PGN - OMISION DE DENUNCIA - Los servidores públicos que conozcan de hechos delictivos debe

ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PÚBLICA

Radicación: 162-46301/00

Disciplinado: GONZALO VÉLEZ, SELENE LUCIA ROA y CAROLINA ISAZA

Cargo: Director, Jefe de División y Asesora Dirección Promoción

SENA Quejoso: Oficina de Control Interno del SENA Fecha queja: 11 de septiembre de 2001

Fecha hechos: 27 de octubre de 1999

Asunto: Fallo de primera instancia

Bogotá D.C., 05 de junio de 2003

I. ASUNTO Procede el Despacho a proferir fallo de primera instancia en el proceso disciplinario adelantado contra GONZALO VELEZ VILLEGAS, SELENE LUCIA ROA REYES y CAROLINA ISAZA RODRIGUEZ, en condición de Director, Jefe de División y Asesora, de la Dirección de Promoción y Cooperación, respectivamente, del SENA, cumplidos como se encuentran los presupuestos consagrados en el Código Disciplinario Único y no observándose causal de nulidad que invalide la actuación.

II. HECHOS Mediante oficio 2097-25034 del 11 de septiembre de 2000, el Coordinador del Grupo de Control Interno Disciplinario del SENA remitió a la Procuraduría General de la Nación, la indagación preliminar que adelantaba contra GONZALO VÉLEZ VILLEGAS, Director de Promoción y Cooperación del SENA y otros funcionarios de la dependencia, para que continuara su trámite en esta entidad, por falta de

competencia para investigarlo, dado que el cargo desempeñado por el disciplinado era del mismo nivel de Secretario General conforme al organigrama de la entidad. Las diligencias remitidas tuvieron origen en la auditoría efectuada por el Grupo de Control Interno del Sena al Convenio No. 0075/99 celebrado con la firma PARDONELO, en donde se detectaron irregularidades en la evaluación y calificación del proyecto presentado por la firma mencionada, el cual sometieron a aprobación de la Comisión Nacional de Proyectos de Competitividad y Desarrollo Tecnológico Productivo, apoyados en informaciones que no se ajustaban a la realidad, anexaron con posterioridad documentación sobre el estado real de la sociedad y remitieron el convenio a la Dirección General del SENA sin el cumplimiento de los requisitos legales, para proceder a su suscripción.

III. TRÁMITE DEL PROCESO Este Despacho, mediante auto de junio 11 de 2001 (Fls. 12 a 28), abrió investigación disciplinaria contra GONZALO VÉLEZ VILLEGAS, Director de Promoción y Cooperación del SENA, SELENE LUCIA ROA REYES, Jefe de la División, CAROLINA ISAZA RODRÍGUEZ, Asesora, RUBÉN DARÍO VALENCIA, Jefe de la Oficina Jurídica; y HARRY DE JESÚS ARROYAVE CARDONA, asesor de la

Secretaria Técnica. Con proveído de diciembre 3 de 2001 (Fls. 99 a 125), formuló cargos a GONZALO

VÉLEZ VILLEGAS, SELENE LUCIA ROA REYES y CAROLINA ISAZA RODRÍGUEZ,

y ordenó el archivo de las diligencias contra los demás investigados. Surtida la notificación personal del auto de cargos, los disciplinados descorrieron el traslado dentro del término legal (Fls. 136, 222 y 246), solicitaron la práctica de 1 pruebas sobre las que se resolvió mediante proveídos de julio 3 de 2002 y septiembre 27 de 2002 (Fls. 259 y 368). La condición de servidores públicos de los investigados se encuentra acreditada en el proceso con los documentos que obran a folios 63 y SS, y 201 cuaderno 1.

IV. CARGOS La conducta irregular imputada al Doctor GONZALO VÉLEZ VILLEGAS, en su calidad de Director de Promoción y Cooperación de la Dirección General del SENA se puede sintetizar así: 1.- Presentó a aprobación de la Comisión Nacional de Proyectos de Competitividad y Desarrollo Tecnológico Productivo, en la sesión de octubre 16 de 1999, “la matriz para convenio con empleadores de Padornelo”, con cifras no ajustadas a la realidad de la empresa, generándose de esta forma la escogencia de un contratista que no cumplía los requisitos legales para la celebración del Convenio 075 suscrito en diciembre 16 de 1999. 2.- Omitió verificar los datos reportados en la “Matriz para convenio” de la propuesta presentada por la firma Padornelo S.A. elaborada por las doctoras SELENE LUCIA ROYA REYES, Jefe de la División de Cooperación y CAROLINA ISAZA RODRÍGUEZ, Asesora de la División de Cooperación, deber que le imponía el ejercicio del cargo de Director y jefe inmediato de la Jefe de División de Cooperación.

3.- Omitió sus funciones como miembro de la Comisión Nacional de Proyectos de Competitividad y Desarrollo Tecnológico Productivo, en donde no solo era de oyente, sino de participante en su calidad de Director de área, lo que le imponía la obligación de llevar para la aprobación de la comisión los proyectos a realizar, y la obligación de revisar y responder por la información que presentaba. 4.- Conocidos los datos reales del estado de la firma Padornelo no denunció los hechos irregulares ante las autoridades competentes. La conducta irregular imputada a la Doctora SELENE LUCIA ROA REYES, en su calidad de Jefe de la División de Cooperación se puede sintetizar así: 1.- Realizó con CAROLINA ISAZA RODRÍGUEZ el estudio y análisis de la propuesta de Padornelo S.A., para someterla a aprobación de la Comisión Nacional de Proyectos de Competitividad y Desarrollo Tecnológico Productivo, incluyendo en la matriz para convenio con empleadores de Padornelo, cifras no ajustadas a la realidad de la empresa, teniendo la obligación de incluir y analizar las cifras reales en cuanto a los datos que debía contener la matriz que le correspondía a cada empresa. Situación que con llevó la escogencia para la celebración de un convenio a una empresa no apta, de acuerdo a las exigencias contempladas en la Ley 29 de 1990, Decreto 393 de 1991, Decreto 585 y 591 de 1991, en cuanto tiene que ver con el factor calificable de los aportes entratándose del grupo de empresas. 2 2.- Calificó junto con el Dr. VÉLEZ VILLEGAS, la conveniencia del proyecto, conociendo que los datos registrados en la matriz eran

irreales. 3.- Como miembro de la Comisión Nacional de Proyectos de Competitividad y Desarrollo Tecnológico Productivo incumplió la obligación de llevar para la aprobación de proyectos, informes que se ajustaran a la realidad y por ende que la escogencia se efectuar dentro de los marcos legales, pues su función dentro de ella no solo era de oyente, sino de participante en atención al cargo de Jefe de División de Cooperación, que desempeñaba. 4.- Conocidas las irregularidades de la matriz de Padornelo no denuncio a las autoridades competentes. La conducta irregular imputada a la Doctora CAROLINA ISAZA RODRÍGUEZ, en su calidad de Asesora de la División de Cooperación, se puede sintetizar así: 1.- Teniendo en todo momento a su cargo la obligación de estudiar y analizar la matriz de Padornelo, incluyó cifras que no eran reales, situación que favoreció a la firma para la suscripción de un convenio con el SENA, siendo una empresa no apta, por carencia de requisitos, pretermitiéndose las exigencias contempladas para el efecto (ley 29/90, decreto 393 de 1991, Decreto 585 y 591 de 1991), en cuanto tiene que ver con el factor calificable de los aportes entratándose de grupo de empresa y que en su calidad de asesora del grupo de cooperación, se le obligaba a que la información a su cargo fuera precisa y ajustada a la realidad, evitando de esta forma que la Comisión Nacional de Proyectos de Competitividad y Desarrollo Tecnológico aprobara el proyecto ajustándose a la realidad y por ende que la escogencia se efectuara dentro del

marco legal. 2.- Solicitó el cambio de la documentación presentada a la Comisión Nacional de Proyectos, luego de realizada la reunión en donde fuera escogida la firma Padornelo para la suscripción del Convenio, entregando una matriz distinta de la que sirvió de base para la escogencia del contratista. 3.- Conocidas las irregularidades de la matriz de Padornelo no denuncio a las autoridades competentes. Como normas presuntamente violadas con las anteriores conductas fueron citados los numerales 1, 2, 3, 10, 22 y 25 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995. Las faltas fueron calificadas como graves e imputadas a título de dolo, para todos los investigados.

V. DESCARGOS GONZALO VÉLEZ VILLEGAS, al contestar el pliego de cargos (Fls. 136 y SS), solicita se le exonere responsabilidad, por estar incurso en la causal 4 de justificación de la conducta, contemplada en el artículo 23 de la ley 200 de 1995, esto es, haber actuado con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria. Para fundamentar su afirmación señaló que:

3 Fue traslado a la Dirección de Promoción y Cooperación el 8 de octubre de 1999, que en ese momento analizaba los proyectos presentados para la segunda y tercera asignación de recursos de la Ley 344/96. El Director Nacional había ordenado estar preparados para ejecutar de la manera más eficiente, los recursos arbitrados a última hora por el gobierno nacional. En cumplimiento de la orden impartida la División a cargo de SELENE LUCIA y sus

asesores, recicló proyectos presentados con anterioridad, que por alguna razón no habían sido aprobados, para lo cual no existía impedimento, se podían reclasificar o exigirles ajustes, entre ellos estaba el proyecto de Inversiones Padornelo S.A. El trámite de los proyectos de formación continua por esa época estuvo a cargo de su Despacho y se realizó a través de la División de Cooperación, como venía siendo efectuado por otra oficina manifiesta el trasteo de archivos y documentos pudo haber facilitado e inducido en los errores investigados. Que el SENA suscribió un convenio con la Fundación para Formación Continua de España FORCEM y las Doctoras Selene Lucia y Maria Carolina viajaron a recibir formación especifica en el manejo de los programas de esta área, situación que le generó credibilidad y confianza sobre las funcionarias, que también gozaban de la confianza del Director General. Sobre la metodología que se surte para la celebración de convenios de educación continua afirma que está reglada en la Ley 344 de 1996 y normas que lo reglamentan; y el Acuerdo 17 de 1997 del Consejo Directivo Nacional del Sena. Su trámite se inicia con una convocatoria la cual es divulgada ampliamente; se entregan los formularios a los interesados; se reciben los proyectos diligenciados y en la División de Cooperación los reparte entre sus asesores para su evaluación y calificación. En forma paralela se recolecta información sobre la existencia real de las empresas, el pago de aportes y estado de contratación de aprendices. Culminada esta etapa, el Director hace un análisis de conveniencia de acuerdo a los recursos disponibles,

solicitudes y demás; y convoca a la Comisión Nacional de Proyectos de Competitividad y Desarrollo Tecnológico para que apruebe la viabilidad de los proyectos clasificados y calificados. En relación con el diligenciamiento con datos falsos de los documentos de la firma Padornelo para favorecerla, afirma que fue asaltado en su buena fe y confianza por los autores intelectuales y materiales del hecho, por cuanto confió en la rectitud y responsabilidad de las encargadas de la evaluación y que como desconocía la falsedad de los documentos los presentó desprevenidamente al Comité. Que si posteriormente se cambiaron los cuadros, le es imposible físicamente precisarlo, porque partía de la credibilidad y buena fe de sus subalternas Selene Lucia y Maria Carolina, que acababan de regresar de España, en donde reitera recibieron entrenamiento profesional para garantizar la eficiencia y objetividad del proceso de selección de los contratistas de formación continua. Adicionalmente afirma que no tiene el don de la clarividencia para haber sospechado de la adulteración y falsedad de las cifras consignadas en la matriz de esta empresa, con el fin de favorecerla, de lo cual solo se enteró en el trámite del proceso disciplinario en febrero de 2000, luego de transcurridos dos meses de aprobado el proyecto. 4 En relación con la imputación que se le hace de que como jefe estaba en la obligación de verificar los datos que correspondían a cada empresa, manifiesta que no comparte la apreciación pues para ello existe la división del trabajo, como instrumento dinamizador y creador de un proceso y como elemento indispensable para la eficiencia y eficacia de la administración, que la revisión de todos los datos de

todas las empresas era un imposible físico, por ello solo efectuaba un chequeo selectivo de datos y cifras, y hacia una comprobación de datos globales. Respecto al análisis de conveniencia afirma que se cumplió, tal como aparece en la ficha técnica del proyecto y que para los casos en que se cometan errores, existen las pólizas de cumplimiento, la evaluación, seguimiento y control al desarrollo de los proyectos, que permite corregir los rumbos e imprecisiones, amen de la interventoría y el control interno que coadyuva a salvaguardar los intereses del Estado. Dice que no violó, ni inobservó ninguno de los numerales citados del artículo 40 del Código Disciplinario, por cuanto siempre ha sido un funcionario cumplido y honesto. Sobre sus funciones en el Comité manifiesta que no era presentar proyectos y programas para aprobación, sino llevar los que llenaban y cumplían los requisitos previstos o exigidos técnica y administrativamente, que el proyecto investigado fue presentado de una manera general y esquemática con los cuadros de resumen, con toda la responsabilidad y seriedad que ello implica, que lo presentó porque creía que se ajustaba a la realidad y que no sospecho que la información hubiera sido adulterada o imprecisa. Cuando se enteró de la irregularidad se reunió con el Director General del Sena y la representante legal de Padornelo, para solicitar la terminación del convenio por mutuo acuerdo, la cual se firmó finalmente en agosto de 2000, allegó fotocopia de la mencionada acta y del Acta 002 de febrero 28 de 2000 en donde se ve la prudencia con la que manejo el asunto, una vez conoció la irregularidad. Que en forma paralela

a estas diligencias el director general ordenó investigar las irregularidades a la Oficina de control interno y denunció a la Fiscalía. Que si no puso en conocimiento de las autoridades los hechos con antelación eran porque no conocía las irregularidades. Que si alguien cambió los datos de la matriz que responda, pero él sólo rubricó el cuadro presentado a la Comisión como al Consejo Directivo Nacional donde supuestamente están los valores adulterados por aportes al Sena en los años 1997 y 1998, los cuales le concedían derecho a beneficiarse de la suma adjudicada, que pudo haber firmado otro cuadro luego de la presentación a la Comisión, confiando en la Jefe de la División Selene Lucia, para ser anexada al Acta del Comité porque así lo exigía la Secretaria Técnica de la Comisión, Dra. Sonia Arciniegas, pero sin tener conciencia de que se trataba de una nueva matriz, pues reitera solo conoció el hecho en febrero de 2000. Que si se comprueba la sustitución o cambio del documento no vacila en señalar a la Jefe de la División como la única responsable del hecho, por cuanto no hubo otros actores o intermediarios, ella le presento la matriz en tres copias y él se las rubricó. Sobre la selección de una empresa no apta por la carencia de requisitos contemplados en la Ley 29 de 1990, Decreto 393 de 1991, Decreto 585 y 591 de 1991 señala que hubo un procedimiento anómalo, calculado y concebido para defraudar la entidad, pero ni el, ni el director, ni los miembros de la Comisión Nacional de proyectos lo pudieron advertir. SELENE LUCIA ROA REYES, descorrió el traslado a través de apoderado (Fls. 222

y SS), quien solicita se profiera a favor de su procurada cesación de procedimiento 5 por falta de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad en su accionar como Jefe de la División de Cooperación del SENA. Sobre el cargo relativo a la presentación a la Comisión Nacional de Proyectos de Competitividad y Desarrollo de una matriz con cifras no ajustadas a la realidad, señala que se toma como base para la afirmación, la versión de la implicada obrante a folio 40 en donde dice que los proyectos eran calificados entre Carolina y ella. Sin embargo, considera que debe tenerse en cuenta que no obra prueba al respecto. Que la investigada solicitó los aportes que aparecían efectuados al SENA por 154 empresas y los puso a disposición de los funcionarios de la dependencia, para que de allí sacaran el dato durante la evaluación, situación que demuestra que actuó bajo el principio de buena fe. Como también el hecho de que la matriz entregada a la Doctora Sonia Arciniegas Betancurt con la firma de su superior inmediato, fue la misma que se repartió durante la reunión de la Comisión, con la única diferencia que incluía las sugerencias aprobadas en la primera sesión (FL. 285), sobre las tres matrices que aparecieron de la firma Padornelo, dice que la primera fue la sometida a aprobación de la Comisión el 3 de noviembre de 1999; la segunda la entregada por Carolina Isaza a Harry Arroyavé, en donde la investigada incorporó las observaciones que el Comité hizo a la primera; y la tercera.- la solicitada por la Dra. Carolina a su defendida, luego de la reunión del Comité, cuando aparecieron dos matrices sobre la misma empresa, pero manifiesta que es idéntica a la primera.

Afirma que no está probado en el proceso que el estudio y análisis de las propuestas lo hizo la investigada con Carolina Isaza, ni que estuvieran en la obligación de incluir y analizar las cifras reales, como se anota en el cargo y lo manifestó la investigada en su versión libre, pues para que un proyecto llegara a la Comisión debía superar varias etapas, la evaluación, la selección de los proyectos viables, la elaboración de la matriz, la calificación y finalmente su complementación y actualización de la matriz. Que la evaluación la realiza la Secretaria Técnica normalmente, pero en este caso, como no tenía evaluación previa, la labor estuvo a cargo de la División de Cooperación, como se aprecia de las declaraciones de Josefina Valencia, Adriana Maria Ferrari Montoya, Margarita Giraldo Correa y lo manifiestan las investigadas al señalar que las carpetas para estudio se reparten entre los asesores de la División para ser evaluadas, calificadas y posteriormente se insertan a una matriz. En el caso de Padornelo obra prueba de que la evaluación la realizó Carolina Isaza y Rosalía Hernández, como se tiene de lo dicho por Margarita Giraldo Correa, Aleyda Gómez Córdoba, la versión de su poderdante y la de la misma Carolina, quien afirma que diligenció la matriz con los documentos entregados por Rosalía, los cuales Rosalía niega haber suministrado. Adicionalmente, refiere que su procurada no manejaba el computador como se acreditó con las declaraciones de Luz Cristina Chivara Pacheco y Maria Margarita Giraldo Correa, por lo que no hay prueba que indiquen que su defendida hubiera ingresado datos a ninguna de las versiones de la

matriz aparecidas, ni que la hubiera elaborado y que la evaluación de viabilidad la hizo sobre las cifras reportadas en la matriz, que creyó eran “reales”, situación que desconocía la investigada, que actuó de buena fe. Respecto a las consideraciones del auto de cargos en el capítulo titulado descripción de la conducta violatoria, sustento probatorio, refiere que no se citaron cuales eran las pruebas que soportaban el cargo, que siempre se hace referencia a las versiones libres rendidas por ella y los demás investigados, que solo tienden a explicar la conducta, pero no incriminan a nadie, que tampoco se explicó frente al deber contemplado en los numerales citados como violados del artículo 40 de la Ley 200 de 1995, cual era el comportamiento que se cuestionaba, ni cual el verbo rector 6 infringido, sino que se emplearon todos los verbos rectores señalados en la regla, pero no se analizó el aplicable a la situación de su defendida, lo que en su sentir torna la acusación vaga, ambigua, dificulta su defensa y además configura la causal 3 de nulidad contemplada en el artículo 131 ibídem. Sobre el deber de denunciar señala que puso en conocimiento de su jefe el hecho cuando se enteró, por lo que debe absolvérsele de responsabilidad. Respecto a la imputación de que actuó con culpa y con grave negligencia, dice que no tenía la obligación de revisar los datos de las 600 casillas de la matriz y menos cuando nunca se habían presentado problemas, que los funcionarios eran competentes, diligentes y se confiaba en que actuaban de buena fe, que no pudo evitar el resultado previsible,

porque no estaba previamente enterada y no podía hacer nada para evitarlo. Concluye señalando que las conductas imputadas no son típicas, antijurídicas o culpables y por lo tanto no hay falta disciplinable, deben revocarse, cancelarse e invalidarse los cargos y para proferir cesación de procedimiento contra su defendida. MARIA CAROLINA ISAZA RODRÍGUEZ, descorrió el traslado en forma personal, pide que se le exonere de responsabilidad disciplinaria y se proceda al archivo de las diligencias. Señala que la redacción del cargo no le permite conocer si lo que se cuestiona es la escogencia por parte del SENA de una firma no apta; o si lo que se cuestiona, es que la asesora fue quien la escogió, que en el primer caso el responsable es el Comité; y en el segundo, ella no seleccionó la firma, ni intervino en su aprobación. Encuentra que deben revisarse las razones por las cuales el proyecto de la empresa Padornelo revivió de sus cenizas y llegó para su revisión, sin la evaluación y calificación negativa anterior, que solo apareció cuando la oficina de control interno adelantaba el disciplinario. Que si existió una conspiración para favorecer a la empresa Padornelo, nació desde el momento en que la Secretaría Técnica, recuperó como por arte de magia una propuesta que no tenía validez, puesto que de acuerdo a la Ley de Ciencia y Tecnología es requisito excluyente el valor de los aportes parafiscales, el de esta empresa era $0.00, en estas condiciones la propuesta no podía ser estudiada, ni calificada; y así se envió para nuevo estudio, por parte de los

asesores. Circunstancias que en su sentir muestran un cúmulo de inconsistencias que concluyen en acomodar la responsabilidad del hecho en cabeza suya, en forma gratuita, pues el manual de funciones, ni ningún acto administrativo la había designado como la única persona que elaborará las matrices, ni su condición de subalterna le permitía opciones de escoger las firmas que debía estudiar, ni su computador funcionaba como una central de inteligencia que operara únicamente bajo sus ordenes, que las oficina públicas trabajan encadenadas, coordinadas y mutuamente enlazadas, comparten la información y no existen reservas de documentos, la tarea de evaluación y alimento de las matrices, no era solamente suya todos los asesores intervenían en las informaciones y alimentación de datos reportados por otras oficinas, siempre para estudio y aprobación de los jefes, que las matrices se acompañaba de un paquete contentivo de lo resumido en el cuadro, documentos de trabajo susceptibles de cambios y ajustes. La matriz que entregó a la Doctora Selene con suficiente anticipación era un consolidado de por lo menos 8 versiones previas, la cual no apareció nunca en el proceso de selección, que la elaborada por ella fue la presentada al rendir su versión libre, la cual fue rescatada de la memoria del computador, la misma entregada a la Doctora Selene y la única que reconoce como propia. La matriz entregada a la 7 Comisión y al señor Arroyave, no fueron elaboradas por ella, sino le fueron entregadas por la Dra. Selene, aunque ella lo niegue. Que no se le puede atribuir la inclusión de datos erróneos o diferentes en la matriz que estudio el comité, porque esa matriz no es oficial, sino un documento de trabajo,

que carecía de firma o señal de autoría, por lo que no puede responder por los datos que aparecen en los dos cuadros, por que carecen de fuerza vinculante. El cuadro que elaboró y entregó a Selene no fue visto por nadie, ni presentado a consideración del Comité, pues quienes tenían la obligación de confrontarlo con el fólder dicen no haberlo revisado, así lo manifiestan los doctores Vélez y Roa, lo cual le parece irrazonable, pues lo único que tratan es de descargar su responsabilidad. Que se especuló mucho en el proceso respecto de la exclusividad de la información y la serie de guardas y contraseñas que presuntamente tenia su computador, lo cual hace fácil desentenderse de sus obligaciones propias, pero lo cierto es que los funcionarios del SENA estaban en posibilidad de acceder a la información de su computador, no solo porque es un bien de uso de la oficina, sino porque le mando poner contraseña de inicio en enero de 2000, según lo corrobora Rafael Francisco Pérez, de la oficina de sistemas en su declaración de marzo 12 de 2000. Que en el proceso administrativo se surten por lo menos 10 pasos, todos de verificación y control y que resulta ilógico que se crea que no fueron detectados y además sacar varios modelos de cuadros con diferente información contraria a la prescrita en las normas, como también que después de 19 años en la entidad cumpliendo en forma estricta sus funciones, de haber sido calificada con excelentes, premiada con especialización en el exterior y de haber recibido reconocimientos escritos en diferentes administraciones, las tirara por la borda haciendo gala de negligencia. Que debe estudiarse la responsabilidad de su superiores, pues encuentra que fue la

más afectada por la escogencia de la empresa, pero que como no se tomaron el trabajo de mirar si lo allí consignado era cierto o no, no se pudo precisar que hubiera sido la matriz entregada a su jefe días antes. Si no saben cuál fue la entregada porque no la revisaron, como puede afirmase que es la misma que estudió la comisión. Que no incurrió en violación de los deberes señalados en el artículo 40 del Código Disciplinario, pues no se le especificó cual era la reglamentación que le imponía actuar de una determinada manera, ni se probó que esa tarea o ejercicio le correspondiera. Respecto a la omisión del deber de denunciar, dice que solo tuvo conocimiento del hecho cuando fue llamada por la oficina de control interno a rendir su versión. Pide que se de aplicación al principio in dubio pro disciplinado (Art. 29 C.P.), según el cual se presume su inocencia hasta tanto haya sido declarada responsable y como no se ha probado su responsabilidad se le absuelva. CONSIDERACIONES DE LA SOLICITUD DE NULIDAD 1.- Los apoderados de las investigadas SELENE LUCIA ROA y MARIA CAROLINA ISAZA RODRIGUEZ, solicitan la nulidad del auto de cargos, pues en relación con los deberes señalados en los numerales 1, 2, 3, 10, 22 y 25 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995, referidos como violados, no se explicó frente a cada uno cuál era el 8 comportamiento que se cuestionaba, cuál el verbo rector infringido, sino que se emplearon todos los verbos rectores, sin analizar el aplicable a sus situaciones, lo

que en su sentir torna la acusación vaga, ambigua, dificulta su defensa y además configura la causal 3 de nulidad contemplada en el artículo 131 ibídem. 2.- La causal tercera de nulidad del proceso disciplinario contemplada en el artículo 131 de la Ley 200 de 1995, señala que es causal de nulidad “la ostensible vaguedad o ambigüedad de los cargos y la imprecisión de las normas en que se fundamente”. Respecto a la primera exigencia de la causal, la lectura de los cargos formulados a los investigados en el proceso permiten establecer que las faltas cuestionadas están referidas a haber presentado a aprobación de la Comisión Nacional de Proyectos de Competitividad y Desarrollo Tecnológico Productivo la matriz para convenio con empleadores de la firma Padornelo incluyendo cifras no ajustadas a la realidad de la empresa; aprobar el estudio y análisis de la propuesta de Padornelo S.A.; y omitir el deber de denunciar las irregularidades que afectaran el patrimonio del SENA. A Selene además, haber confeccionado la matriz con Carolina en las condiciones mencionadas, conductas que como se ve, son puntuales y concretas, frente a las cuales los peticionarios rindieron las explicaciones respectivas, las mismas que en breve resumen se dejaron expuestas en el acápite correspondiente de este proveído, luego es claro que las conductas cuestionadas no adolecen de vaguedad o ambigüedad. 3.- En lo relativo al segundo elemento exigido en la causal de nulidad, imprecisión de las normas, se tiene que el auto de cargos bajo el acápite “INDICACION DE LA(S)

NORMA (S) INFRINGIDAS”, afirma que con las conductas descritas pudieron resultar conculcados los deberes generales establecidos para los servidores públicos por el Código Disciplinario Único (Ley 200 de 1995), en los numerales 1, 2, 3, 10, 22 y 25 del artículo 40, los cuales se transcribieron en el documento, con lo cual se satisface la exigencia legal. No puede afirmarse validamente que existió imprecisión de las normas que sirvieron de fundamento al cargo, cuando se ha determinado el estatuto considerado presuntamente violado, la norma de ese estatuto y los numerales dentro de los cuales pueden tipificarse las faltas, los cuales por obvias razones se entiendes referidos a las conductas que se imputan. 4.- Adicionalmente, los motivos de anulación que exige la causal alegada, deben atentar de manera patente contra el derecho de defensa de los investigados, para que pueda dar lugar a la nulidad del auto de cargos, situación que en esta oportunidad tampoco se cumple. De suerte que, siendo las causales de nulidad del proceso disciplinario taxativas y limitadas a las cuatro situaciones contempladas en la norma, en donde no se establece la ausencia de valoración que exigen los peticionarios como causal de anulación, se despachará en forma desfavorable, la petición presentada en tal sentido. SITUACIÓN JURÍDICA DE GONZALO VÉLEZ VILLEGAS Y SELENE LUCIA ROA REYES Frente a los cargos 1, 2 y 3 formulados al Director General de Promoción y

Cooperación del SENA; y 2 y 3 de su Jefe de División de Cooperación. 5.-