PGN - REPETICIÓN - Condena a entidad publica

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPETICIÓN-Por pago de condena judicial dentro de proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso CONDENA A ENTIDAD PUBLICA-Por actos administrativos que reformaron planta y suprimieron empleos por necesidades del servicio y modernización de la Administración PROCEDENCIA DE LA ACCION DE REPETICIÓN-Deben acreditarse los requisitos concurrentemente Al tenor de los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, la prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos; i) la existencia de una condena judicial, de un acuerdo conciliatorio o de otra forma de terminación de conflictos que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una suma de dinero; ii) que el pago se haya realizado; iii) la calidad de la demandada como agente o ex agente del Estado y iv) la culpa grave o el dolo. En este entendido, en caso de que alguno de los anteriores presupuestos no se encuentre satisfecho, resultaría innecesario estudiar los demás JUICIOS DE REPETICIÓN-Son autónomos al proceso que condeno al Estado y se nutre de lo aportado por las partes El juicio realizado al interior de un proceso que por repetición se adelanta contra un servidor o ex servidor público, parte de la noción de autonomía de juzgamiento en relación con el proceso primigenio del cual se derivó la condena, lo que indica que, el análisis del juez de repetición está circunscrito a las características propias que definen

este tipo de debate procesal, desligándolo de las valoraciones y conclusiones que, de acuerdo a la realidad procesal tenida para ese momento, fueron realizadas y adoptadas por el juzgador de la demanda inicial. Al respecto, el Ministerio Público considera importante resaltar que el análisis jurídico en la presente instancia debe nutrirse de la situación fáctica y probatoria propuesta por las partes al interior del presente proceso. REQUISITO SUBJETIVO PARA LA ACCIÓN DE REPETICIÓN-No se evidencia que actos administrativos se emitieron bajo una conducta culposa o dolosa El Ministerio Público llega a la misma conclusión que llegó el A Quo, en el sentido de señalar que, si la entidad demandante hizo consistir la presunta culpa grave de los demandados en que supuestamente habían proferido los actos administrativos que resultaron anulados sin haber efectuado los estudios técnicos de que trata la Ley 443 de 1998 y el Decreto 1578 de 1998; y si, como se refirió con anterioridad, está probado que los mencionados estudios sí se habían confeccionado antes de que se expidieran los actos administrativos que dieron lugar a la condena en contra de INTRASOG, el Ministerio Público concluye con grado de certeza que, conforme a la evidencias que obran en el Exp No 150012333000201600836-01 (66114) expediente, la conducta…, no puede catalogarse como gravemente culposa, ni mucho menos como dolosa, puesto que, de su parte, no se avizoró ningún comportamiento grosero, negligente, despreocupado, o malintencionado que buscara la realización de un daño a la señora....

CARGA DE LA PRUEBA EN ACCION DE REPETICION-Corresponde al

demandante demostrar presupuestos objetivos y subjetivos requeridos La carga de la prueba en este proceso corresponde a la parte demandante, quien tiene el deber de acreditar los supuestos de hecho que aduce con la demanda. Tratándose de la responsabilidad de agentes del estado en una acción de repetición, es indispensable demostrar los presupuestos ya señalados, objetivos y subjetivo, cuya carga probatoria corresponde al demandante, aspecto que no pudo lograr suficientemente en el sub examine. De tal manera que, al no encontrar probados algunos de los elementos esenciales de la acción de repetición, conforme a las disposiciones legales aplicables al caso, encuentra esta Delegada del Ministerio Público que la entidad demandante, incumplió con la carga de la prueba, para que prosperen las pretensiones de la demanda, toda vez que no se acreditó en debida forma los elementos mencionados, esto es, el pago de la condena impuesta al Estado y el dolo o la culpa grave en la conducta de los agentes demandados, razón por la cual, no se les puede endilgar responsabilidad alguna CONDENA EN COSTAS JUDICIALES-Impuesta a la parte demandante de acción de repetición contra funcionario por no haber prosperado las pretensiones 2

Exp No 150012333000201600836-01 (66114) CONCEPTO No. 056 / 2021

Bogotá D.C, 15 de julio de 2021

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN “A”

Consejera Ponente Doctora: Martha Nubia Velásquez Rico.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 150012333000201600836-01 (66114)

MEDIO DE CONTROL: REPETICIÓN – Ley 1437 de 2011

ACTOR: INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

SOGAMOSO DEMANDADOS: JOSE MARÍA BARRERA PEREZ y OTROS Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMAR el fallo recurrido/ NO se cumplió con la carga probatoria por parte de la entidad para acreditar los elementos del medio de control invocado en contra de los demandados / Normatividad aplicable al medio de control impetrado, la vigente en la fecha o época en que se presentaron las acciones u omisiones que dieron lugar al fallo contra el Estado, Artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo; anterior a la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001 / La entidad demandante desatendió el deber de la carga probatoria que le correspondía / Condena en costas. Aplicación del criterio objetivo conforme a lo consagrado en el Art. 188 de la Ley 1437 de 2011 y Art. 365 del C.G.P.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, para decidir el grado jurisdiccional de consulta, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento y protección del orden jurídico, de los derechos y garantías fundamentales y del Patrimonio Público.

I. ANTECEDENTES

1.1. La Demanda

El INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SOGAMOSO en adelante

(INTRASOG) en ejercicio del medio de control de repetición consagrada en la Ley 678 de 2001 en armonía con al Artículo 142 del C.P.A.C.A., mediante apoderado judicial presentó

3 Exp No 150012333000201600836-01 (66114) demanda ante la jurisdicción contenciosa Administrativa, radicada el día 7 de octubre de 2016, en contra de MIGUEL ANGEL CAMACHO CASTAÑEDA, GUSTAVO ENRIQUE SOSA PACHECO, LUZ AIDA BALLESTEROS, JAQUELINE MESA LIZARAZO, CARLOS PACHOCO SIERRA y JOSÉ MARÍA BARRERA, solicitando se despachen favorablemente las pretensiones que se sintetizan así: "Primera. Los señores Miguel ángel Camacho Castañeda, Gustavo Enrique Sosa Pacheco, Luz Aida Ballesteros, Jaqueline Mesa Lizarazo, Carlos Pacheco Sierra y José María Barrera en calidad de ex-agentes Estatales del INSTITUTO DE TRANSITO y TRANSPORTE DE SOGAMOSO “INTRASOG”, el primero en su calidad de Director y Representante legal del INTRASOG, los siguientes como integrantes de La Junta Directiva del lNTRASOG; son administrativamente responsables de los perjuicios materiales que se debieron indemnizar y cancelar, por la nulidad de los actos administrativos Resolución No D - 05 de 2 de Junio de 2000 y Actas Nos 008 de 29 de Diciembre de 1999 y 003 de s de Mayo de 2000 y el restablecimiento del derecho al accionante Ex funcionaría MARTHA OLGA FONSECA ROJAS según se evidencia como consecuencia del Fallo dentro del proceso 2000 -2417 -1 del Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá.

Segunda: condenaren consecuencia a los señores ex agentes Estatales del

INSTITUTO DE TRANSITO y TRANSPORTE DE SOGAMOSO “INTRASOG” como

reparación del daño ocasionado, pagado a la Demandante MARTHA OLGA FONSECA ROJAS, por los perjuicios de orden material, los cuales se estimaron en

la suma de CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ

MIL SETECIENTOS SIETE PESOS MDA CTE ($ 425.310.707.00).

Tercera. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en la ley, aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha del pago de la condena hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo. Cuarta. Las personas demandadas darán cumplimiento a la sentencia, en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” Como fundamentos facticos que sirvieron de sustento de las pretensiones, se señalaron: Inició señalando que el lNSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOGAMOSO "INTRASOG" fue condenado mediante sentencia de fecha 22 de agosto de 2013 del Tribunal Administrativo de Boyacá donde se ordenó a título de restablecimiento del derecho a favor de la señora MARTHA OLGA FONSECA ROJAS pagar por concepto de indemnización de perjuicios materiales la suma de CUATROCIENTOS VEINTICINCO

MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SIETE PESOS MDA CTE ($

425.310.707.00) 4 Exp No 150012333000201600836-01 (66114) Indicó que, la condena por los perjuicios fue pagada a la exfuncionaria el día 31 de

Octubre de 2014, según se evidencia de la Certificación expedida por la Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera del INTRASOG. Refiere que los funcionarios responsables de expedir los actos administrativos por los cuales la entidad fue condenada son los señores Miguel ángel Camacho Castañeda, Gustavo Enrique Sosa Pacheco, Luz Aída Ballesteros, Jaqueline Mesa Lizarazo, Carlos Pacheco Sierra y José María Barrera en calidad de ex agentes Estatales del lNSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOGAMOSO “INTRASOG”, el primero en su calidad de Ex - Director y Representante legal del lNTRASOG, los siguientes como Exintegrantes de La Junta Directiva del INTRASOG. Por último, señaló que los demandados son responsables de que la entidad haya sido condenada por cuanto actuaron con culpa a consecuencia de haber proferido los relacionados actos Administrativos sin tener en cuenta los planteamientos de carácter factico y jurídico que señalo el Tribunal Administrativo de Boyacá en la sentencia de segunda instancia que condeno al lNTRASOG al pago de los perjuicios patrimoniales señalados anteriormente. 1.2. Contestación de la demanda Los exservidores públicos a través de apoderado judicial contestaron la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones tanto declarativas como de condena rogadas por la parte demandante. Señalaron que no resulta acertada la afirmación con la cual la demandante califica la actuación de los demandados como culpa grave, calificativo que no se configura en el presente caso y respecto del cual no se allega elemento probatorio alguno encaminado a demostrarlo.

Resaltó que a raíz de la reestructuración administrativa de todas las dependencias de la Administración Municipal de Sogamoso, incluida la supresión de la Contraloría Municipal, el Municipio afrontó un gran número de demandas en acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovidas por las personas que fueron retiradas por supresión del cargo, las cuales cursaron ante el mismo Tribunal Administrativo de Boyacá, y en ninguna de ellas 5 Exp No 150012333000201600836-01 (66114) se produjo condena en contra del Municipio de Sogamoso pues se acreditó en todas ellas la existencia de estudio técnico. Sostuvo que la entidad demandante dentro de la acción de repetición invoca como fundamento de derecho la ley 678 de 2001, normatividad posterior a la expedición de las actuaciones administrativas demandadas en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que desembocaron en la condena por la cual se pretende repetir y por tanto inaplicables en los aspectos sustanciales. Aclaró que las Actas 008 y 003 corresponden a reuniones de Junta Directiva de lNTRASOG del 29 de diciembre de 1999 y del 8 de mayo de 2000; la Resolución D-05 fue expedida el 2 de junio de 2000. La ley 678 de 2001 rige a partir de 4 de agosto de 2001 fecha de su publicación en el Diario Oficial 44.509, por tanto, los aspectos sustanciales no resultan aplicables a este caso. Señaló como hecho generador del daño la reforma a la planta de personal que hizo el Director de INTRASOG “sin los requisitos previstos en la ley 443 de 1995.,. pues no

existió el correspondiente estudio técnico previo... “El estudio previo Sí existió, lo que no se probó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho fue su existencia. La falla estuvo en la defensa de lNTRASOG en el aludido proceso de restablecimiento del derecho. Argumentó que, frente al requisito de la calificación de la conducta, como dolosa o gravemente culposa de los servidores estatales demandados; en la demanda solo se afirma que los demandados en repetición actuaron con culpa grave, pero de ahí no se pasó. Es solo la afirmación de la parte actora. Agrega que no existe el menor elemento probatorio encaminado a demostrar este aspecto subjetivo. Consideró que en el presente caso no se puede acudir a las presunciones establecidas en la ley 678 de 2001, no solo porque esta normatividad es posterior, sino porque la declaratoria de nulidad de las actuaciones administrativas por si sola no tiene la virtualidad para asignar calificativo de dolo o culpa grave a la actuación de los servidores públicos. Concluyó que en el sub examine no existe elemento probatorio alguno que comprometa la responsabilidad patrimonial de los demandados toda vez que su actuar en el caso que dio 6 Exp No 150012333000201600836-01 (66114) origen a condena en contra de lNTRASOG, se ajustó estrictamente a la legalidad pues para la reforma administrativa y en especial para la supresión de cargos en lNTRASOG se contó con los estudios técnicos suficientes para soportar la decisión que infortunadamente fue anulada de manera parcial por motivos muy diferentes a las reales actuaciones de los demandados.

1.3. Tesis del Ministerio Público en primera instancia. EI Ministerio Público rindió el concepto que se sintetiza en los siguientes puntos (fls. 456-460): Una vez efectuado un recuento del trámite procesal del presente medio de control, el Representante del Ministerio Público abordó lo relativo a la competencia funcional de la Procuraduría General de la Nación para efectuar su intervención en la presente litis. A renglón seguido, se refirió al marco constitucional y legal de la acción de repeticióndestacando las nomas y jurisprudencia que consideró más relevantesy concluyó que, en el caso de marras, los requisitos de procedencia eran los consagrados en los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo; ya que a Ley 678 de 2001 había sido proferido con posterioridad a los hechos que dieron lugar a la condena, los cuales se remontaban al 29 de diciembre de 1999. Ya en el caso concreto, grosso modo indicó que únicamente se habían acreditado los elementos objetivos de procedencia de la acción de repetición; pero que, en lo relativo al elemento subjetivo de la misma, éste solo había quedado “en una simple afirmación” (fl. 459v.); resaltando que, en el fallo condenatorio, el Tribunal Administrativo había considerado -en su momentoque no se habían configurado las causales de abuso o desviación de poder y falsa motivación al momento de la expedición de los actos administrativos que serían declarados nulos. En este orden de ideas, el Representante del Ministerio Público concluyó señalando que

en el expediente no obraban los elementos de juicio “con los cuales se demuestren la totalidad de los presupuestos de la acción, en particular la culpa grave o dolo de los demandados (...) lo que conduce, en estricto derecho, a que la decisión que deba dictarse sea adversa a las pretensiones de la parte sobre la que recae la carga de la prueba, que en el sub examine es la entidad pública demandante” (Hs. 459v-46U). 1.4.Decisión de primera instancia – Tribunal Administrativo de Boyacá 7 Exp No 150012333000201600836-01 (66114) Mediante sentencia del dos (2) de marzo de 2015 el Tribunal Administrativo del Cauca decidió: “PRIMERO: Declarar probada la falta de legitimación en la causa de JOSE MARIA BARRERA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Denegar las pretensiones de la demanda de repetición impetrada por INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SOGAMOSO en contra de MIGUEL

ÁNGEL CAMACHO CASTAÑEDA, GUSTAVO ENRIQUE SOSA PACHECO, LUZ AIDA BALLESTEROS, JAQUELINE MESA LIZARAZO y CARLOS PACHECO SIERRA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Condenar en costas y agencias en derecho al INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SOGAMOSO, cuya liquidación deberá efectuarse en los términos previstos en el artículo 366 y siguientes del Código General del Proceso.

CUARTO: Una vez en firme esta providencia archívese el expediente, dejando previamente

las anotaciones y constancias de rigor. Si existe excedente de gastos procesales, devuélvanse al interesado.” Decisión que respaldó con los siguientes argumentos: Refirió el Tribunal que, en el artículo 31 de la Ley 678 de 2001, claramente se prescribió que la misma regiría -únicamente- “(…) a partir de la fecha de su publicidad (…)”, es decir, a partir del 3 de agosto de 2001. Precisó que, los hechos que dieron lugar a que el INTRASOG resultara judicialmente condenado, se materializaron el día 2 de junio de 2000, fecha en que se dictó el acto administrativo que suprimió el cargo de MARTHA OLGA FONSECA ROJAS. Que, en tal contexto, al observarse que, para aquella data, la Ley 678 de 2001 aún no se encontraba vigente, lo cierto es que en el caso de marras se plantea un conflicto de leyes en el tiempo, el cual se deriva de un tránsito normativo para el que el legislador de 2001 no previó medida alguna. Indicó que, no obstante, este asunto ha sido ampliamente tratado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual ha determinado de manera pacífica que, en su aspecto sustancial, tales asuntos continúan rigiéndose por la normatividad anterior; más aún si se tiene en cuenta que ese tipo de procesos supone un estudio de la responsabilidad subjetiva del agente, que a la luz del articulo 29 de la Constitución Política, impone 8 Exp No 150012333000201600836-01 (66114) salvaguardar la garantía universal según la cual nadie podrá ser juzgado sino conforme a

leyes preexistentes al acto que se le imputa. Al citar jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el tema, el Tribunal concluyó que:  Dado que los hechos que dieron lugar a este proceso son anteriores a la vigencia de la Ley 678 de 2001, el régimen jurídico aplicable para determinar la responsabilidad de los demandados es el vigente a la fecha en que ellos ocurrieron.  Por lo anterior, no hay lugar a acudir a lo prescrito en esta materia por la Ley 678 de 2001.  En tal sentido, la conducta de los demandados se debe estudiar de conformidad con las normas vigentes en la fecha o época en que se presentaron las acciones u omisiones que dieron lugar al fallo contra el Estado y que desencadenaron su declaratoria de responsabilidad, ya que no es jurídicamente procedente aplicar las presunciones establecidas en los artículos 5 y 6 de dicho cuerpo normativo.  Finalmente, en cuanto refiere al ámbito procesal del presente proceso, por el contrario, por tratarse de nomas de orden público rigen hacia el futuro con efecto general e inmediato (y, por lo mismo, prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir), las disposiciones aplicables son las contenidas en el CPACA. Frente a los presupuestos, en el caso concreto, de procedencia de la acción de repetición para los hechos ocurridos con anterioridad a la Ley 678 de 2001 se indicó en el fallo recurrido que: En relación con el pago efectivo de la condena en contra de INTRASOG, refirió el A Quo que, INTRASOG solamente acreditó que, el día 7 de julio de 2014, solicitó al área

encargada que se efectuara una apropiación por el orden de $300.000.000 para el pago de condenas, conciliaciones y sentencias judiciales (fl. 39); recursos respecto de los cuales, el día 8 de julio de 2014, se certificó su disponibilidad (fl. 40). No obstante, lo cierto es que no se probó que tales recursos hubieran sido efectivamente desembolsados y, de hecho, ni siquiera se acreditó que la Entidad que hoy demanda hubiera efectuado las gestiones necesarias para apropiar el saldo de $125.310.707 que debía ser cancelado, a más tardar, el día 31 de octubre de 2014; resaltándose que, lejos de haber aportado un recibo suscrito por la beneficiaria de tales sumas de dinero en el cual se diera fe que había recibido la totalidad de los $425.310.707, el único documento proveniente de la acreedora que obra en el expediente es la constancia de que ella fue notificada de la resolución 3245 del 26 de julio de 2014 que ordenó dar cumplimiento a la sentencia. 9 Exp No 150012333000201600836-01 (66114) Concluyó el Tribunal, que así las cosas, al no existir constancia de recibo, consignación, paz y salvo o comprobante de egreso y/o cualquier documento que demuestre que MARTHA OLGA FONSECA recibió -efectivamenteel valor de su indemnización, se concluye que el requisito relativo a haber efectuado el pago total de la condena se tiene como no acreditado. En relación con el cumplimiento del presupuesto referido al actuar doloso o gravemente

culposo de los demandados indicó el Tribunal que no hay evidencia en el plenario que permita concluir con certeza que MIGUEL ÁNGEL CAMACHO CASTAÑEDA, GUSTAVO ENRIQUE SOSA PACHECO, LUZ AIDA BALLESTEROS, JAQUELINE MESA LLZARAZO Y CARLOS PACHECO SIERRA., en su calidad de agentes Estatales, obraron -en su momentocon total desconocimiento de la normatividad jurídica, por lo cual se concluyó que el INRRASOG no logró probar la “culpa grave” o el “dolo” con que supuestamente habían procedido los demandados. Finalmente, indicó el Tribunal que, teniendo en cuenta que no se lograron acreditar los presupuestos de procedencia de la acción de repetición relativos al pago efectivo de la condena y a que la causa del daño que debió reparar la Administración haya sido fruto de una conducta dolosa o gravemente culposa de un agente Estatal, es claro que las pretensiones del presente medio de control deben ser despachadas desfavorablemente. 1.4. Recurso de apelación La parte demandante apeló la decisión, señalando que, una vez efectuado el análisis al fallo de Sentencia es oportuno indicar qué se difiere en la decisión y fundamentos expuestos en razón a que, conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011 en el artículo 142 la acción de repetición es un mecanismo para que la entidad condenada judicialmente en razón a una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario suyo, pueda solicitar a éste el reintegro de lo que ha pagado al particular beneficiario de la

sentencia.

Refirió el enunciado del artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 que señala: “Repetición. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado. 10 Exp No 150012333000201600836-01 (66114) La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública. Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño.” Indica que difiere sobre lo argumentado por el A Quo al indicar que: “no se aportaron los correspondientes comprobantes de egreso y copias de los correspondientes cheques o transacciones bancarias que acrediten que INTRASOG satisfizo cada una de las obligaciones que hacían parte del cumplimiento integral del fallo”; en el entendido que la ley es taxativa al indicar que “el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño”. Certificación emitida por parte de la funcionaria BLANCA LILIA SALAMANCA Jefe Administrativa y Financiera, expedida el día 16 de septiembre de 2016,

que reposa en el expediente como prueba que conduce al efectivo pago por parte de

INTRASOG.

Difiere el apelante con lo resuelto en el numeral TERCERO del fallo que recurre, en el que se determina “condenar en costas y agencias en derecho al INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOGAMOSO, cuya liquidación deberá efectuarse en los términos previstos en el artículo 366 y siguientes del Código General del Proceso”. Lo anterior, en vista de que no se observa temeridad o mala fe en el actuar de la parte demandante INTRASOG, es así que se solicita sea revocado el numeral Tercero del A Quo absteniéndose de condenar en costas, de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos  Se restringe a determinar si se encuentran configurados el presupuesto objetivo de la prueba del pago y subjetivo necesarios para que el estado pueda repetir en contra los

señores MIGUEL ÁNGEL CAMACHO CASTAÑEDA, GUSTAVO ENRIQUE SOSA

11 Exp No 150012333000201600836-01 (66114) PACHECO, LUZ AIDA BALLESTEROS, JAQUELINE MESA LIZARAZO y CARLOS PACHECO SIERRA,, por el pago de la suma de $425.310.707.oo, en cumplimento a lo dispuesto en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del proceso de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho que adelantó la señora

Martha Olga Fonseca Rojas en contra del INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SOGAMOSO “INTRASOG”.  Determinar si la parte demandante cumplió con la carga probatoria que le asiste para la prosperidad del presente medio de control de repetición.  Establecer si le asiste razón al A Quo, en su decisión de condenar en costas a la parte demandante. 2.2. Caso concreto En el sub judice se analizará si hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de los señores MIGUEL ÁNGEL CAMACHO CASTAÑEDA, quien fungió como Gerente del INTRASOG entre el 31 de diciembre de 1997 y el 4 de febrero de 2001 GUSTAVO ENRIQUE SOSA PACHECO, en su calidad de Alcalde Municipal, LUZ AIDA BALLESTEROS, en su calidad de Directora del Departamento Administrativo DAPLAM) JAQUELINE MESA LIZARAZO en su calidad de Directora Jurídica y CARLOS PACHECO SIERRA, en su calidad de Secretario de infraestructura, Valorización y Obras Públicas. 2.2.1. Ahora bien, para determinar la normatividad aplicable al caso bajo análisis, se precisa que los hechos que dieron origen a la condena proferida mediante el mandamiento de pago por valor de CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SIETE PESOS MDA CTE ($ 425.310.707.00), se materializaron el día 2 de junio de 2000, fecha en que se dictó el acto administrativo que suprimió el cargo de MARTHA OLGA FONSECA ROJAS.

Analizado el caso objeto de examen, se observa que los hechos que dieron lugar a que el INTRASOG resultara judicialmente condenado, como antes se refirió, se materializaron el día 2 de junio de 20001, fecha en que se dictó el acto administrativo que suprimió el cargo 1 Fecha en que se expidió la Resolución No. D-05 del 2 de junio de 2000 (fls. 23-25), por medio de la cual se estableció la nueva planta de personal global del INTRASOG y, a su vez, se resolvió suprimir-entre otrosel cargo de “administrador aeropuerto”, indicándose que el acto administrativo regía “a partir de su expedición” (fls. 23-25). 12 Exp No 150012333000201600836-01 (66114) de MARTHA OLGA FONSECA ROJAS. En tal contexto, al observarse que, para aquel momento, como lo expuso el A Quo, la Ley 678 de 2001, aún no se encontraba vigente, lo cierto es que en el caso de marras se plantea un conflicto de leyes en el tiempo, el cual se deriva de un tránsito normativo para el que el legislador de 2001 no previó medida alguna. No obstante, en este asunto ha sido ampliamente tratado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual ha determinado, de manera pacifica que, en su aspecto sustancial, tales asuntos continúan rigiéndose por la normatividad anterior2; más aún si se tiene en cuenta que este tipo de procesos suponen un estudio de responsabilidad subjetiva del agente, que, a la luz del artículo 29 de la Constitución Política, impone

salvaguardar la garantía universal según la cual nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. El Consejo de Estado en sentencia del 8 de junio de 20163, trajo a colación un pronunciamiento previo de dicha Corporación, a través del cual se precisó cuál era el marco jurídico aplicable, en caso de que los hechos o actuaciones que habían dado origen a la demanda y su posterior condena hubieran sido anteriores a la Ley 678 de 2001, prescribiendo que en tales casos se aplicaría las normas previstas en el CCA: a) Si los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público, son posteriores a la vigencia de Ley 678 de 2001, para determinar y enjuiciar la falla personal del agente público será aplicable esta normativa en materia de dolo y culpa grave, sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter “civil” que se le imprime a la acción en el artículo 2 de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que doctrinal y jurisprudencialmente se han estructurado en torno a la responsabilidad patrimonial por el daño, en lo que no resulte irreconciliable con aquella y los fundamentos constitucionales que es