TA ATL - 08001233300020220014100-(25-08-2023)

Rama Judicial del Poder Público Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico

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Barranquilla-Atlántico. Colombia SC5780-4-2

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

SALA DE DECISIÓN ORAL “C”

DEIP de Barranquilla, veinticinco (25) agosto de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control Reparación Directa Radicado 08-001-23-31-000-2022-00141-00 Demandante Orlando Anaya y Otros Demandado Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Fiscalía General de la Nación Magistrado Ponente Jorge Eliécer Fandiño Gallo

I. PRONUNCIAMIENTO

Procede la Sala a dictar sentencia dentro de la demand a de reparación directa interpuesta por los señores Orlando Anaya Duran y otros, contra Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación, de conformidad con el artículo 187 del CPACA.

II. ANTECEDENTES

- DEMANDA

Pretensiones

Los señores Orlando Anaya Duran, actuando en nombre propio y en representación de su mejores hijos Samuel David Anaya Herrera y María Alejandra Anaya Fontalvo y los señores Paula Andrea Herrera Fernández, Yolanda Duran Sánchez, José d el Rosario Anaya Aroca, Candelaria Aroca de Anaya, José Antonio Anaya Duran,

de su mejores hijos Samuel David Anaya Herrera y María Alejandra Anaya Fontalvo y los señores Paula Andrea Herrera Fernández, Yolanda Duran Sánchez, José d el Rosario Anaya Aroca, Candelaria Aroca de Anaya, José Antonio Anaya Duran, Johanna Patricia Castellar Duran y Jahaziel Nohemí Anaya Duran, a través de apoderado judicial, presentaron demanda de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se declare responsable por la privación injusta consolidada entre el 26 de agosto de 2015 a 13 de julio de 2016, de conformidad con la orden de captura dictada por el Juzgado 79 Municipal con Función de Control de Garantías deMedio de Control: Reparación Directa

Demandante: Orlando Anaya y Otros Demandado: Nación – Rama Judicial y Otro Radicación: 08-001-23-33-000-2022-00141-00

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SC5780-4-2 Bogotá, y legalizada posteriormente por el Juzgado 9 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cartagena

Que de igual manera se indemnice a los demandantes a los perjuicios morale s, materiales y daño al buen nombre “Good Will”, por la privación injusta de la libertad, en las cantidades esbozadas en el contenido de la demanda.

Hechos

Se sintetiza de la Litis, que el día 11 de agosto de 2015 dentro de la actuación penal

en las cantidades esbozadas en el contenido de la demanda.

Hechos

Se sintetiza de la Litis, que el día 11 de agosto de 2015 dentro de la actuación penal No. 1100160 00717201400149 el Juzgado Setenta y Nueve Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, libró orden de captura en contra del doctor Orlando Anaya Duran por la comisión de los delitos de concusión, prevaricato por acción y concierto para delinquir de conformidad con la solicitud realizada por el Fiscal Sexto Especializado delegado ante el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá quien presentó escrito de acusación contra el demandante y once involucrados más, en actuaciones delictivas come tidas en contra de la administración de justicia, siendo capturado el día 15 de agosto de 2015 en la ciudad de Barranquilla y puesto a disposición del Juzgado Doce Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cartagena.

Refiere que a partir de ese día y hasta el 26 de agosto de este se impartió legalización de captura, registro y allanamiento de los inmuebles de cada uno de los investigados, entre ellos al del doctor Orlando Anaya Duran, a quien se le impuso medida de aseguramiento en centro carc elario por los delitos de falsedad ideológica en documento público, concusión, prevaricato por acción agravado, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y constreñimiento.

Con posterioridad, se relata que el 14 de junio de 2018 en audiencia de formulación de acusación adelantada ante el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, el doctor Orlando Anaya Duran presentó solicitud de

Con posterioridad, se relata que el 14 de junio de 2018 en audiencia de formulación de acusación adelantada ante el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, el doctor Orlando Anaya Duran presentó solicitud de preclusión de la investigación, resuelta el día 27 de septiembre de 2018 desfavorablemente para el acriminado.Medio de Control: Reparación Directa

Demandante: Orlando Anaya y Otros Demandado: Nación – Rama Judicial y Otro Radicación: 08-001-23-33-000-2022-00141-00

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SC5780-4-2 Seguidamente el día 18 de febrero de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla resolvió revocar el auto dictado requiriendo que se resolviera de fondo la solicitud, devolviendo el expediente al Juzgado de origen quien mediante providencia del 1 de octubre negó la solicitud deprecada, siendo apelada nuevamente por el demandante.

En audiencia de lectura de auto del 3 de marzo de 2020, de conformidad con la providencia emitida en el mes de febrero del mismo año, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla resolvió precluir la investigación por el delito de falsedad ideológica en documento público, declaró la prescripción de la acción penal de concierto para delinquir simple frente a los hechos acaecidos el 26 de

Superior del Distrito Judicial de Barranquilla resolvió precluir la investigación por el delito de falsedad ideológica en documento público, declaró la prescripción de la acción penal de concierto para delinquir simple frente a los hechos acaecidos el 26 de febrero de 2015, y dejó solamente activo el delito de Prevaricato por acción.

Luego, el Juzgado Trece Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla celebró audiencia virtual preparatoria el pasado 3 de septiembre de 2021, resolviendo precluir la investigación penal en favor del procesado, por prescripción de la acción penal al haberse superado el término de seis (6) años entre la formulación de imputación y la mitad del máximo de la pena.

Se relata que durante el término que estuvo recluido injustamente desde el 15 de agosto hasta el 13 de julio de 2016 (10 meses y 28 días), en el centro carcelario de Media Seguridad de Barranquilla Pabellón de Justicia y Paz, siendo cobijado posteriormente con medida de aseguramiento en prisión domiciliaria, fue sometido a reproches públicos lo que repercutió en su ámbito laboral, afectando su buen nombre o “Good Will”.

Normas violadas y concepto de violación

La parte actora invoca como fundamento de sus pretensiones, lo contemplado en los artículos 2, 6 y 90 de la Constitución Política, artículos 140 y 162 del CPACA, así como los artículos 65 y 66 de la Ley 270 de 1996.

• CONTESTACIÓNMedio de Control: Reparación Directa

Demandante: Orlando Anaya y Otros

Demandado: Nación – Rama Judicial y Otro

los artículos 65 y 66 de la Ley 270 de 1996.

• CONTESTACIÓNMedio de Control: Reparación Directa

Demandante: Orlando Anaya y Otros Demandado: Nación – Rama Judicial y Otro Radicación: 08-001-23-33-000-2022-00141-00

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SC5780-4-2 - La Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

El apoderado presentó contestación a la demanda y su reforma, oponiéndose a las pretensiones de la demanda, indicando que si bien son ciertos alguno de los hechos, la investigación realizada por agentes encubiertos determinaron la participación de l acriminado en la conducta punible, y en tal razón comparte la postura realizada por la Corte Constitucional al referir que aun en casos de in dubio pro reo, la responsabilidad del Estado no opera de forma objetiva, sino que es el resultado de la evidencia de las pruebas que comportan la medida de aseguramiento, independiente de que posteriormente se llegue a absolver al procesado, pues son valoraciones distintas para cada una de las etapas, razón por la cual no hay lugar a declarar la responsabilidad de la demandada.

Aduce que al adoptarse la medida de aseguramiento se efectuó con fundamento en los delitos cuestionados y que se realizó como una medida cautelar respecto de los delitos cometidos, sin que con ello, se procediera a determinar su culpabilidad e indica

Aduce que al adoptarse la medida de aseguramiento se efectuó con fundamento en los delitos cuestionados y que se realizó como una medida cautelar respecto de los delitos cometidos, sin que con ello, se procediera a determinar su culpabilidad e indica que lo anterior, obedeció a que al actor le fueron imputados los delitos de Concierto para delinquir, Prevaricato por acción, Concusión, entre otros, los cuales son el resultado de la denuncia que por corrupción se adelantó por el agente encubiert o en su condición de empleado del Centro de Servicios de los Juzgados Penales de Barranquilla, quien señaló al actor de haberlo constreñido a manipular el reparto de audiencias preliminares del Centro de Servicios de los Juzgados Penales de Barranquilla.

La medida de aseguramiento se practicó al evidenciarse documentos probatorios que inferían el delito cometido, y dicha medida fue avalada por un Juez Penal con función de control de Garantías, sin que este pudiera conocer la decisión que adoptaría el Juez con funciones de Conocimiento.

Argumenta que el comportamiento del demandante fue culposo, pues si bien es cierto que realizaba actividades propias de la profesión de abogacía, debió manejar sus negocios con la ética y deber que le son exigibles a cualquier profesional del derecho, lo cual conllevó a que se le acusara de los delitos acusados, debido a las denunciasMedio de Control: Reparación Directa

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Demandado: Nación – Rama Judicial y Otro Radicación: 08-001-23-33-000-2022-00141-00

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SC5780-4-2 formuladas por quien actuó como agente encubierto, y así las cosas, debió adoptar todas las precauciones que un buen padre de familia asume en sus propios negocios, y no verse involucrado en las búsquedas selectivas en base de datos que daban cuenta de las negociaciones que se habían denunciado.

Por ello queda claro que la entidad no tiene el deber patrimonial de responder por la privación de la libertad del actor y solicita sea exonerada de responsabilidad patrimonial, toda vez que se configuró la excepción de la culpa exclusiva de la víctima.

Propone como excepciones la inexistencia de daño imputable a la Dirección Seccional, pues esta no fue la causante del daño y la de culpa exclusiva de la víctima.

Frente a la reforma de la demanda, relaciona que las pruebas que se alleguen al paginario deben ser valoradas por el Juez en su integralidad frente a cada una de las decisiones adoptadas dentro del proceso penal, correspondiendo determinar el grado de culpabilidad del demandante dentro del juicio penal y en tal caso, verificar si estaba en la obligación de soportar el daño.

• Nación – Fiscalía General de la Nación

El apoderado de la parte accion ada se opone a las pretensiones de la demanda, invocando que no existe certeza de la responsabilidad de su prohijada, toda vez, que

• Nación – Fiscalía General de la Nación

El apoderado de la parte accion ada se opone a las pretensiones de la demanda, invocando que no existe certeza de la responsabilidad de su prohijada, toda vez, que haciendo referencia a la jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional, el supuesto daño imp utado debe ser advertido bajo el principio iura novit curia, y por ende resulta necesario revisar cada criterio y prueba que se arribe al expediente.

En el caso concreto enfatiza que las disposiciones aplicables al encartado fueron bajo las disposiciones sustanciales y procedimentales de la Ley 906 de 2004, y por ende no es ajustado inferir un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ni mucho menos privación injusta de la libertad, pues la solicitud de imposición de medida de aseguramiento se realizó ante el juez de control de garantías conforme a la investigación adelantada en contra del doctor Orlando Anaya Duran, y porMedio de Control: Reparación Directa

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SC5780-4-2 consiguiente, el Juez consideró que se daban los requisitos exigidos conforme al caudal probatorio existente.

El apode rado a su vez, propone las excepciones de Cumplimiento y de Falta de

SC5780-4-2 consiguiente, el Juez consideró que se daban los requisitos exigidos conforme al caudal probatorio existente.

El apode rado a su vez, propone las excepciones de Cumplimiento y de Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva e Inexistencia de nexo causal, pues la responsabilidad de la Fiscalía es atender las pruebas que se allegan a la investigación, y por lo tanto según lo dispone la Ley 906 de 2004, se requiere de una adaptación en la teoría de la responsabilidad administrativa debido a que el proceso penal está más librado a las partes que al propio Estado respecto a la demostración de la responsabilidad penal.

Cuestiona que al pretender que el fiscal desde el comienzo del proceso pueda definir a ciencia cierta la responsabilidad del investigado, resulta imposible, porque existe un debate probatorio para tratar de establecer la verdad de los hechos y es al juez a quien le corresponde integrar todo el material probatorio y decidir en el juicio oral si hay una absolución del investigado o no; y por tanto no es predicable endilgar falla alguna pues todos los procedimientos se hacen bajo la dirección, orientación y visto bueno del juez de garantías o de conocimiento según sea la etapa del proceso.

En cuanto a la reforma de la demanda, refiere que las pruebas solicitadas deben especificar con exactitud qué hechos y perjuicios pretende probar, pues de los existentes en el expedi ente podrán ser valorados durante la etapa probatoria; en cuanto al dictamen pericial peticionado, el accionado indica que se cite al perito para que en su oportunidad comparezca al proceso para sustentar las conclusiones a las que llegó según el dictamen aportado.

Frente al reconocimiento y liquidación de los perjuicios morales y materiales, señala

que en su oportunidad comparezca al proceso para sustentar las conclusiones a las que llegó según el dictamen aportado.

Frente al reconocimiento y liquidación de los perjuicios morales y materiales, señala que los montos establecidos son excesivamente altos y consideró que no se aportaron elementos de juicio para determinar su reconocimiento y el pago de dichas prestaciones.

• ALEGACIONESMedio de Control: Reparación Directa

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SC5780-4-2 . - Alegatos parte demandante. El apoderado de la parte demandante reitera los argumentos de la demanda y su reforma en razón a que se encuentra configurada la privación injusta, por cuanto en los procesos penales adelantados en contra del actor, se declaró la prescripción de la acción penal, lo que deviene en injusta la privación de la libertad, pues no se demostró la responsabilidad del delito imputado constituyendo una carga que no estaba en la obligación de soportar, y en cons ecuencia, surgía la obligación de reparar los daños que se hayan causado.

Precisa, que no se configura en este caso, alguna causal de exoneración de responsabilidad, como la fuerza mayor, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva y determinante de la víctima. Esto, por cuanto el comportamiento de mi prohijado en el

Precisa, que no se configura en este caso, alguna causal de exoneración de responsabilidad, como la fuerza mayor, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva y determinante de la víctima. Esto, por cuanto el comportamiento de mi prohijado en el proceso penal no fue alejado a la ley, ni con querer de torpedear la investigación iniciada en su contra para que operara la prescripción de la acción penal y, por el contrario, demostró su inocencia, pues fue precluida la investigación a su favor, bajo la causal de que el actor no los había cometido, así como se determinó que la acción prescribió por causa exclusiva a la pasividad de la fiscalía en adelantar la investigación.

. - Alegatos Dirección Ejecutiva de Administración Judicial . Hace referencia al escaso material probatorio que evidenciara las causas por las cuales no debía ser restringido de la libertad, pues la audiencia preliminar de solicitud de imposición de medida de aseguramiento es una decisión de carácter cautelar, y en ese momento el togado no decide si existe responsabilidad penal, sólo realiza un estudio de inferencia razonable de probabilidad de autoría. Por lo tanto, ese no era el escenario para entrar a debatir si el demandante era el responsable o no de los delitos que se le imputaban.

Indica que, si el ente acusador realiza una mejor argumentación que la defensa y la respalda con los Elementos Materiales Probatorios pertinentes, el Juez Penal Con Funciones de Control de Garantías no tiene otra alternativa que imponer la medida de aseguramiento.

Tampoco le es permito al Juez Penal Con Funciones de Control de Garantías determinar si posteriormente a la solicitud de la imposición de la medida deMedio de Control: Reparación Directa

Demandante: Orlando Anaya y Otros

aseguramiento.

Tampoco le es permito al Juez Penal Con Funciones de Control de Garantías determinar si posteriormente a la solicitud de la imposición de la medida deMedio de Control: Reparación Directa

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SC5780-4-2 aseguramiento que le ruegue el Fiscal, y una vez le sea concedida, el ente acusador no obtenga las pruebas necesarias para que pueda desvirtuar la presunción de inocencia del encartado, le corresponde al Juez Penal Con Funciones de Conocimiento dictar preclusión.

Reitera que a la en tidad no le asiste responsabilidad patrimonial pues conforme a la jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, le corresponde al Juez conforme a la valoración de las pruebas arribadas, la determinación de la decisión de imponer la medida cautelar o no conforme a lo que se llegue a probar en la demanda.

. - Alegatos Fiscalía General de la Nación . El apoderado de la Fiscalía reitera los argumentos esgrimidos en la contestación, invocando las condiciones sobre las cuales la medid a de aseguramiento fue solicitada en el marco de la protección de los derechos humanos y así ser el juez quien defina la situación jurídica del imputado.

argumentos esgrimidos en la contestación, invocando las condiciones sobre las cuales la medid a de aseguramiento fue solicitada en el marco de la protección de los derechos humanos y así ser el juez quien defina la situación jurídica del imputado.

Refiere que el artículo 90 y la jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado han erigido la decisi ón de imputación de responsabilidad al hecho de examinarse cuál sería el régimen más acertado para cuestionar la actuación del Estado, máxime si se tiene en cuenta que le corresponde al Juez analizar si hay lugar a la imposición de la medida restrictiva de la libertad.

Fiscalía General de la Nación se encuentra en la obligación de investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito y solicitar al juez de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de l os imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas.

Teniendo en cuenta que la captura del doctor ORLANDO ANAYA DURAN, fue legalizada por el Juzgado 9º Penal Municipal de Control de Garantías de Cartagena, sin que se evidenciara ninguna vulneración a sus derechos por parte de la Fiscalía y que no se advirtió ninguna irregularidad cometida durante la investigación, se puede concluir con alto grado de certeza que la privación de la liberta d del accionante noMedio de Control: Reparación Directa

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SC5780-4-2 obedeció a alguna falla en el servicio atribuible a la Fiscalía y que en consecuencia el daño que depreca la parte actora, no reviste la calidad de antijurídico y por ende indemnizable con cargo a la Nación.

Se aduce que el daño es imputable a la Fiscalía General de la Nación como también a la Rama Judicial por la intervención de jueces de la república en la captura, legalización, imputación, imposición de medida de aseguramiento y finalmente preclusión de las conductas, por lo cual a la Fiscalía no le corresponde al efectuar una captura tener todas las pruebas que evidencien la participación del acriminado, sin embargo, tenían prueba que podían inferir su participación en los hechos delictivos. En razón de lo anterior, considera que la captura reunió los requisitos para su validez, y por consiguiente reitera su posición ya esgrimida en la contestación, de que sean negadas las pretensiones de la demanda.

• Concepto del Ministerio Público

El agente del Ministerio Público delegado para este Despacho Ponente no presento emitió pronunciamiento de fondo dentro del asunto de la referencia.

- ACTUACIÓN PROCESAL

Mediante acta individual de reparto se instruye de la demanda la cual fue presentada

emitió pronunciamiento de fondo dentro del asunto de la referencia.

- ACTUACIÓN PROCESAL

Mediante acta individual de reparto se instruye de la demanda la cual fue presentada el día 9 de mayo de 2022, correspondiéndole al Desp acho que hoy presenta la ponencia, la cual se admitió y se notificó con las anotaciones de rigor, mediante proveído del 16 de junio de 2022. Dentro del término de traslado se presentó reforma a la demanda, la cual fue de igual manera notificada a las partes demandadas, siendo admitida el 25 de agosto de la misma anualidad.

La audiencia inicial se llevó a cabo el 9 de marzo de 2023 y el 25 de mayo de los corrientes se surtió la audiencia de pruebas, la cual siendo una vez evacuada las pruebas peticionadas, se ordenó la presentación de las alegaciones finales por escrito, derecho que ejercieron todas las partes.Medio de Control: Reparación Directa

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SC5780-4-2

III. CONTROL DE LEGALIDAD

Agotado el trámite legal señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y encontrán dose el Tribunal en la oportunidad para decidir el fondo del asunto, se advierte que no se evidencian vicios que acarreen

Agotado el trámite legal señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y encontrán dose el Tribunal en la oportunidad para decidir el fondo del asunto, se advierte que no se evidencian vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control de legalidad por parte del órgano judicial.

IV. CONSIDERACIONES

- COMPETENCIA

El Tribunal e s competente para conocer en primera instancia del proceso de la referencia, según lo señalado en los artículos 152-5 del CPACA.

- PROBLEMA JURÍDICO

Le corresponde a la Sala determinar si las entidades demandadas son administrativamente responsables por los daños y perjuicios reclamados con ocasión de la presunta privación injusta de la libertad de que fue víctima el doctor Orlando Anaya Durán.

- TESIS

La Sala se anticipa en señalar que se concederán parcialmente las pretensiones de la demanda al encontrarse probada que la solicitud y la decisión de imponer la medida de aseguramiento no reunió los requisitos de proporcionalidad, idoneidad y necesidad para ser impuesta y, por ende, se sometió al demandante a una carga mayor a la que estaba obligado a soportar, sin embargo, no se reconocerán totalmente los perjuicios solicitados, sino solo aquellos que se acreditaron.

• MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIALMedio de Control: Reparación Directa

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SC5780-4-2 El régimen de responsabilidad patrimonial del Estado a partir de la Constitución Política de 1991 se fundamenta en el artículo 90, del cual se desprende que el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, siendo la fuente del daño la actividad de la administración o la omisión en el ejercicio de sus funciones; norma que a su vez, es el fundamento del artículo 140 del CPACA, que consagra que el medio de control de reparación directa.

Del daño y el título de imputación, en funciones desplegadas por la Justicia.

En materia de hechos, acaecidos con ocasión de las funciones desplegadas por la administración de justicia, el ordenamiento jurídico se ha caracterizado por distinguir, de manera específica, tres categorías de imputación, denominada s: error jurisdiccional, privación injusta de la libertad y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia1.

En cuanto al daño, este debe ser antijurídico, es decir, aquella lesión a un bien o interés jurídicamente tutelado que la persona no está en el deber jurídico de soportar; dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado

En cuanto al daño, este debe ser antijurídico, es decir, aquella lesión a un bien o interés jurídicamente tutelado que la persona no está en el deber jurídico de soportar; dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable, anormal y que se trate de una situación jurídicamente protegida; al respecto, el precedente constitucional ha precisado: “… antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima. De otro lado, la concepción del daño antijurídico a partir de la consideración de que quien lo sufre no está obligado a soportarlo constituye otra forma de plantear el principio constitucional según el cual, la igualdad frente a las cargas públicas es sustento de la actividad de la administración pública”2 ii) En cuanto a la imputación plena, exige analizar dos niveles: a) La imputación fáctica, la cual puede ser analizada a su vez desde dos campos: El primero

1 Ver Ley 270 de 1996. Arts. 66-69. 2 Sentencia C-832 de 2001, “El Estado de Derecho se funda en dos grandes axiomas: El principio de legalidad y la responsabilidad patrimonial del Estado. La garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos no se preserva solamente con la exigencia a las autoridades públicas que en sus actuaciones se sujeten a la ley, sino que también es esencial que si e l Estado en ejercicio de sus poderes de intervención causa un daño antijurídico o lesión lo repare íntegramente”.Medio de Control: Reparación Directa

Demandante: Orlando Anaya y Otros

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de sus poderes de intervención causa un daño antijurídico o lesión lo repare íntegramente”.Medio de Control: Reparación Directa

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