PGN - RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION - Término para decidir

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M. P.: Dr. JORGE LUÍS QUINTERO MILANES

Bogotá, D. C.

REF.: Concepto demanda de casación (Rad. 24.654) En relación con la demanda de casación que presentó el defensor en ejercicio del derecho de impugnación contra la sentencia del Tribunal Superior de Pereira que confirmó la de condena que dictó el Juzgado Sexto Penal del Circuito del mismo Distrito Judicial adversa a José Ariel González Morales por la autoría del concurso de delitos de Homicidio en Grado de Tentativa y Porte Ilegal de Armas de Fuego de Defensa Personal, procede el Agente del Ministerio Público Delegado del señor Procurador General de la Nación a rendir concepto, en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal.

1.- SITUACIÓN DE HECHO.

En las afueras del expendio de licores de razón social “Latín Bronx”, ubicado en la Carrera 25 con Calle 71, barrio Cuba, Parque Principal de la ciudad de Pereira, José Ariel González Morales hirió de varios disparos de arma de fuego a Jhon Jadis Chávez Ospina y gracias a la reacción oportuna de la autoridad que pasaba por el sitio escenario de los hechos se capturó al agresor cuando pretendía ocultar el revólver marca Llama Scorpio, calibre 32 largo.

2.- RESOLUCIÓN DOGMÁTICA.

Se lo vinculó a la investigación penal que se inició en su contra, mediante declaración de indagatoria y la situación jurídica provisional del capturado se

resolvió con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, sin derecho a excarcelación, en calidad de presunto responsable del delito tentado de Homicidio. Posteriormente, tras la clausura de la instrucción, el mérito probatorio del sumario se calificó con Resolución de Acusación del 14 de septiembre de 2004, por medio de la cual se llamó a responder en juicio criminal al procesado José Ariel González Morales, por el concurso heterogéneo de delitos de Homicidio, en grado 2 de Tentativa y Porte Ilegal de Armas de Fuego de Defensa Personal, previstos respectivamente en los artículos 103 y 365 del Código Penal. La determinación judicial, en virtud del recurso de apelación que interpuso la defensa, la confirmó sin modificaciones la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior, que mantuvo la adecuación típica del Homicidio imperfecto mediante la suya del 26 de octubre del mismo año, y en firme la acusación en esta última fecha, el Juzgado Sexto Penal del Circuito avocó el conocimiento de la etapa procesal del juzgamiento. En la Audiencia Preparatoria no se accedió a la nulidad de la actuación procesal que solicitó el defensor en el período de la apertura del juicio a pruebas y se ordenó la práctica de los testimonios que demandó también la defensa, además de las otras probanzas que reclamó el Ministerio Público. La denegación de la invalidez del proceso fue objeto de apelación y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira la confirmó porque avaló que como lo hubo considerado el Juzgado la circunstancia de que la Fiscal hubiera en otra

época instruido un proceso por el delito de Homicidio contra el mismo procesado, no estaba establecido como causal de impedimento por la ley, y por tanto al no haber hecho tal manifestación menos constituía un motivo de nulidad. Posteriormente se rituó el juicio oral público y finalmente mediante sentencia del 20 de abril de 2005 se condenó al acusado conforme a los cargos imputados, a la pena principal de ochenta y cuatro (84) meses de prisión, la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual lapso, como también a la de carácter civil de indemnizar a la víctima por los perjuicios morales causados con la infracción en una suma equivalente en moneda nacional a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales. También se ordenó el decomiso del arma. La defensa apeló de la sentencia y tras la reseña histórica del concepto dogmático de la culpabilidad, en especial la teoría del dolo sostiene que la acción se produjo determinada por un error producido en la conciencia del encausado que obligaba a la absolución por el reconocimiento de la figura de la defensa putativa, no obstante la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira no accedió a sus pretensiones y mediante la suya del 19 de julio de 2005, confirmó la decisión jurisdiccional de primera instancia.

3.- LA DEMANDA.

3 Contra el expresado fallo de segunda instancia se interpone en nombre y representación del sentenciado el recurso extraordinario de casación, con fundamento en un sólo cargo al socaire de la causal tercera de casación. Alega el recurrente que la sentencia incurre en vicios de nulidad porque el

Tribunal violó el debido proceso al no referir ningún argumento valorativo de las pruebas ni tampoco realizó análisis de los alegatos presentados. Tras la cita como normas infringidas del artículo 29 de la Constitución Política, como también el numeral 4° del artículo 170 de la Ley 600 de 2000, reproduce los que denomina únicos argumentos que brindó el juzgador colegiado para desestimar la propuesta de la defensa y con base en los criterios de autoridad de la Sala de Casación Penal de la Corte a los que apela, conforme a los cuales anota que no basta una mera descripción de los alegatos de las partes, asegura a continuación que se lo dejó en imposibilidad de conocer las razones por las cuales el Tribunal no comparte los alegatos de la apelación del fallo de primera instancia y tampoco los motivos para no aceptar la valoración de las pruebas que también se propusieron. Insiste como se dice que la defensa analiza los testimonios en forma parcializada pero, según añade, nada en absoluto se plantea sobre cuales fueron los fundamentos de esa parcialidad, donde se denotó y en general no se manifiesta cual debía ser la valoración jurídica de los testigos. En consecuencia, solicita que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se constituya en tribunal de instancia y declare la nulidad de la sentencia ordenándose su devolución al Tribunal para que la motive adecuadamente, porque al confirmar la de primera instancia no garantizó el derecho de contradicción ante lo cual no se contó con las herramientas adecuadas para atacarlas en casación por errores directos o indirectos.

4.- CONCEPTO.

En la actualidad no existe un precepto superior de contenido idéntico al del 163 de la Constitución de 1886 que de manera perentoria exigía la motivación de las sentencias, pero es indiscutible que esa obligación para el operador jurídico nace del principio republicano, es propia del Estado Social de Derecho, y según el Órgano jurisdiccional de la casación, Sala Civil, surge del principio de publicidad de la actuación judicial, explícitamente reconocido por los artículos 29 y 228 de la 4 Constitución Política de 19911. No se puede desconocer que la motivación de la sentencia legitima la función jurisdiccional, pues, ésta sólo se justifica en cuanto no es arbitraria, sino que expresa con lógica racional el ejercicio del poder que actúa, posibilitando su control a través de los recursos en ejercicio del derecho de contradicción, de modo tal que cuando esta motivación resulta incompleta, ilógica e incoherente viola el debido proceso y acarrea el remedio de la nulidad para precaver el derecho del afectado. El artículo 170 del Código de Procedimiento Penal que rigió el asunto, entre los requisitos que señala de toda sentencia exige no sólo el resumen de la acusación y la calificación jurídica de los hechos sino también la síntesis de los alegatos presentados por los sujetos procesales, su análisis y valoración jurídica de la prueba en la que ha de fundarse la decisión. En este concreto particular, el demandante con apoyo en la causal tercera de casación alega el desconocimiento de esta disposición legal y por ende la violación del derecho fundamental al debido proceso, por falta de motivación de la decisión jurisdiccional de segunda instancia en la que supuestamente incurrió por

dejar sin respuesta los planteamientos que fueron el objeto del recurso de apelación que se interpuso contra el fallo de primer grado. Manifiesta que de esa forma no se garantizó el derecho de contradicción y se lo dejó sin herramientas adecuadas para atacar el fallo de segunda instancia, por “errores directos o indirectos”. Nada de sugestivo y en realidad no cumple con el propósito de convicción acerca de la trascendencia de la falta de motivación tiene esta última aseveración, pues si se quiso referir a la posibilidad de la infracción directa de la ley de carácter sustancial, o indirecta por errores de hecho en la apreciación de la prueba, el desacierto es manifiesto por cuanto olvida que si bien el recurso de casación como lo estatuye el artículo 218 del Código de Procedimiento Penal está instituido para impugnar la sentencia de segunda instancia y contra ella persiste el deber del demandante de orientar su reclamo, cuando es confirmatoria de la de primera instancia constituye con ésta una unidad jurídica en particular respecto de los puntos en los que no se presenta divergencia de criterio entre los juzgadores por razones probatorias y/o de valoración jurídica. Los temas de la causal de justificación (legítima defensa) y de inculpabilidad (defensa putativa), excluyentes de la responsabilidad penal, no fueron ajenos a 1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 29 de abril de 1988. M.P. Héctor Marín Naranjo. 5 los razonamientos incluso de la Fiscalía que en respuesta al alegato de conclusión del defensor, en la Resolución de Acusación, rechazó una y otra

porque consideró que “De cara al marco probatorio, no está demostrado en sentir de esta delegada que JHON JADIS, hubiese atacado o por lo menos intentado atacar al agresor JOSÉ ARIEL, estando desarmado y cuando dio un paso adelante lo hizo con las manos en alto y no como lo dijo el procesado llevándose las manos a la cintura en actitud defensiva.” Se desestimaron por ser amañados los testimonios de las personas que comparecieron a corroborar la versión del homicida y en cambio con fundamento en el análisis de la declaración del ofendido, su ex – compañera Doralba Giraldo, y del otro testigo presencial Alexander Muñoz Salazar, se desvirtuó la existencia de la defensa justa y también la putativa, según se expuso, porque no podía decirse que el agresor erradamente pensó que el otro estaba armado. Frente a la impugnación del análisis de las pruebas de la acusación, la segunda instancia determinó igualmente que la defensa putativa nunca existió porque era contrario al haber probatorio señalar que el procesado “creyó ser víctima de una agresión ilegitima que en realidad objetivamente no existió, si los policiales y los cuales han hechos sus manifestaciones no sólo bajo la gravedad del juramento sino que son funcionarios públicos, es decir libres de cualquier interés, han sostenido que realmente JHON JADIS no actuó en contra de su atacante”. La sentencia de primer grado, no sólo se remite y hace suyos los que califica de “argumentos claros, coherentes y lógicos con respaldo en las probanzas” de la Fiscalía, sino que también ensaya su propio examen de las pruebas y así

concluye como la actuación del procesado desdibuja cualquier causa de exclusión de la responsabilidad en vista de que el disparo no fue uno, ya que descargó la munición del arma cuando la víctima huía ya herido camino al hospital. Por último, el mismo Letrado se encarga de reproducir los argumentos de la sentencia de segunda instancia del Tribunal, que se hace obligatorio repetir, para mayor claridad de la forma como desestimó la valoración del panorama probatorio que presentó la defensa y rechazó particularmente el motivo de inculpabilidad que se alegó. “(…) En el caso que se estudia, estima la judicatura que no se presenta esa contribución de actos externos, necesaria para que obre la defensa putativa, toda vez que lo único que realizó el agredido fue levantar sus manos y dar un paso al frente, sin mediar palabra alguna, tal y como lo dicen los testimonios de Doralba y de Alexander, actos que en manera alguna pueden representar agresión. “No pueden aceptarse las argumentaciones dadas por el togado de la defensa, en 6 la sustentación de la alzada, toda vez que analiza los testimonios en forma parcializada, citando sólo los apartes que cree convienen a su cliente, sobredimensionando los movimientos del agredido, tales como que agachó la cabeza, se inclinó, los que no representan mayor cosa; además, teniendo en cuanta de Jhon Jadis se encontraba alicorado, por lo que puede haber perdido estabilidad, lo que contribuyó, sin lugar a dudas, a que inclinara y agachara la cabeza. “Además, no se puede hablar de legitima defensa, ni de defensa putativa, cuando

no hay proporcionalidad entre los actos –el que se repele y con el que se protege-; y en este evento, es clara la desproporcionalidad, ya que el agente descargó su arma en la humanidad del agredido, que en últimas, contó con suerte de que sólo le impactara un disparo. “Es claro que González Morales tenía como objetivo acabar con la existencia del ofendido, porque el ataque que emprendido (sic), al igual que el arma utilizada, eran idóneos para tan nefasto fin, mismo que no se dio por motivos ajenos a su voluntad (…)”. En vista de la integración de los fallos de segunda y primera instancia (este último a su vez integra expresamente los razonamientos de la Resolución de Acusación), nada le impedía en torno a las conclusiones del Juzgado relativas al examen de las pruebas volver a sus críticas como lo hace el extenso escrito en el que se dedica a presentar sus propias conclusiones acerca de los alcances de los medios de convicción recaudados en el curso del proceso, e insistir si así estaba convencido desde luego en esta ocasión mediante el uso del lenguaje y el apego estricto a la técnica del recurso extraordinario en la pretermisión que alegó del informe médico (error de hecho por falso juicio de existencia), oponerse a la desestimación de los testimonios de Miguel Ángel Londoño Martínez y Jhon Jairo Montoya Bedoya con los cuales pretende ratificar la solidez de la defensa putativa e igualmente a la credibilidad de las declaraciones de los policiales, el ofendido, su acompañante Alexander Muñoz y ex –compañera Doralba Giraldo, tenidos como fundamento por el juzgador para desvirtuar la configuración de la defensa

putativa (mediante la denuncia de falso raciocinio por infracción de los principios de la sana crítica). En el mismo orden de ideas, no se puede sostener que la sentencia adolece del vicio de defectos de motivación. La jurisprudencia “ha señalado que cuando se acude al recurso extraordinario de casación, reclamando la nulidad de la sentencia, por falta de motivación, no es suficiente con señalar que la decisión, en su conjunto o en relación con un determinado aspecto, adolece de este vicio, pues le es forzoso demostrar que se 7 está en presencia de una cualquiera de las situaciones que dan origen a su configuración, tales como, a) que la decisión carece totalmente de la motivación; b) que la motivación es incompleta, c) que es dilógica o ambivalente; y d) sofistica o aparente.”1 La sentencia de segunda instancia no responde de manera separada y expresa cada uno de los planteamientos del apelante, primero porque no le era menester profundizar sobre toda la doctrina sobre el tema de la defensa putativa, como quiera que esta se desestimó no por discrepancias en torno a la naturaleza y ubicación dogmática de la figura o por desconocimiento de sus elementos teóricos, sino simplemente porque se concluyó que los presupuestos de hecho no encontraron cabal demostración ya que se descartó que hubo agresión de la víctima o siquiera un movimiento de su parte que llevara al heridor a creer razonablemente en un ataque que ponía en peligro su vida. En cuanto a los cuestionamientos a la apreciación probatoria que determinó la

falta de acogida de la pretensión del recurrente, si bien el fallo del Tribunal no se puede considerar un paradigma de redacción, también es claro que da cuenta de la indicación de un proceso lógico y jurídico determinante del sentido de la decisión. El juzgador abordó el eje central de la discusión en clara respuesta a las inquietudes del apelante, porque en contra de su aseveración no es cierto que la sentencia no explicara los motivos por los cuales consideró parcializado el análisis particular del defensor sobre las pruebas, ya que en forma expresa y categórica mencionó la forma como el libelo impugnatorio tomo únicamente en consideración los aspectos favorables al procesado y soslayó los demás aspectos mencionados por los testigos. Fue explicito el sentenciador en cuanto afirmó que de acuerdo con las circunstancias que revelaban las pruebas no se presentaron hechos materiales, o que aún sin serlo subjetivamente pudieran dar lugar a pensar en una agresión por parte de la víctima, debido a que no hubo amenazas, señales o principios de comportamiento que pudieran haber desencadenado una reacción determinada por la creencia razonable de un peligro actual, grave e injusto. En esa forma, es posible que se entienda suficientemente satisfecho el requisito de la motivación de la sentencia que compromete la responsabilidad del acusado, ya que así sucede conforme la enseñanza de la doctrina cuando la argumentación para expresar la certeza de la conducta punible sea de tal naturaleza que la haga incompatible con las pretensiones de las partes. 1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 6 de abril de 2006, Exped.

22115, M.P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez. 8 La censura, por consiguiente, no está llamada a prosperar porque el fallo cuenta con la precisión y claridad necesarias para que los sujetos procesales conocieran los fundamentos fácticos y jurídicos que sirvieron de soporte a la decisión jurisdiccional de condena. 5. - PETICIÓN. Son suficientes las consideraciones que anteceden, para sugerir a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que desestime la demanda y NO CASE la sentencia objeto de impugnación. Atentamente,

ALFREDO ALFONSO ARIZA PADILLA

Procurador Cuarto Delegado para la Casación Penal Bogotá D. C., 21 de abril de 2006