SC30-05-1956 - [050]

Sentencia C – SC – 050 de 1956

EXAMEN DE LAS PRUEBAS A CARGO DEL TRIBUNAL DE

INSTANCIA. - LAS CUESTIONES DE HECHO SOLO LLEGAN A

SER POR EXCEPCIÓN OBJETO DE LA CASACIÓN. - LOS "MEDIOS NUEVOS" 1. - La labor del sentenciador sobre las pruebas, necesariamente dirigida a saber si éstas acreditan o, no los hechos alegados, está ilimitada, como es obvio, por: la prueba misma, vista en su forma material, esto es, haciendo referencia al testimonio, por su texto, sus términos, asertos o negaciones, y legalmente considerada, según el valor que para el caso le asigne el Derecho probatorio. De aquí que, en primer lugar, si el sentenciador da por probado un hecho por suponer una prueba que no figura en el proceso, o por no percibir o examinar la que figura realmente y que, es contraria a la existencia procesal de tal hecho, o no lo da por acreditado a causa de no haber percibido la prueba que de él existe en autos, sufra error tocante a la materialidad de la prueba; y en segundo lugar que, si a la prueba existente le otorga un mérito probatorio de que carece, o le desconoce el que tiene, conforme a la ley, para probar ese hecho, sufra error jurídico, específicamente llamado de DERECHO en la valoración de la prueba, con el agravio necesario del precepto legal que tasa el medio de prueba, error que incide, no en la MATERIA, sino en la VOCACIÓN DE LA PRUEBA PARA DEMOSTRAR EL HECHO, de acuerdo con la tarifa legal de los medios probatorios. 2. – Si se trata de errores DE HECHO, deben aparecer con

evidencia FÍSICA, necesariamente producida por la percepción directa de la prueba, o sea que resultan de la sola confrontación del concepto del fallo, de hallarse o no probado un hecho, con la realidad material del juicio, absolutamente opuesta a tal concepto: el artículo 520 del C. J. pide "que aparezca de modo manifiesto en los autos". En otros términos, que, faltando materialmente una prueba, la sentencia da por probado el hecho, o haciendo parte material del juicio, no advierte su presencia en él, y niegue por tanto, la existencia procesal del hecho. Si de errores de derecho, deben resultar de confrontar la afirmación del fallo, de hallarse o no probado un hecho, con las normas del Derecho probatorio, una de las cuales aparece en pugna con aquella afirmación, por haberle dado a la prueba un mérito que tal norma no le atribuye, ti al contrario, por haberle negado el valor que le atribuye. Por tanto, la convicción del sentenciador, de hallarse o no probado un hecho, reposa en la integridad o unidad procesal de la prueba, en cuanto tiene de sensorialmente perceptible, y de entidad axiológica, apreciable por la mente del juez con arreglo a una tabla dada de valores legales. 3. - La causal de VIOLACION DE LA LEY SUSTANTIVA asume dos formas: DIRECTA, la una, cuando la sentencia la viola la ley sustantiva de un golpe: INDIRECTA la otra, cuando la hiere por contragolpe, es decir, a causa de errores sufridos en el examen de las pruebas. La necesidad social y democrática de que la ley, como de la voluntad popular y

medida cabal de las urgencias humanas, no pudiese ser violada por el mismo órgano judicial encargado de aplicarla, fue el origen de este instituto extraordinario, guardián de la ley, mas en un principio sólo contra la "infracción expresa"; propulsor después de la doctrina y de su constante renovación, y por último, además, fuente de Derecho positivo en la época contemporánea. 4.-Las cuestiones de hecho sólo caen excepción en el ámbito de la casación. Como concesión se originó esta especie de "desviación" del recurso; algunos códigos aún no la consagran, y la doctrina general la admite en circunstancias singulares, siempre atemperada por la naturaleza de la casación, que no es una instancia más, en cual pueda debatirse libremente sobre hechos: Es axiomático el que con la instancia queda agotada la controversia en cuanto a la materia probatoria, que no puede agitarse de nuevo, y en cuanto a la jurisdicción, que queda limitada por el objeto primordial del recurso, cual es la intangibilidad y el imperio de la ley, y de allí la "soberanía" de los tribunales falladores para enjuiciar los hechos, soberanía que emana por lo dicho, de tal objeto fundamental de la casación y que constituye, por tanto, la posición normal del fallador frente a la prueba. De consiguiente, si la prueba puede llegar a interesar la esfera del recurso, es sencillamente porque puede llegar a afectar el ámbito de la ley. La "autonomía" del juzgador restringe de manera tal el ingreso de los problemas de hecho a la casación

que sólo extraordinariamente se presentan, A esta presencia excepcional se refiere el artículo 520 cuando prescribe que si la violación de la ley proviene de apreciación de determinada prueba, es necesario que se demuestre "haberse incurrido por, el Tribunal en error de derecho o en error de hecho que aparezca de modo manifiesto en los autos". 5.-No toda equivocación del juzgador de instancia configura agravio generador de la infirmación de la sentencia. Lo cual reduce considerablemente en casación la posibilidad de los errores en el examen de los elementos probatorios. No puede decirse con certeza dónde está el error en qué consiste, sino cuando es éste de la entidad que contempla el artículo

520. De donde se colige la importancia de la actividad estimativa de las pruebas y el esmero con que debe ser ejecutada. 6.-Es, de suma importancia en el desenlace definitivo de la litis, y por consiguiente, en la dispensación de la Justicia, el examen esmerado de las pruebas por parte de los Tribunales fallado res, puesto que en razón de la autonomía de que goza en esta materia, el tribunal supremo no puede variar el resultado de ese examen sino en casos excepcionales, esto es, de error de derecho o de hecho que aparezca de modo manifiesto en los autos. 7.-Con frecuencia ocurre que el examen de unas pruebas, efectuado más cuidadosamente por el sentenciador, habría podido conducir a distinta conclusión de la adoptada por él, conclusión que, empero, no puede ser afectada en casación, por no configurarse el error típico requerido, lo cual pone de presente la responsabilidad que entraña la soberanía del

Tribunal de instancia, en lo atinente al examen de las pruebas.

Lo ha dicho la Sala: "Ha sido doctrina constante de la Corte la de que la apreciación de las pruebas hecha por el Tribunal, debe ser respetada en casación aun cuando ella no sea compartida por la Corte". 8-El examen de las pruebas llamado "de conjunto", no ofrece suficientes garantías de acierto y hace más rara la intervención del Tribunal supremo en el estudio de las cuestiones de hecho, razón por la cual es justamente censurado por la doctrina. El examen ha de ser pormenorizado de las distintas probanzas aducidas sobre el hecho determinado. 9.-Es proceder contrario a las normas de la casación, el de los recurrentes que ven errores de la calidad exigida, en todo juicio sobre las pruebas, en toda conclusión del Tribunal de instancia sobre el sentido y alcance de ellas, confundiendo el error caracterizado tal como lo predice el artículo 520, ordinal 19 del C. J., con simples y diversas valoraciones que pueden formularse sobre una prueba, posiblemente todas ellas razonables, pero muy lejos de imponerse ninguna como la única cierta, evidente e invulnerable.

10. Reafirmase doctrina sobre los "medios nuevos" en casación, con fundamento en el derecho de defensa de los litigantes, quienes, si fueran admisibles los medios no alegados en el juicio, podrían ser sorprendidos con armas no esgrimidas en él; y en la naturaleza de la casación, en la cual el fallo se enjuicia en relación con los materiales y los planteamientos que al juzgador le fueron presentados y no con otros que le

fueron desconocidos. Si una partida de bautizo de un hijo ilegitimo se ataca de invalidez, en instancia, por cuanto reza que el bautizado es hijo de Pedro, sin haberlo éste autorizado, el atacada en casación porque las partidas eclesiásticas son prueba supletoria y no principal del estado civil, constituye un "medio nuevo" inadmisible en este recurso.

REFERENCIA:

GACETA JUDICIAL Nº 2167

PROCEDENCIA:

TRIBUNAL SUPERIOR DEL

DISTRITO JUDICIAL DE

MONTERIA

PETICIONARIO:

Sucesión de Néstor Alberto Machado Tordecilla.

MAGISTRADO PONENTE:

JOSÉ J, GÓMEZ R.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Civil B Bogotá, mayo treinta de mil novecientos cincuenta y seis. Se decide sobre el recurso de casación interpuesto contra el fallo dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, con fecha 30 de mayo de 1955, en juicio de filiación natural de Emperatriz Martínez Polo contra la sucesión de Néstor Alberto Machado Tordecilla. CAPITULO PRIMERO Los antecedentes l.-Emperatriz Martínez Polo demandó ante el Juez Promiscuo del Circuito de Lorica (Distrito Judicial mencionado), en su calidad de madre natural de Naty y Marly (Machado Martínez), a Martina Arteaga C. v. de. Machado, para que se haga 1a declaración de ser aquéllas hijas naturales de Néstor Alberto Machado Tordecilla, por concurre las presunciones de paternidad natural consagradas en

los ordinales 1º, 4º y 5º del articulo 4 de la ley 45 de 1936. 2.-Negados por la demandada los hechos y el derecho invocados, el Juez desató la litis reconociendo la paternidad, en sentencia de 22 de octubre de 1954, así como el derecho a recibir la herencia en la sucesión del padre fallecido. 3-El reconocimiento se hizo con base en el ordinal 9º del artículo 4º de la citada ley 45, respecto de la menor de las dos hijas, y en el 4º, en lo referente a la mayor de ellas. 4,-Apelado el fallo par la parte demandada, fue confirmado por el Tribunal Superior de Montería el 30 de mayo de 1955, con fundamento en dicho último ordinal, en relación con ambas hijas. Se alzó en casación la demandada y tramitado como ha sido el recurso, la Corte procede a decidir. CAPITULO SEGUNDO La casación, causales y cargos Se formula al fallo el cargo de haber incurrido en errores de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas sobre las relaciones sexuales estables y notarías. 1 -El recurrente analiza las declaraciones que al respecto contiene el expediente, así como las partidas de bautizo de las menores, con el propósito de demostrar que el Tribunal erró de hecho y de derecho en la estimación de tales pruebas, con infracción inmediata de los artículos 661 a 667 y 701 del C. J.; 11, 13, 18 y 19 de la ley 92 de 1938; 92, 373, 374 y 1759 del C. C.; 75 de la ley 153 de 1887, y 79 del Decreto número 1003 de 1939, y

con quebranto sustancial de los artículos 4º, ordinal 4º y 20 de la ley 45 de 1936. El recurrente critica con razón, en parte, la forma como el sentenciador estima las pruebas, especialmente en cuanto admite declaraciones de testigos extrañas a la presunción que estatuye el ordinal 4º del citado artículo 4º y en lo que respecta a las que le conciernen, por cuanto no todo su contenido puede servir de prueba en el particular de esta presunción, No es ejemplar el examen de las pruebas, ciertamente, no obstante la reiterada recomendación de la Corte, al respecto, por tratarse de asunto tan grave, como tampoco la manera como el Juez de la primera instancia recibió las declaraciones, contraria a los mandatos de los artículos 687 y 688 del C. J., cuyo cumplimiento habría esclarecido no pocos puntos. El planteamiento de la acusación suscita unas consideraciones generales sobre la causal primera de casación a través de errores de hecho y de derecho en la estimación de las pruebas, consideraciones que pueden ser de utilidad: tanto a los Tribunales sentenciadores, para el examen cuidadoso del acervo probatorio, como a los abogados, para el emplazamiento técnico de los cargos, ya que la ley colombiana no exige calidades especiales para ejercer en casación, como la Corte lo ha anotada repetidamente aguijoneada por la manera deficiente como se plantea con frecuencia el recurso. Lo cual no toca con la formulación del presente.

2. La labor del sentenciador sobre las pruebas, necesariamente dirigida a saber si éstas acreditan o no los hechos

alegados, está limitada, como es obvio, por la prueba misma, vista en su forma material, esto es, haciendo referencia al testimonio, por su texto, sus términos, asertos o negaciones, y legalmente considerada, según el valor que para el caso le asigna el Derecho probatorio. De aquí que, en primer lugar, si el sentenciador da por probado un hecho por suponer una prueba que no figura en el proceso, o por no percibir o examinar la que figura realmente y que es contraria a la existencia procesal de tal hecho, o no lo da por acreditado a causa de no haber percibido la prueba que de él existen autos, sufra error tocante a la materialidad de la prueba; y en segundo lugar que, si a la prueba existente le otorga un mérito probatorio de que carece, o le desconoce el que tiene, conforme a la ley, para probar ese hecho, sufra error jurídico, específicamente llamado de derecho, en la valoración de la prueba, con el agravio necesario del precepto legal que tasa el medio de prueba: error que incide, no en la materia, sino en la vocación de la prueba para demostrar el hecho, de acuerdo con la tarifa legal de los medios probatorios. 3.-Si se trata de errores de hecho, deben aparecer con evidencia física, necesariamente producida por la percepción directa de la prueba, o sea que resulten de la sola confrontación del concepto del fallo, hallarse o no probado un hecho, con la realidad material del juicio, absolutamente opuesta a tal concepto: el articulo 520 del C. J. pide "que aparezca de modo manifiesto en los autos". En otros términos, que, faltando materialmente una prueba, la sentencia da por probado el hecho, o haciendo parte

material del juicio, no advierte su presencia en él, y niegue, por tanto, la existencia procesal del hecho. Si de errores (le derecho, deben resultar de confrontar la afirmación del fallo, de hallarse o no probado un hecho, con las normas del Derecho probatorio, una de las cuales aparece en pugna con aquella afirmación, por haberle dado a la prueba un mérito que tal norma no le atribuye, o al contrario, por haberle negado el valor que le atribuye. Por tanto, la convicción del sentenciador, de hallarse o no probado un hecho, reposa en la integridad en la unidad procesal de la prueba, en cuanto tiene de forma objetiva, sensorialmente perceptible; y de entidad axiológica, apreciable por la mente del juez con arreglo a una tabla dada de valores legales. 4.-La causal de violación de la ley sustantiva asume dos formas: directa, la una: cuando la sentencia hiere la ley sustantiva, de un golpe; indirecta la otra: cuando la hiere por contragolpe, es decir, a causa de errores sufridos en el examen de las pruebas. La necesidad social y democrática de que la ley, como expresión de la voluntad popular y medida cabal de las urgencias humanas, no pudiese ser violada por el mismo órgano judicial encargado de aplicarla, fue el origen de este instituto extraordinario, guardián de la ley, mas en un principio sólo contra la "infracción expresa"; propulsor después de la doctrina y de su constante renovación, y por último, además, fuente de Derecho positivo, en la época contemporánea. 5.-Las cuestiones de hecho jamás pertenecieron al dominio

de la casación. Chiovenda escribe: "Quedan excluidos del examen del tribunal supremo, los eventuales defectos en el juicio de hecho. Es intangible el juicio mediante el cual, el Juez en la sentencia de fondo, tiene por dado un hecho". Ugo Rocco: "La casación tiene jurisdicción sobre las cuestiones de derecho, no de hecho: garantiza la recta aplicación de la ley, basándose en los hechos que el Juez de fondo tuvo como existentes". ("Derecho Procesal Civil", pág. 187. Trad. de Felipe de J. Tena, 1939). Otro autor de la época afirma: "Los hechos no vuelven a ser examinados de nuevo: todos los que el Tribunal inferior ha estimado existentes han de ser tenidos como tales por el de casación. Este, por tanto ha de aceptar la base real de la sentencia de la Instancia anterior como verdadera y fundarse en la calificación jurídica del otro Tribunal, aunque esté hecha a base de elementos, insuficientes o de errores del Tribunal de apelación. El Tribunal de casación sólo ha de examinar si la ley se ha aplicado debidamente". (W. Kish. "Elementos de Derecho Procesal Civil". Trad. de L. Prieto Castro, pág. 299). Un criterio menos rígido sigue De la Plaza y con él la doctrina vigente: "En un sistema de casación puro, el problema no podría presentarse; porque, dogmáticamente, a la casación no pueden venir sino cuestiones exclusivamente jurídicas. Sin embargo, la desviación doctrinal, que es casi un derecho común en la ciencia y en las legislaciones, muestra cómo en el trance de no poder distinguir en muchos casos, con verdadera precisión, lo que es de derecho y lo

que constituye cuestión de fácil se ha optado por un sistema, en cierto modo ecléctico, en que lo ordinario es que, por razón de esta última, no se abra paso el recurso, pero sin excluir algunos casos que por lo extraordinarios y anormales confirman la regla general". ("La Casación Civil", 1944. Madrid, p. 224). B.-El artículo 520, ordinal 1º del C. J. al erigir la violación de la ley en causal de casación, agrega que "si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o de falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el Tribunal en error de derecho, o en error de hecho que aparezca de modo manifiesto en los autos"; de suerte que el problema probatorio puede fundar asimismo 'la casación, sin que haya lugar a distinguir, según dicho texto, en lo que respecta a los diversos métodos de prueba, de Enjuiciamiento civil español (a, 1692 7º) estatuye la misma causal, pero UJ no con tanta amplitud: "cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho, o error de hecho, si este último resulta de documentos o actos auténticos que demuestran la e vocación evidente del juzgador". Igualmente el código de procedimiento Civil italiano (a. 360, 5º) en el caso de "haberse omitido el examen de unos hecho decisivo a los fines del juicio ventilado por las partes", y la doctrina francesa la consagra cuando el fallo niega la existencia de hechos probados

por medio de actos auténticos. Como concesión se originó esta especie de "desviación" del recurso; algunos códigos aún no la consagran, y la doctrina general la admite en circunstancias singulares, siempre atemperada por la naturaleza de la casación, que no es una instancia más, en la cual pueda debatirse libremente sobre los hechos. Es axiomático el que con la instancia queda agotada la controversia en cuanto a la materia probatoria, que no puede agitarse de nuevo, y en cuanto a la jurisdicción, que queda limitada por el objeto primordial del recurso, cual es la intangibilidad y el imperio de la ley. Este objeto primordial de la casación amputa el poder jurisdiccional sustrayendo de él lo concerniente a los hechos, y de ahí la "soberanía" de los Tribunales falladores para enjuiciarlos, soberanía que emana, por lo dicho, de tal objetivo dicho fundamental de la casación y que constituye, por lo tanto, la posición normal del fallador frente a la v prueba. De consiguiente, si la prueba puede, llegar a interesar la esfera del recurso, es sencillamente porque puede llegar a afectar el ámbito de la ley. La "autonomía" del juzgador restringe de manera tal el ingreso de los problemas de hecho a la casación que sólo extraordinariamente se presentan. A esta presencia excepcional se refiere el artículo 520 cuando prescribe que sí la violación de la ley proviene de apreciación de determinada prueba, es necesario que se demuestre "haberse incurrido por el Tribunal en error de derecho o en error de hecho que aparezca de modo manifiesto en los autos". El antiguo

Código Judicial decía: “...La Corte no podrá variar la apreciación hecha por el Tribunal, sino en el caso de error de derecho o de error de hecho, siempre que este último aparezca de un modo evidente, en los autos" (a. 2, ley 169, 1896).

Dada la autonomía institucional del juzgador, los errores trascendentes en casación, y por tanto, la competencia del tribunal supremo para penetrar en los problemas de la prueba, motivan un régimen de excepción a la regla de la autonomía. Así que, no le compete a la Corte ocuparse de los hechos sino en casos muy poco frecuentes: cuando en el examen de las pruebas el fallo de instancia viola la ley sustantiva, ya que precisamente ]a casación está instituida para evitarla y a ello no llega el fallador en esta tarea sino equivocándose en la forma específica que contempla el artículo 520, de "error de derecho" y "error de hecho que aparezca de modo manifiesto en los autos", porque ambos hieren la ley sustantiva, y el primero siempre, además, la de los medios probatorios. 7.-En dicha tarea puede el juzgador equivocarse. Pero no toda equivocación en este terreno configura agravio generador de la infirmación de la providencia de instancia. Lo cual reduce considerablemente en casación la posibilidad de los errores en el examen de los elementos probatorios. No puede decirse con certeza dónde está el error y en que consiste, sino cuando es éste de la entidad que contempla el artículo 520. De donde se colige la importancia de la actividad estimativa de las pruebas y el esmero con que debe ser ejecutada. El sistema de apreciarlas "en su

conjunto", que menciona el fallo recurrido, demanda, menos esfuerzo, pero, es inseguro y aleja más el control de la casación en dicho campo. La doctrina condena justamente, dicho sistema. (V. Manuel Martínez Escobar, "La Casación en lo civil” p. 306 y ss. 2' ed. 1950). 8.-De lo expuesto se siguen estas conclusiones de provecho, como al principio se anunció: Primera. Que es de suma importancia en el desenlace definitivo de la litis, y por consiguiente, en la dispensación de la Justicia, el examen esmerado de las pruebas por parte de los Tribunales falladores, puesto que en razón de la autonomía de que gozan en esta materia, el tribunal supremo no puede variar el resultado de ese examen sino en casos excepcionales, esto es, de actor de derecho o de hecho que aparezca de modo manifiesto en los autos; Segunda-Que con frecuencia ocurre que el examen de unas pruebas, efectuado más cuidadosamente por el sentenciador, habría podido conducir a distinta conclusión de la adoptada por él, conclusión que, empero, no puede ser afectada en casación, por no configurarse el error típico requerido, lo cual pone de presente la responsabilidad que entraña la soberanía del Tribunal de instancia, en lo atinente al examen de las pruebas. Lo ha dicho la Sala: "Ha sido doctrina constante de la Corte la de que la apreciación de las pruebas hecha por el Tribunal, debe ser respetada en casación aun cuando el no sea compartida por la Corte". (Cas. marzo 23, 1954. LXXVII. 114).

Tercera.-Que el examen de las pruebas llamado "de conjunto", no ofrece suficientes garantías de acierto y hace más rara la intervención del tribunal supremo en el estudio de las cuestiones de hecho, razón por la cual es justamente censurado por la doctrina. El examen ha de ser pormenorizado de las distintas probanzas aducidas sobre un hecho determinado; y Cuarta.-Que es proceder contrario a las normas de la casación, el de los recurrentes que ven errores de la calidad exigida, en todo juicio sobre las pruebas, en toda conclusión del Tribunal de instancia sobre el sentido y alcance de ellas, confundiendo el error caracterizado tal como lo predica el articulo 520, ordinal 1º del C. J., con simples y diversas valoraciones que pueden formularse sobre una prueba, posiblemente todas ellas razonables, pero muy lejos de imponerse ninguna como la única cierta, evidente e invulnerable. El caso de autos Teniendo en cuenta lo expuesto, cabe observar: 9.-En ejercicio de su autonomía el Tribunal llegó a la conclusión de que está probada la presunción del ordinal 4º, artículo 49 de la ley 45 de 1936. Dice la sentencia: "Todos estos varios testimonios, relatados en una síntesis apropiada muestran los dos elementos o fundamentos que integran la causal dé las relaciones sexuales, estables y notorias, del presunto padre natural con su concubina Emperatriz Martínez. Ellos deben ser leídos, criticados y estimados no separadamente sino en su conjunto, con la finalidad de desentrañar la verdad de sus declaraciones, desde luego que la prueba testimonial ha de ser sometida a la crítica del juzgador para buscar en la realidad de lo

dicho la certeza de los hechos afirmados por el actor en su demanda. Con este criterio interpretativo de conjunto la sala encuentra comprobado el hecho de las relaciones sexuales, notorias y estables. En efecto, casi todos los testigos ofrecidos por la parte demandante afirman, como circunstancia verídica, que Emperatriz Martínez en enero de 1.940 salió de su hogar materno con el propósito de vivir maritalmente con Néstor Machado. En este particular, la afirmación testimonial ha de ser tenida en cuenta corno punto de partida que marca la iniciación del concubinato notario, entendiendo el concubinato en su más amplia acepción y por notorio el concubinato cuyo conocimiento pertenece al círculo social en donde han acaecido los hechos que lo constituyen. (Cas. de 7 de febrero de 1947, G. J. 2057 y 2058). A este respecto, todos los testigos corroborar, unos más, otros menos, pero con la clara voluntad de señalar las distintas fases de una vida marital extramatrimonial, continua y estable hasta el ano de 1946, de características inconfundibles, dentro de cuya etapa y al rededor del círculo social de los padres, se produjeron resultados familiares como el nacimiento de las menores Naty y Marly, cuyas fechas encajan dentro de la presunción prevista en el ordinal 4º del articulo 49 de la ley 45 de 1936. Entre los testigos sobresale en grado superior y en forma muy diciente el testimonio de Bernardo Doria Chica, que ha sido trascrito en este fallo casi en su totalidad, dada

la claridad y sinceridad de su exposición, mayormente si se considera que fue repreguntado a gusto de la contraparte. Sin embargo, este dicho aventajado no quiere decir disminución del valor probatorio de los demás, puesto que confirman y contribuyen a demostrar aquellas distintas fases, cuales son el hecho de la iniciación del concubinato en enero de 1940, la vecindad de los testigos con Emperatriz Martínez, el trato común con ella y sus hijas mediante visitas a su casa, suministro de mercancías, conducción de Néstor Machado a la casa de su concubina, vinculación religiosa por actos de padrinazgo de las menores y otras circunstancias, en forma que todas confluyen a indicar la estabilidad y la notoriedad de las relaciones sexuales que realmente se sucedieron entre el presunto padre y la madre natural. "De otro lado, las partidas eclesiásticas de bautismo de las menores contribuyen de manera indiciaria, sino con visos probatorios plenos aceptados por la legislación, a la presencia. informal del presunto padre cuando en esos documentos se permitió mencionar su nombre como progenitor de las menores quizás con su posible asentimiento, con base en la manifestación que el oficiante católico, de presumible responsabilidad social en una de sus primordiales funciones, forzosamente debieron hacerle tanto la legitima madre natural (sic) como los padrinos, dos de los cuales, (un tercero, Dionisio S. de Corrales, no pudo ratificar su testimonio) confirmaron lo que se lee en aquellas partida”. 10.-El recurrente acusa el fallo, por errores de hecho y de

derecho en el examen de las pruebas, es decir, se sitúa en el único terreno en que excepcionalmente puede modificar la Corte la estimación del sentenciador. Errores de hecho 11.-Analiza los testimonios de Bernardo Doria Chica (f. 12 v.

C. lo y 17 v. C. 2º), Adalberto Nieves (f. 20 v. C. 2º), Joaquín Salceda (f. 5 V. ib.), Manuel Araújo Pérez (f. 7 v. ib.), Graciela Peinado de Mongones, (f. 11 v. ib.) Libardo Peinado (f. 12 v. ib), Elías Saleme (f. 10 ib.), Manuel Castellón (f. 16 v. ib.) y Miguel Ochoa (f. 22 ib.) Y afirma que, aparte algunos que no se refieren a las relaciones sexuales, no prueban los demás testimonios sino que aquéllas existieron sólo durante el mes de enero de 1940, pero no en las épocas de la concepción, y que al aceptarlos también respecto de éstas, el fallo incurre en error de hecho, puesto que los testigos nada dicen al respecto.

Se considera 12.-Casi todos los testigos afirman que las relaciones sexuales se iniciaron con el abandono que del hogar hizo Emperatriz, a instancias de Néstor Machado Tordecilla, quien la instaló en casa conseguida y amoblada por el mismo. Bernardo Daría Chica dice que Machado Tardecilla vivió con Emperatriz Martínez Polo de 1940 a 946; que de tal unión nacieron las niñas Marly y Naty; que en dicho lapso no tuvo Emperatriz otro marido, pues el único hombre que entraba a casa de ésta era

Néstor; todo lo cual le consta al testigo porque como chofer conducía a aquél en las horas de la noche, a la morada de la manceba, de donde lo recogía luego, y agrega estas palabras para expresar el conocimiento directo que tiene de los hechos: "…yo vi nacer a las peladas y hasta la madre de las peladas". Joaquín Salceda M., después de referirse a la iniciación de las relaciones en enero de 1940, dice que los amantes continuaron viviendo durante años, y tuvieron dos hijas llamadas Naty y Marly, a quienes su padre hizo donación de una casa, acto que presenció el declarante, y como razón de sus afirmaciones señala el conocimiento que tuvo de que Machado Tordecilla y Emperatriz vivieron en común públicamente, no habiéndole conocido a la última otro amante en todo ese tiempo. A Manuel Araújo Pérez le consta que Néstor "le arregló una casa" a Emperatriz, vecina a la del testigo; que después de que comenzaron sus relaciones en 1940 "estuvieron viviendo juntos bastante tiempo y tuvieron dos niñitas",