PGN - REGISTRO CIVIL - Términos de expedición en el caso de procesos adoptivos

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Vigilancia Administrativa

Radicado: 025-85916-2003

Disciplinado: MAURICIO ALEJANDRO SIMBAQUEBA MORENO

Cargo y Entidad: Registrador Municipal del Estado Civil de Ubaté Quejoso: Ana Silvia Castro Castillo Fecha de la Queja: 13 de mayo de 2003

Fecha de los Hechos: 12 de mayo de 2003

Asunto: Fallo de segunda instancia.

Bogotá, D.C., 29 de Octubre de 2007 Se encuentra al Despacho el radicado 025-85916-03 para decidir en Segunda Instancia el recurso de apelación interpuesto contra el fallo proferido por la Procuraduría Regional de Cundinamarca, el 5 de junio del presente año, mediante la cual se sancionó al señor MAURICIO ALEJANDRO SIMBAQUEBA MORENO, en su condición de Registrador Municipal del Estado Civil de Ubaté, con destitución e inhabilidad general por el término de quince (15) años para ejercer funciones públicas (fls. 171 a 189). CARGOS Por auto de 18 de marzo de 2005, la Procuraduría Regional de Cundinamarca, formuló pliego de cargos en contra del señor MAURICIO ALEJANDRO SIMBAQUEBA MORENO, en su calidad de Registrador Municipal del Estado Civil de Ubaté, asumiendo y teniendo bajo su responsabilidad la expedición de copias del registro civil de YOLANDA y YAMILE MORA CASTRO, conforme al oficio No. 0248 del 4 de abril de 2003, emitido por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Zipaquirá – Cundinamarca-, expidió el 12 de mayo de 2003 copia del registro civil de nacimiento a

nombre de ANA YAMILE CAÑÓN CASTRO y YOLANDA CAÑÓN CASTRO (fls. 174 y

175). Falta que fue calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo, teniendo en cuenta que faltó al deber que sus funciones le imponían, e incursionó en el régimen de prohibiciones expresamente consagrado en la ley disciplinaria, expidiendo de manera directa y en doble oportunidad, los mencionados registros civiles de nacimiento, consignando una falsedad o callando totalmente la verdad respecto de los nombres de las personas acreditadas en tales documentos. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA La Procuraduría Regional de Cundinamarca, a través de la Resolución del 5 de junio de 2007, sancionó al señor MAURICIO ALEJANDRO SIMBAQUEBA MORENO, en su calidad de Registrador Municipal del Estado Civil de Ubaté, con destitución e 1 inhabilidad general por el término de quince (15) años para ejercer funciones públicas, argumentando que no queda duda alguna de que el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Zipaquirá, expidió el oficio No. 0248 del 4 de abril de 2003, dirigido a dicho servidor, donde consignó lo siguiente: “Comedidamente comunico a usted, que por sentencia de fecha 11 de febrero de 1983, dictada dentro del proceso de la referencia se decretó la Adopción Plena de los menores YOLANDA y YAMILE CAÑON CASTRO, a favor de los esposos GUSTAVO MORA RODRIGUEZ y ANA LUCIA CASTRO DE MORA, residentes en el municipio de Ubaté, Cundinamarca, portadores de la c. de c. # 433.334 y 21.951.805 de Ubaté

respectivamente con dirección en la misma ciudad de Ubaté carrera 8 # 8-65, quienes en adelante se llamarán YOLANDA MORA CASTRO y YAMILE MORA CASTRO”. “Por lo anterior, ruego a usted inscribir la anterior sentencia en el registro civil de nacimiento de la menor YOLANDA, inscrita al folio # 1987928 para que se constituya el acta y se reemplace la de origen la cual queda anulada” (fl. 80). Por eso el disciplinado para el día 12 de mayo de 2003, tenía pleno conocimiento del contenido del oficio No. 0248 del 4 de abril de ese año, pues el día 8 de abril de 2003, emitió el registro civil de nacimiento a nombre de YOLANDA MORA CASTRO y YAMILE MORA CASTRO, por lo que de manera directa y en doble oportunidad expidió el registro civil de nacimiento, consignando una falsedad o callando totalmente la verdad respeto de los nombres de las personas acreditadas en tales documentos, con lo cual incumplió con las funciones que le imponía el ordenamiento legal, al no acatar lo resuelto por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Zipaquirá, y a pesar de ello direccionó su conducta a contrariarlo. En cuanto a la culpabilidad, se encuadra la conducta del señor MAURICIO ALEJANDRO SIMBAQUEBA MORENO, sobre la estructura dogmática culpabilista, esto es, que el elemento culpabilidad se constituye en moldura esencial para edificar la sanción de las faltas, a través de un juicio de valor sobre el actuar típicamente antijurídico y de la actividad intelectual y volitiva desarrollada por el disciplinado, por lo

que los elementos de conocimiento y motivación dan origen a la forma de culpabilidad, la cual puede establecerse o en el dolo o en la culpa. El dolo entendido como una forma de culpabilidad, se manifiesta en el conocimiento que se tienen de la falta disciplinaria, mientras que la motivación requiere de su realización o que se acepte con anterioridad, por lo que del análisis de la conducta desarrollada por el señor SIMBAQUEBA MORENO, se hace evidente que actuó con el pleno conocimiento de la conducta, la intención de consumarla y la consumación de la misma, sin la existencia de circunstancias de atenuación de la responsabilidad. En este sentido el artículo 5º de la Ley 734 de 2002, consagra que el bien jurídico que se pretende proteger con el derecho disciplinario, no es otro que el que debe cumplir todo servidor público con eficacia, eficiencia y moralidad administrativa, es decir, que el Estado pueda servir para la concreción de los altos intereses de la comunidad a través de la buena marcha de la administración pública en ejercicio de los diferentes poderes de intervención de que dispone. 2 RECURSO DE APELACIÓN El señor MAURICIO ALEJANDRO SIMBAQUEBA MORENO, mediante escrito radicado el día 5 de julio de 2007, interpuso recurso de apelación contra la decisión adoptada por la Procuraduría Regional de Cundinamarca, el cual sustentó en los siguientes hechos: “Como queda visto, son dos en esencia, los supuestos de hecho sobre los que se edifica la actualización de la falta gravísima, tanto como la sanción que a la misma corresponde; esto es, “ la presunta expedición de documento público con omisión de

los respectivos registros de cambio de nombre y apellido, así como de los datos esenciales de la sentencia que da origen a la adopción, presumiendo la inexistencia de sentencia judicial donde se hayan declarado la adopción por parte de la hoy fallecida ANA LUCIA CASTRO CASTILLO de las señoras YOLANDA y YAMILE MORA CASTRO”, hecho ese que según parece se sustentaría en la expedición de los Registros Civiles de Nacimiento 34155470 y 34155471, de YAMILE MORA CASTRO y YOLANDA MORA CASTRO, respectivamente y; el segundo, referente al suministro, con fecha 12 de Mayo de 2003, esto es, con posterioridad a la época en la que aquellos fueron materialmente emitidos (8 de abril de 2003), de copia de los Registros de Nacimiento identificados con los números 720125 y 700505, registros sentados el 22 de septiembre de 1976, a nombre de ANA YAMIL CAÑÓN CASTRO y YOLANDA CAÑÓN CASTRO; sin que en éstos se haya hecho alusión a la existencia de la sentencia judicial que habría dado lugar a la adopción de las anteriores”. Si bien es cierto, la copia de los últimos documentos fue suministrada el 12 de mayo de 2003, esto es, con posterioridad a aquellos en la que fueran materialmente emitidos los primeros; el registro que da lugar a aquellos tuvo ocurrencia en el mes de septiembre de 1976, debiendo precisarse que esto y no otra cosa es lo que se infiere de los documentos en mención. Por lo tanto, no se consolida una supuesta falsedad ideológica, tanto así que en el encabezado se efectuó de manera clara la anotación de su “Reemplazo” o sustitución,

habiéndose dispuesto en el dorso, para efectos pertinentes y en acatamiento de la normatividad vigente en el asunto “…Reemplazado por orden judicial del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Zipaquirá (C)…” anotación fácilmente advertida en los documentos que fueron suministrados al Despacho cuando se practicó la visita a las instalaciones de la Registraduría Municipal del Estado Civil de Ubaté, y deliberadamente omitida por los quejosos. Documentos que no fueron allegados con la copia completa. Adujo también, que conforme al numeral 4º de la Circular No. 21 del 17 de agosto de 2001, en el registro inicial (original) se indicará que fue reemplazado por el serial número, pero tampoco se mencionará el motivo. Por su parte, la expedición de las copias de los documentos aludidos, se originó en el derecho de petición formulados por los quejosos, lo que se viabilizó con lo dispuesto por el artículo 110 del Decreto 1260 de 1970 y el artículo 1º del Decreto 278 de 1972. 3 Ahora bien, el Juzgado Promiscuo de Familia de Ubaté, a través del oficio 0248 del 4 de abril de 2003, precisaba “(…) la inscripción de la adopción plena de YOLANDA y YAMILE CAÑON CASTRO, en adelante YOLANDA MORA CASTRO y YAMILE MORA CASTRO, a lo que efectivamente se diera cumplimiento por el despacho a mi cargo; nada obstaba para que absolviendo una solicitud formalmente efectuada se emitiera copia, que no Registro Civil apócrifo, de los levantados el 22 de septiembre de

1976, los que no dejará de reiterarse, claramente señalaban su sustitución o reposición de acuerdo con el mandato judicial ya referido; sin que tampoco consoliden uno cualquiera de los antecedentes propios del proceso de adopción, a fin de oponer su reserva a terceros. Se trataba, no menos que de un documento público integralmente auténtico, contentivo de supuestos absolutamente veraces y verificables y en consecuencia, asequible para el común” (fl. 201). En cuanto a la falsedad ideológica en documento público, en la Circular No. 21 del 17 de agosto de 2001, no resulta legítimo incorporar dentro de sus antecedentes, como al parecer se pretende por el A-quo, la existencia del fallo judicial que habría dado lugar al mismo o quizás, los nombres y apellidos precedentes, como claramente se anuncia en el acto administrativo recurrido. Atendiendo la naturaleza y los efectos de los procesos de adopción y en salvaguarda de los derechos fundamentales de la intimidad y de protección a la niñez, la administración pública debe guiar sus actuaciones en procura de la prevalecía de sus derechos, consagrados en los artículo 15, 22 y 44 de la carta Política y el Código de la Infancia y la Adolescencia, antes Decreto 2737 de 1989, artículo 96 hoy Ley 1098 de 2006, artículo 7º, particularmente en lo referente al registro o anotaciones a insertar en los Registros Civiles, en la que “La adopción requiere sentencia judicial. Una vez en firme la sentencia que concede la adopción se inscribirá en el Registro del Estado Civil, omitiéndose en aquella y en éste, el nombre de los padres con respecto a las cuales se

destruye el vinculo”. Por eso, la reserva sobre los antecedentes de la emisión del Registro Civil de Nacimiento producto de un proceso de adopción, es un supuesto preeminente o prevalente en la extensión de tales documentos públicos, sin que se pueda inferir la consignación de una falsedad, así como la reserva total o parcial de la verdad “en tanto deviene la naturaleza dolosa de tal ilícito, esto es, la plena voluntad y conciencia de sustraerse a la consignación de un hecho verídico o la anotación mendaz de otro, con el deliberado propósito de vulnerar el bien jurídico de la Fe Pública” (fl. 204). CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Mediante escrito radicado el día 13 de mayo de 2003, los señores JESÚS, LUIS GUILLERMO y ANA SILVIA CASTRO CASTILLO, formularon queja contra al señor MAURICIO ALEJANDRO SIMBAQUEBA MORENO, en su calidad de Registrador Municipal del Estado Civil de Ubaté, para lo cual informaron como hermanas y herederas de la señora ANA LUCIA CASTRO CASTILLO, quien falleció el 21 de febrero de 2003, adelantaron sucesión en la Notaría Segunda de Ubaté, teniendo conocimiento el 11 de abril de ese año, que ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Ubaté, también se tramitaba la sucesión impetrada por YAMILE y YOLANDA MORA CASTRO, anexando para ello, los registro civiles de nacimiento donde aparece una de 4 ellas con el nuevo nombre, así como de los nuevos padres: GUSTAVO MORA

RODRÍGUEZ y ANA LUCIA CASTRO CASTILLO, pero sin hacer referencia en el espacio para notas, al origen de la sustitución (fl. 3). A través del derecho de petición del 22 de abril de 2003, le solicitaron al Registrador Municipal del Estado Civil de Ubaté, copia de los correspondientes Registros Civiles de Nacimiento de las niñas ANA YAMILY y YOLANDA CAÑÓN CASTRO, hijas de GABRIEL CAÑÓN y PAULINA CASTRO, sin que a la fecha de la queja hubiera sido expedido los documentos, argumentando que se requiere autorización de la Registraduría Nacional, ya que existe un proceso de adopción y que tienen carácter reservado (fl. 4). En los Registros Civiles de Nacimiento de fecha 8 de abril de 2003, allegados por la apoderada de las nuevas hijas de la causante, identificados con los seriales Nos. 34155471 y 34155470, quedaron registradas YOLANDA y YAMILE MORA CASTRO, teniendo como antecedentes unas actas del juzgado y como datos de los padres se registraron como madre a ANA LUCIA CASTRO CASTILLO, fallecida el 21 de febrero de 2003, y como padre a GUSTAVO MORA RODRIGUEZ, fallecido el 17 de septiembre de 1982 (fls. 5, 12 y 13). A folios 16 y 17 obran los Registros Civiles de Nacimiento correspondientes a las niñas YOLANDA y ANA YAMILY CAÑÓN CASTRO, donde figuran como hijas de GABRIEL CAÑON y PAULINA CASTRO, los cuales fueron expedidos el día 12 de mayo de 2003, por el señor MAURICIO ALEJANDRO SIMBAQUEBA MORENO, en su condición de

Registrador Municipal del Estado Civil de Ubaté, pero a folios 74 y 75, aparecen las fotocopias de los mismos registros civiles de nacimiento, en cuyo dorso se lee: “Reemplazado por orden judicial del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Zipaquirá” , y la firma del disciplinado. Por su parte, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Zipaquirá, mediante oficio No. 0248 del 4 de abril de 2003, le informó al Registrador Municipal del Estado Civil de Ubaté, que: “Comedidamente comunico a usted, que por sentencia de fecha 11 de febrero de 1983, dictada dentro del proceso de la referencia se decretó la Adopción Plena de los menores YOLANDA y YAMILE CAÑON CASTRO, a favor de los esposos GUSTAVO MORA RODRIGUEZ y ANA LUCIA CASTRO DE MORA, residentes en el municipio de Ubaté, Cundinamarca, portadores de la c. de c. # 433.334 y 21.951.805 de Ubaté respectivamente con dirección en la misma ciudad de Ubaté carrera 8 # 8-65, quienes en adelante se llamarán YOLANDA MORA CASTRO y YAMILE MORA CASTRO”. “Por lo anterior, ruego a usted inscribir la anterior sentencia en el registro civil de nacimiento de la menor YOLANDA, inscrita al folio # 1987928 para que se constituya el acta y se reemplace la de origen la cual queda anulada” (fl. 80). Providencia del 11 de febrero de 1983, expedida por el Juzgado Primero Promiscuo de Menores del Circulo Judicial de Zipaquirá, que obra a folios 81 a 83, a través de la cual,

efectivamente se decretó la Adopción Plena de los menores YOLANDA y YAMILE CAÑON CASTRO, en los términos antes señalados. En este orden de ideas, la Procuraduría Regional de Cundinamarca, le formuló pliego de cargos al señor MAURICIO ALEJANDRO SIMBAQUEBA MORENO, en su calidad 5 de Registrador Municipal del Estado Civil de Ubaté, por haber expedido el día 12 de mayo de 2003, las copias de los Registros Civiles de Nacimiento de ANA YAMILE CAÑÓN CASTRO y YOLANDA CAÑÓN CASTRO, desconociendo el contenido del oficio No. 0248 del 4 de abril de 2003, emitido por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Zipaquirá, con lo cual cometió la conducta prevista en el artículo 286 del Código Penal, descrita como falsedad ideológica en documento público, en la cual incurre: “El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad (…)”. Sobre el particular debe tenerse en cuenta, que para que la falsedad ideológica pueda admitirse, es indispensable que el hecho consignado en documento o la verdad que se calle total o parcialmente tenga relevancia jurídica. Es decir, que no se trata de cualquier conducta en la que se infrinjan los verbos rectores del tipo penal, sino que se requiere necesariamente que el documento tenga capacidad probatoria, o sea, que el servidor público lo expida o lo cree con el ánimo de hacerlo valer dentro de una especifica actuación. Visto esto, es procedente preguntarse si la acción desplegada por el señor MAURICIO

ALEJANDRO SIMBAQUEBA MORENO, en su calidad de Registrador Municipal del Estado Civil de Ubaté, se enmarca dentro la estructura del delito de falsedad ideológica en documento público. Para responder dicho interrogante, debe acudirse a establecer, cuál fue la intención y finalidad que tuvo el disciplinado al momento de emitir, el día 12 de mayo de 2003, las copias de los Registros Civiles de Nacimiento de ANA YAMILI CAÑÓN CASTRO y

YOLANDA CAÑÓN CASTRO.

Al respecto, como se afirmó por el impugnante, el origen de la expedición de los pluricitados registros, fue en acatamiento del derecho de petición, situación que es plenamente corrobora por los quejosos en el escrito contentivo de la denuncia. Por eso a folio 22 se encuentra la petición formulada por la abogada BERTA MERCEDES MONTERO LANCHEROS, dirigida al Registrador Municipal del Estado Civil de Ubaté, en la que se solicitó la expedición de los siguientes documentos: Los registros Civiles de Nacimiento de la señoras YOLANDA CAÑÓN CASTRO, nacida el 5 de mayo de 1970 y ANA YAMILE CAÑÓN CASTRO, nacida el 25 de enero de 1972, los cuales fueron suscritos en dicha época. Las copias autenticas de los documentos o actas de los juzgados que originaron los Registros Civiles de Nacimiento Nos. 34155470 y 34155471, que corresponden a

las señoras YAMILE MORA CASTRO y YOLANDA MORA CASTRO.

Como se aprecia, la solicitud iba encaminada a que se emitieran los registros civiles de nacimiento, no solo con los nombre originales, sino con los nombres registrados como

resultado del proceso de adopción, y en tal sentido fueron expedidos por el Registrador Municipal del Estado Civil de Ubaté. 6 Por su parte, el artículo 114 del Código del Menor y la Familia, preceptúa que “Todo los documentos y actuaciones administrativas o jurisdiccionales propios del proceso de adopción, serán reservados por el término de treinta (30) años; de ellos sólo se podrá expedir copia por solicitud que los adoptantes hicieren directamente, a través de su apoderado o del Defensor de Familia, del adoptivo que hubiere llegado a la mayoría de edad o de la Procuraduría General de la Nación para efectos de las investigaciones a que hubiere lugar. El funcionario que permitiere el acceso a los documentos aquí referidos o que expidiere copia de los mismos a personas distintas de las señaladas en este artículo, incurrirá en causal de mala conducta que será sancionada con la destitución del cargo. Con todo, cuando se presenten graves motivos que justifiquen el levantamiento de la reserva o se haya admitido el recurso extraordinario de revisión a que se refiere el artículo 113, el Tribunal Superior del Distrito Judicial correspondiente al Juzgado que decretó la adopción ordenará el levantamiento, previo un trámite incidental”. De tal suerte que con la actuación del Registrador Municipal del Estado Civil de Ubaté, pudo haber vulnerado la reserva legal que cobijaba todos los documentos que hicieron parte del proceso de adopción, como fueron los registros civiles de nacimiento con los nombres originales de YOLANDA y YAMILE CAÑON CASTRO, situación por la cual se compulsara copia del expediente con destino a la Procuraduría Regional de

Cundinamarca, para que se investigue al señor MAURICIO ALEJANDRO SIMBAQUEBA MORENO, en su calidad de Registrador Municipal del Estado Civil de Ubaté, pues si bien el artículo 110 del Decreto 1260 de 1970, autoriza a los funcionarios que lleven registros del estado civil, para poder expedir copias y certificaciones de las actas y folios que reposen en sus archivos, ello de manera alguna comprende aquellos documentos que por ley gozan de reserva. Ahora bien, se afirma que la posible falta disciplinaria consistió en que al momento de emitirse los registros civiles de nacimiento, el encartado ya había sido informado por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Zipaquirá, sobre el contenido del oficio No. 0248 del 4 de abril de 2003, que señalaba que por sentencia de fecha 11 de febrero de 1983, se decretó la Adopción Plena de las menores YOLANDA y YAMILE CAÑON CASTRO, a favor de los esposos GUSTAVO MORA RODRIGUEZ y ANALUCIA CASTRO DE MORA, quienes en adelante se llamarán YOLANDA MORA CASTRO y YAMILE MORA CASTRO, y como consecuencia de ello, debía inscribir la sentencia en el registro civil y se reemplace la original, la cual queda anulada. Visto de esta manera, es cierto que al momento en que se dio contestación al derecho de petición, es decir, el 12 de mayo de 2003, el Registrador Municipal del Estado Civil de Ubaté, ya conocía de la decisión judicial tomada dentro del proceso de adopción, situación que no es relevante en el caso sub-examine, puesto que no se aprecia por

parte de este Despacho que con su actuación el señor MAURICIO ALEJANDRO SIMBAQUEBA MORENO, hubiera incurrido en falta disciplinaria, ya que lo único que hizo fue darle cumplimiento al derecho fundamental de petición, expidiendo los registros civiles de nacimiento, en la forma en que fueron solicitados, más aún, en el oficio No. 218 del 9 de mayo de 2003, le informó a la abogada BERTA MONTERO LANCHEROS, que las copias de los documentos o actas de los juzgados, la debía pedir a la autoridades competentes (f. 73). Ello es así, pues los registros producto de 7 una adopción, gozan de reserva legal, en aras de garantizar el derecho a la intimidad personal y familiar, de que trata el artículo 15 de la Norma Superior. Pero, lo que es de mayor relevancia, es el hecho de que en el dorso de los Registros Civiles de Nacimiento Nos. 1987928 y 1987929, aparece una anotación que dice: “Reemplazado por orden judicial del Juzgado primero Promiscuo de Familia de Zipaquirá”(fls. 75 y 76 vuelto). De esta manera, no es factible aseverar que el señor SIMBAQUEBA MORENO, no le dio cumplimiento a la decisión judicial, y menos aún, que se hubiera cometido el delito de falsedad ideológica en documento público, en primer lugar, porque no se consignó ninguna información carente de veracidad en los documentos expedidos por el Registrador Municipal del Estado Civil de Ubaté, ni se calló total o parcialmente la verdad, ya que los registros civiles de nacimientos emitidos, fueron copia fiel del original que reposan en la entidad.

En segundo lugar, se repite, los mencionados documentos fueron expedidos con el objeto de cumplir con lo demandado a través de un derecho de petición, sin que tuviera como finalidad la utilización o hacer valer los registros civiles de nacimiento como prueba dentro de una determinada actuación, sea esta administrativa o judicial, máxime cuando en el escrito petitorio no se especificó para que sería utilizado esos documentos. Por último, no puede pasarse por alto, que al mismo momento en que se expidieron los Registros Civiles de Nacimiento Nos. 1987928 y 1987929, igualmente se emitió el Registro Civil de Nacimiento No. 34155470, correspondiente a la señora YAMILE MORA CASTRO, en el que indicó como antecedente, “ACTAS JUZGADO”, sin más aclaraciones o anotaciones (fl. 18). Por esto, no se encuentra que el disciplinado hubiera pretendido de manera alguna desconocer sus funciones y obligaciones, ni que con la expedición de los citados registros de nacimiento, se buscara una finalidad distinta a la que prevé la Constitución Política en el artículo 23, concordante con los artículos 5º, 6º y siguientes del Código Contencioso Administrativo. Funciones que están reguladas entre otras disposiciones, por la Circular No. 021 del 17 de agosto de 2001, a través de la cual, el Registrador Nacional del Estado Civil, impartió directrices, entre ellas, las relacionadas con los registro civil de nacimiento cuando es producto de una adopción, caso en el que se requiere sentencia judicial en firme, procediéndose a la apertura de un nuevo folio para efectuar el respetivo registro. Además, con el fin de proteger el derecho a la intimidad, en la casilla correspondiente a

“documento antecedentes”, se consignará “DOCUMENTO AUTENTICO”, y en la casilla de notas no se dejará constancia alguna, ni se hará referencia a que se trata de una adopción. En el registro inicial se indicará que fue reemplazado, pero no se mencionara el motivo (fl. 208). Así las cosas, el procedimiento asumido por el señor MAURICIO ALEJANDRO SIMBAQUEBA MORENO, en su calidad de Registrador Municipal del Estado Civil de Ubaté, fue a quien le correspondía, de acuerdo sus funciones, motivo por el que la Delegada no comparte las consideraciones que tuvo en cuenta el fallador de primera 8 instancia para proferir fallo sancionatorio, pues del trámite que se le dio a la expedición de los registros civiles de nacimiento, ni de lo plasmado en dichos documentos públicos, se puede inferir la incursión en el delito de falsedad ideológica en documento público, más aún, lejos de haber cometido una falta disciplinaria, se determinó claramente que su comportamiento estuvo ajustado a los parámetros constitucionales y legales, tal como ya se expuso, razón por la cual este Despacho debe revocar la providencia de primera instancia impugnada. En mérito de lo expuesto, El PROCURADOR DELEGADO PRIMERO PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, en ejercicio de sus atribuciones legales, RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la Resolución del 5 de junio de 2007, mediante la cual, la Procuraduría Regional de Cundinamarca, sancionó al señor MAURICIO ALEJANDRO SIMBAQUEBA MORENO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.432.140, en

su condición de Registrador Municipal del Estado Civil de Ubaté, con destitución e inhabilidad general por el término de quince (15) años para ejercer funciones públicas, y en su lugar absolverlo, de acuerdo con lo señalado en los considerandos.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión al disciplinado MAURICIO ALEJANDRO SIMBAQUEBA MORENO y/o su apoderado, haciéndole saber que contra la misma no procede recurso alguno y que de esta forma queda agotada la vía gubernativa.

TERCERO: Compulsar copias del expediente con destino a la Procuraduría Regional de Cundinamarca, para que se investigue al señor MAURICIO ALEJANDRO SIMBAQUEBA MORENO, en su condición de Registrador Municipal del Estado Civil de Ubaté, de conformidad con lo manifestado en la parte considerativa de este proveído.

CUARTO: Remitir el expediente a la Procuraduría Regional de Cundinamarca, para lo de su competencia.

QUINTO: Diligenciar el formulario de Registro de Sanciones SIRI.

CÚMPLASE

JESUALDO VILLERO PALLARES

Procurador Delegado Primero Vigilancia Administrativa JVP/ Cagm EXP. 025-85916-03 9