PGN - REPARACIÓN DIRECTA - Contra del Ministerio del Interior

REPARACIÓN DIRECTA-Contra del Ministerio del Interior – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, Armada Nacional y la Policía Nacional, por el desplazamiento forzado al que se vieron sometidas el 22 de octubre de 1999 ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTAElementos estructurales HECHOS NOTORIOS-Elementos estructurales Los hechos notorios, son aquellos que su existencia puede invocarse sin necesidad de recurrir a algún mecanismo probatorio, por ser conocido por cualquiera que se halle en capacidad de observarlo. Por lo anterior es claro que el hecho que el apoderado quiere hacer pasar como hecho notorio no cumple con las condiciones de estos, pues no es conocido por cualquiera, por el contrario, requiere material probatorio que lo demuestre, pues es debatible su ocurrencia.

Expediente: 13001-23-33-000-2017-00909-01 (65915)

Medio de Control: Reparación Directa

Concepto Ministerio Público

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO N° 091 / 2021

Bogotá, D.C., 16 de septiembre de 2021 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente doctor MARTIN GONZALO BERMÚDEZ MUÑOZ

E. S. D.

Ref: 13001-23-33-000-2017-00909-01 (65915)

Medio de Reparación Directa Control: Demandado: La Nación – Ministerio del Interior - Ministerio de Defensa Nacional, Ejercito Nacional, Armada Nacional y Policía Nacional.

Demandante: Consuelo Margarita Morales Sierra y Enoldy Gregoria Sierra Pérez.

Trámite: Apelación de fallo de primera instancia.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. La demanda.

Las demandantes presentaron demanda en contra del Ministerio del Interior – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, Armada Nacional y la Policía Nacional, por el desplazamiento forzado al que se vieron sometidas el 22 de octubre de 1999, teniendo que abandonar todas sus pertenecías y las tierras

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Medio de Control: Reparación Directa Concepto Ministerio Público en las que vivían y trabajaban, pertenecientes al corregimiento de Bajo Grande,

Bolívar. Dicen las demandantes que las autoridades demandadas sabían de la presencia de grupos al margen de la ley en la zona, y por acción u omisión fueron responsables del desplazamiento forzado, pues no hicieron nada para evitarlo o prevenirlo. Así mismo, afirman que funcionarios de las autoridades demandadas participaron en hechos violentos en contra de la ciudadanía del sector, en alianza con grupos paramilitares, como lo fue en la masacre del 22 de octubre de 1999 en la zona conocida como Montes de María. Por lo anterior, la acción de reparación directa tiene como pretensiones

principales las siguientes: 1. “Condenar a la NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL – ARMADA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, a pagar indemnización a las víctimas por concepto de perjuicios morales, y materiales por haber incurrido en fallas en la prestación del servicio por acción y omisión que dieron como resultado la masacre y el desplazamiento masivo ocurrido el día 22 de octubre de 1999 en el asentamiento de BAJO GRANDE – BOLÍVAR, corregimiento del Municipio de San Jacinto, Bolívar.” 1.2. La Contestación. Las entidades demandadas en sus escritos de contestación rechazan los hechos y solicitan sean negadas la totalidad de pretensiones de la demanda. Afirman que el presente asunto debe tratarse como una falla del servicio, por lo tanto es el demandante quien tiene la carga de demostrar los elementos que configuran la responsabilidad del Estado.

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Medio de Control: Reparación Directa Concepto Ministerio Público Afirman que luego de practicarse las pruebas, el demandante no logró demostrar que el daño sufrido pueda ser atribuido a alguna de las entidades demandantes, pues resaltan que la obligación de seguridad y cuidado que la Constitución Política de Colombia les impone a las autoridades del orden nacional demandadas es genérica y que por lo tanto se debió haber

demostrado de manera concreta como fue incumplida esta con respecto a los demandantes. Finalmente, el Ministerio del Interior presentó como excepción previa la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues de acuerdo con sus funciones constitucionales y legales, no tienen bajo su cargo velar por la protección y seguridad de los habitantes del territorio nacional. 1.3. La sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Bolívar, negó las pretensiones de la demanda, por cuanto: “Para la Sala, contrario a lo manifestado en la demanda, no fue acreditado que las autoridades demandadas hayan tenido conocimiento de la situación de vulnerabilidad de los demandantes, frente a actores de grupos armados irregulares, en razón de amenazas y homicidios selectivos a manos de grupos paramilitares, así como del riesgo en que se encontraba la población civil, pues de ello no hay prueba en el expediente. Las actoras no aportaron medios de prueba al proceso que demuestren que hubieran denunciado ante la Armada, la Policía Nacional amenazas o intimidaciones concretas por parte de grupos paramilitares contra su vida o integridad fisica y la de su familia, ni tampoco dirigidas al Ministerio del Interior, pues se reitera no se allegó ninguna prueba al respecto. Obsérvese que los restantes documentos allegados indican que con posterioridad al desplazamiento sucedido el 22 de octubre de 1999, la infantería de marina hizo presencia en el lugar y emitió órdenes

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Medio de Control: Reparación Directa Concepto Ministerio Público para asegurar la permanencia en el sector, restablecer la seguridad y permitir el regreso de las personas.

Así las cosas, la parte demandante no logra acreditar que las entidades aquí accionadas hayan omitido sus deberes misionales de protección y seguridad desde el punto de vista jurídico en el caso concreto, dado que como se indicó con precedencia, no puede atribuirse responsabilidad objetiva en este tipo de asuntos, sin que haya sido acreditado que con anterioridad al desplazamiento hayan puesto en conocimiento de las autoridades la situación presentada.” 1.4. La apelación. La parte demandante recurrió el fallo de primera instancia solicitando que se revoque y en su defecto, se concedan la totalidad de las pretensiones que fundan la demandan de reparación directa. Para tal efecto, retoma argumentos esgrimidos en la demanda, y a su vez resalta que el a quo realizó una valoración probatoria incompleta, pues desconoció las distintas afectaciones que sucedieron desde 1997 en la zona de los Montes de María, donde se vivió de manera intensa la presencia de grupos al margen de la ley, afectando poblaciones de distintos municipios y corregimientos, como los que habitaban en María la Baja, Carmen de Bolívar, San Juan de Nepomuceno y San Jacinto. Por lo anterior, las autoridades demandadas tenían pleno conocimiento de lo que venía sucediendo en el territorio, pues esta no fue la primera acción delictiva de estos grupos en esta zona del país.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico.

Consiste en determinar, si se cumplen los elementos estructurales del medio de control de reparación directa, esto es si en efecto el daño que se sufrieron las demandantes es constitutivo de una falla del servicio atribuible a las entidades demandadas.

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Medio de Control: Reparación Directa Concepto Ministerio Público En la ruta de analizar el título de imputación de la falla del servicio, el primer elemento a analizar es el daño antijurídico, es decir aquel que no se está en la obligación jurídica de soportar. En el caso en concreto, tenemos demostrado que en efecto existió el desplazamiento forzado de las demandantes, a tal punto que por esos hechos se encuentran incluidas en el Registro único de Victimas, certificación que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ya le ha dado la validez e importancia que requiere el tema1.

Sobre este elemento, esta Procuraduría Delegada, tiene poco más que mencionar, pues es clara la ocurrencia del daño antijurídico en cabeza de quienes hoy interponen la demanda de reparación directa. Ahora bien, entrando a discutir sobre el ingrediente de la imputación del daño al agente público, que en este caso es el Ministerio del Interior, el Ministerio de

Defensa – Ejercito Nacional de Colombia, Armada Nacional y Policía Nacional, esta Delegada quisiera hacer los siguientes reparos. En primer lugar, se debe recordar lo ya establecido por el Consejo de Estado en sentencia del 31 de enero de 2011 dentro del expediente No. 17842, posteriormente reiterado en la sentencia del 11 de marzo de 2019 expediente No. 43512, y que ya el a quo nos recordaba anteriormente. La falla en el servicio, el cual es el criterio de imputación que el demandante ha usado para demostrar la culpa de la Administración, no es un régimen objetivo, es decir que se debe realizar un análisis de la conducta de la administración para dilucidar su responsabilidad, y que para estos casos el Consejo de Estado ha establecido una serie de criterios que deben cumplirse en aras de poder endilgar la responsabilidad a alguna entidad del Estado colombiano. En concreto, se tiene que son cinco criterios que deben revisarse, en cada caso para poder estructurar la responsabilidad del Estado, en primer lugar que con anterioridad y posterioridad a la ocurrencia de los hechos había 1 Corte Constitucional. Sentencia T-068 del 20 de febrero de 2019.

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Medio de Control: Reparación Directa Concepto Ministerio Público conocimiento generalizado de la situación de orden público de una zona, que afectaba a organizaciones y a las personas relacionadas con éstas; segundo,

que se tenía conocimiento de circunstancias particulares respecto de un grupo vulnerable; tercero, que existía una situación de riesgo constante; cuarto, que había conocimiento del peligro al que estaba sometida la victima debido a la actividad profesional que ejercía; y finalmente, que no se desplegaron las acciones necesarias para precaver el daño. Con respecto a lo anterior, este Despacho quisiera hacer solo los siguientes comentarios. Del acervo probatorio, se tiene que en efecto las demandantes habitaban y laboraban en el municipio de San Jacinto, ubicado en lo que se conoce como Montes de María, una zona de Bolívar que fue duramente afectada y atacada su población por miembros de los grupos paramilitares. Así mismo se debe recordar, como lo decía el apoderado de la parte demandante, que esta zona del país vivió desde 1997 varios años de violencia encarnizada, generando miles de desplazados. Ahora bien, siguiendo el criterio sostenido por el Consejo de Estado, de acuerdo con la línea jurisprudencial ya citada, no se encuentra en el expediente prueba fehaciente que logre demostrar que en efecto las Fuerzas Armadas de Colombia ya estaban en conocimiento de lo que se iba a presentar en el territorio, por lo que acá no podemos hablar de omisión a los deberes constitucionales y legales que hoy recaen en el Ejército Nacional, la Armada Nacional o la Policía Nacional. El apoderado del demandante se equivoca cuando acude a la expresión de hecho notorio, refiriéndose a la situación que se presentó en los Montes de María, pues debemos recordar que esos hechos hoy son de público conocimiento, pero en el momento en que ocurrieron estos eran desconocidos,

y era esta presunción de desconocimiento la que el apoderado ha debido atacar por medio del material probatorio que ha debido aportar en este proceso.

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Medio de Control: Reparación Directa Concepto Ministerio Público Los hechos notorios, son aquellos que su existencia puede invocarse sin necesidad de recurrir a algún mecanismo probatorio, por ser conocido por cualquiera que se halle en capacidad de observarlo2. Por lo anterior es claro que el hecho que el apoderado quiere hacer pasar como hecho notorio no cumple con las condiciones de estos, pues no es conocido por cualquiera, por el contrario, requiere material probatorio que lo demuestre, pues es debatible su ocurrencia.

El tema del aviso, anunció o reporte a las autoridades, previo a la ocurrencia al hecho de violencia, es fundamental en este tipo de procesos, pues es necesaria para activar la obligación particular y singular de las autoridades públicas de brindar medidas de seguridad, de lo contrario lo que se tiene es una obligación general y abstracta por parte de las autoridades para con los ciudadanos del territorio nacional. Finalmente, como representante del Ministerio Público me permito realizar las siguientes,

III. CONCLUSIONES El Ministerio Público considera que la falla del servicio en este caso no logra consolidarse, que las autoridades públicas no estaban obligadas a prestar

servicios particulares o específicos de seguridad en cabeza de las demandantes, que de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la Constitución Política la obligación de cuidado y protección se predica en cabeza de los habitantes del país y que estas obligaciones son de carácter general. Finalmente, que el apoderado de las demandantes no logró demostrar la acción u omisión por parte de los agentes públicos de seguridad que fuera 2 Revisar Auto del dos de octubre de 1997 de la Corte Constitucional, por medio del cual se resuelve solicitud de nulidad de sentencia C-239 de 1997.

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Medio de Control: Reparación Directa Concepto Ministerio Público crucial para la ocurrencia del hecho victimizante.

En virtud de lo expuesto, el Ministerio Público solicita que el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar sea CONFIRMADO en su integridad, por las razones expresadas anteriormente. Del Honorable Consejo de Estado, respetuosamente,

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado

Proyectó: Pablo Andrés Corredor Gómez

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