre la Renta en Colombia, por el año gravable 2010.

III. El 18 de febrero de 2015, la actora fue requerida para presentar declaración por el año 2011, con el propósito de que se pudiera acoger a lo dispuesto en el parágrafo 4 del art. 56 y en el parágrafo 2 del art. 57 – Ley 1739/14. El 27 de febrero de 2015, dio respuesta afirmando no estar obligada al pago del Impuesto al Patrimonio.

IV. El 25 de marzo de 2015, la DIAN envió Requerimiento Ordinario solicitando a la contribuyente información relacionada con los bienes poseídos en el exterior con fecha de corte al 31 de diciembre de 2010. Así como también, que diera cuenta del por qué no había incluido en el patrimonio a 31 de diciembre de 2010 las cuentas por cobrar que poseía con la empresa CALPES S.A. El 9 de junio de

2015, dio respuesta.

V. El 13 de agosto de 2015, la DIAN emitió nuevo Requerimiento Ordinario, mediante el cual se ordenó a la actora suministrar información respecto de las

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CARRERA 5 # 15 – 80 Tel. (+57 1) 5878750 – Extensión 12080-12045-12078 www.procuraduria.gov.co 25000233700020170153501

JADV/P5taDCE

IUS-E-2022-233732

MAAM operaciones efectuadas el 1 de enero de 2011, que hubieran afectado el valor de su patrimonio líquido dentro y fuera del país. La relación del patrimonio líquido dentro y fuera del país con corte al 1 de enero de 2011 con discriminación del patrimonio bruto y los pasivos. El 28 de agosto de 2015 dio respuesta.

VI. El 19 de octubre de 2015, la DIAN notificó el Emplazamiento para Declarar del 15 de octubre de 2015, para que dentro del mes siguiente presentara declaración tributaria por el año 2011. El 17 de noviembre de 2015, dio respuesta.

VII. El 26 de mayo de 2016, la DIAN profirió Liquidación Oficial de Revisión Nº 3124122016000013, en la que se determinó el Impuesto al Patrimonio por el año 2011 a cargo de la actora. El 26 de julio de 2016, interpuso Recurso de Reconsideración, el cual fue resuelto el 16 de mayo de 2017, mediante Resolución Nº 003345. 1.1.b. Fundamentos jurídicos y concepto de la violación Disposiciones vulneradas : Art. 1 Decreto 1604/11; arts. 9, 10, 103, 292-1, 293-1, 294-1, 295-1, 298-2, 683, 714,

717 numerales 1, 3 y 5 art. 730 E.T.; arts. 29, 95 numeral 9, 338 y 363 C.P.

Concepto de la violación: ---(i). Vulneración del art. 1Decreto 1604/11; art. 717 y 730 E.T. La actora señala que hubo una indebida interpretación del art. 1Decreto 1604/11, ya que los actos administrativos cuestionados señalaron que las fechas para declarar el Impuesto al Patrimonio fueron modificados, por lo que para determinar el vencimiento del plazo para declarar y pagar la primera cuota del año 2011, se debía tener en cuenta el último digito del NIT y no el digito de verificación. Agrega que, el art. 30 – Decreto 4836/10, estableció los plazos para declarar y pagar diferentes impuestos, plazos que fueron ampliados por el art. 1Decreto 1604/11, estableciendo para cada caso que no se tuviera en cuenta el dígito de verificación, y que se tuviera en cuenta el último digito del NIT.

No obstante, aclara que frente al Impuesto al Patrimonio, no se especificó que el plazo tuviera que tomarse sin considerar el digito de verificación.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CARRERA 5 # 15 – 80 Tel. (+57 1) 5878750 – Extensión 12080-12045-12078 www.procuraduria.gov.co 25000233700020170153501

JADV/P5taDCE

IUS-E-2022-233732

MAAM En esa medida, concluyó que el plazo que tenía para declarar conforme a su NIT (último

numero el 7), vencía el 25 de mayo de 2011, por lo cual los 5 años (art. 717 E.T.) para proferir la Liquidación de Aforo terminaron el 25 de mayo de 2016. Así, si fue expedido y notificado el 26 de mayo de 2016, la administración lo hizo de forma extemporánea, lo que hace que se configure la causal de nulidad, num. 3 art. 730 E.T. ---(ii). Vulneración del art. 9, 10, num. 1 art. 730 E.T. La actora asegura que ha cumplido con lo establecido en el art. 9, inciso 3 E.T., según el cual las personas que no tengan residencia en el país, sólo están sujetas al impuesto sobre la renta respecto de sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y respecto de su patrimonio poseído en el país, cosa que ha hecho desde el 2006 cuando adquirió la residencia en los Estados Unidos. De igual forma agrega que, las Declaraciones por los años gravables de 2006 a 2011, adquirieron firmeza, y que ha declarado y pagado el impuesto correspondiente a sus rentas y patrimonio poseído en los Estados Unidos, como lo correspondiente a aquello poseído en el exterior (Colombia y otros países) ante el Departamento del Tesoro del primer país. Asegura también que, se atenta contra el art. 9 E.T. con la aplicación extraterritorial de las normas a una persona no residente fiscal en Colombia, ya que se están gravando sus bienes en el exterior, lo cual deriva en una falta de competencia por parte de la administración, causal de nulidad prevista en el art. 730. Frente al art. 10 E.T., la actora

señala que se da una indebida aplicación, ya que se desconoce el concepto de asiento principal de los negocios; el cual además, afirma, no se encuentra reglamentado en la legislación tributaria. Señala también, que la actividad espiritual que ejerce no se encuentra consagrada entre las actividades consideradas como comerciales, de acuerdo al art. 20 C.Co, y que tampoco puede presumirse su ejercicio -en los términos del art. 13 del mismo código-, ya que no se encuentra inscrita en el registro mercantil, no tiene establecimiento de comercio, y no se anuncia como comerciante. Por último, señala que su centro de intereses económicos son los Estados Unidos, ya que es el país donde posee la mayor parte de su patrimonio, lo cual se refuerza con el hecho que es donde tiene su residencia fiscal. ---(iii) . Violación num. 9, art. 95 y 363 C.P. La administración no puede exigir que la actora incorpore el patrimonio poseído en los Estados Unidos, para declarar y paga el Impuesto a Patrimonio en Colombia, con lo cual se desconoce los principios de justicia y equidad tributaria, al no ser residente fiscal en Colombia.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CARRERA 5 # 15 – 80 Tel. (+57 1) 5878750 – Extensión 12080-12045-12078 www.procuraduria.gov.co 25000233700020170153501

JADV/P5taDCE

IUS-E-2022-233732

MAAM Igualmente, indica que es erróneo considerar a la actora como residente fiscal basado en la percepción de los emolumentos eclesiásticos. Señala que estos se obtienen por mera

liberalidad y vocación por parte de la iglesia de la cual hace parte, como líder espiritual, sin que obedezca a una contraprestación económica derivada de un contrato, o al ejercicio de una profesión liberal. La actora señala también que, se violó el art. 363 C.P. al realizar una aplicación retroactiva del art. 2Ley 1607/12. La administración fundamentó la obligación tributaria en el hecho de que la mayor parte de sus ingresos correspondían a emolumentos eclesiásticos percibidos en Colombia, e indica que, en esa medida, en los actos demandados se adoptó el criterio del asiento principal de sus negocios, el lugar donde obtuvo la mayor parte de ingresos, para determinar la residencia fiscal; criterio establecido en la Ley 1607/12 y no aplicable para el año 2011, momento en que se supone que nació la obligación tributaria. ---(iv). Violación del art. 103 E.T. por indebida interpretación y aplicación. Asegura la actora que hubo una indebida asimilación de los emolumentos eclesiásticos a las rentas provenientes de un contrato de trabajo. Señala que si bien el art. 103 E.T. se refiere a las “rentas de trabajo”, entre las que están los emolumentos eclesiásticos, con lo que se quiso que estos ingresos estuvieran sometidos a la retención en la fuente, esto no quiere decir, como lo quiere hacer ver la DIAN, que por ello corresponden a una contraprestación económica por un servicio prestado, y menos aún, a un contrato laboral. Por ultimo señala, que los emolumentos son recibidos como una ofrenda o donación, de manera liberal y voluntaria. ---(v). Vulneración del art. 338 C.P. referente al principio de legalidad tributaria. La

actora señala que según dicho artículo, es la ley la que debe definir los sujetos pasivos, los hechos, las bases gravables y las tarifas de los impuestos. Por lo tanto, no le corresponde a la DIAN definir por vía de interpretación cuando se es sujeto pasivo del Impuesto al Patrimonio, con una extensión del concepto de la residencia fiscal bajo los términos del “asiento principal de los negocios”, ya que este fue reglamentado con posterioridad a la supuesta ocurrencia del hecho generador. Asegura que, la DIAN tampoco puede determinar su condición de sujeto pasivo, basado en que los emolumentos eclesiásticos sin una renta laboral y que provienen de un contrato de trabajo, para concluir que con ello se determina el asiento principal de sus negocios y su residencia fiscal en Colombia.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CARRERA 5 # 15 – 80 Tel. (+57 1) 5878750 – Extensión 12080-12045-12078 www.procuraduria.gov.co 25000233700020170153501

JADV/P5taDCE

IUS-E-2022-233732

MAAM ---(vi). Vulneración del art. 683 E.T. relativo al espíritu de justicia. Al imponerse a la actora una obligación tributaria inexistente, se desconoce el espíritu de justicia con el cual se pretende no imponer a los contribuyentes una carga mayor de aquella establecida en la ley, e igualmente, se deforma el carácter de la actividad religiosa, asimilándola a un negocio. Dicho espíritu de justicia, se ve también vulnerado al exigir que un mismo hecho económico sea sujeto a doble imposición en Colombia y en los Estados Unidos.

---(vii). Vulneración por indebida interpretación de los arts. 292-1,293-1, 294-1 y 295-1 E.T. Estas disposiciones hacen referencia a la causación, hecho generador y base gravable del Impuesto al Patrimonio, y establece que están gravadas las personas naturales contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, que al 1ro de enero del 2011, poseyeran un patrimonio de tres mil millones de pesos. La actora segura que no se cumplía para su caso con el hecho generador, ya que su patrimonio era de cero pesos. ---(viii). Vulneración por inaplicación del art. 298-2 E.T. La norma señala que, cuando los contribuyentes del Impuesto al Patrimonio no presenten su declaración, se debe determinar la base gravable del impuesto dejado de declarar con base en el valor del patrimonio líquido de la última declaración de renta presentada. Para el caso, era la correspondiente al año 2010, en la cual se determinó un patrimonio líquido de cero pesos, por lo que al liquidar la sanción por no declarar, tenía que haber liquidado la sanción por cero pesos. ---(ix). Vulneración del art. 714 E.T. correspondiente a la firmeza de las declaraciones. Las declaraciones tributarias quedan en firme, si dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado el requerimiento especial. La Declaración correspondiente al año gravable 2010, en la que no incluyó su patrimonio poseído en el exterior, al no ser residente fiscal en Colombia, no fue

cuestionada por la DIAN, adquiriendo firmeza. La actora asegura que lo mismo sucedió respecto de su declaración por el año gravable 2011. Agrega además que, los actos acusados están viciados de nulidad de acuerdo al num. 5 art. 730 E.T., al corresponder a procedimientos legalmente concluidos. ---(x). Vulneración del art. 29 C.P. relativo al debido proceso. Los actos acusados violaron el debido proceso, al haber consignado un procedimiento no previsto en la ley, para fijar el impuesto al patrimonio, la sobretasa y la sanción por el año gravable 2011, distinto a aquel señalado en el art. 298-2 E.T.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CARRERA 5 # 15 – 80 Tel. (+57 1) 5878750 – Extensión 12080-12045-12078 www.procuraduria.gov.co 25000233700020170153501

JADV/P5taDCE

IUS-E-2022-233732

MAAM 1.2. Contestación ---(i). Vulneración del art. 1Decreto 1604/11; art. 717 y 730 E.T. La demandada señala que la Liquidación Oficial fue notificada dentro de los 5 años siguientes del plazo para declarar (art. 717 E.T.), ya que el término debe ser contado respecto al último digito del NIT. Soporta su afirmación en que, el art. 30 -Decreto 4836/10 fijó que todo NIT terminado en 8 debía declarar como máximo el 19 de mayo de 2011, plazo que fue ampliado por el art. 1 – Ley 1604/11 hasta el 26 de mayo de 2011, por lo que la

contribuyente debía declarar máximo el 26 de mayo de 2016. Igualmente asegura que según varios conceptos de la DIAN, el digito de verificación, aplicable según la actora, no hace parte del NIT; para el caso, la señora Piraquive tiene un numero de NIT 41.473.168-7, donde el último numero de su NIT es el 8. ---(ii). Vulneración del art. 9, 10, num. 1 art. 730 E.T. Afirma que la actora es sujeto pasivo del Impuesto al Patrimonio en la medida en que, i) sea contribuyente de renta, y ii) posea un patrimonio liquido a 1ro de enero de 2011 igual o superior a $3.000.000.000, lo cual es confirmado en la Sentencia del 17 de julio de 2014 (rad. 19251, CP: Jorge Octavio Ramírez). Para el caso, se pudo comprobar que, la actora presentó declaración de renta por los años 2010 y 2011, se inscribió en el RUT en responsabilidad 5 “Impuesto de renta y complementarios”, y así mismo se logró determinar que poseía un patrimonio liquido por $5.020.214 (Ley 1370/09 que adicionó los arts 292-1 y ss E.T.). Agrega además que, la DIAN determinó la base gravable del tributo a partir del patrimonio líquido real conforme a los arts. 282, 292-1 y 295-1 E.T. La DIAN aclara que, aunque el Impuesto al Patrimonio no está supeditado al concepto de residencia fiscal, este fue analizado en el Emplazamiento para Declarar, en la Liquidación Oficial de Aforo y en la Resolución que resolvió el recurso, con el fin de

corroborar la calidad de renta de la actora; por ello, en el anexo explicativo de la Liquidación Oficial de Aforo, se afirmó que la contribuyente era residente fiscal en Colombia, a pesar de encontrarse en el exterior, por conservar el asiento principal de sus negocios en el país, debido a que los ingresos de renta nacional declarados en el 2010 fueron superiores a las rentas percibidas en el exterior para el mismo año. Señala que para el caso, se está frente a una pluri-localización de bienes y rentas.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CARRERA 5 # 15 – 80 Tel. (+57 1) 5878750 – Extensión 12080-12045-12078 www.procuraduria.gov.co 25000233700020170153501

JADV/P5taDCE

IUS-E-2022-233732

MAAM Agrega que, en la Liquidación Oficial de Aforo se enfatizó en que no fue el criterio de “comerciante” lo que determinó el asiento principal de los negocios en la comparación de los ingresos obtenidos en el país, frente a aquellos obtenidos en el exterior, en la medida en que no se cuestiona que la actora recibe las rentas como “emolumentos eclesiásticos”. ---(iii) . Violación num. 9, art. 95 y 363 C.P. Reafirma que la Liquidación Oficial se profirió ante la prueba de un patrimonio líquido que determinaba la sujeción al impuesto del año 2011, sin que se estén extendiendo los elementos esenciales del tributo. Asegura además que, dicha sujeción se pudo establecer a través de sus facultades de fiscalización,

como lo fue, el cruce con terceros, los requerimientos ordinarios y las vistas de verificación. Señala igualmente que, por tratarse de un caso de pluri-localización de bienes y rentas, en donde la legislación interna define los criterios de sujeción para el Impuesto al Patrimonio, como en el caso concreto, y ante la renuncia a declarar por parte de la actora, la Liquidación de Aforo se ajusta a derecho, por lo que no se vulnera el art. 363 C.P. ---(iv). Violación del art. 103 E.T. por indebida interpretación y aplicación. Según el art. 103 E.T. los emolumentos eclesiásticos se consideran como rentas de trabajo, para efectos fiscales del impuesto sobre la renta y complementarios. De ello parte para aclarar que no es cierto que la administración los haya clasificado como derivados de un contrato de trabajo, como falsamente quiere hacerlo ver la actora. ---(v). Vulneración del art. 338 C.P. referente al principio de legalidad tributaria. La contribuyente es sujeto pasivo del impuesto en la medida en que cumple con los supuestos de sujeción consagrados en los art.s 292-1 y 293-1 E.T, lo que no ha podido ser desvirtuado por aquella. ---(vii). Vulneración por indebida interpretación de los arts. 292-1,293-1, 294-1 y 295-1. Reitera que el valor real del patrimonio líquido a 1ro de enero de 2011 de la actora alcanzó el tope en el cual se convierte en sujeto pasivo del impuesto en el periodo gravable 2011. Es decir que, la base gravable no se determinó con base en la declaración

de renta, sino con fundamento en el art. 295-1 E.T., según el cual, dicha base está constituida por el valor del patrimonio líquido del contribuyente a 1ro de enero de 2011.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CARRERA 5 # 15 – 80 Tel. (+57 1) 5878750 – Extensión 12080-12045-12078 www.procuraduria.gov.co 25000233700020170153501

JADV/P5taDCE

IUS-E-2022-233732

MAAM ---(viii). Vulneración por inaplicación del art. 298-2 E.T. La DIAN aclara que el impuesto fue efectivamente liquidado conforme a dicho artículo. Ante la ausencia de declaración practicó la liquidación de aforo, indicando que cuando se habla de “tomar la base del patrimonio líquido de la última declaración de renta presentada”, se hace referencia al valor que se debe tomarse para aplicar la sanción, ya que la determinación de la base del patrimonio líquido se encuentra regulada aparte en el art. 295-1 E.T. Frente a los demás cargos se traen argumentos ya expuestos. 1.3. Sentencia de Primera instancia El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 29 de octubre de 2020 (Dra. Mery Cecilia Moreno Amaya), negó las pretensiones de la demanda. ---(i) Falta de competencia temporal de la DIAN. El Tribunal expone que si bien el art. 30 del Decreto 4836/10 no hizo claridad frente a la inclusión o no del dígito de verificación, dicho vacío es colmado a través del art. 39 del mismo decreto, en el cual se

establece que, para efectos de determinar los plazos señalados en el decreto, no se considerará como número integrante del NIT, el dígito de verificación. Recuerda, además, que el Decreto 1604/11 amplió los plazos fijados frente al impuesto al patrimonio, sin realizar ninguna otra modificación, y concluye afirmando que si el NIT de la señora Piraquive era 14.473.168-7, siendo el último digito el numero 8, debía presentar la declaración el 26 de mayo de 2011. Siendo así, la administración tenía a su vez 5 años para notificar la Liquidación Oficial de Aforo contados desde el vencimiento del pazo para declarar, para el caso, el 26 de mayo de 2016, día en que efectivamente fue proferida y notificada. ---(ii). Violación de las normas en que debían sustentarse los actos administrativos por interpretación indebida del art. 10 E.T. El Tribunal se basa en la Sentencia del Consejo de Estado del 28 de julio de 2011 (rad. 17541, CP: Martha Teresa Briceño) para señalar que la declaración de renta es un hecho indicativo de la capacidad económica del declarante y sirve de punto de partida para que la administración identifique posibles declarantes del impuesto al patrimonio, e inicie sus actividades de fiscalización y de práctica de pruebas, y así, adelantar el trámite especial de aforo dentro de los 5 años siguientes al vencimiento del término para declarar, lo que es independiente al hecho de que las declaraciones de renta hayan adquirido firmeza. La entidad desplegó sus

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CARRERA 5 # 15 – 80 Tel. (+57 1) 5878750 – Extensión 12080-12045-12078

www.procuraduria.gov.co 25000233700020170153501

JADV/P5taDCE

IUS-E-2022-233732

MAAM facultades de fiscalización, realizando cruces de información, expidiendo requerimientos ordinarios, y utilizando otra serie de medios de prueba, mediante los cuales llegó a que la contribuyente si tenía la obligación de declarar, pues al integrar su situación económica denotativa de riqueza a escala mundial, concluyó que su patrimonio líquido superaba el tope de los $3.000.000.000. Para determinar si debía considerarse la riqueza poseía por la actora tanto en el país, como en el exterior, o solamente la poseía en Colombia, se debió establecer su estatus de residente o no en el país, independientemente del origen mercantil o civil de sus bienes y derechos, pues el impuesto al patrimonio grava la simple posesión de estos. El art. 10 E.T. estableció que se considerarían residentes en Colombia para efectos fiscales, aquellas personas cuyo asiento principal de sus negocios se encuentre en el país, aunque permanezca en el exterior; la Sala aclara que, el concepto de “negocios”, debe entenderse en un sentido amplio de intereses económicos, y no en un sentido comercial o de prestación de servicios, teniendo en cuenta toda aquello generador de recursos y de riqueza. Ahora, para efectos del art. 103 E.T. los emolumentos eclesiásticos tienen el tratamiento de rentas de trabajo, al tratarse de una percepción de recursos que incrementa el patrimonio y que se obtienen como contraprestación de los servicios prestados, como en el caso, donde la actora ejerce su calidad de lideresa espiritual, generando una renta anual para el año 2010 de $3.002.083.000. Así, el Tribunal

concluye que, el asiento principal de sus negocios y la actividad que le reportó ingresos en el periodo gravable por el Impuesto al Patrimonio, y que, en consecuencia, le generó posesión de riqueza por un monto superior al tope de $3.000.000.000, se dio en Colombia. Señala que en ningún momento la DIAN ha desnaturalizado la calidad de lideresa espiritual de la contribuyente, ya que, si bien los ingresos responden a una liberalidad de los feligreses, dicha actividad es generadora de ingresos, rentas, bienes y riquezas, que la convierten en sujeto pasivo del impuesto al patrimonio, independientemente de la concepción subjetiva de la actora tendiente a no considerar su labor con vocación lucrativa. Así, cuando la entidad la catalogó como residente en Colombia para efectos fiscales, siguió el art. 9 E.T. según el cual las personas naturales que tengan la calidad de residentes están obligadas tributariamente en Colombia, incluso por su patrimonio poseído fuera del país. Si lo fundamental para determinar si una persona esta obligada a declarar y pagar el impuesto al patrimonio en Colombia, es el concepto de la residencia para efectos fiscales, y si este esta determinado, entre otros, por la sede principal de los negocios, se ajusta a la situación de la actora, cuyo patrimonio líquido gravable al año

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CARRERA 5 # 15 – 80 Tel. (+57 1) 5878750 – Extensión 12080-12045-12078 www.procuraduria.gov.co 25000233700020170153501

JADV/P5taDCE

IUS-E-2022-233732

MAAM 2011 fue producto de la obtención de ingresos de manera principal por el desempeño de su actividad religiosa en el país, para lo cual resulta indiferente si tiene residencia permanente en los Estados Unidos, y si posee la nacionalidad de ese país. Igualmente debe tenerse en cuenta el art. 261 E.T. que estableció el “estatuto personal”, que implica que las rentas y el patrimonio del contribuyente se gravan en el lugar al que corresponda su residencia fiscal, es decir, con independencia a que sean bienes poseídos en el exterior. Aclara también, que no existe un tratado internacional suscrito con los Estados Unidos para evitar la doble imposición, por lo cual no es posible tener en cuenta lo declarado y pagado en ese país para determinar el impuesto al patrimonio a pagar en Colombia por el año 2011, como lo es la Declaración aportada por la actora bajo el formulario 1040 “U.S. Individual Income Tax Return 2011”. 1.4. Apelaciones Apelación señora María Luisa Piraquive de Moreno ---(i) El concepto de asiento principal de los negocios. Alega que el asiento principal de los negocios fue determinado teniendo en cuenta exclusivamente el valor de los ingresos, omitiendo el análisis sobre el valor del patrimonio, el valor de los activos, de las inversiones, el centro de intereses económicos, el lugar de gestión y administración del patrimonio, o el lugar donde se manifiesta la intención de residir, o se materializa la capacidad contributiva. Así, asegura que lo que hizo la administración fue utilizar el criterio de mayoría de ingresos, sin valorar sus intereses económicos tanto en Estados

Unidos como en Colombia; sin embargo, afirma que el concepto de mayoría de ingresos también se predica del lugar desde el cual se ejerce la administración de los negocios, que, para el caso, sería los Estados Unidos, que es el lugar donde posee la mayoría de su patrimonio e inversiones, donde reside y donde permanece la mayoría del tiempo. Agrega que el legislador, consciente de lo precario del concepto de asiento principal de los negocios, reguló la materia con posterioridad por medio de las leyes 1607/12 y 1739/14, estableciendo criterios diferentes al tomado por la administración, criterio que, además, ni siquiera existía para el momento de los hechos. Se encuentra igualmente en desacuerdo con que se afirme que, a los contribuyentes con residencia o domicilio en Colombia, se les incluya en su patrimonio bruto los bienes poseídos en el exterior, contrariando nuevamente la realidad del lugar de su residencia,

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CARRERA 5 # 15 – 80 Tel. (+57 1) 5878750 – Extensión 12080-12045-12078 www.procuraduria.gov.co 25000233700020170153501

JADV/P5taDCE

IUS-E-2022-233732

MAAM lo que, además, atenta contra los principios de justicia y equidad, y el principio de territorialidad de las leyes. Señala también que debe ser tenido en cuenta su ánimo de permanencia en los Estados Unidos, ya que habita en ese país desde 2006, y es donde tiene la mayor parte de sus activos e inversiones, y su patrimonio, y, por lo tanto, sus principales intereses económicos y donde ejerce su actividad económica principal, como

lideresa espiritual de la iglesia a la que pertenece. Entre los criterios de la percepción de la mayoría de los ingresos y el de la posesión de la mayoría del patrimonio y las inversiones, la administración como el Tribunal debieron utilizar otros criterios para determinar la residencia fiscal, y no reducirse a escoger el primero, pues de la ley no se puede seguir que tenga una importancia prevalente. ---(ii). La aplicación retroactiva de la ley. La actora asegura que, con la aplicación del criterio de mayoría de los ingresos percibidos, se dio aplicación retroactiva de la Ley 1607/12, que precisó y modificó el concepto de residencia para efectos fiscales. Específicamente se aplicó su art. 2, que establece que se es residente en Colombia, al obtener el 50% o más de los ingresos de fuente nacional; para el caso, se utilizó el concepto de renta mundial e integraron su patrimonio poseído en el exterior.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Es materia de estudio la legalidad de los siguientes actos administrativos demandados: i) Resolución de Liquidación Oficial Nº 312412016000013 del 26 de mayo de 2016, en la que se determinó el Impuesto al Patrimonio por el año 2011 a cargo de la actora, y ii) Resolución Nº 003345, que resolvió el recurso de Reconsideración, proferidas por la

DIAN. 2.1. Problema Jurídico ¿Las Resoluciones proferidas por la administración hicieron una correcta aplicación de las normas en materia de Impuesto al Patrimonio determinando que la contribuyente debía considerarse sujeto pasivo de dicho impuesto en Colombia, al haberse establecido que era residente en el país para efectos fiscales por poseer en el país el asiento principal

de sus negocios, a partir del criterio de los mayores ingresos percibidos, aunque sea residente de los Estados Unidos? 2.2. Análisis jurídico y fáctico

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CARRERA 5 # 15 – 80 Tel. (+57 1) 5878750 – Extensión 12080-12045-12078 www.procuraduria.gov.co 25000233700020170153501 JA