PGN - OMISION - Definición

SALA DISCIPLINARIA Radicación No. : 014-041467 (161-00810)

Disciplinado : JOSELIN DIAZ AGUILLON

Cargo y Entidad : Director Corporación Autónoma Regional CAS Fecha hechos : 26 de mayo al 16 de julio de 1997

Fecha queja : 25 de febrero de 1998

Asunto : Omitir respuesta solicitudes

P.D. PONENTE : Doctor PEDRO PULIDO GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C.,11 de julio de 2002 En ejercicio de la competencia otorgada por el numeral 1o. del artículo 22 del Decreto 262 de 2000, procede esta Sala Disciplinaria a revisar por vía de apelación la Resolución No. 036 del 05 de marzo de 2002, por medio de la cual la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, declaró disciplinariamente responsable al doctor JOSELIN DIAZ AGUILLON en su condición de Director General de la Corporación Autónoma Regional de Santander “CAS” y en consecuencia le impuso sanción de Multa equivalente a doce (12) días del salario mensual devengado para la época de los hechos. ANTECEDENTES Las presentes diligencias se iniciaron con fundamento en la queja presentada por el Procurador Judicial Agrario, Doctor JOSE ROSEMBERG UPEGUI SANTOS, en la que refiere la existencia de posibles conductas irregulares, atribuibles al doctor JOSELIN DIAZ AGUILLON, Director de la Corporación Autónoma Regional de Santander “CAS”, al omitir dar trámite a los oficios y solicitudes que en forma reiterada le presentó para que ejerciera control a la

explotación y extracción del material de la cantera la Unión los Mangos del Municipio de Barrancabermeja.

CARGOS

2 La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa mediante decisión adoptada el 08 de agosto de 2000, formuló cargos al doctor JOSELIN DIAZ AGUILLON, en su condición de Director de la Corporación Autónoma Regional de Santander “CAS” en los siguientes términos (fl. 80 a 84): “No les dio trámite efectivo y oportuno a las siguientes solicitudes e informaciones del Procurador Judicial Agrario: 1. oficio 0159 de mayo de 1997, en el cual solicitaba información sobre las visitas practicadas al predio La Unión Los Mangos y actuaciones cumplidas con referencia a esa explotación considerada ilegal.

2. Oficio 0197 del 7 de julio de 1997, con el que le solicitó nuevamente la aplicación de medidas de seguridad por la explotación de recebo o materiales de construcción sin licencia ambiental. )

3. Oficio 203 del 16 de julio de 1997, con el que le solicitó comisionar al Biólogo OSCAR VARGAS para proceder en su compañía a una revisión general sobre las obras que se adelantan en Barrancabermeja, sin licencia ambiental y sobre las Canteras que son explotadas ilegalmente.

Los anteriores oficios los recibió el 27 de mayo, 8 de julio y 17 de julio de 1997, respectivamente procediendo a entregárselos para su diligenciamiento al contratista OSCAR VARGAS DIAZ, pero no avisó de ello al Procurador Judicial Agrario y no estuvo al tanto del trámite que tenía que realizar éste, no efectuó

el seguimiento que como Director del Organismo ambiental, le correspondía”. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El Operador disciplinario de primer grado, declaró disciplinariamente responsable al disciplinado por encontrar plenamente demostrado que el Procurador Judicial Agrario de Barrancabermeja, doctor JOSE ROSEMBERG UPEGUI SANTOS, mediante oficio No. 159 de mayo 26 de 1997 le solicita al doctor JOSELIN DIAZ AGUILLON la práctica de una visita a los predios La Unión los Mangos, por estar sometida a explotación ilegal. Además le informa que desde hace más de un año viene solicitando dicha inspección, sin obtener respuesta alguna (FL. 12) Que no obstante lo anterior, debió reiterar dicha solicitud mediante oficio No. 197 del 7 de julio de 1997, advirtiéndole además del prolongado silencio sobre su petición, y reiterándole adoptar las medidas de seguridad por la explotación de recebo y materiales de construcción, sin licencia ambiental (Fl. 13). 3 Mediante oficio 203 de 16 de julio de 1997 el Procurador Judicial Agrario le solicita al disciplinado que comisione al Biólogo OSCAR VARGAS para proceder en su compañía a una revisión general sobre las obras que se adelantan en Barrancabermeja, sin licencia ambiental y sobre las canteras que son explotadas ilegalmente (Fl. 14) Prueba documental que para el Fallador de Instancia evidencia que el disciplinado nunca se pronunció sobre los Oficios de 26 de mayo, 7 de julio y 16 de julio de 1997, enviados por el Procurador Judicial Agrario, en los cuales

le solicitaba la práctica de una inspección judicial al predio La Unión Los Mangos. Rechazó los argumentos de defensa del disciplinado, porque no es cierto que respecto de éstos oficios no era necesario dar respuesta por escrito, sino que eran para tomar medidas policivas con el fin de frenar las actividades mineras que se venían adelantando en el sector los mangos, pues independientemente si se ordenaba la práctica de la inspección judicial, tenía la obligación el disciplinado de informar al peticionario sobre la realización de la diligencia los hechos o las circunstancias por la s cuales no se podía realizar, si ese era el caso, y no dejar al Procurador Judicial agrario en suspenso ante la falta de respuesta. Advierte el A quo sobre la función del Ministerio Público representado por el señor Procurador Judicial, y de allí que los oficios enviados por éste merecían la mayor atención y diligencia por parte del disciplinado, para permitir el cumplimiento de la función del ente que éste representaba, lo que implica que al omitir tal respuesta, puso en peligro el cumplimiento de la función preventiva de éste órgano de control. En cuanto a lo indicado por el disciplinado, respecto a que no era el competente para proceder a acceder a lo solicitado, esos mismos argumentos que ahora esgrime, fueron los que debió comunicar al Procurador Judicial Agrario, enterándolo de los procedimientos que debía realizar, con el fin de solucionar la explotación del recebo o materiales de construcción sin licencia ambiental y no guardar silencio como lo hizo, pues quedó éste funcionario a la expectativa de una respuesta a lo solicitado, afirmación que además riñe con la

realidad, como se infiere del testimonio del señor OSCAR VARGAS DIAZ, biólogo que realizó una inspección en los predios de la unión los mangos, en la que manifiesta que constató la explotación que se estaba haciendo en este sitio 4 y procedió a decomisar una retroexcavadora, circunstancia sobre la que no se informó al Procurador Judicial RECURSO DE APELACION Notificado en legal forma el disciplinado de la decisión sancionatoria, interpuso recurso de apelación contra la ésta, solicitando se le releve de responsabilidad disciplinaria con fundamento en: Solicitud de Nulidad.

1. Se omitió la práctica de pruebas que eran fundamentales para demostrar su ausencia de responsabilidad. Entre ellas:  Inspección ocular en las oficinas de la CAS. Efectivamente obran en el plenario las Actas de Visita Especial practicadas a dichas Oficinas. La primera, el 19 de agosto de 19998, mediante la cual solamente se logró establecer la recepción de los tres oficios (fl. 23 y 24) y que sirvió de fundamento a la para verificar en el expediente los informes del señor Oscar Vargas con relación a su visita y al concepto técnico, donde aparecían los informes de visita con presencia del señor Procurador. A renglón seguido indica entre paréntesis “Leer declaración del señor Oscar Vargas”. A cambio de dicha prueba solo existe un informe del personero municipal del Puerto Petrolero en el que manifestó que el expediente e informe técnico si existía, pero había sido enviado al municipio de San Gil el día 3 de septiembre de 2001, pero que existe un

informe del Ingeniero Sergio Pimiento Niño que realizó el 29 de agosto de 2001, pero no tenía relación con lo que se estaba solicitando. Adujo que ahí se equivocó no solo la personería de Barrancabermeja, sino también la Procuraduría quien consideró que ese informe era el que se estaba requiriendo y no ordenó una nueva comisión a San Gil para inspeccionar verdaderamente el expediente, circunstancia esta que desconoce el derecho fundamental de defensa, ya que dicha prueba era importante para su defensa pues pretendía demostrar que si existían oficios que eran de conocimiento del Señor Procurador, e inclusive actas donde el aparecía haciendo presencia física como lo sostuvo el Biólogo Oscar Vargas en su declaración.  Declaración del doctor ROSEMBERG UPEGUI, prueba que fue denegada, pero que era fundamental para su defensa a fin de que éste aclarara sobre los oficios y especialmente a que él nunca se refirió a Derechos de Petición, sino a que se tomaran acciones para 5 evitar la explotación de la cantera los Mangos, como efectivamente se hizo.

2. Irregularidades en la Inspección Judicial y peritazgo. No se determinó en ella el daño ambiental, ni cuanta cantidad o material se extrajo de la recebera, máxime si se tiene en cuenta que con fundamento en éste, se le calificó la conducta como dolosa. En consecuencia consideró por no practicada ésta prueba a pesar de haberse negado en primera instancia, admitida en segunda y no practicada después de ordenada, lo que a su juicio genera violación al Derecho de Defensa.

3. Ambigüedad en el auto de cargos: No se le concretaron en forma clara

las circunstancias de tiempo, modo y lugar como concurrió (sic) la falta, porque simplemente el cuestionamiento se limitó a afirmar que no se le dio tramite efectivo y oportuno a las solicitudes e informaciones del Procurador Judicial Agrario, sin precisar el momento exacto en que ocurrió la falta, lo cual le impidió el derecho de defensa, ya que de haberlos conocido se hubiera esmerado en una demostración acorde con las mismas, es decir las circunstancias de agravación, atenuación. En cuanto a la Decisión de Fondo

1. Los cargos formulados no son ciertos, Si se dio respuesta. El oficio No. 0159 de fecha mayo 26 de 1997 se solicita la práctica de inspecciones de Carácter Técnico a las canteras de explotación de recebo y arena que venían operando en Barrancabermeja; y además adoptar las medidas legales. En ese mismo oficio, reconoce el señor Procurador que desde hace más de un mes, a él se le había anunciado que un Técnico de la Corporación iría a Barracabermeja, a conocer sobre la problemática ambiental, especialmente en las zonas de explotación de recebo, petición que fue atendida de inmediato designando para ello al Biólogo OSCAR VARGAS DIAZ, quien en su injurada reconoció que él le había entregado el oficio suscrito por el señor Procurador Agrario de Barrancabermeja; donde solicita dicha inspección. Afirmó que habló posteriormente por teléfono con el señor Procurador y le informó que para Barranca iba el Biólogo Oscar Vargas, solicitándole éste acompañar al técnico asignado en dicha

diligencia, la que efectivamente fue practicada en su presencia, razón por la que le sorprendió la apertura de investigación, ya que en conciencia sabía que le había atendido todos los requerimientos al instante. Lo anterior quedo demostrado en la declaración de Oscar Vargas y máxime cuando no se probó el deterioro ambiental. 6

2. Los Oficios enviados por el Procurador Agrario no constituyen Derecho de Petición. Considera el recurrente que el alcance de estos oficios era el que se tomaran las medidas policivas para frenar las actividades mineras que se venían adelantando en el sector Los Mangos del Municipio de Barrancabermeja, y que no se le diera respuesta a éstos. Reitera que ningún aparte del oficio 0159 del 26 de mayo de 1997, solicita que le informe sobre las actuaciones de la corporación y las medidas adoptadas, solamente que se tomen los correctivos con carácter urgente, solicitud que inmediatamente fue atendida, y el mencionado Procurador tenía conocimiento de ello, es más sabía que se había enviado un funcionario a atender sus requerimientos, el que además de practicar visita, decomisó una retroexcavadora, pero que debió devolverse por existir concepto de Jefe de la Oficina de Protección y Control que tal hecho era ilegal, porque la exigencia y expedición de la Licencia ambiental como el control de la explotación y regalías era de competencia del Ministerio de Minas y no de la

CAS.

3. Errónea interpretación de normas para Sancionar: No se puede confundir el derecho de petición con el contenido de lo que se pide, ni con la respuesta de la administración, ya que la norma se refiere a que “Cuando no fuere

posible resolver o contestar) sic (Resaltado es mío). La petición en dicho plazo se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora”. Que en este caso en particular, a pesar de no haberse hecho a través del derecho de petición, se resolvió la petición enviando al Técnico conforme lo hizo el peticionario y prueba de ello esta en el expediente, según versión de Carlos Arturo Porras. No se le respondió al interesado en principio por escrito, pero si se hizo de manera verbal, cuando se le informó que había sido comisionado el Biólogo Oscar Vargas, con quien debía coordinar las visitas.

4. No esta demostrada la culpabilidad. No aparece probada. Inexistencia de prueba, porque no hay duda que cuando la prueba ha sido obtenida desconociendo las formas sustanciales que impone su aducción, ordenamiento, producción, incorporación o se niegue, o cuando esta se deja de practicar desconociendo derechos fundamentales se sanciona con su inexistencia y no con la nulidad de la actuación procesal (FL. 190) CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA En la censura que hace el recurrente a la decisión proferida por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, no solo se controvierte la 7 realidad fáctica del proceso por cuanto se rechaza la existencia material del hecho, sino que también se alegan la existencia de causales de nulidad.

Cabe precisar, que en varias oportunidades esta Sala Disciplinaria ha advertido que el procedimiento disciplinario no es discrecional, sino que está estricta y suficientemente reglado por el Código Disciplinario Único, en forma tal, que

pretermitir alguno de sus elementos, puede determinar la nulidad de la actuación, cuando aquella se adecue a alguna de las causales taxativas descritas en el artículo 131 del C.D.U. En consecuencia esta Sala Disciplinaria procede a pronunciarse sobre cada una de las causales en que el recurrente fundamenta su petición, entre ellas la omisión en la práctica de pruebas, irregularidades en la visita especial practicada a la CAS, ambigüedad en el auto de cargos, así: 1. omisión en la práctica de pruebas Alega el recurrente que si bien es cierto se practicó Inspección ocular en las oficinas de la CAS, durante la misma no se logró el objetivo como era inspeccionar verdaderamente el expediente del predio La Unión los Mangos, como tampoco con las practicas posteriormente, ya que en ellas solo se determinó que efectivamente se recibieron los oficios enviados por el Procurador Judicial Agrario, y que el informe del personero Municipal del Puerto Petrolero, verificándose solo la existencia de un informe del Ingeniero Pimiento. Prueba ésta que fue solicitada por el disciplinado en su escrito de descargos, con el fin de “verificar si existe o no expediente e informes del señor Oscar Vargas con relación a la visita y al concepto técnico”. Revisado el contenido de las Actas de Visita Especial referidas por el recurrente, encuentra esta Sala Disciplinaria, que efectivamente durante la práctica de éstas se hicieron varias referencias al mencionado expediente, no obstante no se logró su revisión real, en razón a que no se encontraba en las Oficinas del CAS. No obstante lo anterior, revisado el acervo probatorio, encuentra esta Sala

Disciplinaria, que las mencionadas actas de visita, no constituyen la única prueba para demostrar la existencia del informe del contratista con relación a la visita y al concepto técnico como lo había solicitado el disciplinado, toda vez que, se escuchó en declaración (que reúne los requisitos legales) al señor 8 Oscar Vargas, y que permitió conocer de la fuente misma la realización efectiva de la Visita y la existencia del informe producto de ella. En consecuencia, los argumentos del recurrente no encuentran asidero probatorio, porque los hechos que pretendía demostrar y necesarios, a su juicio para relevarlo de responsabilidad disciplinaria, fueron demostrados a través de otro medio probatorio. Asunto diferente es que los hechos probados no constituyan para el Fallador de instancia eximientes de responsabilidad disciplinaria.  En cuanto a que no se le recepcionó testimonio al señor Procurador Judicial Agrario, a fin de que éste aclarara sobre los oficios y especialmente a que él nunca se refirió a derechos de petición, es pertinente precisar en primer lugar, que la decisión al respecto fue objeto de recurso de alzada siendo confirmada por ser improcedente, y en segundo lugar, que de ninguna manera tal negativa desconoce el derecho de defensa, y por lo tanto no genera nulidad de lo actuado.

1. Irregularidades en la Inspección Judicial y peritazgo (SIC) Otra causal de nulidad, cuyo reconocimiento se pretende es que no se probó el daño ambiental, ni la cantidad de material extraído. Pero que de la revisión del acervo probatorio por ésta instancia queda desvirtuada, ya que el Informe

Técnico (fl. 154 Cuaderno No. 2) No. 001 realizado por el geólogo ROBERTO

EDUARDO BERNAL M.P. 1214 del Consejo profesional de Geología, especialista en ingeniería industrial, no solamente deja constancia del daño ambiental causado sino que explica que el mismo se concreta a que la deforestación y desprotección de la capa vegetal del terreno ha ocasionado una acelerada erosión del terreno y desestabilización de taludes, lo que ha conllevado en un gran aporte de sedimentos a la ciénaga San Silvestre y a la pérdida de la armonía con la estructura general del paisaje, además que calcula que el material extraído es de aproximadamente 1.376.000 metros cúbicos. Corrobora lo expuesto por el informe técnico precedentemente mencionado, el encontrado durante la visita especial practicada en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Santander y presentado por el ingeniero SERGIO PIMIENTO NIÑO el 29 agosto del año en curso (2001) en el que aparece relacionado al punto 2.6 (explotación de material de recebo finca la Unión-Los Mangos), informe que se anexa, el cual consta de 11 folios. En éste se indica que efectivamente la explotación de dicha cantera afectó considerablemente el ecosistema del cuerpo lentico, y que la misma no esta 9 siendo explotada para la época de los hechos, sin embargo no se adelantaron las obras de cierre y abandono tales como la estabilización de taludes, reforestaciones, canalización de aguas de escorrentía y embellecimiento paisajístico y que según los cálculos realizados en el concepto técnico No. 980 de 1998 el volumen total de explotación en esta cantera fue de

1.200.000 m3 (fl. 1148-153 Cuaderno No. 2) (Negrillas fuera del texto), y que supera ampliamente la cifra de 10.000 metros cúbicos citada por el quejoso como permitida. Así las cosas, son equivocados los planteamientos esgrimidos por el recurrente para fundamentar la existencia de causal de nulidad de lo actuado, por violación al derecho de defensa y por ende al debido proceso.

2. Ambigüedad en el auto de Cargos: Porque a su juicio no se le concretaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar como ocurrió la falta.

Revisado el auto de cargos, observa esta Sala Disciplinaria, que se ajusta a los requisitos establecidos en el artículo 92 de la Ley 200 de 1995, y que los reproches elevados en su contra están redactados en forma clara y precisa, y señalan las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron enviados los oficios y el término en que debía contestarlos, porque el auto de cargos es una sola pieza procesal, y por lo tanto deben tenerse en cuenta todas y cada uno de los acápites de que se compone, se repite, el auto de cargos, no lo constituye solamente el pliego inculpatorio, sino su totalidad. Es tanta la claridad del mismo que el disciplinado supo perfectamente de que imputaciones defenderse en cada una de las etapas procesales correspondientes, razones suficientes para que no prospere la solicitud de nulidad impetrada por el recurrente. En cuanto a la decisión de Fondo: Realizadas las anteriores precisiones, se procede a la evaluación concerniente

tanto a la materialidad, como a la responsabilidad por los cargos endilgados, frente a los argumentos de defensa expuestos por el disciplinado en su recurso de apelación. Ha pretendido el disciplinado que se tenga como prueba absoluta única y definitiva, para demostrar que si dio respuesta a los oficios enviados por el señor Procurador Agrario, el mismo oficio de fecha 26 de mayo de 1997 en el 10 que el Procurador Agrario no solo solicita la práctica de inspecciones de carácter técnico a las canteras de Barrancabermeja, sino que reconoce que desde hace más de un mes se le había anunciado que un Técnico de la Corporación, petición que fue atendida enviando inmediatamente al Técnico Oscar Vargas Díaz, quien en declaración reconoció haber practicado la mencionada visita. Efectivamente y como lo afirma el recurrente, el señor Oscar Vargas Díaz, en declaración obrante al folio 163 manifestó que fue comisionado directamente por el director general de la “CAS” para atender la solicitud realizada por el doctor Rosemberg Upegui, a través de un oficio a fin de que se efectuara inspección al sitio ubicado o contiguo al relleno sanitario del Municipio de Barrancabermeja, sobre la vía al llanito. Que en cumplimiento de lo asignado por el Director se dirigió en una de las salidas de campo al sitio pudiendo constatar que en ese lugar se estaba llevando a cabo una explotación de recebo, encontrando allí una máquina retroexcacadora, la que fue decomisada en forma preventiva y que hasta ahí llegó su función, informando de ello al Director de la CAS, doctor JOSELIN.

Agregó que posteriormente el doctor UPEGUI Solicitó nuevas visitas a predios de Barrancabermeja, las cuales practicó con la presencia del señor Upegui. Que todas las visitas que el Procurador Judicial solicitó fueron atendidas casi inmediatamente, relató inclusive el decomiso de una maquina que fue llevada a la misma oficina del Dr. Upegui quien le firmó la respectiva acta. Es así como pretende el recurrente que la conducta reprochada no se subsume en la normatividad citada como infringida por cuanto los oficios que le remitiera el señor Procurador Judicial Agrario no constituyen derecho de petición y solamente pretendían que él tomara las medidas policivas para frenar las actividades mineras que allí se estaban realizando, pero de ninguna manera se pretendía que se diera respuesta a ellas. De lo expuesto por el mismo disciplinado en su recurso de apelación y de la prueba testimonial precedentemente relacionada se infiere que efectivamente el disciplinado, atendió parcialmente las solicitudes elevadas por el Procurador Judicial Agrario, en cuanto a la práctica de las visitas o inspecciones solicitadas en los oficios que le remitiera con fecha 26 de mayo de 1996, 7 y 16 de julio de 1997, ya que en ellos no solamente le solicitaba la práctica de éstas, sino también que se le informe sobre si estas se habían practicado y el resultado de las mismas y las decisiones adoptadas por su dependencia. 11 Nótese que en los oficios del mes de julio el Procurador Judicial es reiterativo en solicitarle al disciplinado una respuesta escrita, una comunicación con su despacho para lograr el cumplimiento de su función de vigilancia, y es así como

textualmente le indica “En atención al prolongado silencio respecto del oficio en referencia...” (fl. 13), y “ con el fin de realizar una revisión general sobre las obras que se adelantan en barrancabermeja sin licencia ambiental e igualmente sobre las canteras que vienen siendo explotadas de igual forma, comedidamente solicito comisione al Biólogo Oscar Vargas Días para los días 21, 22, 23 de los corrientes para que conjuntamente con ésta Procuraduría realicemos las operaciones fílmicas y demás aspectos pertinentes...” (fl. 14) (negrillas fuera del texto). Así, cuando el Procurador Judicial indica en los oficios remitidos que existe un “prolongado silencio” y solicita la practica de visitas “conjuntamente”, obvio es que lo mínimo que debía hacer el disciplinado era enviar una respuesta utilizando los mismos medios a través de los cuales se le estaba haciendo la petición, porque el fin que entraña el derecho de petición se dirige en dos aspectos, primero el de obtener una respuesta y el segundo obtener pronta resolución a la petición, y en el caso de autos, no solamente estaba solicitando la práctica de las visitas sino también información sobre el resultado de las mismas, y el disciplinado no cumplió sino con una de ellas, circunstancia que incidió negativamente en el cumplimiento de las funciones de la entidad que constitucionalmente esta erigida para evitar que hechos como los probados en el informe técnico y en el informe de la “CAS” (fl. 153) sucedan y afecten negativamente a la colectividad. Aunado a lo anterior, el reproche disciplinario consignado en el auto de cargos

no solamente se sustenta en el desconocimiento al derecho de petición, sino también en la incursión en la prohibición consagrada en el artículo 41 numeral 9º. de la Ley 200 de 1995, de omitir, o no suministrar oportunamente respuesta a las solicitudes de las autoridades, y no cabe duda que el Procurador Judicial, es una autoridad en materia ambiental, que requiere de la colaboración armónica de los demás entes gubernamentales para la realización de los fines del Estado, lo que conlleva precisamente al mutuo respeto. El diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales del Doctor Manuel Osorio indica que la “omisión es la abstención de actuar: inactividad frente al deber o conveniencia de obrar”, y precisamente en el asunto en examen, omitió comunicar, responder al Procurador Agrario sobre las decisiones adoptadas, y sobre lo que podía o no podía realizar respecto del Predio La Unión Los Mangos, en donde se estaba realizando la explotación minera en concepto del solicitante, irregular. 12 En cuanto al factor subjetivo de intención o culpa, el análisis precedentemente realizado permite inferir a esta Sala Disciplinaria, que la falta imputada fue cometida a título de culpa, toda vez que, las peticiones o solicitudes elevadas fueron atendidas parcialmente, pero por falta de diligencia y cuidado, omitió la respuesta correspondiente a la autoridad que solicitaba la actuación y la información, lo que conllevó a que finalmente no se tomaran las acciones conjuntas tantas veces solicitadas para evitar un deterioro del medio ambiente, como finalmente ocurrió. En consecuencia, también se modifica la calificación de la falta de grave a leve.

Dosificación de la Sanción. La conducta reprochada y ampliamente demostrada en el presente acto administrativo, es contraria a derecho y por lo tanto amerita sanción disciplinaria. Sin embargo, teniendo en cuenta que el elemento subjetivo se calificó definitivamente como culposo y leve, esta Sala Disciplinaria procederá a atenuar la sanción impuesta por el Operador Disciplinario de Primera instancia de multa equivalente a doce (12) días del salario mensual devengado para la época de los hechos a cinco (5) días del mismo, teniendo en cuenta que si bien fue leve, se produjo daño ambiental, y se impidió que el Agente del Ministerio Público, actuara en defensa del mismo. En mérito de lo expuesto, la Sala disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en uso de sus facultades legales,

RESUELVE PRIMERO: ABSTENERSE DE DECRETAR LA NULIDAD solicitada por el señor JOSELIN DÍAZ AGUILLON, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. MODIFICAR el numeral primero de la Resolución No. 036 del 05 de marzo de 2002, mediante el cual la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, impuso al doctor JOSELIN DIAZ AGUILLON, Identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.695.050 de Oiba (Santander), en su condición de Director General de la Corporación Autónoma Regional de Santander “CAS” multa equivalente a doce días del salario mensual devengado para la época de los hechos, y en su lugar, IMPONERLE

como sanción Multa equivalente a cinco (5) días del salario 13 mensual devengado para la época de los hechos, equivalente a CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($474.076) Suma que deberá ser consignada en la Tesorería de la Corporación Autónoma Regional de Santander, para los fines propuestos en el Decreto 2170 de 1992, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 200 de 1995. TERCERO. Por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, se practicará la notificación de la presente decisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 84 y siguientes de la Ley 200 de 1995.

CUARTO: Por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, se remitirán copias de los fallos de primera y segunda instancia a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, para los fines pertinentes, e igualmente al Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Santander (fl. 44), a fin de que se dé cumplimiento a lo ordenado en los artículos 94 y 95 de la Ley 200 de 1995.

QUINTO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno por la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PULIDO GUTIERREZ DARIO ALFONSO BOTERO ARANGO

Procurador Primero Delegado Procurador Segundo Delegado PPG/DABA/MQQ/Myriam Expediente No. 014-041467 (161-00810)