PGN - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO EN ASUNTOS LABORALES - No deben prosperar car

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO EN ASUNTOS LABORALES-No deben prosperar cargos contra acto de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales que declaró omisión en declaración de aportes OPORTUNIDAD PROCESAL-Libertad probatoria para allegar nuevas pruebas o mejorar las aportadas en acción de nulidad y restablecimiento

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JADV/MAAM/5DCE

IUS-E-2022-259407

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., mayo 12 de 2022 Doctor Milton Chaves García Consejero Ponente – Sección Cuarta

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Concepto No. 22 - 148

Radicación: 2500023370002017-00791-01

Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Actor: Universidad Antonio Nariño

Demandado: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones

Parafiscales Honorable Señor Consejero: Estando dentro del término de traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado contra la Resolución de Liquidación Oficial Nº RDO 2016-00131 del 1 de marzo de 2016, mediante el cual la UGPP declaró la omisión

en la afiliación y pago, no pago e inexactitud en las autoliquidaciones de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los periodos enero a diciembre de 2013, y la Resolución Nº RDC 2017-00005 del 31 de enero de 2017, que resolvió el recurso de reconsideración modificándola parcialmente.

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1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Álvaro Jesús Tirado Quintero solicita que se declare la nulidad de: 1) Resolución de Liquidación Oficial Nº RDO 2016-00131 del 1 de marzo de 2016, mediante el cual la UGPP liquidó los aportes al Sistema de la Protección Social, por los periodos enero a diciembre de 2013, y ii) Resolución Nº RDC 2017-00005 del 31 de enero de 2017, que resolvió el recurso de reconsideración. A título de restablecimiento del derecho solicita que se declare que la actora no está obligada a pagar ninguna suma de dinero, que la Declaración Privada adquirió firmeza, y que se declare la prescripción de la facultad de la UGPP para imponer sanciones respecto a los aportes parafiscales realizados.

1.1.a. Fundamentos fácticos Como soporte de sus pretensiones, la parte demandante expuso los hechos que a continuación se sintetizan:

I. El 26 de junio de 2015, la UGPP profirió Oficio requiriendo a la actora por el incumplimiento de la afiliación y pago de los aportes al Sistema de Protección Social por los periodos de enero a febrero de 2013, así como por la no presentación de las autoliquidaciones y pagos a dicho Sistemas por los periodos enero a diciembre de 2013, y por inexactitudes en las autoliquidaciones. La Universidad dio respuesta negando las acusaciones y aportando pruebas.

II. El 1 de marzo de 2016, la UGPP profirió Resolución de Liquidación Oficial Nº RDO 2016-00131, liquidando la suma de $1.169.147.500 por concepto de omisión, inexactitud y mora, adicionando un concepto por sanción. La actora presentó recurso de reconsideración, el cual fue resuelto mediante Resolución Nº RDC 2017-00005 del 31 de enero de 2017, que resolvió modificar parcialmente la Resolución.

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modificado por art. 3° de la Ley 797/03; Arts. 46, 101 y 143 CST; Art. 7° de la Ley 1496/11; Arts. 638 y 714 ET.

Concepto de la violación: Con las Resoluciones se incurrió en las causales de nulidad de violación de la Constitución y la ley, falsa motivación, desviación de poder y la violación del principio constitucional de la buena fe. ---(i). Vulneración del debido proceso y derecho de contradicción y defensa. Falsa motivación. La actora asegura que estos derechos fueron vulnerados por la UGPP al resolver el recurso de reconsideración, al desconocer las pruebas que demostraban la improcedencia de los cobros liquidados. Afirmó la entidad que no había pruebas de la duración de los contratos de 1620 personas, con lo cual se entendía que su duración era por el año escolar, sin embargo, la actora afirma que dicha información estuvo a su disposición en el Sistema de Seguridad Social y las Planillas, e igualmente le fue remitida luego que se le hiciera el requerimiento. Igualmente tuvo acceso a los pagos de nómina, a los auxiliares contables y de nómina de la Universidad, donde era claro que no existía reporte de pago por las 1620 personas por los meses que la UGPP liquidó, con lo cual incurrió en falsa motivación. Reitera que aportó los contratos solicitados por la UGPP, por lo que no tenía sentido que no haya solicitado los contratos correspondientes a los 1620 casos que se pretendían cobrar, si no contaba con la debidas pruebas. ---(ii). Vulneración de disposiciones constitucionales y legales – Resolución de Liquidación Oficial Nº RDO-2016-00131. La Resolución declaró la omisión en la

afiliación y pago de los aportes al Sistema de Protección Social, y la mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos a salud, pensión, fondo de solidaridad pensional, riesgos laborales, caja de compensación familiar, SENA e ICBF por los periodos de enero a diciembre de 2013, por la suma de $1.169.147.500. La UGPP le cobró a la actora cotizaciones durante los meses de enero, julio y diciembre, periodos durante los cuales los docentes universitarios no laboraban y no tenían vínculo laboral, por lo cual aplicar mora por los supuestos pagos implica la vulneración de normas constitucionales y legales, y se desconoce los principios de la autonomía universitaria y voluntad de las relaciones laborales, los cuales permiten fijar la duración de los contratos laborales, por

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CARRERA 5 # 15 – 80 - Tel. (+57 1) 5878750 – Extensión 12076-12077-12079-12080 www.procuraduria.gov.co 25000233700020170079101 JADV/MAAM/5DCE IUS-E-2022-259407 lo que es absurdo que se pida el pago de aportes a la seguridad social desde antes de la contratación según el Calendario académico. Asegura además que, según el art. 101 CST, la duración del contrato de trabajo con los profesores de enseñanza se entiende celebrado por el año escolar, pero para las universidades, será por el periodo académico, el cual es fijado por el Consejo Directivo; para el caso, se celebraron contratos bajo la modalidad de docencia, estipulando los

periodos y las fechas de inicio y terminación, los cuales no inician en el primes mes del año, ni terminan en el mes del semestre calendario, rigiéndose la institución por periodos académicos y no por semestres calendario. La actora argumenta que los contratos son delimitados en su duración de acuerdo a las necesidades del servicio, por lo que es admisible que sea haga por términos inferiores al periodo académico, reconociéndose las prestaciones sociales y pago de aportes por los periodos efectivamente laborados, con lo cual, al exigirse pagos por los demás periodos, se desconoce el principio del art. 143 CST, que establece que, ante trabajo igual, salario igual. Señala también que, según el art. 123 – Ley 30/92, el régimen del personal docente de educación superior será el consagrado en los estatutos de cada institución, y último indica que, las declaraciones presentadas de enero 1 a junio 20 de 2013 quedaron en firme, conforme al art. 714 ET, en la medida en que dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se notificó el Requerimiento Especial. ---(iii) . Vulneración de disposiciones constitucionales y legales – Resolución RDC2017-000005. Se reitera lo dicho sobre las consecuencias de exigir pagos por periodos no laborados. La actora agrega que en esta Resolución, se expuso de forma engañosa el sentido del art 69 -Decreto 806/98, la cual indica que el empleador debe efectuar aportes al Sistema de Seguridad Social en salud por la totalidad del semestre o año calendario,

aun cuando el periodo escolar sea inferior al semestre o año calendario, contrario a lo expuesto por la UGPP, la cual afirma pretende hacer extensible la norma a los demás conceptos diferentes a salud; de igual forma, recuerda que dicho artículo no es aplicable, ya que, la Universidad se rige por el calendario académico y no por el periodo escolar, propio de los planteles educativos de educación básica y media. Indica además que, se contratan docentes por hora cátedra, ante la dificultad se algunos de ellos para ser contratados por todo el periodo académico, como el detentar cargos públicos. La Universidad además agrega que, en las diferentes modalidades de vinculación se encuentran 1620 casos, correspondientes a profesores que en los periodos fiscalizados no tenían contrato, y que, respecto a las vacaciones, para profesores de tiempo completo

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anexo a la demanda, se presentaron las evidencias que sustentan los análisis realizados respecto de los 1620 casos en los que se hizo cobro por mora. ---(v). “Otros fundamentos de derecho” . En la Resolución No. RDC-2017-00005 del 31 de enero de 2017: i)“ 4.1 De la corrección de ajustes”. Señala que si bien los ajustes desaparecieron en la Resolución, frente a los pagos hechos con posterioridad a la notificación de liquidación oficial, la UGPP no los tuvo en cuenta y aseguró que se evaluarían en la etapa de cobro coactivo, con lo que se desconoció las Planillas aportadas y, en esa medida, los principios de eficiencia y celeridad, al ser solamente reconocidos en dicha etapa. La actora asegura que se le está cobrando sumas que ya no adeuda. ii) “4.4 De la aplicación del art. 70Decreto 806/98” y “4.4. 1. Liquidación de vacaciones cuando hay cambio de contrato”. La actora indica que la UGPP no tuvo en cuenta la prueba aportada, donde se evidencia que la docente Rey, se le realizó un cambio de contrato acordado por las partes. Su contrato como docente de tiempo completo inició el 14 de enero de 2013 y terminó el 28 de febrero, conforme a la planilla PILA, donde se registra la novedad de retiro, realizándose la liquidación y el pago por los conceptos de cesantías, prima y vacaciones, y donde figura su nueva vinculación de medio tiempo desde el 1 de marzo de 2013. Reitera que, es cuestionable que la UGPP teniendo acceso al Sistema de Seguridad

Social y a la planilla PILA, no haya desaparecido los ajustes. iii) “4.4.2. Liquidación de vacaciones con el IBC del mes anterior”. La actora hace referencia sólo al caso de la señora Rincón, en el cual el ingreso base de liquidación para las vacaciones fue el establecido conforme al art. 70 – Decreto 806/98. La UGPP cometió un error al establecer la suma de $2.213.000 como salario de 20 días, lo cual es desvirtuado con la copia del contrato firmado por las partes, donde es claro que dicho valor corresponde al salario mensual. iv)“ 4.7. Pago de aportes con cédula errada”. Respecto del aporte del mes de agosto de 2013 del señor Lewinshon Tenorio, la actora manifiesta que hizo el trámite de corrección ante el Fondo de Pensiones Porvenir, como consta en las comunicaciones presentadas a la UGPP, y que aquel informó haber realizado el trámite ante Colpensiones al cual se encontraba afiliado la persona en cuestión, por lo que el

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aportes. 1.2. Contestación La UGPP asegura que no hubo vulneración de las normas citadas por la actora, y que, respecto a los arts. 638 y 714 ET, no es posible declarar la firmeza de la Declaración Privada y la prescripción de la facultad para imponer sanción, al no estar debidamente justificado en los cargos; agrega además que, en la ley no está establecida la posibilidad de que las Planillas de Autoliquidación de Aportes PILA adquirieran firmeza, y lo que se estableció en el art.178Ley 1607/12 fue un término de caducidad para iniciar las acciones sancionatorias y/o de determinación de las contribuciones parafiscales dentro de los 5 años siguientes contados a partir de la fecha en que el aportante debió declarar y no declaró, o lo hizo por valores inferiores o se configuró el hecho sancionable, lo que no es lo mismo a la firmeza de las declaraciones. ---(i). Vulneración del debido proceso y derecho de contradicción y defensa. Falsa motivación. La UGPP asegura haber seguido las etapas procesales contenidas en el art. 180 -Ley 1607/12, lo cual permitió que la contribuyente ejerciera su derecho de defensa, además, las decisiones tomadas fueron fundamentadas en las pruebas allegadas al proceso, como las planillas PILA, las cuales, si bien pueden ser consideradas como una prueba útil, son inconducentes para acreditar los extremos de la relación laboral. La prueba idónea en este caso eran los contratos de trabajo, documentos que no fue aportado en la vía gubernativa, y sólo fueron allegados con posterioridad a la expedición del Requerimiento para Declarar y/o corregir, por lo que no pudieron ser estudiados al

momento de su expedición, sin olvidar que, en la misma demanda se afirma que sólo se enviaron algunos contratos, con lo cual se concluye que la actora incumplió con su carga probatoria durante el proceso de fiscalización. Así, al no haber podido valorar los contratos oportunamente, tampoco se pudo conocer las fechas de inicio y de finalización de los mismos, con lo cual no se puede hablar de una falsa motivación. Agrega además que, si bien en la Resolución que resolvió el Recurso de Reconsideración se recalculó el IBC de algunos trabajadores, esto fue posible a través del análisis de las pruebas allegadas, lo cual no pudo hacerse frente a otros trabajadores, cuestión criticada por la actora, pero que obedeció, precisamente, a su omisión probatoria y su incapacidad de desvirtuar los ajustes determinados.

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trabajo de los profesores, la entidad asegura que frente a los docentes de instituciones privadas existen una serie de condiciones definidas en el art. 101 CST, como que el contrato se entiende celebrado por el año escolar. Igualmente indica que deben ser tenidos en cuenta los art. 69 – Decreto 806/98, el art. 30 -Decreto 692/94 y el art. 284Ley 100/93 según los cuales a los docentes cuyo contrato se celebra por el periodo escolar, se les debe hacer el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social por la totalidad del semestre o año calendario, aun cuando el periodo escolar sea inferior a estos, lo cual no puede ser desconocido a partir de la autonomía universitaria. Esto es confirmado por la sentencia C-399/07 de la Corte Constitucional y por el Concepto 24667 del 14 de febrero de 2013 del Ministerio de Trabajo. Por último, conforme a la afirmación de la actora de estar sólo en la obligación de hacer aportes a salud, de acuerdo al art. 69– Decreto 806/98, la entidad asegura que haciendo una interpretación armónica con los art. 3 -Decreto 510/03 y art. 33 -Ley 1393/10, se concluye que debe hacer aportes por todos los conceptos. ---(iii) . Respecto al cobro de UGPP por tipo de incumplimiento Mora con observación: persiste ajuste. Debe tener en cuenta art. 69Decreto 806/98 y art. 30 – Decreto 692/94. La UGPP asegura que, independientemente al tipo de vinculación (medio tiempo o completo), no se exime se realizar los aportes durante todo el semestre o año calendario,

aun cuando el periodo de calendario sea inferior a estos. Agrega además que, frente algunos de los trabajadores, no existió solución de continuidad entre los contratos, por lo que los hallazgos liquidados para los periodos de enero, julio y diciembre de 2013, se encuentran en conformidad con el art. 101 CST, art. 284 -Ley 100/93, art. 30 -Decreto 692/94 y art. 69 -Decreto 806/98. Finalmente asegura que, al revisar el “Comprobante de nómina” de los periodos en mención, se concluye que no se hicieron los aportes al sistema de seguridad social, que en la PILA no aparecen los mismos por el mes de julio, y que con los documentos “cheques girados por empleado” y “resumen de acumulados anual”, no se desvirtúa la obligación de hacer los aportes. ---(v). “Otros fundamentos de derecho” .

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En la Resolución No. RDC-2017-00005 del 31 de enero de 2017: i )“ 4.1 De la corrección de ajustes”. LA UGPP afirma que si la actora hizo los pagos, lo que está haciendo es aceptando lo adeudado, la mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pago de aportes. Igualmente indica que la etapa de determinación se había agotado, por

lo que los pagos posteriores a la liquidación debían revelarse en la etapa de cobro. Por último agrega, frente a las planillas allegadas, que es el operador de la información quien tiene la obligación de reportar al Ministerio de salud y protección social los pagos efectuados mediante la PILA, y que, los aportes se deben hacer de manera individua, frente a la administradora donde están afiliados y respecto a su cuenta individual, de lo contrario, es difícil establecer frente a cuales se realizó. ii) “4.4 De la aplicación del art. 70 -Decreto 806/98” y “4.4. 1. Liquidación de vacaciones cuando hay cambio de contrato”. Asegura haberse ceñido al art. 70 -Decreto 806/98, al determinar el IBC para el pago de salud en vacaciones, pues se tomó el IBC del mes anterior para el cálculo del valor de los días de disfrute. Frente a la señora REY, indica que la actora reportó, por el mes de marzo/2013, vacaciones disfrutadas por dos días, pero en el recurso de reconsideración se aportó carta de renuncia a partir del 1 de marzo, fecha en la cual inició el otro contrato, el cual terminó el 21 de diciembre . iii)“ 4.4.2. Liquidación de vacaciones con el IBC del mes anterior”. Frente a la señora Rincón, se reportaron 2 días de vacaciones en marzo/2013, y con la demanda se allegó comprobante de nómina en el cual se observa que el valor devengado es inferior al registrado en la nómina remitida en la vía gubernativa. iv) “4.7. Pago de aportes con cédula errada”. Los pagos de aportes

con el documento errado no pueden tomarse como pagos válidos, hasta tanto no se refleje en la PILA, independientemente de las demás gestiones hechas para su corrección. v)“ 4.8. Ajustes determinados por omisión”. La UGPP afirma que, fue la misma actora la que aportó la nómina en la que reportó a la señora Astaiza para el periodo febrero/2013, habiendo laborado 2 días, lo que se confirma con los auxiliares contables también allegados. 1.3. Sentencia de Primera instancia El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 6 de noviembre de 2020 (Dra. Gloria Isabel Cáceres), declaró la nulidad parcial de la Resolución de Liquidación Oficial Nº RDO 2016-00131 del 1 de marzo de 2016, mediante el cual la UGPP declaró la omisión en la afiliación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en el subsistema de Caja de Compensación Familiar, y por la mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de aportes por los periodos comprendidos entre enero y diciembre de 2013, y le fue impuesta sanción por omisión e inexactitud a la Universidad Antonio Nariño; y la Resolución Nº RDC 2017-00005 del 31 de enero de 2017, que

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resolvió el recurso de reconsideración. A título de restablecimiento del derecho, ordenó a la UGPP realizar nueva liquidación en la que se elimine: i) 6276 registros correspondientes a 1620 trabajadores, que fueron fiscalizados por mora; ii) el ajuste por mora a pensión, respecto de la señora Fidelina, por el mes de febrero/2013, y iii) el ajuste por inexactitud frente a los aportes a salud y pensión, respecto a la señora Rincón, para el mes de marzo/2013, así como efectuar los ajustes pertinentes respecto de la sanción por inexactitud. Se analizaron conjuntamente los cargos por infracción de las normas en que debieron fundarse, falsa motivación, desviación de poder y vulneración del principio de buena fe. ---(i). Firmeza de las declaraciones . El art. 714 ET, indica que, la declaración tributaria queda en firme si dentro de los 2 años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar no se ha notificado el requerimiento. Sin embargo, el art. 178 -Ley 1607/12, estableció que la UGPP puede iniciar la actuación de determinación, con la notificación del Requerimiento de Información, dentro de los 5 años siguientes contados a partir de la fecha en que el aportante debió declarar u no lo hizo, o lo hizo por valores inferiores. Para el caso, se solicita la firmeza de las declaraciones comprendidas entre el 1 de enero, al 30 de junio de 2013 (vigencia de la Ley 1607/12), y si el Requerimiento de Información es del 16 de abril de 2014, no habían transcurrido los 5 años que tenía la

entidad para iniciar el proceso. Se niega el cargo. ---(ii). Cobro por mora . De acuerdo el art. 284 -Ley 100/93, cuando los contratos de los profesores de establecimientos particulares de enseñanza se entiendan celebrados por el periodo escolar, los aportes a Seguridad Social deben hacerse por la totalidad del periodo calendario respectivo. Por su parte, el art. 101 CST indica que, el contrato de trabajo con los profesores de establecimientos particulares de enseñanza se entiende celebrado por el año escolar, salvo estipulación por tiempo menor. Así, si se fija un término menor, el empleado debe liquidar y pagar los aportes de cuerdo al tiempo de vinculación laboral, lo cual se corrobora con los contratos laborales o su liquidación. En esa medida, se equivoca la UGPP al argumentar que no pudo valorar los contratos de trabajo y sus liquidaciones por no haber sido aportados en sede administrativa, y haberlos remitido, según dice, de forma inoportuna y violatoria de su derecho de defensa, en esta instancian, contradiciendo los términos del art. 212 – Ley 1437/11. El Tribunal hizo cruce de la información con los 1620 contratos aportados, encontrando que los ajustes por mora no eran procedentes, ya que en los periodos fiscalizados la Universidad no tenía la obligación de hacer los aportes, al no haber existido vínculo laboral, ya que los contratos estipularon su propia duración, inferior al periodo escolar.

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www.procuraduria.gov.co 25000233700020170079101 JADV/MAAM/5DCE IUS-E-2022-259407 ---(iii) . Otros fundamentos de derecho.

Frente a la: i) corrección de ajustes. Las planillas PILA en cuestión fueron presentadas y pagadas los días 26 y 27 de abril de 2016, es decir, con posterioridad a la fecha en que se profirió la Liquidación Oficial Nº RDO 2016-00131 del 1 de marzo de 2016 (notificada el 10 de marzo), por lo que tiene el carácter de “corrección provocada”. En los términos del art. 713 ET, si dentro del término para interponer el recurso de reconsideración contra la liquidación de revisión, el contribuyente acepta total o parcialmente los hecho planteados en la liquidación, la sanción se reduce a la mitad, sin embargo, debe además, corregir su liquidación privada, incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud reducida. Así, para la Sala es claro que la actora cumplió con lo dispuesto en dicha norma, en el momento de aportar las planillas PILA con ocasión del recurso de reconsideración, con el fin de que fueran tenidas en cuenta y así, eliminar los ajustes propuestos. Finalmente, sólo identifico inconsistencias en los pagos de aportes frente a dos docentes, por lo que el cargo prosperó parcialmente. ii) Aplicación del art. 70 -Decreto 806/98 y la liquidación de vacaciones cuando hay cambio de contrato. La Sala consultó la nómina allegada por la actora, que frente a la docente Rey fueron registrado para el mes de marzo/2013, 28 días de trabajo y 2 de vacaciones, por lo cual,

al haberse presentado la novedad de vacaciones, la UGPP hizo lo correcto al aplicar el art. 70 – Decreto 806/98. iii) liquidación de vacaciones con el IBC del mes anterior. Se analiza el caso específico de la señora Rincón, y el Tribunal llega a que el cálculo de la UGPP fue errado, ya que para calcular el IBC de cotización del mes de marzo/2013, en el cual disfrutó de 2 días de vacaciones, tomo el IBC de febrero y lo dividió por 20 días, debiendo haberlo dividido por 30. Así, se hizo mal el cálculo del IBC de marzo para aportes en salud y pensión. iv) pago de aportes con cédula errada . La actora no aportó prueba que acreditara que se formuló la solicitud de corrección del señor Tenorio ante el Fondo de Pensiones Porvenir. v) ajustes determinados por omisión . De la nómina allegada en el proceso de fiscalización, la actora reportó que la señora Astaiza laboró 2 días por el periodo de febrero/2013, lo que se respalda con los auxiliares contables. 1.4. Apelaciones Apelación de la UGPP

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IUS-E-2022-259407

La entidad no está de acuerdo en que el Tribunal haya ordenado eliminar 6276 registros correspondientes a 1620 trabajadores, por mora en el pago de las prestaciones,

insistiendo en que la prueba del aporte no se hizo en sede administrativa, lo cual vulneró el debido proceso y su derecho de defensa. Agrega además que, según la jurisprudencia, constituye un indicio en su contra pretender hacer valer pruebas en sede judicial, cuando pudieron haber sido aportadas en sede administrativa, sin que medie justificación. Cita como sustento el art. 781 ET, según el cual, el contribuyente que no presente sus libros, comprobantes y demás documentos de contabilidad cuando la administración lo exija, no podrá invocarlos con posterioridad como prueba a su favor, y tal hecho se tendrá como indicio en su contra; siendo sólo justificable por motivos de fuera mayor o caso fortuito, lo cual no sucede para el caso. Esta igualmente en desacuerdo, en que se haya ordenado eliminar el ajuste por inexactitud frente a la señora Rincón para el mes de marzo/2013, frente a los aportes de salud y pensión. asegura que realizó adecuadamente la liquidación, y que el IBC del mes de febrero lo dividió por 20, pues fueron el número de días efectivamente laborados, para luego multiplicarlo por los 2 días de vacaciones.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Es materia de estudio la legalidad de los siguientes actos administrativos demandados: i) Resolución de Liquidación Oficial Nº RDO 2016-00131 del 1 de marzo de 2016, mediante el cual la UGPP declaró la omisión en la afiliación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en el subsistema de Caja de Compensación Familiar, y por la mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de aportes por los periodos comprendidos entre enero y diciembre de 2013, y le fue impuesta sanción por omisión e

inexactitud a la Universidad Antonio Nariño; y ii) Resolución Nº RDC 2017-00005 del 31 de enero de 2017, que resolvió el recurso de reconsideración. 2.1. Problema Jurídico ¿El Tribunal erra al haber aceptado la valoración de los contratos de trabajo y sus liquidaciones, a partir de lo cual decidió eliminar la mora liquidada en los actos administrativos demandados, contrario a lo pretendido por la UGPP, la cual afirma que debieron ser aportados en sede administrativa, ya que su remisión en sede judicial es inoportuna y violatoria de su derecho de defensa, constituyéndose como pruebas