TA ATL - 08001333300820190007801-(02-02-2024)

Rama Judicial del Poder Público Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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Barranquilla-Atlántico. Colombia SC5780-4-2

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

SALA DE DECISIÓN ORAL “C”

Barranquilla D. E. I. y P. dos (2) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, RADICACIÓN Y PARTES INTERVINIENTES

Radicado: 08-001-33-33-008-2019-00078-01

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Demandante: Electricaribe S.A. E.S.P.

Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros

Magistrado Ponente: JORGE ELIECER FANDIÑO GALLO

II.- PRONUNCIAMIENTO

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Barranquilla, el 15 de octubre de 2021, que negó las pretensiones de la demanda.

III. ANTECEDENTES

DEMANDA

Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., en adelante Electricaribe en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por conducto de apoderado judicial, formuló demanda contra la Superintendencia de Servicios Públicos

Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., en adelante Electricaribe en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por conducto de apoderado judicial, formuló demanda contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en adelante SSPD, solicitando que:

1. Se declare la nulidad de las Resoluciones SSPD -20188000016635 del 23 de febrero de 2018, y, SSPD -20188000109725 del 31 de agosto de 2018, mediante la cuales la demandada le impuso sanción en la modalidad de multa en cuantía de quince millones cuatrocientos sesenta y ocho mil quinientos noventa y un pesos ($ 15.468.591).Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Electricaribe S.A. S.E.P.

Demandado: SSPD Radicación: 08-001-33-33-008-2019-00078-01

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SC5780-4-2

2. Se declare que no está obligada a pagar el valor de la sanción impuesta.

La demanda está sustentada en los supuestos fácticos que se sintetizan como sigue:

Que la demandada dentro de la actuación administrativa acumuló 27 investigaciones por silencio administrativo positivo.

Que cada reclamación y/o recurso interpuesto versa sobre hechos distintos.

Que hay indebida acumulación de pretensiones, toda vez que las distintas peticiones

por silencio administrativo positivo.

Que cada reclamación y/o recurso interpuesto versa sobre hechos distintos.

Que hay indebida acumulación de pretensiones, toda vez que las distintas peticiones y/o recursos producen efectos individuales y las pruebas que se aportan difieren en cada caso, lo que amerita su estudio por separado a fin de que la administración adopte en derecho la decisión correspondiente.

Que la demandada la multó mediante los actos administrativos acusados

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La entidad accionada no contestó la demanda.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El a quo negó las pretensiones de la demanda.

En tal decisión estableció como problema jurídico determinar ¿si es procedente o no declarar la nulidad de los actos administrativos enjuiciados?

En solución al problema jurídico consider ó que es procedente la acumulación de actuaciones administrativas con fundamento en el artículo 36 del CPACA.

Manifestó, que contra los actos del delegatario procede únicamente el recurso de reposición.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Electricaribe S.A. S.E.P.

Demandado: SSPD Radicación: 08-001-33-33-008-2019-00078-01

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SC5780-4-2 Mencionó, que la sociedad demandante no se allanó a los cargos formulados por la

Barranquilla-Atlántico. Colombia 3 SC5780-4-2 Mencionó, que la sociedad demandante no se allanó a los cargos formulados por la demandada dentro del procedimiento administrativo sancionatorio.

Aludió, que el procedimiento de notificación de los actos empresariales no se hizo acorde al ordenamiento jurídico.

RECURSOS DE APELACIÓN

La sociedad demandante inconforme con la decisión de primera instancia presentó recurso de apelación que sustentó en los siguientes términos;

Reiteró, que la demandada incurrió en indebida acumulación de procesos.

Precisó, que la sanción impuesta se basó en una norma declarada inexequible.

Sostuvo, que no existe un término perentorio y cierto para el envío del aviso.

Dijo, que la suplicada vulneró el debido proceso al no conceder la posibilidad de interponer recurso de apelación contra la resolución sanción, el cua l, es procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 142 de 1994.

Expuso, que la exhortada no tuvo en cuenta que se allanó a los cargos.

Anotó, que las exigencias de la ley postal escapan de la órbita de competencia de Electricaribe que sólo debe probar que envió el aviso.

ACTUACIÓN PROCESAL DE LA INSTANCIA

Esta Corporación admitió el recurso de apelación en proveído del 30 de noviembre de 2023, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 2080, que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICOMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

2023, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 2080, que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICOMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Electricaribe S.A. S.E.P.

Demandado: SSPD Radicación: 08-001-33-33-008-2019-00078-01

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SC5780-4-2 El Agente del Ministerio Público no rindió concepto dentro del presente asunto.

IV.- CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra de la sentencia de primera instancia que negó parcialmente las pretensiones de la demanda.

COMPETENCIA

Esta Corporación es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones interpuestas contra las sentencias dictadas por los jueces administrativos, al tenor de lo previsto en el artículo 153 del CPACA.

PROBLEMA JURÍDICO

Como quiera que la presente instancia se encuentra rigurosamente delimitada por los términos de la impugnación presentada por el apelante, a esta instancia le corresponde determinar si, de conformidad con los argumentos planteados en el escrito de impugnac ión y las pruebas allegadas al legajo, hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo de primera instancia, que negó parcialmente las pretensiones de la demanda.

escrito de impugnac ión y las pruebas allegadas al legajo, hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo de primera instancia, que negó parcialmente las pretensiones de la demanda.

Por tanto, a la Sala le corresponde establecer i) si la demandada incurrió o no en indebida acumulación de pretensiones, ii) si desconoció o no el derecho a la doble instancia en el procedimiento administrativo sancionatorio al no conceder la posibilidad de interponer el recurso de apelación en los casos de los usuarios Catalina Lourdes Padilla (4), Nancy Muñoz (8), Osca Miguel Flórez (18), y, Yolanda López Guiza (21), iii) si Electricaribe se allanó o no a los cargos en el caso de las usuarios Miriam Isabel Hazbun (3), Ana Karina Mandiola (5), Karen Padilla Marulanda (6), Osmary Esther de la Cruz (7), María Auxiliadora Solano (12), Fidia Peña (13), Wilson Ortega (15), Dominga Valdez (16), Michel Mogollón (27), Giovani Inciarte (28), Adís Espinosa (29), Orlando Rodríguez Castro (34), Wilson Pino (36), Morgan BradfordMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Electricaribe S.A. S.E.P.

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SC5780-4-2 (38), Yuranis Santiago (39 ), Aristóbulo Barrios (44), iv) si se configuró o no la ocurrencia del silencio administrativo positivo por parte de la Empresa Electricaribe S.A. E.S.P., al no contener la constancia de entrega de la notificación por aviso la identificación de la persona que lo recibió en el caso de la usuaria Sandra Patricia Mendoza (44), v) si en los casos de los usuarios Francisco Pinedo (2), Edward Orozco (14), Jairo Antonio Varela (17), Carlos Ospina (35), Jesús Calderón (37) y Donangel Ahumada el procedimiento de not ificación se realizó o no conforme a lo establecido en los artículos 68 y siguientes del CPACA, y, vi) si la declaratoria de inexequibilidad del artículo 208 de la Ley 1753 de 2015, afecta la validez de los actos demandados.

TESIS

La Sala se anticipa en señalar que revocará parcialmente la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, pues, logró determinar que en uno de los veintisiete casos por los cuales la accionante fue sancionada, no se configuró el s ilencio administrativo positivo, concretamente, en lo atinente a la reclamación de la usuaria Sandra Patricia Mendoza (44), por no existir responsabilidad alguna de la parte actora en el diligenciamiento de la prueba de entrega del aviso, la cual, es única y exclusiva del servicio de mensajería contratado, por lo que, se

reclamación de la usuaria Sandra Patricia Mendoza (44), por no existir responsabilidad alguna de la parte actora en el diligenciamiento de la prueba de entrega del aviso, la cual, es única y exclusiva del servicio de mensajería contratado, por lo que, se ordenará reducir la sanción impuesta a la demandante . En los restantes casos, se pudo establecer que: i) si es procedente acumular en una misma actuación las investigaciones por la presunta ocurrencia del silencio administrativo positivo; ii) frente a los actos del delegatario procede únicamente el recurso de reposición; iii) la demandante no se allanó a los cargos, puesto, que no hay evidencia alguna que acredite que haya dado respuesta a las peticiones presentada, y, mucho menos que hubiese procedido a reconocer los efectos del silencio administrativo positivo a favor de los usuarios, iv) Electricaribe adelantó en debida forma el procedimiento de notificación, y, v) los efectos de la sent encia C-092 de 2018, a través de la cual se declaró la inexequibilidad del artículo 208 de la Ley 1753 de 2015, son ex nun, por tanto, no afecta la validez de los actos acusados expedidos con anterioridad

PRUEBAS OBRANTES EN EL EXPEDIENTEMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Electricaribe S.A. S.E.P.

Demandado: SSPD Radicación: 08-001-33-33-008-2019-00078-01

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SC5780-4-2 En este proceso obra como elemento de prueba, cuya apreciación se hace imprescindible a efectos de desatar la presente litis: el expediente administrativo.

MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS –

GENERALIDADES

La jurisprudencia constitucional 1 ha sostenido que la prestación de los servicios públicos domiciliarios, contribuye directamente al cumplimiento de los fines sociales del Estado contenidos en el artículo 2º Constitucional; por ende y ante la incidencia que e stos tienen en la calidad de vida de las personas, y en el desarrollo socioeconómico del Estado, es consecuente que éste actúe de manera directa en la prestación de tales servicios públicos, para asegurar los objetivos que señalan los artículos 365, 367 y 370 Constitucionales.

De esta manera y con el fin de lograr tales cometidos, teniendo en cuenta que los servicios públicos pueden ser prestados por el Estado, de manera directa o indirecta, por comunidades organizadas o por particulares, dicha prestación exige en general que el Estado se reserve para sí, la regulación, el control y la vigilancia de dicha actividad.

La Ley 142 de 1994, fue expedida en aras de desarrollar los fines sociales de intervención del Estado en la prestación de los servicios públic os y alcanzar entre otros los objetivos de calidad, cobertura, atención prioritaria de las necesidades

actividad.

La Ley 142 de 1994, fue expedida en aras de desarrollar los fines sociales de intervención del Estado en la prestación de los servicios públic os y alcanzar entre otros los objetivos de calidad, cobertura, atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico.

En lo que respecta al control y vigilancia en materia de servicios públicos con forme a los numerales 8º y 23 del artículo 150 Constitucional, le corresponde al Congreso de la República “expedir las normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que le señala la Constitució n”, y,

1 Corte Constitucional, Sentencia C-957 del 10 de diciembre de 1997, Exp.: D-10279, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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SC5780-4-2 “expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos”.

A su vez, el numeral 22 del artículo 189 señala que le corresponde al Presidente de la República “ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios público”, y, el artículo 370, establece que le corresponde al Presidente de la

A su vez, el numeral 22 del artículo 189 señala que le corresponde al Presidente de la República “ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios público”, y, el artículo 370, establece que le corresponde al Presidente de la República “ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten”.

MARCO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL DEL DEBIDO PROCESO

SANCIONATORIO

El derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución dispone que debe aplicarse en todas las actuaciones judiciales o administrativas, tal como lo Corte Constitucional lo ha manifestado2.

La función del debido proceso administrativo es la de permitir un desarrollo adecuado de la función pública, persiguiendo el interés general y sin desconocer los derechos fundamentales, bajo los principios orientadores del artículo 209 Constitucional. De ahí que el debido proceso administrativo debe propender por armonizar los contenidos del artículo 29 superior con los principios del artículo 209, y, en términos concretos, que las garantías deban aplicarse asegurando también la eficacia, celeridad, economía e imparcialidad en la función pública3.

La aplicación del debido proceso durante el trámite administrativo sancionatorio, regulado en el procedimiento especial o general, se encuentra fundado en la garantía de ejercer el derecho de defensa y contradicción, pudiendo de esta forma la parte afectada solicitar y controvertir las pruebas, recurrir los actos administrativos y gozar de todas las garantías constitucionales para su defensa4.

PODER SANCIONATORIO, FUNCIÓN Y ELEMENTOS

afectada solicitar y controvertir las pruebas, recurrir los actos administrativos y gozar de todas las garantías constitucionales para su defensa4.

PODER SANCIONATORIO, FUNCIÓN Y ELEMENTOS

2 Corte Constitucional, Sentencia C-980 del 1 de diciembre de 2010, Exp.: D-8104, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza. 3 Corte Constitucional, Sentencia C-034 del 29 de enero de 2014, Exp.: D-9566, M.P. María Victoria Correa Calle. 4 Ver cita 32.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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SC5780-4-2 El poder sancionatorio se ha definido como "un instrumento de autoprotección, en cuanto contribuye a preservar el orden jurídico institucional mediante la asignación de competencias a la administración que la habilitan pa ra imponer a sus propios funcionarios y a los particulares el acatamiento, inclusive por medios punitivos, de una disciplina cuya observancia contribuye a la realización de sus cometidos”5.

En lo que respecta a la función sancionatoria de la administración tenemos que según la doctrina "tiene significativo carácter preventivo, constituyéndose ésta en una de sus más sobresalientes notas” 6, por ende, posee finalidad normativa, circunstancia que

la doctrina "tiene significativo carácter preventivo, constituyéndose ésta en una de sus más sobresalientes notas” 6, por ende, posee finalidad normativa, circunstancia que cimenta la competencia de la autoridad facultada para su imposición, evitando de esta forma infracciones que amenacen la integridad de los bienes jurídicos que por ley se le han atribuido a la autoridad administrativa.

En cuanto a los elementos que conforman la potestad sancionatoria, tenemos que son: (i) una ley pre via que determine los supuestos que dan lugar a la sanción, así como la definición de los destinatarios de la misma; ii) que exista proporcionalidad entre la conducta o hecho y la sanción prevista, de tal forma que se asegure tanto al administrado como al funcionario competente, un marco de referencia que permita la determinación de la sanción en el caso concreto, y iii) que el procedimiento administrativo se desarrolle conforme a la normatividad existente, en procura de garantizar el debido proceso7.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, FUNCIONES

Y POTESTAD SANCIONADORA

La Ley 142 de 1994, creó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como un organismo de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, c on personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial 8. El artículo 75 de esta norma establece que el Presidente de la República ejercerá el control, la inspección y vigilancia de las entidades que presten los servicios públicos

artículo 75 de esta norma establece que el Presidente de la República ejercerá el control, la inspección y vigilancia de las entidades que presten los servicios públicos

5 Corte Constitucional, Sentencia C-875 del 22 de noviembre de 2001, Exp.: D8474, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 6 JAIME OSSA ARBELAEZ, "Derecho Administrativo Sancionador". Pág.583. Legis, lera. Edic. 2000. Y GUSTAVO H. RODRÍGUEZ, Derecho Administrativo Disciplinario Ed. Librería del profesional. 1.985, pág. 20. 7 Corte Constitucional, Sentencia C-412 del 1 de julio de 2015, Exp.: D-10485, M.P. Alberto rojas Ríos. 8 Artículo 76.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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SC5780-4-2 domiciliarios, y los demás servicios públicos a los que se aplica esta Ley, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y, en especial, del Superintendente y sus delegados.

En lo que respecta a la representación legal de la Superintendencia de Serv icios Públicos Domiciliarios, el Superintendente desempeñará sus funciones específicas de

Superintendente y sus delegados.

En lo que respecta a la representación legal de la Superintendencia de Serv icios Públicos Domiciliarios, el Superintendente desempeñará sus funciones específicas de control y vigilancia con independencia de las comisiones y con la inmediata colaboración de los Superintendentes delegados y agrega, que tanto el Superintendente como sus delegados serán de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República9.

El artículo 79 de la Ley 142 de 1994, consagra las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

La atribución de la demandada en materia sancionatoria forma parte de lo que ha sido entendido como la potestad sancionatoria de la administración, potestad que constituye una expresión de poder jurídico necesario para la regulación de la función administrativa y el cumplimiento de los fines del Estado contribuyendo en la preservación del orden jurídico, al funcionamiento adecuado de la administración, y al cumplimiento de las decisiones administrativas.

Dentro de las funciones de la accionada está la de imponer sanciones ante las infracciones de la ley, potestad administrativa sancionatoria que se erige en el contenido de los artículos 79 a 83 de la Ley 142 de 1994.

EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN MATERIA DE SERVICIOS

PÚBLICOS

La Ley 142 de 1994 10 estableció el silencio administrativo positivo frente a las peticiones, quejas y recursos de los usuarios de las empresas prestadoras de tales servicios. Prevé esta norma que el suscriptor o usuario pueda presentar a la empresa

9 Artículo 77 Ley 142 de 1994.

peticiones, quejas y recursos de los usuarios de las empresas prestadoras de tales servicios. Prevé esta norma que el suscriptor o usuario pueda presentar a la empresa

9 Artículo 77 Ley 142 de 1994. 10 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposicio nes” (Diario Oficial No. 41.433 de 11 de julio de 1994).Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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SC5780-4-2 peticiones, quejas y recursos relativos al contrato de servicios públicos (artículo 153). Y que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios tienen la obligación de recibir, atender, tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que presenten los usuarios, los suscriptores o los suscriptores potenciales en relación con el servicio o los servicios que presta dicha empresa (art. 154).

Este régimen especial de los servicios públicos domiciliarios igualmente establece como deber jurídico de las empresas prestadoras de ellos el de responder los recursos, quejas y peticiones dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir d e la fecha de su presentación. Igualmente, consagra la figura del silencio administrativo positivo en esta materia, al disponer: “Pasado ese término, y salvo que

a partir d e la fecha de su presentación. Igualmente, consagra la figura del silencio administrativo positivo en esta materia, al disponer: “Pasado ese término, y salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la demora, o que se requirió de la práctica de pruebas, se entenderá que el recurso ha sido resuelto en forma favorable a él” (art. 158).

Esta disposición legal fue subrogada posteriormente por otra con esa misma categoría contenida en el artículo 123 del Decreto 2150 de 1995, que estableció que l a figura del silencio administrativo positivo no solo se deriva de los “recursos” que no hubiesen sido resueltos en tiempo, sino que se amplió a todas las “peticiones y quejas” presentadas ante las personas o empresas que prestan servicios públicos. Esta disposición amplía la regulación (i) con el deber establecido a las empresas consistentes en reconocer los efectos del silencio administrativo positivo y (ii) con la imposición de sanciones a las empresas que omitan el cumplimiento de dicha obligación legal , función ésta que se asignó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

La disposición contenida en el artículo 123 del Decreto 2150 de 1995 fue reiterada con posterioridad a través del artículo 9º del Decreto 2223 de 1996 “Por el cual se señalan normas que garantizan la participación activa de la comunidad en el cumplimiento de los compromisos del Pacto Social de Productividad, Precios y Salarios”, disposición que precisó que en ejercicio de la colaboración armónica entre entidades todos los usuarios de los servicios públicos podrán radicar su reclamación

cumplimiento de los compromisos del Pacto Social de Productividad, Precios y Salarios”, disposición que precisó que en ejercicio de la colaboración armónica entre entidades todos los usuarios de los servicios públicos podrán radicar su reclamación dirigida a la Intendencia Regional de la Superintendencia de Servicios PúblicosMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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Demandado: SSPD Radicación: 08-001-33-33-008-2019-00078-01

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SC5780-4-2 Domiciliarios de la Zona a que corresponda, por conducto de la Alcaldía o Personería de su Municipio, las cuales procederán a dar traslado inmediato a dicha entidad, y que el Intendente Regional exigirá la efectiva solución de la reclamación presentada por el suscriptor o usuario ante las empresas de servicios públicos11.

DE LA ACUMULACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

El artículo 209 Constitucional establece que “la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad , mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”. Principios desarrollados en el artículo 3º del CPACA.

Con fundamento en los anteriores principios, el legislador reguló en el artículo 36 del

mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”. Principios desarrollados en el artículo 3º del CPACA.

Con fundamento en los anteriores principios, el legislador reguló en el artículo 36 del CPACA, reguló lo concerniente a la formación y examen de los expedientes.

Sobre esta figura la doctrina ha considerado que guarda relación con los principios de transparencia, buena fe, orden, buena administración y seguridad jurídica que dominan las relaciones de la administración con los sujetos objeto de sus actuaciones. Bajo esas consideraciones, esta figura con fundamento en los principios de unidad procesal que tiene como propósito indudable el de evitar la dualidad de pronunciamientos sobre un mismo objeto, y de economía proce sal, y que se resume en ganancia de tiempo y recursos para las partes procesales. En cumplimiento de esos postulados, el legislador estableció la figura de la acumulación de expedientes, la cual tiene por finalidad unificar la documentación, la información , los autos y expedientes que tiendan a producir actos con los mismos efectos, evitándose de esta manera la expedición de decisiones contradictorias12.

11 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera, sentencia del 19 de marzo de 2015, Exp. 1100103-24-000-2013-00159-00 – C.P. Guillermo Vargas Ayala. 12 Santofinio Gamboa Jaime Orlando, 2017 “Compendio de Derecho Administrativo”, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, p. 421.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Electricaribe S.A. S.E.P.

Demandado: SSPD Radicación: 08-001-33-33-008-2019-00078-01

Demandante: Electricaribe S.A. S.E.P.

Demandado: SSPD Radicación: 08-001-33-33-008-2019-00078-01

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SC5780-4-2 Por su parte, el Consejo de Estado 13 en asunto de similares connotaciones jurídicas al caso que ocupa la atención de la Sala, ha considerado que procede la acumulación del expediente cuando se trata de la sanción impuesta en un mismo acto, por la materialización del silencio administrativo p ositivo; fundamentado en que la totalidad de las actuaciones tienen el mismo efecto sancionador con multa, a causa del hecho común de no atender oportunamente las peticiones quejas, reclamos y recursos interpuestos por varios usuarios de telecomunicaciones, las cuales, además, guardan entre sí una relación íntima, que permite su acumulación en aras de evitar decisiones contradictorias de tramitarse de forma independiente y, por demás, antieconómica e ineficaz.

ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS PRUEBAS FRENTE AL MARCO JURÍDICO

La actuación administrativa adelantada por la accionada culminó con la expedición de los actos enjuiciados, a través de los cuales se sancionó a Electricaribe, con multa equivalente a quince millones cuatrocientos sesenta y ocho mil quinientos noventa y un pesos ($ 15.468.591), y, reconoció los efectos del silencio administrativo positivo.

equivalente a quince millones cuatrocientos sesenta y ocho mil quinientos noventa y un pesos ($ 15.468.591), y, reconoció los efectos del silencio administrativ