PGN - ORDENAMIENTO JURIDICO - Obligación de cumplirlo

Dependencia : Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Radicación No. : 014-88446-03

Disciplinado : José Fernando Bautista Quintero Cargo y entidad : Alcalde Municipal de San José de Cúcuta Quejoso : Jaime O. Martínez Fecha queja : 12 de febrero de 2002

Fecha hechos : año 2000

Prescripción : 2005

Asunto : Archivo definitivo

Bogotá DC, 16 de septiembre de 2003.

ANTECEDENTES

1. La queja.

Mediante escrito del 3 de diciembre de 2001, el Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio el Callejón, JAIME O. MARTÍNEZ, pone de presente que el Concejo municipal de San José de Cúcuta, por medio del acuerdo No. 0017 del 15 de mayo de 2000, concedió autorización al Alcalde Municipal de Cúcuta, para realizar la compraventa de unas mejoras de un predio ubicado en la calle 1 No. 8-39, 8-41 y 8-45 del Barrio Callejón, con el fin de ampliar la infraestructura física del Colegio Básico Antonio Nariño, sin que el Alcalde le hubiera dado cumplimiento, razón por la que solicitó se iniciara la correspondiente investigación contra el citado servidor público (fl. 4).

2. Indagación preliminar.

Por auto del 5 de marzo de 2002 proferido por la Procuraduría Regional de Norte Santander (fls. 7-8) se dispuso adelantar indagación preliminar con la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si era constitutiva de falta disciplinaria.

En cumplimiento del citado auto se allegaron algunas pruebas documentales como el Acuerdo No. 0017 del 15 de mayo de 2000 (fl. 15), oficio No. SG-007070 del 25 de octubre de 2002(fl. 14) entre otras. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA De conformidad con las pruebas allegadas se estableció, que el Acuerdo No. 0017 del 15 de mayo de 2000, autorizó al Alcalde Municipal de la época, Doctor JOSÉ FERNANDO BAUTISTA QUINTERO, para efectuar la compraventa de las mejoras con predio 010302410009000, ubicado en la calle 1 No. 8-39-41-45 del Barrio Callejón, cuyo lote sería destinado para la ampliación de la infraestructura física del Colegio Básico Antonio Nariño; así mismo en el artículo 2 del citado acuerdo, se señaló que el valor de las mejoras se determinaría de conformidad con el avalúo que realizara el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, conforme con la Ley 388 de 1997, y que dicha autorización se concedía hasta el 31 de diciembre de 2000, acuerdo que fue sancionado por el Alcalde de San José de Cúcuta (e), Doctor HERÁCLITO LANDINEZ SUÁREZ el 10 de mayo de 2000 (fls. 13 e inverso). Conforme a las averiguaciones adelantadas, se tiene que con oficio No. SG007070 del 25 de octubre de 2002 (fl. 14), el Secretario General de la Alcaldía Municipal, JORGE ENRIQUE PINZÓN DUEÑAS, informó a la Procuraduría, en

relación con el contrato y demás documentos concernientes a la compra de las mejoras del predio ubicado en la calle 1 No. 8-39-41-45 del Barrio Callejón, que el implicado en su condición de alcalde municipal no hizo uso de las facultades conferidas por el Concejo Municipal. Posteriormente con oficio SG007343 del 6 de noviembre de 2002, nuevamente el Secretario General de la Alcaldía de Cúcuta, señaló que el alcalde municipal es el autorizado por el Concejo para negociar empréstitos, celebrar contratos o ejercer protempore otro tipo de funciones y que podía o no hacer uso de las autorizaciones, pues no era su obligación hacerlo; en el caso en cuestión afirmó que con respecto a la adquisición de las mejoras levantadas en el predio 010302410009000, discrecionalmente el Alcalde optó en su momento por no llevarla a cabo (fl. 18). El disciplinado BAUTISTA QUINTERO, en respuesta a una solicitud de la Procuraduría Regional de Norte Santander, se refiere inicialmente a los fines de la contratación estatal, expone que la autorización dada mediante Acuerdo No. 0017 del 15 de mayo de 2000, al alcalde de la época, para efectuar la compraventa de las mejoras, no constituyó el único elemento necesario para llevar a cabo dicha contratación, por cuanto el proceso de contratación exigía el cumplimiento previo de unos requisitos que le daban existencia y validez a la contratación, sin que el acuerdo del concejo fuera el único elemento para convertir en realidad el contrato de compraventa. Señalo en su memorial, que la disponibilidad presupuestal es un requisito legal

para cumplir con el principio de planeación y que este no existía, sin ella las autoridades no pueden realizar los contratos estatales. Agregó, que no era posible cumplir la autorización motivo de reparo, pues cuando se produjo en el mes de mayo de 2000, el presupuesto del municipio se encontraba afectado en su totalidad para esa vigencia fiscal (fls. 20 -31) En este orden de ideas, se establece, que si bien existió el acto por el cual se le concedió autorización al alcalde municipal para efectuar la compraventa de las mejoras, la administración municipal, no contaba dentro del plan de desarrollo para la vigencia del año 2000, con el presupuesto necesario para cubrir la compra de las mejoras, es decir que el alcalde investigado, no contaba con la disponibilidad presupuestal ni menos aún con la reserva presupuestal que se requería para efectuar la compraventa del inmueble. Por lo tanto, esta Delegada considera que por el hecho de que el referido acuerdo autorizara al alcalde para comprar las mejoras, éste no lo obligaba a comprometerse a ejecutar contratos contrariando el ordenamiento jurídico establecido. El artículo 73 de la Ley 734 de 2002, entre otros contempla como causal de terminación del proceso disciplinario, el hecho de que la conducta no esté prevista en la ley como falta disciplinaria. En consecuencia, es procedente el archivo definitivo de estas diligencias, porque no se advierte la comisión de una falta disciplinaria por parte del Alcalde Municipal de San José de Cúcuta, JOSÉ FERNANDO BAUTISTA con fundamento en los artículos 73 y 164 de la Ley 734 de 2002.

En mérito de lo expuesto, LA PROCURADORA SEGUNDA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, en ejercicio de sus atribuciones legales, RESUELVE PRIMERO: Ordenar la terminación de la actuación radicada bajo el No. 01488446-03, y en consecuencia disponer el archivo definitivo de la misma 2 adelantada en contra de JOSÉ FERNANDO BAUTISTA QUINTERO en su condición de Alcalde Municipal de San José de Cúcuta, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Por la Secretaria de la Delegada, notificar la presente decisión al investigado y/o a su apoderado judicial, para tal efecto líbrese las correspondientes comunicaciones indicando la fecha de la providencia y decisión tomada. En caso de no ser posible notificar personalmente, notifíquese por estado.

TERCERO: Por la Secretaría de la Procuraduría Regional de Norte de Santander, comunicar la presente decisión al quejoso informándole que contra la misma procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria, que deberá interponer y sustentar por escrito en el término de tres (3) días contados a partir de los cinco (5) días siguientes a la fecha de entrega de la referida comunicación en la oficina de correo. Para tal efecto, líbrese la respectiva comunicación, indicándole la decisión tomada, la fecha de la providencia y que si lo desea podrá consultar el expediente en la Secretaría de ese Despacho.

CUARTO: Por la Secretaría de esta Delegada efectúense las demás comunicaciones y anotaciones de rigor.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LAURA GUIOMAR ECHEVERRY GARZÓN

Procuradora Segunda Delegada Vigilancia Administrativa Exp. No. 014-8844603

LGEG/Lca

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