PGN - NULIDADES - Criterios constitucionales

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. Mauro Solarte Portilla

E. S. D.

REF.: Recurso de casación interpuesto por el defensor de la procesada Cenaida Marín Rodríguez contra la sentencia de segunda instancia pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca que la condenó por el delito de homicidio agravado.

RAD. No.: 19.004

El Juzgado Penal del Circuito de Funza, Cundinamarca, en fallo de quince de agosto de dos mil, condenó a Cenaida Marín Rodríguez a la pena principal de cuarenta y dos años de prisión como coautora del delito de homicidio agravado; le impuso también la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por diez años y la absolvió de los cargos que se le habían formulado por el delito de extorsión. Apelada la providencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en sentencia de veintiocho de febrero de dos mil uno, confirmó la condena impuesta a la señora Marín. El defensor de la procesada interpuso recurso de casación contra la decisión del tribunal y lo sustentó con demanda que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, encontró ajustada a las previsiones legales. Corresponde a la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal emitir concepto sobre la viabilidad del recurso. HECHOS En las horas de la noche del siete de octubre de mil novecientos noventa y cinco la señora Dora García Campos se encontraba en su casa en el municipio de Madrid, Cundinamarca, la que compartía con Cenaida Marín

Rodríguez. La señora Marín, junto con su compañero Eudes Javier Beltrán, le propinaron a Dora García golpes en diferentes partes del cuerpo con la intención de matarla, luego de lo cual regaron su cuerpo con gasolina y le prendieron fuego. 2 Consumada la acción, el cuerpo de la víctima fue abandonado en el municipio de Guayabal de Síquima, donde fue encontrado tiempo después en estado de descomposición. ACTUACION PROCESAL El trece de febrero de mil novecientos noventa y seis Héctor García Campos instauró denuncia penal por el secuestro de su hermana Dora García Campos, quien había desaparecido del municipio de Madrid, Cundinamarca, desde el mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco. La Fiscalía Regional Delegada ante el GAULA inició una investigación previa con fundamento en la denuncia recibida. Dentro de ella se practicaron numerosas pruebas y se pudo concluir que la persona implicada en la desaparición y posible muerte de la señora Dora García, era Javier Beltrán Martínez, contra quien se dispuso abrir la instrucción para ser vinculado mediante indagatoria. El veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y seis se realizó una inspección judicial en la Fiscalía Seccional de Villeta, donde se encontraban las diligencias relacionadas con la inspección de un cadáver encontrado en Guayabal de Síquima y que luego fue identificado como el de Dora García Campos. Se allegaron también al expediente las diligencias practicadas con ocasión de la denuncia formulada el veintidós de febrero de mil novecientos noventa y seis por Edna Ruth Consuelo Laverde.

Ante la imposibilidad de lograr la captura del implicado Beltrán Martínez, el diez de noviembre de mil novecientos noventa y siete se ordenó su emplazamiento; vencido el término sin que se presentara ante las autoridades judiciales, el cinco de febrero de mil novecientos noventa y ocho se le declaró persona ausente. El veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho se declaró la nulidad de la diligencia de emplazamiento y la declaración de persona ausente de Eudes Javier Beltrán Martínez. El siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho la Unidad de Fiscalías Antiextorsión y Secuestro remitió las diligencias adelantadas a raíz de la denuncia instaurada por Héctor García Campos a la Fiscalía Seccional 59, en donde se adelantaba el proceso de investigación del homicidio de la 3 señora Dora García, para que se adelantaran bajo una misma cuerda procesal. Esta Fiscalía dictó resolución de apertura de investigación el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y ocho y ordenó vincular mediante indagatoria a Javier Beltrán Martínez. El veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y nueve se ordenó el emplazamiento de Beltrán Martínez, ante la imposibilidad de hacer efectiva la orden de captura. El diez de marzo fue declarado persona ausente y se le designó un defensor de oficio que lo representara. Beltrán Martínez fue capturado posteriormente y se le escuchó en indagatoria el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve; la fiscalía resolvió su situación jurídica el veintiuno de mayo de mil novecientos

noventa y nueve con medida de aseguramiento de detención preventiva como coautor de los delitos de homicidio agravado y extorsión. En la misma providencia se ordenó la vinculación de Cenaida Marín Rodríguez. Capturada ésta, fue escuchada en indagatoria el dieciocho de junio de mil novecientos noventa y nueve y el veintitrés de junio se decretó su detención preventiva como coautora de los delitos de homicidio agravado y extorsión. El primero de julio de mil novecientos noventa y nueve el procesado Beltrán Martínez solicitó la realización de una diligencia de audiencia especial, petición que no fue aceptada por la fiscalía instructora. El cuatro de agosto de mil novecientos noventa y nueve se declaró cerrada la investigación. El procesado Beltrán solicitó la celebración de una diligencia de formulación de cargos para sentencia anticipada, la que fue ordenada el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y nueve. El diez de septiembre de mil novecientos noventa y nueve se realizó la diligencia y se le formularon cargos a Eudes Javier Beltrán Martínez como coautor de los delitos de homicidio agravado y extorsión, los que fueron aceptados por él. Se dispuso entonces la ruptura de la unidad procesal y el envío de las copias de las diligencias al Juzgado Penal del Circuito para que profiriera sentencia anticipada a Beltrán. La actuación continuaría en relación con Cenaida Marín. 4 El veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y nueve se calificó el mérito del sumario adelantado en contra de Cenaida Marín con resolución de

acusación como coautora de los delitos de homicidio agravado y extorsión. En firme la providencia, el expediente fue remitido al Juzgado Penal del Circuito de Funza, que avocó el conocimiento del proceso el quince de octubre de mil novecientos noventa y nueve y en la misma fecha se abrió el juicio a pruebas. Realizada la audiencia pública, el Juzgado Penal del Circuito de Funza profirió sentencia condenatoria el quince de agosto de dos mil; el Tribunal Superior de Cundinamarca confirmó la condena en fallo de veintiocho de febrero de dos mil uno, providencia que es objeto del recurso de casación. SINTESIS DE LA DEMANDA DE CASACIÓN El extenso texto de la demanda invoca como motivo de anulación del fallo impugnado las causales tercera y primera, según los siguientes argumentos que se presentan resumidos. CAUSAL TERCERA Primer cargo. Como petición principal, se alega la nulidad de la sentencia por falsa motivación de la resolución de acusación que violó el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la libertad y la presunción de inocencia. Afirma el recurrente que no se confrontó la versión de Cenaida Marín con las demás pruebas aportadas; que se practicaron pruebas a espaldas de la procesada, pues no se citó a su defensor para permitirle contrainterrogar a Sofía Ordóñez Murcia y a Javier Beltrán Martínez, quienes falsificaron las pruebas –sus testimonios-. La sentencia es nula por falsa motivación, porque condenó a una persona inocente “a sabiendas de que no se había practicado la inspección judicial en

el lugar de los hechos”. A la procesada siempre se le imputó como conducta punible la de no haber suministrado informes oportunos a las autoridades sobre el homicidio, esto es, un tipo penal de encubrimiento, y a pesar de ello se la condenó por el delito de homicidio. 5 Como petición subsidiaria se alega la nulidad legal por violación del debido proceso y del derecho a la defensa, por haberse tergiversado la indagatoria de Cenaida Marín y los testimonios de Héctor García Campos, Vicente Bulla y Eudes Javier Beltrán Martínez. Aduce el censor que las declaraciones de Sofía Ordóñez Murcia, acomodadas al querer de Eudes Javier Beltrán Martínez, produjeron efectos devastadores en la situación de la procesada. Agrega que la procesada fue acusada por el delito de extorsión, pero no había sido indagada por éste. También aduce que no se llamó a los testigos citados por la sindicada para escuchar sus declaraciones. Los errores esenciales de hecho conducen a la nulidad por falsa motivación. A la procesada siempre se le reprochó el hecho de no haber informado oportunamente a las autoridades sobre el homicidio (encubrimiento) y sin embargo se la condenó por el delito de homicidio. La indagatoria de la acusada fue ignorada, pues se dio mayor peso de convicción al testimonio de su ex amante. Sin embargo, las manifestaciones de Eudes Javier Beltrán son contradictorias, porque en su indagatoria se presentó como un espectador del homicidio, al paso que en la sentencia anticipada aceptó ser el autor del mismo.

Se omitió considerar, en su exacto contenido, los testimonios de Vicente Bulla y Héctor García Campos. El crimen se logró esclarecer gracias a la confesión que al respecto hizo Cenaida Marín a Vicente Bulla. Segundo cargo. Se funda en una causal de nulidad porque, en su análisis, se aisló la indagatoria de Cenaida Marín del acta de aceptación de cargos celebrada con Eudes Javier Beltrán y de los testimonios de José Vicente Bulla, Sofía Ordóñez Murcia, Javier Montealegre Medina, Miriam Celeste Beltrán Martínez, Edna Ruth Consuelo Laverde de Jirsa, María Isabel Upegui de Durán y Héctor García Campos, ninguno de los cuales compromete a la acusada en el delito de homicidio, pruebas que fueron tergiversadas por el sentenciador. Según las reglas vigentes, las pruebas deben ser analizadas en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, lo que elimina la posibilidad de 6 aislar algunas de ellas para examinarlas a la luz de la denuncia que da origen al proceso, o a la luz de la aceptación de responsabilidad del procesado Eudes Javier Beltrán. Tercer cargo. Se alega en él la nulidad por omisión en la práctica de pruebas. Para el recurrente, se omitió la inspección judicial al lugar de los hechos que incidía en el resultado del proceso, así como el traslado del protocolo y demás dictámenes emanados de Medicina Legal. Aduce que el ejercicio del derecho a la defensa es condición indispensable de legitimidad del proceso penal y que las pruebas omitidas tenían capacidad suficiente para modificar sustancialmente la situación de la acusada. Sin el

traslado de los dictámenes y sin la inspección judicial, Cenaida no podía defenderse. Con la inspección judicial, Eudes Javier Beltrán habría caído en la mentira. Por otra parte, no se llamó a declarar a José Santos Serrano, cuya versión habría decidido la absolución de la procesada. Tampoco se quiso practicar contrainterrogatorio a los testigos. No se realizó una diligencia de reconocimiento en fila de personas para establecer la identidad de la mujer que acompañaba a Eudes Javier Beltrán cuando botó el cadáver al sitio en donde fue hallado. Cuarto cargo. En esta ocasión se aduce la nulidad por violación del principio de estricta y preexistente legalidad punitiva, porque la pena que corresponde al encubrimiento es de seis meses y, sin embargo, a la procesada se le impuso pena de cuarenta y dos años por el delito de homicidio. Eudes Javier Beltrán dijo en su indagatoria que encontró a Cenaida dando muerte a la víctima; luego, en la aceptación de cargos, admitió ser el autor del homicidio. Esta modificación en la declaración no se reflejó en el contenido de las providencias. Como Cenaida Marín había aceptado la comisión del delito de encubrimiento por no haber dado aviso oportuno del homicidio a la policía, era de recibo la audiencia especial como mecanismo de terminación anticipada del proceso. 7 Quinto cargo. Presentado subsidiariamente como una nulidad por error en la denominación jurídica de la infracción, en él se aduce que Eudes Javier Beltrán, al aceptar

los cargos en sentencia anticipada, exoneró a Cenaida Marín del homicidio y encuadró su conducta inequívocamente en el delito de encubrimiento. Se ha debido acusar a Cenaida Marín por el delito de encubrimiento, no por el de homicidio (delito encubierto), pues la prueba apunta a demostrar el delito de encubrimiento, de manera que al calificar el hecho como homicidio se violó el debido proceso. Las declaraciones de Edna Ruth Consuelo Laverde de Jirsa y Vicente Bulla acusan a la procesada de haber cometido un delito de encubrimiento, no uno de homicidio. Sexto cargo. Se alega aquí la nulidad por no preguntar en la indagatoria por todos los delitos investigados. Aduce el censor que a la acusada no se le interrogó en la indagatoria por el delito de extorsión; por el contrario, se la indagó por el delito de encubrimiento y, sin embargo, en la resolución de acusación fue acusada por los delitos de homicidio y extorsión. A la incriminada se la absolvió por el delito de extorsión y se la condenó por el de homicidio, pese a lo cual subsiste la irregularidad al no haber sido interrogada por el hecho punible que motivó su absolución. Aisladamente, agrega el censor que la resolución de acusación no ha sido debidamente notificada. Séptimo cargo. La causa de la nulidad, en este cargo, es no verificar las citas del indagado. Dice el libelista, a este respecto, que a pesar de saber que sus declaraciones

aportarían suficientes elementos de juicio para absolver a la acusada, los funcionarios judiciales no llamaron a declarar a los testigos citados por la procesada. Cenaida Marín citó como testigos a Alvaro Ruiz Flórez y a José Santos Serrano; al primero se citó, pero no así al segundo. 8 En la audiencia pública la fiscalía minimizó el testimonio de Ruiz Flórez y omitió considerar la vulneración del debido proceso al no haberse citado a José Santos Serrano. Octavo cargo. Se aduce que el proceso es nulo por falta de defensa técnica. Dice el casacionista que si bien la actividad del defensor no se ata a reglas estrictas, omitir el contrainterrogatorio de los testigos y admitir que se practiquen pruebas a espaldas del procesado, constituye violación del derecho a la defensa técnica. El defensor de la procesada no solicitó una sola prueba; tampoco impugnó las decisiones o los dictámenes; no hizo nada por sacar avante los intereses de la acusada, ni porque las denuncias hechas por ella contra otras personas, fueran adecuadamente investigadas. En lo que el demandante denomina incidencia de las nulidades alegadas en el contenido jurídico del fallo, aduce que la sentencia de primera instancia edificó la responsabilidad de Cenaida Marín en la acusación que contra ella hizo Eudes Javier Beltrán. José Joaquín Avendaño Ballén transportó a Eudes Javier Beltrán a Guayabal de Síquima en compañía de una mujer, y a pesar de ello no se le citó para que hiciera reconocimiento en fila de personas de la procesada. El juzgado de primera instancia, basado en las contradicciones de la

procesada, tergiversó las pruebas aportadas a la investigación. Por otra parte, la sentencia de segunda instancia corroboró la existencia del simple delito de encubrimiento y a pesar de ello condenó a la procesada por el de homicidio. Agrega el censor que la sentencia de segunda instancia presumió el dolo, a través de inferencias derivadas del análisis probatorio. Las peticiones que hace en este acápite, son: Que se declare que la sentencia de segunda instancia es nula por violar las reglas del debido proceso y, por consiguiente que se devuelva el expediente al tribunal de origen para que éste rehaga la actuación viciada, o lo remita al juzgado de primera instancia para los mismos efectos. 9 De no acogerse los argumentos del demandante, se deben declarar oficiosamente las nulidades originadas en la violación del derecho a la defensa y del debido proceso. Se impone la libertad provisional de la acusada. CAUSAL PRIMERA Primer cargo. Se alega la violación indirecta de la ley sustancial por falsos juicios de identidad. Inicialmente el casacionista hace unas reflexiones sobre lo que es el error de hecho y el error de derecho, para afirmar luego que cuando una prueba es “falsificada” por su fuente (el testimonio de Eudes Javier que introduce criminalmente a su narración hechos que no existieron) y ella es tomada en cuenta por el juzgador, vale tanto como no aportar la prueba. En consecuencia, hay un error de hecho por falso juicio de existencia por suposición porque el fallador consideró probada la responsabilidad de la acusada en el homicidio con base en mentiras piadosas que permitían deducirle responsabilidad por el delito de encubrimiento.

A juicio del libelista se cometió un error de hecho por falso juicio de existencia por preterición, porque el tribunal no tomó en cuenta la aceptación de cargos de Eudes Javier Beltrán ni la absolución que se produjo a favor de Héctor García Ramos. Agrega el censor que si Cenaida Marín hubiese sido culpable, se habría acogido a la sentencia anticipada. El tribunal no realizó una selección adecuada de la norma. Se distorsionaron las declaraciones de Cenaida Marín, Edna Rut Consuelo Laverde de Jirsa, Héctor García Campos, Miriam Celeste Beltrán Martínez. Segundo cargo. Se cometió un falso juicio de identidad al distorsionar, con agregados que no corresponden a la verdad, los testimonios de Edna Ruth Consuelo Laverde de Jirsa, Venancio Veloza Aguilar y Vicente Bulla. 10 Tercer cargo. Se cometió un falso juicio de identidad, al agregar contenidos falsos a los testimonios de Héctor García Campos y Alvaro Ruiz Flórez, quienes absolvieron a Cenaida de los cargos que se le formularon. Dice el recurrente que Héctor García Campos nunca quiso caer en la celada de la fiscalía que pretendía que le hiciera cargos a Cenaida Marín. Alvaro Ruiz Flórez, por su parte, no incriminó a Cenaida Marín, sino que la absolvió de todo cargo. A este propósito, el demandante copia parte de la declaración de Ruiz Flórez, destacando que según este testimonio, Cenaida Marín no se encontraba en la casa de la víctima cuando se cometió el homicidio.

Cuarto cargo. En la resolución de acusación proferida en contra de Cenaida Marín la fiscalía citó como prueba de su posible responsabilidad los indicios de mentira, presencia en el lugar de los hechos, indebida justificación y fallida coartada. Para demostrar el ataque, el libelista cita varias definiciones de indicio y luego aduce que el hecho indicador es indivisible y que si éste se pretende probar con un testimonio, la declaración jurada correspondiente no puede ofrecer duda alguna acerca de la veracidad del hecho correspondiente. Los indicios fueron tergiversados porque no se tuvieron en cuenta los contraindicios (como los testimonios de Héctor García Campos y Alvaro Ruiz y la sentencia anticipada de Eudes Javier Beltrán) que prueban la inocencia de Cenaida Marín. Los contraindicios destruyen el valor probatorio de los indicios. De este tipo de pruebas se encuentran, como contraindicios a favor de la acusada: 1) de acuerdo con el testimonio de Héctor García Campos, Cenaida Marín nunca ofendió o amenazó a Dora García; 2) Sofía Ordóñez nunca formuló denuncia en contra de Cenaida Marín; 3) Cenaida Marín no huyó del lugar del delito; 4) Nadie señaló a Cenaida como autora del crimen, hasta cuando ella misma acusó a Eudes Javier. No se analizaron los indicios en conjunto con los contraindicios y por ello se tergiversaron los primeros para fundamentar la condena en meras sospechas. 11 Como conclusiones de los cargos anteriores, expone el libelista que se

cometieron errores en la apreciación de la prueba indiciaria y la prueba testimonial. La absolución que se pronunció a favor de Cenaida Marín por el delito de extorsión, no incidió para nada en el de homicidio, a pesar de que aquél fue el móvil de éste. Deducir de la presencia de Cenaida Marín en el lugar del homicidio la prueba de su responsabilidad en él, prosigue el censor, es tergiversar el contenido de la prueba indiciaria, porque no es un indicio necesario. Afirma el casacionista que no ataca el indicio en sí mismo, sino la inferencia lógica, a pesar de que sostiene que el error se cometió por no tener en cuenta los indicios que probaban la inocencia de la acusada. Los indicios que se construyeron en contra de Cenaida Marín no tienen suficiente fuerza probatoria para arribar a la certeza exigida para condenar. Al mencionar las normas sustanciales vulneradas, el demandante aduce que con la dosificación punitiva hecha en la sentencia se viola el principio de igualdad y luego señala que se violó indirectamente, por aplicación indebida, el artículo 324 del Código Penal, y por falta de aplicación los artículos 2, 3, 21 y 23 del Código Penal. Sostiene el defensor que en el expediente no obra prueba alguna sobre los elementos de la coparticipación criminal y se extiende en la cita de algunos tratadistas sobre este instituto jurídico. Remata diciendo que se violaron directamente los artículos 9, 22, 247 y 248 del Código de Procedimiento Penal. La sentencia no valoró los indicios de acuerdo con los criterios de la sana

crítica y, por consiguiente, se violó la presunción de inocencia que, de haberse observado, habría conducido a la absolución de la procesada. Quinto cargo. Basado en la causal primera, violación indirecta, se afirma que se violó el principio in dubio pro reo porque no se tuvieron en cuenta, a favor de Cenaida Marín, pruebas que la eximen de los cargos que contra ella se formularon. 12 Enuncia el casacionista el principio in dubio pro reo, cita doctrina sobre él y destaca que toda duda debe resolverse a favor del procesado. Agrega que cuando concurren múltiples causas a la comisión de un delito y el indicio es apenas una de ellas, éste será levísimo y no podrá sustentar una decisión de condena. El sentenciador omitió apreciar los testimonios de Héctor García Campos y Alvaro Ruiz y dio preponderancia a las acusaciones que contra la procesada lanzaran Sofía Ordóñez Murcia y Eudes Javier Beltrán. En consecuencia, se violaron, por falta de aplicación, los artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento Penal. Por aplicación indebida se vulneraron los artículos 2, 5, 21 y los numerales 4, 6, y 7 del artículo 324 del Código Penal, con la modificación introducida por el artículo 30 de la Ley 40 de 1993. Al condenar a Cenaida Marín se propició la absolución de Sofía Ordóñez, verdadera autora del delito objeto del proceso. En criterio del censor no existe plena prueba para condenar a Cenaida Marín y por ello el tribunal ha

debido absolver a la procesada. Pide casar la sentencia y un fallo sustitutivo absolutorio. Como peticiones de todos los cargos, el demandante solicita casar la sentencia y decretar la nulidad total o parcial, según las pretensiones expuestas; subsidiariamente, casar total o parcialmente la sentencia y producir fallo absolutorio.

CONCEPTO DE LA PROCURADURIA TERCERA DELEGADA PARA LA CASACION PENAL Unas observaciones generales.

En criterio del Procurador Delegado, la demanda exhibe múltiples y protuberantes errores de técnica que habrían justificado su rechazo in limine, en tanto que contiene proposiciones contradictorias en un mismo cargo, no hace un planteamiento adecuado de las censuras formuladas, no cita correctamente las normas de derecho sustancial que el casacionista estima infringidas, no demuestra ninguno de los errores de hecho aducidos o las causas de anulación presentadas a consideración de la Corte Suprema de Justicia y, en fin, contiene variados yerros, en algunos de los cuales se insistirá a continuación. 13 Sin destacar otros errores que se resaltarán cuando se aborde el análisis de cada uno de los cargos, inicialmente, puede acotarse que en el primero de los cargos de nulidad, el casacionista propone dos motivos diferentes para anular la sentencia impugnada, causas que, según se puede deducir de lo confusamente expuesto en la demanda, se fincan, la primera, en la omisión de practicar una inspección judicial al sitio de los hechos (con lo cual se ha debido demostrar la violación del derecho a la defensa) y la segunda, en la

falsa motivación de la sentencia. Estos dos motivos, como fácilmente puede verse, resultan incompatibles porque en el primero simplemente se aduce que se recortaron las garantías judiciales de la acusada, motivo que impondría la anulación de parte de la actuación y la imposibilidad de dictar fallo de remplazo. En el segundo motivo, por el contrario, se afirma tácitamente el respeto de las garantías judiciales, pues el hecho aducido como generador de la anulación solamente afecta el contenido del fallo impugnado y, para el restablecimiento de la legalidad, bastaría con la adecuada motivación de la sentencia. Como uno y otro están propuestos en el mismo cargo, la demanda contraría el inciso final del artículo 225 del Decreto 2700 de 1991, bajo cuya vigencia comenzó a tramitarse la impugnación extraordinaria. Es denominador común de los cargos formulados que el censor se distrae en elucubraciones sobre algunos fenómenos jurídicos, o en el contenido de la jurisprudencia y la doctrina, o en especulaciones personales, y olvida el camino que ha iniciado para demostrar el motivo de anulación de la sentencia o la causa de su ilegalidad, de manera que no concreta las razones por las cuales se ha de casar el fallo impugnado, ni la forma como se puede entender la violación de las disposiciones sustanciales cuya violación se atribuye al sentenciador de segundo grado. En los distintos ataques que se hacen contra la sentencia, por otra parte, se entremezclan argumentos que restan claridad a las censuras, pues al lado de

una causal de nulidad se alega la tergiversación de una prueba, o viceversa, y se aduce, por ejemplo, la violación de la ley sustancial por haberse comprobado que la acusada no participó en el delito pero, a renglón seguido, se fundamenta la absolución en la duda sobre el mismo tema. El escrito es, en consecuencia, un maremagnum de afirmaciones en el que es muy difícil entender la verdadera causa de ilegalidad que se atribuye a la sentencia y, por el contrario, se advierte permanentemente que con el recurso se pretende sacar avante la posición personal del libelista, sin razones sólidas que demuestren los errores del sentenciador. 14 CAUSAL TERCERA Primer cargo. Una primera impropiedad que se descubre en la alegación de este cargo porque el censor, desconociendo la evolución de las causales de nulidad, insiste en considerar que éstas tienen una doble fuente, constitucional y legal, cuando a la hora actual de la discusión y, a decir verdad desde la promulgación de la Constitución Política de 1991, esa distinción se eliminó al introducirse la reflexión constitucional en el derecho procesal penal. Las nulidades, hoy en día, se fundamentan en tres criterios de base constitucional: la falta de competencia, la vulneración de las garantías implícitas en el debido proceso y, como una especial, la violación del derecho a la defensa que se enunció aparte en la ley sólo para insistir en la preponderancia de esta garantía judicial en la legitimación del proceso penal. Esta falla, no obstante, es meramente teórica y no alcanza a menoscabar la claridad de la demanda. Sin embargo, no solamente este incorrecto concepto evidencia el

desconocimiento de la técnica propia del recurso extraordinario por parte del censor. Lo grave, y que impone el rechazo de la acusación que se hace contra la sentencia, es que en un mismo cargo formula, desordenadamente, numerosas acusaciones contra el fallo de segunda instancia, algunas relacionadas con la vulneración del derecho a la defensa y otras que afectan el debido proceso, las que han debido establecerse de manera clara y separada, con la expresión del hecho que las originó, la consecuencia que éste tuvo en cada una de las garantías que se dicen vulneradas, la forma como ha debido adelantarse la actuación o tomar la decisión con protección de los derechos correspondientes, y la trascendencia que cada nulidad puede tener en la legalidad de la sentencia impugnada. Obsérvese, por ejemplo, que en la enunciación de la petición principal contenida en este cargo aduce la nulidad de la sentencia por falsa motivación de la resolución de acusación cuya fuente identifica con la ausencia de confrontación de la indagatoria de la incriminada con otras pruebas, y posteriormente sostiene que el vicio (falsa motivación) se presentó en la sentencia y que su origen fue no haber practicado una inspección judicial. A más de lo anterior, en el mismo acápite acusa de nulidad la sentencia por haberse practicado pruebas a espaldas de la procesada; por haberse impedido el derecho a la controversia probatoria y, al parecer, por haberse calificado equivocadamente el mérito de la investigación. Todos estos motivos se presentan en un mismo cargo, sin determinación de los 15 argumentos necesarios para la demostración de la nulidad o la determinación de sus efectos, frente a los que, entre otras cosas, la petición de anulación

de la sentencia puede resultar insuficiente dada la fuente de la nulidad que identifica el demandante. En la petición subsidiaria contenida en este cargo el libelista ni siquiera apunta a identificar una causa de nulidad; esgrime que la sentencia es nula porque, en su concepto, el tribunal tergiversó la indagatoria de la acusada y algunas pruebas testimoniales, situación que conduce al planteamiento de una violación indirecta de la ley de derecho sustancial, patrimonio de la causal primera de casación. Luego tilda de mentirosas las acusaciones que Sofía Ordóñez Murcia y Eudes Javier