PGN - OFERTAS - Presentadas por personas que afirman no suscribirlas

ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA Dependencia: Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal Radicación #: 165-56681-2001

Acusado: ELÍAS SALOMÓN SALES DACCARETT Y OTRO.

Cargo y entidad: . DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO SENADO.

Quejoso: INFORME DE FUNCIONARIO PÚBLICO.

Fecha Queja: 6 DE MARZO DE 2001.

Fecha Hechos: 27 – 12 - 1999.

Asunto: FALLO DE PRIMERA INSTANCIA.

Bogotá, D.C., 4 junio de 2004 Procede el Despacho a decidir en primera instancia el proceso adelantado contra ELIAS SALOMÓN SALES DACCARETT y HERMES ANGARITA NAVARRO, en sus calidades de Director General Administrativo y Jefe de la División de Bienes y Servicios, en su orden, del Senado de le República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley 734 de 2002.

I. ANTECEDENTES La presente diligencia disciplinaria se iniciaron con fundamento en el oficio No. 82114 de 6 de marzo de 2001, suscrito por funcionarios de la Dirección de Investigaciones Fiscales de la Contraloría General de la República, con el cual remite copia del auto de archivo y orden de apertura de proceso de responsabilidad fiscal No. 158 de 15 de diciembre de 2000, donde informa sobre presuntas anomalías presentadas en el Senado de la República, atribuidas a ELIAS SALOMÓN SALES DACCARETT y HERMES ANGARITA NAVARRO, en sus calidades de Director General Administrativo y Jefe de la División de Bienes y Servicios, en su orden, respecto a los contratos Nos. 03-142-0-99, 02-049-0-99 y 03154-0-99 (folios1 a 38 C.O.1).

II. CARGOS Una vez perfeccionada la etapa investigativa, la Delegada procedió a formular cargos a los disciplinados, mediante auto de 13 de febrero de 2003 (folios 392 a

410 C.O.2) los cuales consistieron: CARLOS ORTIZ FERNÁNDEZ, ÚNICO CARGO: Haber acogido, sin análisis alguno de su parte, la propuesta unánime que le hizo el Comité Asesor de Licitaciones de adjudicar, dentro de la licitación pública, No. 005DG-2001, a CAESA 11 camionetas y 12 camperos el ítem 1 y AUTOMAYOR las 20 busetas del ítem 2. Haber efectivamente adjudicado esa licitación justamente en los términos así recomendados. Haber celebrado, como consecuencia de esa adjudicación, los contratos números 00120 del 22 de octubre de 2001 con CAESCA por $ 1.076.458.432 y 00121 con AUTOMAYOR por $ 2.107.640.00 Estas conductas la realizó siendo que lógica, jurídica y objetivamente no lo podía hacer. Por un lado, porque las ponderaciones efectuadas por los calificadores naturales a las propuestas dan como ganador a AUTOMAYOR, quien obtuvo mayor y mejor puntaje; por otro, porque la nueva evaluación técnica presentada el 3 de octubre por el director administrativo y financiero fue efectuada por éste, conforme con el pliego, carecía de competencia para ello en cuanto semejante fue atribuido privativamente al jefe de la división de

servicios generales y construcciones; en tercer lugar, porque el documento de 04 de octubre de 2001 emanado de GENERAL MOTORS COLMOTORES, recibido en el SENA el 03 de los mismos a las 4 y 04 de la tarde, como tampoco ninguno otro, no prueba la existencia o inexistencia de talleres y almacenes de repuestos que fueran de propiedad de uno y otro oferente; y, por último, porque tanto las autorizaciones presupuestales de la dirección del tesoro como la licitación misma, se dieron e hicieron para adquirir en total 40 vehículos y no los 38 a los que finalmente se limitaron los negocios identificados. 2

II. ELADIO VARGAS TRUJILLO ÚNICO CARGO: Haber participado como miembro del comité asesor de licitaciones que por unanimidad recomendó la propuesta de adjudicar, dentro de la licitación pública número 005DG-2001, a CAESCA 11 camionetas y 7 camperos del ítem 1 y a AUTOMAYOR las 20 busetas del ítem 2.

Haber dirigido, en punto a la lectura del documento emanado de COLMOTORES, amañadamente la audiencia en la que aquel comité tomó aquella determinación. Haber hecho, sobre la base del documento acabado de referir, la nueva evaluación técnica, sin ser el competente para ello. Estas conductas las realizó usted siendo que lógica, jurídica y objetivamente no lo podía hacer. En primer lugar, porque las evaluaciones de las propuestas, efectuadas por los calificadores nombrados en el pliego, como ganador AUTOMAYOR quien obtuvo mayor y mejor puntaje; sen (sic) segundo porque la nueva evaluación técnica

presentada el 3 de octubre por el director administrativo y financiero fue efectuada por éste quien carecía de competencia para ello, pues la misma fue atribuida privativamente al jefe de la división de servicios generales y construcciones, en tercer lugar, porque el documento de 04 de octubre de 2001 emanado de GENERAL MOTORS COLMOTORES recibido en el SENA el 03 de los mismos a las 4 y 04 de la tarde como tampoco ninguno otro, no prueba la existencia o inexistencia de talleres y almacenes de repuestos que fueran de propiedad de uno y otro oferente; y, por último, porque tanto las autorizaciones presupuestales de la Dirección del Tesoro como, se dieron e hicieron para adquirir en total 40 vehículos y no los 38 a los que finalmente se limitaron los negocios identificados.

III. DESCARGOS

3 Notificados en forma legal del auto inculpatorio, los acusados presentaros sus respectivos descargos dentro del término legal, lo cuales fueron allegados en su oportunidad al informativo.

I. ELÍAS SALOMÓN SALES DACCARETT (folios 416 a 426 C.O.2) Respecto al primer cargo manifiesta que para los contratos 03-142-0-99 suscrito con la sociedad ALIMENTOS PLAZA LTDA; 02-049-0-99 con la firma TELETÉCTICA y el 03-154-0-99 celebrado con la sociedad COMERCIAL DE EQUIPOS DE COMPTUTO, se hicieron los estudios previos de planeación.

Al efecto señala que el primer contrato se suscribió por orden directa de la Mesa Directiva del Senado y que la Contraloría General de la República en el auto de

archivo de 3 de abril de 2002, reconoció que recibió la orden perentoria del Presidente de dicha corporación de poner en funcionamiento el restaurante e incluso la Mesa Directiva comisionó la Secretario General de la época para que adelantara el concurso a fin de adjudicar en concesión lo cual se puede constatar con las actas que allega. En lo relacionado con el segundo negocio jurídico anota que no se entiende como en una entidad no hay necesidad de mantener en buen estado de funcionamiento los equipos de sonido cuando constituyen una herramienta de trabajo y que la necesidad del servicio fue certificada por Hermes Angarita de acuerdo a sus funciones delegadas mediante oficio de 4 de junio de 1997. Sostiene que la necesidad surge de las solicitudes hechas por los jefes de Relatoría y de Grabación. En lo atinente al cargo segundo expresa que la firma ALIMENTOS PLAZAS, esta dedicada a actividades relacionadas con restaurantes desde hace más de 10 años y que el certificado de la Cámara de Comercio en uno de sus numerales del objeto 4 social se dice que el mismo era comprar, vender, importar, distribuir y recibir productos, lo cual está demostrado en el auto de archivo de la Contraloría General de la Republica donde concluyó que dicha empresa si está dedicada al negocio de restaurante. Sobre el tercer cargo sostiene, que no existe sobrecosto, ya que la conclusión a que llegó el ente de control fiscal respecto a ese contrato, basado en los análisis de los precios del mercado dio un total de $86.753.105,oo, es decir, existe solamente una diferencia de 6.5% que no puede considerarse como sobreprecio dentro de un margen razonable de utilidad.

Así mismo puntualiza, que dentro del marco de sus funciones no se encontraba el estudio de los precios del mercado, por cuanto esa función estaba asignada al jefe de la Oficina de Bienes y Servicios, según oficio del 4 de junio de literal d) y fue así como se certificó que la opción más favorable para contratar era la presentada por

la firma COMERCIAL DE EQUIPOS DE CÓMPUTO.

En relación con el cuarto cargo expone, que dentro de las funciones adscritas por la ley al Director General Administrativo del Senado no estaba las relacionadas con la etapa precontractual la cual estaba en cabeza de la División de Bienes y Servicios, mediante funciones asignadas en el oficio de 4 de junio de 1997. En lo referente a la determinación de la falta sostiene, que se violó el principio de legalidad por cuanto la conducta debe definirse, de modo que se sepa a cual comportamiento concreto se refiere la expresión mal ejemplo que, no describe ninguna actividad ni estructura ningún tipo disciplinario.

II. HERMES ANGARITA NAVARRO (folios 517 a 528 C.O.2) Sobre lo cargos endilgados sostiene, que como Jefe de la División de Bienes y Servicios del Senado participó en las conductas de los cargos formulados, pero que la misma fue de buena fe por cuanto la función contractual no le estaba asignada y 5 nunca le fue delgada, por lo que considera que no se le pueden endilgar dichos cargos, pero por error de interpretación de quienes creían que esas labores estaban asignadas, le informaron que las debía de realizar.

Para demostrar dichas afirmaciones pasa a hacer algunas consideraciones, apoyado

en el concepto No. 1377 de 21 de febrero de 2002, proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, siendo Consejera Ponente SUSANA MONTES DE ECHEVERRY, transcribiendo apartes de las leyes 5 de 1992, 80 de 1993 y 179 de 1994, para concluir que las conductas atribuidas no corresponden a las funciones que como Jefe de la División de Bienes y Servicios debía cumplir, sino al Presidente del Senado, quien debía adelantar los procedimientos de selección objetiva acorde con el artículo 29 de la Ley 80 de 1993. Afirma, que por ser la Ley 5 de 1992 orgánica, tiene prevalencia sobre la Ley 80 de 1993 y que por lo tanto no hay duda que la función de celebrar contratos en el Senado le correspondía al Director General Administrativo, pero con la expedición de la Ley 179 de 1994, artículo 51, esta función le fue atribuida al jefe del órgano es decir al Presidente del Senado de le República, quien puede delegar dichas funciones. Manifiesta, que si el Director General Administrativo del Senado no tenía la función de celebrar contratos, no es lógico afirmar que dichas funciones le correspondían al Jefe de la División de Bienes y Servicios, en lo correspondiente a la etapa precontractual, por delegación que le hiciera el Director General. Expresa, que los artículos 140 y 195 de la Resolución No. 237 de 16 de julio de 19992, proferida por la Directiva del Senado no le eran aplicables en lo que a contratación se refiere, porque fueron derogados por el artículo 64 de la Ley 179

de1994. Explica con relación al primer cargo, que la necesidad de poner en funcionamiento el restaurante partió de la Mesa Directiva del Senado y para esa época los términos de 6 referencia no los establecía la División de Bienes y Servicios del Senado, menos la adjudicación del contrato que se hizo por la modalidad de concesión previo concurso y para lo cual se delegó al Secretario General. Respecto al segundo cargo sostiene, que no es acertado sostener que motivó en forma imprecisa la necesidad de adquirir los computadores por que cabría preguntar ¿cual es la forma de motivar dicha necesidad ?. Insiste en que la no existencia del estudio previo que determinara la conveniencia y necesidad de la celebración del contrato No.03-154-0-99 de 27 de diciembre de 1999 es otra imprecisión, puesto que la necesidad partió del Comité creado por la Resolución No. 099 de 1 de marzo de 1999, a instancia de la Dirección Administrativa, que sugirió la compra de los equipos por cambio del milenio. Sostiene, que al recomendar la propuesta presentada por COMERCIAL DE EQUIPOS DE CÓMPUTO lo hizo de buena fe, confiando en las consultas de los precios del mercado que hacían las funcionarias a su cargo y en que estás funciones no le correspondía legalmente, lo cual excluye el dolo que sirvió de base para calificar las conductas de grave.

IV. DILIGENCIA DE VERSIÓN Así mismo el implicado SALES DACCARETT rindió su versión libre visible a folios 695 a 710 del C.O.3, donde reitera lo expuesto en sus descargos, relacionado con las imputaciones atribuidas en el auto inculpatorio y solicita se recepcione

declaraciones y se aporte pruebas documental a lo cual se accedió.

V. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO Una vez hecho el traslado de ley, según constancia visible a folio 588 del C.O.2, y por no observarse dentro del trámite de la investigación disciplinaria irregularidades constitutivas de causal de nulidad que impida continuar con su adelantamiento y 7 habiéndose garantizado el derecho de defensa, así como el debido proceso, se procede a emitir el fallo de instancia a que haya lugar.

I. ELÍAS SALES DACCARETT.

El primer cargo, se contrajo a suscribir los contratos Nos. 03-142-00-99, con la sociedad ALIMENTOS PLAZAS LTDA; 02-049-0-99 de 4 de junio de 1999 con la firma TELECTÉCNICA y 03-154-0-99 con la empresa COMERCIAL DE EQUIPOS DE CÓMPUTO de 27 de diciembre de 1999, omitiendo adelantar los estudios previos de planeación a fin de determinar la conveniencia del objeto contratado. A juicio de la Delegada este cargo no está llamado a prosperar por los siguientes motivos Al folios 443 y 444 del C.O.2., se observa el acta No. 002 de 6 de octubre de 1998, de la Comisión de Administración del Senado de la República, suscrita, por el Presidente FABIO VALENCIA COSSIO, y los Senadores ESPERANZA MUÑÓS TREJOS, PIEDAD ZUCARDI DE GARCÍA, GUILLERMO CHAVEZ CRISTANCHO y JOSÉ LUIS MENDOZA CÁRDENAS, el director general Administrativo ELÍAS SALES DACCARETT y el secretario Ad-Hoc CARLOS JOSÉ GONZÁLEZ H., donde

el Senador JOSÉ LUIS MENDOZA, se refirió a la situación del restaurante, relacionada con la seguridad de los miembros de dicha corporación. Posteriormente la mencionada Comisión de Administración, por acta No 004 de 21 de octubre de 1998, a través del Senador MENDOZA CÁRDENA reitera su preocupación sobre el asunto del restaurante. (folio 445 C.O.2). Por acta No. 006 de 4 de noviembre de 1998, de la Comisión de Administración, el Senador MENDOZA CÁRDENAS, insiste en la necesidad de poner en funcionamiento el restaurante del Congreso, comisionándose a algunos de sus miembros y por su parte el Presidente del Senado VALENCIA COSSIO, planteó la 8 posibilidad de instalar una rotonda de comidas, para solucionar el problema del restaurante (folios 446 a 448 C.O.2). Por su parte la Mesa Directiva del mencionado cuerpo colegiado, en acta No. 03 de 30 de agosto de 1999, abordaron el tema del servicio de restaurante, analizando la conveniencia de la prestación de un mejor y oportuno servicio de restaurante (folios 449 y 450 C.O.2) Igualmente, en el acta No. 4 de 7 de septiembre presumiblemente de 1999, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, senador MIGUEL PINEDO VIDAL, insiste en la agilización de la contratación del servicio de restaurante para que los miembros del Senado no sigan sometidos a los riesgos al salir a almorzar a la calle (folio 452 a 456 C.O.2; 711 a 715 C.O.3)

Posteriormente en el acta No 7 de septiembre sin fecha del año, la Mesa Directiva, donde no se especifica ni el día, ni el año, el Presidente del Senado insiste en la agilización de la contratación del restaurante, por los problemas de seguridad (folios 719 a 721 C.O.3) En el acta No. 10 de 26 de octubre sin fecha del año, se volvió a tratar el tema de la pronta contratación del servicio de restaurante. Por último, a folio 264 del C.O.2., obra el oficio de 27 de octubre de 1999, suscrito por HERMES ANGARITA NAVARRO, jefe de la División de Bienes y Servicios del Senado, dirigido al implicado SALES DACCARETT, donde le manifestó la necesidad de contratar la adquisición de los equipos del restaurante. Así las cosas desde el 6 de octubre de 1998, siendo presidente del Senado de la República FABIO VALENCIA COSSIO, hasta octubre de 1999, durante la administración de MIGUEL PINEDO VIDAL, dicha Corporación a través de la Comisión de Administración y de la Mesa Directiva, determinaron la conveniencia de la puesta en funcionamiento del restaurante del Senado, con el objeto de evitar que 9 sus miembros tuvieran que salir a la calle a almorzar, con el consabido riesgo para su integridad personal, circunstancia que obligada a contratar la adquisición de los equipos eléctricos para adecuar el restaurante, lo cual se llevó a efecto por el contrato No. 03-142-0-99 de 21 de diciembre de 1999 suscrito con la sociedad

ALIMENTOS PLAZA LTDA (folios 234 a 238 C.O.1 y 250 a 254 C.O.2).

Por lo anterior esta conducta del cargo primero no está llamada a prosperar. Con relación al contrato No. 02-049-0-99 de 4 de junio de 1999, (folios 380 a 383 C.O.2), el implicado manifiesta en sus descargos, así como en la versión libre (folios 416 a 426 C.O.2 y 695 a 710 C.O.3), que esos contratos se viene suscribiendo hace más de 15 años, ya que es necesario tener en buen mantenimiento los equipos de sonido de las comisiones y de la plenaria del Senado por cuanto si fallan, las sesiones no se podrían grabar y por ende las actas no serían susceptibles de transcribir. En el caso concreto, como lo demuestra la declaración, de MARÍA DEL CONSUELO CRUZ MESA, asesora de la Dirección Administrativa del Senado de la República (folios 786 a 793 C.O.4., las necesidades de mantenimiento de los equipos eran reportadas por el Jefe de la Sección de Grabaciones y el Secretario General del Senado, por los daños sufridos por el mal uso que se les daba por parte de los senadores y por lo delicado de los mimos, lo que hace que dejen de funcionar una hilera completas de equipos que impediría que los Senadores intervinieran en las sesiones. Por su parte a folios 794 y 795 del C.O.3., se observa la declaración de EMILIO RAMÓN OTERO DAJUD, secretario general del Senado de la República donde manifiesta que sin los equipos de audio y de grabación, seria imposible hacer

las transcripciones y enviar a publicación las actas producto del desarrollo de las sesiones plenarias. 10 En este sentido, es menester declarar que la necesidad del manteniendo preventivo y correctivo de los equipos de sonido en las comisiones y en las oficinas de grabación y relatoría era de carácter permanente y continúo, que implicaba que se tuviera que suscribir el contrato de prestación de servicios para tener en optimo funcionamiento dichos equipos de audio y grabación, por lo esta conducta no está llamada a prosperar. En lo atinente al contrato No. 03-154-0-99 de 27 de diciembre de 1999, celebrado con la sociedad COMERCIAL DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, para adquirir equipos de cómputo de desarrollo del YK2, (folios 192 a 195 C.O1) a juicio de la Delegada esta conducta, no debe ser objeto de reproche disciplinario por lo siguiente: A folio 463 y 464 del C.O.2., aparece la Resolución No. 099 de 1 de marzo de 1999, suscrita entre otros, por el implicado SALES DACCARETT, en su calidad de director Administrativo del Senado, por la cual se conforma un grupo de trabajo para que implemente las soluciones tendientes a prevenir traumatismos en las labores de dicha Corporación, ocasionadas por el cambio de dígitos en los diferentes equipos al finalizar el milenio. A folios 460 y 462 del C.O.2, se observa el acta No. 10 de 26 de octubre al parecer de 1999, de la Mesa Directiva del Senado de la República suscrito, entre otros, por el Presidente, el Primer y Segundo Vicepresidente, el Secretario General y la

Secretaría Privada de la Presidencia, donde el director General Administrativo ELÍAS SALOMÓN SALES DACCARETT, presenta un informe manifestando que no hay recursos para responder la urgencia del YK2, ante lo cual los miembros le solicitan “adelantar las gestiones para conseguir el dinero con el Director Nacional de Presupuesto inclusive si es del caso este tema debería ventilarse en Plenaria”. A folios 465 a 494 del C.O.2., se observan las actas Nos.; 002 de 23 de marzo; 003 de 12 de abril; 004 de 6 de mayo; 005 de 25 de mayo; 006 de 31 de mayo; 007 de 25 de junio; 008 de 16 de septiembre; 009 de 25 de octubre; 010 de 10 de diciembre 1999, suscritas por los Jefes de las Divisiones de Planeación, Bienes y 11 Servicios y de Recursos Humanos, por el Delegado de la División Jurídica y el Coordinador, donde de manera reiterada exponen la necesidad de dar soluciones a la problemática del cambio de milenio y a la incidencia que tendría en las labores del Senado. Es procedente hacer mención al acta No 005 de 25 de mayo de 1999, donde se concluyó que los computadores asignados a la Comisiones Constitucionales y a las Unidades de Trabajo Legislativo, deben ser cambiados o actualizados en su gran mayoría (folios 475 y 476 C.O2). Por último, a folios 755 a 757 del C.O.3., se encuentra el escrito de 28 de abril de 1999, suscrito por los miembros del Comité año 2000, suscrito, entre otros, el

acusado ANGARITA NAVARRO, donde le exponen el plan de trabajo para afrontar el reto del cambio de milenio, así como las etapas que se deben desarrollar. A folio 197 del C.O.1 se observa el oficio de 24 de diciembre de 1999, suscrito por HERMES ANGARITA NAVARRO, dirigido a SALES DACCARETT, donde remite el proceso precontractual adelantado para la adquisición de equipos para el desarrollo del YK2, recomendando para su adjudicación, a la firma COMERCIAL DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, atendiendo lo precios del mercado. Significa lo anterior que, con anterioridad a la suscripción del acto bilateral No. 03154-0-99 de 27 de diciembre de 1999, se había planteado la necesidad de adquirir computadores por el cambio de milenio (YK2), con el fin de poder llevar a cabo el plan de contingencias que se había elaborado por el Comité creado por Resolución No. 099 de 1 de marzo de 1999. En tal virtud es del caso manifestar, que esta conducta del primer cargo está desvirtuada. En consecuencia se impone la absolución del acusado respecto primer cargo formulado. 12 El segundo cargo se contrajo al hecho de suscribir el contrato No. 03-142-0-99, con ALIMENTOS PLAZA LTDA (folios 234 a 238 C.O.1 y 250 a 254 C.O.2) para adquirir los equipos eléctricos para el restaurante empresa que no tenía dentro de su objeto social, el suministro de tales equipos. De la revisión del certificado de la Cámara de Comercio de Bogota, expedido el 9 de octubre de 2001, (folios 58 y 59 C.O.1), se verifica que la sociedad contratista tenia

por objeto social “La representación, comercialización y/o producción de productos alimenticios, precederos y no perecederos”. Por otro lado se observa, que en la cláusula primera del mencionado negocio jurídico el objeto del contrato, entre otras cosas, consistía en suministrar, por parte de la sociedad contratista, al Senado de la República, una estufa industrial eléctrica de cuatro puestos, plancha y un horno, un baño de maría eléctrico con seis azafates, un freidor industrial eléctrico, una licuadora institucional, un horno microondas industrial, una maquina para preparar café expreso y capuchino. Lo expuesto permite afirmar, que se contrató con una empresa que no tenía experiencia en el ramo de suministro de equipos para restaurante, ya que como quedó demostrado su objeto social era la representación y comercialización de productos alimenticios Se tiene entonces que se quebrantó el numeral 1, del artículo 40 de la Ley 200 de 1995, toda vez que se infringió el deber de cumplir la ley; el numeral 8 del artículo 24 del la Ley 80 de 19993, por cuanto no se obró en interés de la sociedad actuando con abuso de poder y el articulo 29 ibídem por cuanto no existió una selección objetiva. Por lo anterior este cargo se encuentra probado. 13 Con relación al tercer cargo, se le atribuye al encartado suscribir el contrato No. 03154-0-99 de 27 de diciembre de 1999 (folios 192 a 195 C.O.1), existiendo sobrecosto aproximado de $18.200.000,oo. Efectivamente en la cláusula primera del acto bilateral materia de cuestionamiento disciplinario, se estipuló que el valor unitario de los computadores Compaq Deskpro

EN era $6.546.4000 y el de los Compaq Dedskpro EP de $4.379.200 señalándose sus características técnicas. Examinados los documentos soporte del cargo se tiene, que evidentemente a folios 75 y 76 del C.O.1 aparecen el listado de los precios a septiembre de 1999, de los computadores adquiridos por el Senado de la República, expedido por la empresa COMPAQ COMPUTER DE COLOMBIA S.A. donde se verifica que los computadores Compaq Deskpro EN, tenían un valor unitario de US$1.459,oo y en razón a la tasa de cambio representativa del Mercado, expedida por el Secretario de Desarrollo de la Superintendencia Bancaria (folios 84 y 85 C.O1) a 27 de diciembre de 1999, fecha en que se suscribió el contrato materia de estudio era de $1.874,58, lo que da un valor por cada computador de $2.735.012,22, que constituye un sobrescosto, ya que el precio de compra, por parte del Senado de la República fue de $6.546.400,oo. Lo anterior permite afirmar que los computadores fueron adquiridos por el Senado con un sobrescosto de $3.810.987,78 por unidad y atendiendo que se compraron 7, el sobreprecio final fue de $26.676.914,46, suma superior a la señalada, aun en el pliego de cargos. Respecto a la adquisición de los computadores Compaq Deskpro EP, una vez revisada la lista de precios visible a folios 75 a 83 del C.O.1 allegada por las empresas COMPAQ COMPUTER DE COLOMBIA S.A. y MACRO CÓMPUTO, es del

caso manifestar que los computadores adquiridos por el Senado de la República, por medio del acto bilateral ante mencionado, no reúnen las características técnicas de los computadores Compaq EP Pentiun III 500 relacionados en dichos listados, por lo 14 cual no se puede abordar en esta instancia el estudio del posible sobreprecio, ya que se requiere que exista o un listado de precios o un dictamen o experticio rendido por autoridad competente que permita establecer el mismo. Por lo anterior se quebrantó el numeral 1, del artículo 40 de la Ley 200 de 1995, por cuanto no se cumplió la ley contractual, toda vez que se que se desconoció el principio de responsabilidad contemplado en el articulo 26 de la Ley 80 de 1993 y el de transparencia de que trata el artículo 25 numeral 1, por cuanto ha debido escogerse la oferta más favorable para los intereses económicos de la entidad. Por anterior este cargo se encuentra parcialmente probado. El cuarto cargo endilgado al acusado, se hizo consistir en el hecho de haber suscrito el contrato No. 03-154-0-99 de 27 de diciembre de 1999, con la sociedad COMERCIAL DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, habiéndose presentado por parte de JUÁN MEDINA a nombre del CENTRO MECÁNICO DE PRECISIÓN –C.M.P-., una cotización no acorde con la verdad, ya que dicho oferente no tenía venta de computadores, ni el local funcionaba en el sitio señalado. Así mismo se le cuestionó el hecho de que la propuesta de GLOBO SERVICIOS Y SISTEMAS era apócrifa. El numeral 3 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, que desarrolla el principio de

economía, trae como obligación de los servidores públicos al contratar la de obrar bajo el claro e inequívoco entendimiento de que una de las finalidades esenciales la constituye el cabal cumplimiento de los cometidos estatales. En consecuencia no puede ser de recibo por parte de la Delegada el argumento expuesto por el implicado SALES DACCARETT, en sus descargos, cuando manifiesta que dentro de sus funciones no estaba las relacionadas con la etapa precontractual, ya que ésta estaba radicad en la División de Bienes y Servicios del Senado, por cuanto el artículo 26, numeral 2, del Estatuto General de la 15 Contratación Pública es muy claro al establecer que los empleados públicos responderán disciplinariamente de sus acciones y omisiones antijurídicas. De otra parte, a folios 30 a 178 del anexo 1, aparece la Resolución de Acusación de 20 de marzo de 2002, proferida por el Fiscal de la Unidad Nacional de Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Administración Pública, donde al analizar el contrato materia de cuestionamiento en este cargo (folios 105 a 106), manifiesta que se realizó inspección judicial a las oficinas de las empresas que presentaron sus propuestas, donde respecto a la allegada por JUAN MEDINA a nombre de la empresa CENTRO MECÁNICO DE PRECISIÓN –C.M.P.-, se evidenció que dicho oferente hacía más de cinco o seis años que no residía en ese edificio. Lo anterior permite afirmar, que la cotización presentada por JUAN MEDINA, para poder participar en la adquisición de computadores por parte del Senado de la

República, a través de la Dirección General Administrativa, no se ajustó a la realidad, ya que no se dedicaba a comercializar computadores, ni tenía una oficina donde ejerciera esa actividad comercial. En lo referente a la propuesta presentada por la sociedad GLOBO SERVICIOS Y SISTEMAS LTDA., su representante legal EDGAR GEOVANY SOTO FAGUA, en declaración rendida bajo la gravedad del juramento, ante la Fiscalía General de la Nación, (folio 106 y 107 del anexo 1., sostuvo que no presentó cotización alguna y que la firma que aparece no es la suya. El anterior medio probatorio, que sirve de base a este Despacho para tener certeza sobre los hechos narrados, permite afirmar que dicho documento fue apócrifo en la medida que la empresa GLOBO SERVICIOS Y SISTEMAS LTDA, no presentó propuesta alguna para participar en la contratación de de losa equipos de cómputo. Todo lo anteriormente narrado permite deducir que, las propuestas presentadas por las sociedades CENTRO MECÁNICO DE PRECISIÓN –C-M-Py GLOBO SERVICIOS Y SISTEMAS LTDA, para la adjudicación de los equipos de computo del 16 YK2, se hizo para darle un viso de legalidad a un contrato que de por si tenía un sólo eferente con quien se contrató efectivamente. Se tiene en consecuencia que, se vulneraron el numeral 1 del artículo 1 de la Ley 200 de 1995, ya que se incumplido el deber de cumplir la ley, por cuanto desconoció el artículo24, numeral 8, ya que en sus actuaciones los empleados estatales están obligados a obrar en interés de la sociedad y por lo tanto no debe actuar con abuso o desviación de poder.

Igualmente se infringió el numeral 3 del artículo