PGN - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Liquidación oficial de impuesto predial

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Liquidación oficial de impuesto predial PREDIO URBANIZADO NO EDIFICADO-Por el hecho de no haber sido actualizadas las mutaciones del predio ante la Unidad Administrativa Especial de Catastro: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL-Es la entidad que contiene la información a tener en cuenta por la Administración para determinar el impuesto CATASTRO-Jurisprudencia “[…] Al respecto, la jurisprudencia de la Sala ha reiterado que “el catastro tiene una incidencia fundamental para la determinación del impuesto predial en tanto que permite contar con una información actualizada y clasificada de los inmuebles, a partir de la cual, los distritos y municipios pueden obtener los datos que permiten fijar el tributo”. […] Dentro del anterior contexto, se destaca que como el impuesto predial es anual y se causa el 1° de enero del respectivo año gravable, se deben tener en cuenta las características jurídicas, físicas y económicas de los predios en ese momento, a fin de identificar los elementos del tributo, de tal manera que, como lo ha precisado la Sala, “para determinar las circunstancias particulares de cada uno de los predios sujetos al gravamen al momento de su causación, es imperativo acudir al catastro, pues tanto la destinación, que determina la tarifa, como el avalúo, con el que se establece la base gravable, aparecen en el registro catastral”. En el mismo sentido, la Sala ha señalado que, cuando se presenten mutaciones catastrales, pueden ser acreditadas ante el fisco dentro del proceso de determinación del impuesto predial, pero en estos eventos, la carga probatoria

le corresponde a quien esté interesado en demostrar que la información catastral no está actualizada o es incorrecta. Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 15-80 piso 19 Tel.: 5878750 Ext. 11931/11933 www.procuraduria.gov.co Expediente 23952 2 Concepto 405 2018-521806 Bogotá, D.C., 15 de noviembre de 2018 Señores Honorables Magistrados Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta

E. S. D.

Consejero Ponente : Doctor JORGE OCTAVIO RAMIREZ RAMIREZ Referencia: 25000233700020120003102

Radicado: 23952

Asunto: IMPUESTO PREDIAL Actor : ALIANZA FIDUCIARIA – PATRIMONIO AUTONOMO INVERTIP De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277, numerales 1, 3 y 7 de la Constitución Política; 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 30, 37 y 44 del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000 y la Resolución 371 del 6 de octubre de 2005 expedida por el Procurador General de la Nación, esta agencia del Ministerio Público procede a emitir concepto dentro del trámite de la segunda instancia en el asunto de la referencia.

ANTECEDENTES 1.- El 15 de mayo de 2009, ALIANZA FIDUCIARIA VOCERA DEL PATRIMONIO INVERTIP, declaró el impuesto predial unificado del predio CHIP AAA 0153MJKL, Matrícula Inmobiliaria 050C 1162687, correspondiente al año gravable 2009.

2.- Previo Requerimiento Especial 2010EE347131 del 21 de junio de 2010, Mediante las Resoluciones DDI 0113236 de 6 de abril de 2011 y DDI 005773 de 28 de febrero de 2012, la Administración Distrital de Bogotá modificó la declaración privada y liquidó oficialmente el impuesto predial unificado del año gravable 2009. Expediente 23952 3 3.- ALIANZA FIDUCIARIA, a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó la nulidad de las Resoluciones DDI 0113236 de 6 de abril de 2011 y DDI 005773 de 28 de febrero de 2012, por medio de las cuales la administración distrital liquidó oficialmente el impuesto predial por el año 2009. 4.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 25 de abril de 2018, declaró la nulidad de los actos demandados y la firmeza de la declaración privada presentada por el año 2009, previas las siguientes consideraciones: Primero se ha de determinar si el predio del contribuyente era urbanizado no edificado (tarifa 33 por mil) como lo considera la administración distrital, o se encontraba edificado (tarifa 9,5 por mil), como lo sostiene la demandante. De acuerdo con el numeral 8 del artículo 1° del Acuerdo 105 de 2003 del Concejo de Bogotá, predios urbanizados no edificados, son aquellos en los cuales se culminó el proceso de urbanización y que no han adelantado un proceso de construcción o edificación.

Del Parágrafo 2 del artículo 1° del Acuerdo 105 de 2003, se tiene que los inmuebles urbanizados no edificados son aquellos que se encuentran dentro de los supuestos: (i) predios que están improductivos y (ii) predios que no cumplan con los requerimientos de construcción o edificación; éste segundo presupuesto fue declarado nulo, razón por la cual no es válido para calificar el predio como urbanizado no edificado. La Resolución 2555 de 1998 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en su artículo 69 define como edificios a la reunión de materiales consolidados de carácter permanente destinada a proteger contra la intemperie a personas, animales o cosas. Advierte la Sala que la Administración Tributaria Distrital fundó su decisión en la información reportada por Catastro Distrital y en el Acuerdo 105 de 2003, esto es, que el predio objeto del impuesto predial fue determinado como urbanizado no edificado y que por tanto el impuesto debía liquidarse con la tarifa del 33 por mil, sin Expediente 23952 4 que el contribuyente, según la entidad demandada, allegara al proceso prueba que evidenciara una realidad del predio, distinta a la indicada por Catastro. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado1 el impuesto predial se causa el 1° de enero de cada año gravable y para determinar la forma correcta de tributar, respecto al predio, se debe tener en cuenta su realidad física, jurídica y económica a la fecha de causación, en forma individual; y para establecer las circunstancias particulares de cada uno de los predios, la entidad se debe apoyar en las autoridades de catastro que tienen como función llevar el inventario debidamente

actualizado de los bienes inmuebles de los particulares y del Estado, lo cual permite una correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica de los predios. Sobre la función catastral, el Consejo de Estado2 indicó que es una función pública especial desarrollada por las autoridades encargadas de adelantar la formación, actualización y conservación de los catastros del país, conforme con el procedimiento especial previsto en la Ley 14 de 1983, el Decreto Reglamentario 3496 de 1983 y la Resolución 2555 de 1988 de la Dirección General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. No obstante, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que cuando se presenten cambios catastrales que no hayan sido actualizados por el contribuyente ante la Unidad de Catastro, se pueden acreditar dentro del proceso de determinación del impuesto predial, teniendo la carga probatoria quien esté interesado en demostrar que la información catastral no está actualizada o es incorrecta. En este caso, la sociedad actora demostró la realidad física del predio objeto de la Litis, pues de acuerdo con la Resolución 2555 de 1998, la connotación de edificio está determinada por la reunión de materiales que denoten permanencia y las pruebas que fueron allegadas en vía administrativa, específicamente el avalúo comercial del proyecto y las actas de avance de obra, evidencian que a 31 de diciembre de 2008 en el predio se desarrollaba un proceso de construcción que llevaba un 25.76% de ejecución, especificando una cimentación del 99%, estructura 1 Sentencia del 17 de agosto de 2017, Sección Cuarta, Expediente 19907.

2 Sentencia de 8 de octubre de 2009, Sección Cuarta, Expediente 16369 Expediente 23952 5 del 50%, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de sonido del 47%, mampostería y piñetes 45%, entre otros. Además, el avalúo rendido por un experto determinó que la estructura, cimentación, cubierta, fachada, muros, pisos y techos eran en concreto, lo que en aplicación de la norma en cita, denota permanencia. Por lo anterior, a 1 de enero de 2009, en el predio existía una construcción, no obstante no estar actualizado el boletín catastral del inmueble. Si bien la jurisprudencia ha sostenido que catastro da cuenta de las circunstancias que permiten determinar los elementos del tributo y que, por esa razón, constituye la principal fuente de información a la que se acude para cuantificar el impuesto, ante una divergencia entre lo que reporta catastro y las circunstancias reales que reviste el inmueble al momento de su causación, deben primar las particularidades y características del predio, observables a 1° de enero, sobre la información catastral que puede resultar desajustada a la realidad. El análisis probatorio realizado permite concluir que la realidad del predio es distinta a la reportada por la autoridad catastral a 1° de enero de 2009, pues el predio tenía una construcción en desarrollo en las condiciones aptas para el desenvolvimiento de los usos permitidos y con sentido de permanencia, por lo que prospera el cargo analizado. Entonces, a 1° de enero el inmueble era un predio edificado por lo que la tarifa a aplicar para efecto del impuesto predial 2009 era de 9.5% (sic), como lo hizo

el contribuyente, y no de 33% (sic) como lo pretendía la Administración. Por lo anterior, la Sala declara la nulidad de los actos demandados y se releva de estudiar los demás cargos de nulidad. 5.- La Administración Distrital de Bogotá, mediante apoderado judicial, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, sustentado en los siguientes términos: 5.1.- Los actos administrativos se ajustaron al artículo 25 de Decreto 352 de 2002, pues la inexactitud se determinó de acuerdo a la información reportada por la Unidad Expediente 23952 6 Administrativa Especial de Catastro Distrital en el sistema integrado de información catastral que determina que al predio le corresponde el destino 61 – URBANIZADO NO EDIFICADO, TARIFA 33x1000, de acuerdo a las pruebas que obran en los antecedentes administrativos. Mal puede entenderse que como la obra ya tenía a 1° de enero de 2009 un porcentaje alto de avance, las condiciones físicas deben tenerse por cambiadas para el inmueble. En derecho las cosas son o no son, pues no puede hacer curso dicha tesis que afectaría la seguridad jurídica de la actuación administrativa. Lo cierto es que la entidad competente a 1° de enero de 2009, no había hecho ninguna actualización catastral porque la obra no había terminado, como tampoco se registró la mutación en ningún porcentaje ante la oficina de registro de instrumentos públicos. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Es materia de estudio la legalidad de las Resoluciones DDI 0113236 de 6 de abril de 2011 y DDI 005773 de 28 de febrero de 2012, por medio de las cuales la

administración liquidó oficialmente a Alianza Fiduciaria el impuesto predial correspondiente al año gravable 2009. Precisado lo anterior, procede esta agencia del Ministerio Público a emitir concepto, refiriéndose a los puntos materia de inconformidad, que apuntan a la calidad de predio URBANIZADO NO EDIFICADO, del inmueble en cuestión, por el hecho de no haber sido actualizadas las mutaciones del predio ante la Unidad Administrativa Especial de Catastro: 1.- El artículo 25 del Decreto 352 de 2002, mencionado por la recurrente, establece las tarifas para el impuesto predial unificado, más no da los elementos para determinar la clase de predio, para efectos de aplicar dichas tarifas. Si bien la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, es la entidad que contiene la información a tener en cuenta por la Administración para determinar el impuesto, no se puede desconocer que en un momento dado la información no esté actualizada, hecho que no puede servir de excusa para desconocer la situación física Expediente 23952 7 real del predio, probada por la demandante en el presente asunto, que lleva a establecer que el destino del inmueble no corresponde al mencionado por la Administración como “Predios urbanizables no urbanizados y urbanizados no edificados”. Es así, como ha señalado el Consejo de Estado3: “[…] Al respecto, la jurisprudencia de la Sala ha reiterado que “el catastro tiene una incidencia fundamental para la determinación del impuesto predial en tanto que permite contar con una información actualizada y clasificada de los inmuebles, a partir de la cual, los distritos y municipios pueden obtener los datos que permiten fijar

el tributo”4. […] Dentro del anterior contexto, se destaca que como el impuesto predial es anual y se causa el 1° de enero del respectivo año gravable, se deben tener en cuenta las características jurídicas, físicas y económicas de los predios en ese momento, a fin de identificar los elementos del tributo, de tal manera que, como lo ha precisado la Sala, “para determinar las circunstancias particulares de cada uno de los predios sujetos al gravamen al momento de su causación, es imperativo acudir al catastro, pues tanto la destinación, que determina la tarifa, como el avalúo, con el que se establece la base gravable, aparecen en el registro catastral”5. En el mismo sentido, la Sala ha señalado que, cuando se presenten mutaciones catastrales, pueden ser acreditadas ante el fisco dentro del proceso de determinación del impuesto predial, pero en estos eventos, la carga probatoria le corresponde a quien esté interesado en demostrar que la información catastral no está actualizada o es incorrecta6. En el caso que nos ocupa, las pruebas allegas por la demandante, no han sido tachadas ni desvirtuadas por la entidad demandada y la sola afirmación por parte de la recurrente de que los actos acusados están de acuerdo con el artículo 25 del Decreto 352 de 2002 y a la información reportada por la Unidad Administrativa Especial de Catastro, no desvirtúan la realidad física del predio, que atiende a la definición de edificio contenida en la Resolución 2555 de 1998, determinada como la reunión de materiales que denoten permanencia. Es así como a través del avalúo comercial, el acta de avance de la obra, las fotos

aéreas tomadas al predio y demás documentos allegados por la parte actora, se ha 3 Expediente 25000232700020110011401 4 Sentencia de 27 de agosto de 2009, Radicación: 2005-00707-01, N° interno 16327, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, actor: Pedro Gómez y Cía. S.A. 5 Sentencia de 3 de octubre de 2007, Radicación: 2003-01156-01. Número interno: 16096, M.P. Juan Angel Palacio Hincapié, reiterada en la sentencia de 24 de mayo de 2012, Radicación: 2008-00045-01, N° interno 17715, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. 6 Op. Cit. Sentencia del 3 de octubre de 2007. Expediente 23952 8 establecido que a 31 de diciembre de 2008, en el predio existía una reunión de materiales que denotan permanencia como lo son: estructura, cimentación, cubierta, fachada, muros, pisos y techos en concreto. Así las cosas, no es de recibo el reparo de la entidad recurrente y procede confirmar la sentencia de primera instancia. Por todo lo expuesto, la Procuraduría Sexta Delegada, solicita a la Honorable Sala proceder a confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 25 de abril de 2018. De los Señores Consejeros,

MAURICIO MICHEL MOLANO CURREA

Procurador Sexto Delegado ante el Consejo de Estado

Proyecto: Clara Martínez