TA CAQ - 18001-3333-002-2019-00150-01-(06-09-2023)

Tribunal Administrativo del Caquetá Sala Tercera de Decisión

Magistrada Ponente: Edith Alarcón Bernal

Florencia, seis (6) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Asunto: Pensión gracia, lesividad Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección SocialUGPP

Demandado: María Emma Muñoz Minotta Radicación: 18001-3333-002-2019-00150-01

Link del proceso: D 18001333300220190015001

Acta de discusión: 54 de la fecha

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandada contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021 por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

En este fallo se tratan los siguientes temas: Los requisitos legales para acceder a la pensión gracia, y las actuales posiciones jurisprudenciales frente a éstos y el restablecimiento del derecho en acciones de lesividad.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

1.1.1. Pretensiones de la demanda

La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó la

La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó la anulación de la Resolución nro. 015720 de 28 de marzo de 19982, mediante la cual se reconoció pensión gracia a la señora María Emma Muñoz Minotta.

Como consecuencia de lo anterior solicitó se declare que la señora María Emma Muñoz Minotta no le asistía derecho al reconocimiento de una pensión gracia, y que por tanto debe restituir a la UGPP la suma correspondiente a los valores pagados como consecuencia de ese reconocimiento, debidamente indexada. Pidió, además, que se condene al pago de intereses comerciales y moratorios de conformidad con lo previsto en el artículo 192 del C .P.A.C.A.; así como a las costas y agencias en derecho.

1.1.2. Fundamento de las pretensiones

Los hechos que fundamentan las pretensiones se sintetizan así:

1 Folios 3 al 23 del archivo nro. 1 del expediente judicial electrónico. 2 “Por la cual se ordena el reconocimiento y pago de una pensión gracia conforme a la Ley 91/89”.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1. La señora María Emma Muñoz Minotta nació el 28 de julio de 1927 y prestó sus servicios como docente, en los siguientes tiempos:

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1. La señora María Emma Muñoz Minotta nació el 28 de julio de 1927 y prestó sus servicios como docente, en los siguientes tiempos:

 Vicariato Apostólico Sibudoy desde el 15 de enero de 1953 hasta el 30 de diciembre de 1957 y desde 11 de enero de 1962 hasta el 30 de septiembre de 1962, según certificación de información laboral de fecha 7 de abril de 1981 y de fecha 5 de noviembre de 1985. Con vinculación de carác ter nacional, conforme a lo dispuesto en el Decreto nro. 2155 de 1987.

 Departamento de Santander desde el 20 de marzo de 1969 hasta el 01 de febrero de 1976 nombrada mediante Decreto No. 0593 de fecha 20 de marzo de 1969. Su renuncia aceptada por medio de decreto 0191 de fecha 1 de febrero de 1976 según certificación laboral emitida el 14 de agosto de 1980.

 Colegio Nacional José María Hernández de Leguizamo, Putumayo desde el 01 enero de 1977 hasta el 01 de febrero 1981, según certificación de información laboral de fecha 3 de marzo de 1981 y según Certificación de fecha 22 de julio de 1991 expedida por el Colegio Nacional José María Hernández nombrada por medio de la Resolución 13918 del 13 de agosto de 1980 del Ministerio de Educación Nacional.

 Internado Rural de la Rastra, Milán, Caquetá, desde el 01 de febrero de 1982 hasta el 13 de enero de 1997, nombrada por medio de Resolución No 3322 del 23 de marzo de 1982 del Ministerio de Educación Nacional, según

 Internado Rural de la Rastra, Milán, Caquetá, desde el 01 de febrero de 1982 hasta el 13 de enero de 1997, nombrada por medio de Resolución No 3322 del 23 de marzo de 1982 del Ministerio de Educación Nacional, según certificado laboral de fecha 19 de julio de 1985 , de fecha 29 de enero de 1986, 27 de enero de 1987, de fecha 28 de mayo de 1991 y de fecho 27 de febrero de 1997.

1. El último cargo desempeñado por la demanda fue el de docente en el internado escolar rural la Rastra municipio de Milán, en Caquetá.

1. La extinta CAJANAL por medio de la Resolución 11807 del 3 de septiembre de 1987 le reconoció la pensión, adquirió el estatus pensional de jubilación ordinaria el 15 de agosto de 1985.

1. A través de la Resolución nro. 015720 de 28 de mayo de 1998, la extinta CAJANAL reconoció una pensión gracia a la señora Muñoz Minotta en cuantía de $16.097.82 efectiva a partir de 29 de diciembre de 1989, pero con efectos fiscales del 27 de noviembre de 1994, por prescripción trienal; tomando como base el 75% de lo devengado en el año anterior al de adquisición del estatus pensional.

1. Mediante Decreto nro. 0077 de 9 de f ebrero de 2001 aclarado por el D ecreto nro. 00141 de 12 de marzo de 2001, se acepta la renuncia.

1.1.3. Fundamentos jurídicos

nro. 00141 de 12 de marzo de 2001, se acepta la renuncia.

1.1.3. Fundamentos jurídicos

Como sustento jurídico determinó que el acto administrativo se encuentra viciado de legalidad por vulneración de las normas en que debería fundarse . Indicó que la demandada no cumplió con los veinte (20) años de servicio en una entidad territorial, municipal o departamental, requisito exigido por el artículo 4 de la ley 114/ 13 para el reconocimiento de la pensión gracia, configurándose también una falsaSentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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motivación del acto administrativo demandado, por cuanto los fundamentos que dieron origen a la actuación no se ajustaron a la realidad.

Señaló que se vulneraron las leyes vigentes que rigen la pensión gracia, al reconocer en favor de la demandada un derecho pensional del cual no era beneficiaria, desconociéndose con esto la primacía del interés general sobre el particular, por cuanto se comprometieron recursos públicos con una causa ilegitima, en perjuicio de los demás asociados.

Expuso que la pensión gracia es una prestación de carácter excepcional o especial, que se reconocía a favor de aquellos docentes que fueron vinculados al servicio por entidades del orden territorial, por tanto, reconocer la pensión gracia a favor de docentes vinculados directamente con el Mi nisterio de Educación constituye vulneración a la prohibición constitucional -artículo 128-, en razón a que el pago de

entidades del orden territorial, por tanto, reconocer la pensión gracia a favor de docentes vinculados directamente con el Mi nisterio de Educación constituye vulneración a la prohibición constitucional -artículo 128-, en razón a que el pago de la pensión gracia se efectúa a cargo de la Nación, y posteriormente el docente al ser pensionado por vejez, estaría recibiendo un doble emolumento a cargo del tesoro público.

1.2. Contestación de la demanda3

La demandada se opuso a las pretensiones de la deman da. Como argumento de defensa, planteó dos excepciones de fondo a saber:

• Legalidad del acto administrativo acusado

Indicó que la entidad omitió el hecho que la señora Muñoz Minotta haya adquirido su derecho pensional con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91/89, pues indistintamente de su vinculación nacional o nacionalizada, cumplió con los requisitos establecido en la Ley 114/13.

• Buena fe

Expresó que la demandada obró siempre con apego a ley frente a las actuaciones administrativas que adelantó ante la extinta CAJANAL, razón por la cual en caso de que se haya presentado eventuales fallas administrativas, estas obedecen exclusivamente a la entidad y no a ésta.

En razón a lo anterior, estableció que la entidad no se encuentra facultada para recuperar dineros que han sido recibidos de buena fe, como es el caso de la señora Muñoz Minotta , posición que ha sido avalada en reiteradas oportunidades por parte del Consejo de Estado. Es así que concluyó: «De acuerdo a lo anterior, tenemos que el principio de buena fe, incorpora una presunción legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a

oportunidades por parte del Consejo de Estado. Es así que concluyó: «De acuerdo a lo anterior, tenemos que el principio de buena fe, incorpora una presunción legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de menos, probar que el peticionario actuó de mala fe. Por ello, en tratándose de un error de la administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos legales, no puede la entidad alegar a su favor su propia culpar para tratar de recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena fe».

1.3. Sentencia apelada

En la sentencia proferida el 3 0 de septiembre de 2021 , el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia resolvió:

3 Folios del 190 al 215. Archivo nro. 2 del expediente judicial electrónico.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 015720 del 28 de mayo de 1998, expedida por la extinta CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL –CAJANAL-, de conformidad con lo expuesto anteriormente.

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

(…)»

Como sustento de su decisión, la a quo argumentó, luego de señalar la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso, que de acuerdo a las pruebas aportadas se acreditó un tiempo al servicio de la docencia nacionalizada o territorial de 6 años, 8

Como sustento de su decisión, la a quo argumentó, luego de señalar la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso, que de acuerdo a las pruebas aportadas se acreditó un tiempo al servicio de la docencia nacionalizada o territorial de 6 años, 8 meses y 7 días, cuando lo requerido para acceder a la pensión gracia es de 20 años.

De igual manera, hizo análisis de la vinculación de la señora Muñoz Minotta, cuando laboró en el Internado Escolar La Rastra del municipio de Milán, concluyendo que, conforme a certificación aportada por el Ministerio de Educación Nacional, se estableció que el mismo se trata de un nombramiento como docente nacional y por ende no podía ser tenida en consideración para el reconocimiento de la pensión gracia.

De otro lado, concluyó que la UGPP no había demostrado una actuación temeraria por parte de la demandada, por lo que no había lugar a recuperar el pago de prestaciones a particulares de buena fe.

1.4. Recurso de apelación

1.4.1. Apelación de la parte demandada

Inconforme con la decisión, la parte demandada apeló 4. Propuso como objeto del recurso que, previa revocación del fallo impugnado, se deniegue las pretensiones de la demanda. Como argumentos de disenso señaló que no se indicó el por qué del tratamiento distinto para con los docentes naciones y nacionalizados, en donde a estos últimos sí se le reconoce el derecho a percibir la pensión gracia, aun cuando la misma legislación señaló: «será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación»

a estos últimos sí se le reconoce el derecho a percibir la pensión gracia, aun cuando la misma legislación señaló: «será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación»

Consideró que la conclusión a la que se llegó en la sentencia apelada es infundada, frente al tratamiento que se le otorgó a los tiempos laborados por la demandada, aun cuando en la res olución que se demanda reconoció la pensión gracia indistintamente si la prestación al servicio de educación era nacional, nacionalizado o territoriales. Echó de menos, que dentro de las pruebas aportadas no se allegaran los actos administrativos de nombramiento de la señora María Emma Muñoz Minotta, para así poder establecer en debida manera si los tiempos de servicios laborados eran nacionales o nacionalizados. Ahora como tal carga reca ía en la entidad demandante y que no fueron aportados, la pre sunción de legalidad de la resolución demandada no se logró desvirtuar.

1.4.2. Apelación adhesiva por la UGPP

La UGPP manifestó su adhesión al recurso de apelación5, de un lado, en lo relativo a la negativa del reintegro de las su mas canceladas en virtud del r econocimiento pensional, pues estima que hubo actuación dolosa y de mala fe por parte de la demandada desde el momento en que solicitó el reconocimiento pensional, siendo

4 Archivo nro. 27 del expediente judicial electrónico. 5 Archivo nro. 32 del expediente judicial electrónico.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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5 Archivo nro. 32 del expediente judicial electrónico.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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conocedora de las condicio nes que rigen dicha pensión y que no reunía los requisitos para ser beneficiaria.

En segundo lugar, controvirtió la negativa a la condena en costas, argumentando que, pese a la prosperidad parcial de las pretensiones, la a quo había podido aplicar el criterio objetivo, que impondría condenar en costas a la parte vencida en el proceso; máxime cuando, adujo, aquellas se encuentran causadas, si se tiene en cuenta el despliegue de actuaciones adelantadas por la entidad actora en el proceso judicial y el pago de los gastos procesales por valor de cincuenta mil pesos ($50.000).

1.5. Trámite de segunda instancia

1.5.1. Admisión del recurso de apelación6

A través de auto proferido el 14 de diciembre de 2021, se admitió el recurso de apelación presentado por las partes contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021 por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia.

1.5.2. Alegatos de segunda instancia

No mediando solicitud probatoria y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, no fue procedente el traslado para alegatos, ingresando el expediente para sentencia sin la presentación de estos por

No mediando solicitud probatoria y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, no fue procedente el traslado para alegatos, ingresando el expediente para sentencia sin la presentación de estos por las partes, ni la rendición del concepto por el Ministerio Público.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Corporación es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Oportunidad de la acción y legitimación en la causa

El presente medio de control no se haya extinguido por caducidad, encuentra la Sala que nos encontramos ante un asunto que versa sobre prestaciones periódicas tal como emerge del artículo 164 numeral 1 literal C del CPACA.

2.3. Problema Jurídico

Para resolver el asunto sometido a consideración del Tribunal, deberá establecerse si la demandada acreditó la totalidad de requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente, la vinculación como docente terri torial hasta el 31 de diciembre de 1980 y si tal requisito comporta un trato desigual. En caso de confirmarse la nulidad del acto administrativo demandado, ¿resulta procedente la devolución de suma alguna por parte de la demandada María Emma Muñoz Minotta en virtud del reconocimiento pensional de que fue objeto?

Finalmente, se analizará la procedencia de revocar la decisión de primera instancia relacionada con abstenerse de imponer condena en costas a la parte demandada.

en virtud del reconocimiento pensional de que fue objeto?

Finalmente, se analizará la procedencia de revocar la decisión de primera instancia relacionada con abstenerse de imponer condena en costas a la parte demandada.

6 Archivo Nro. 5. C2., del expediente judicial electrónico.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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2.4. Tesis de la Sala

La Sala confirma rá la decisión proferida en primera instancia que accedió a la anulación del acto administrativo demandado, porque conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado y las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, y 91 de 1989, no era procedente el reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que la demandada no reunió la totalidad de los requisitos legales , en especial los tiempos al servicio de la docencia nacionalizada o territorial, dada la incompatibilidad de computar tiempos como docente nacional.

2.5. Marco normativo y jurisprudencial

Conforme los artículos 13 y 53 Constitución Política, la Ley 114 de 1913, 6° de la Ley 116/1928, 3° inciso 2 de la Ley 37 de 1933, 15 Nº 2 literal A de la Ley 91 de 1989, la pensión gracia es creada para beneficiar a los docentes territoriales los cuales presentaban desigualdad salarial respecto de los docentes del orden

1989, la pensión gracia es creada para beneficiar a los docentes territoriales los cuales presentaban desigualdad salarial respecto de los docentes del orden nacional, que se reconoce a aquellos maestros de escuelas de primaria oficiales, docentes o empleados normalistas, inspectores educa tivos, y maestros de establecimientos de enseñanza secundaria, que hubieran prestado los servicios en planteles municipales, distritales o departamentales y vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, y que cumplan los requisitos del artículo 4 de la Ley 114 de 1913, referentes a tener 50 años de edad, 20 años de servicio docente, y observar buena conducta, haberse conducido con honradez y consagración.

En tal sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado, en sentencia de unificación de veintidós (22) d e enero de dos mil quince (2015) 7, así como la Corte Constitucional en sentencias C -489/2000, MP. Carlos Gaviria Díaz; C -085/2002, MP. Alfredo Beltrán Sierra; y T-359/2009, MP. Nilson Pinilla Pinilla.

Ahora bien, el Consejo de Estado hizo hincapié en la i mprocedencia de computar para efectos del requisito de tiempo de servicios, lo prestado como docente a través de vinculación nacional. In extenso ilustró el Consejo de Estado con ponencia del Consejero, Dr., William Hernández Gómez:

En esta misma línea, la Sala considera oportuno señalar que el numeral 3 del artículo 4 de la Ley 114 de 1913, es claro al prescribir que para gozar de la gracia de la pensión, es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe que no ha

4 de la Ley 114 de 1913, es claro al prescribir que para gozar de la gracia de la pensión, es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe que no ha recibido ni recibe otra pensión o recompensa de carácter nacional. Criterio éste que ha sido reiterado en múltiples oportunidades y en el cual se ha señalado expresamente lo siguiente:

«[…] La ley 91 de 1989, “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”, al abordar el tema atinente a las pensiones quiso dejar a salvo, en relación con la pensión gracia, a los docentes del nivel territorial vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que emprendieron el proceso de nacionalización. Consideró el legislador que tales personas, por haber tenido durante largos años de modesta remuneración la expectativa de gozar de ese beneficio deberían tener, en justicia, derecho a él y, por ende, decidió establecer una excepción consistente en que sólo para ellos podría ser compatible la pensión gracia con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de que esta se encontrare a cargo total o parcial de la Nación. No cabe duda de que el legislador quiso crear la situación excepcional comentada en favor de los docentes del nivel territorial pues la fecha límite de vinculación de docentes (31 de diciembre de 1980) a los cuales se les permitiría la compatibilidad de la pensión gracia con la pensión ordinaria de jubilación es la misma en la cual culmi nó el proceso de nacionalización de los docentes de educación

7 Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. CP. Alfonso Vargas Rincón (E). Sentencia de Radicación: 25000en la cual culmi nó el proceso de nacionalización de los docentes de educación

7 Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. CP. Alfonso Vargas Rincón (E). Sentencia de Radicación: 2500023-42-000-2012-02017-01(0775-14). Actor: Solangel Castro Pérez. Demandado: UGPP.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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primaria y secundaria, emprendido por la Ley 43 de 1975. El legislador entendió con meridiana claridad que sólo los docentes del nivel territorial podían ser beneficiarios de la pensión gracia, pues sólo en su favor, por haber emprendido el proceso de nacionalización, se estableció el régimen excepcional aludido. La probada vinculación de la actora a una entidad educativa del nivel nacional y la circunstancia de que la excepción del literal A del numeral 2, del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, sólo puede ser aplicada a los docentes nacionalizados, vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, excluye la aplicación de dicha norma al caso objeto de examen.» 8 (Resalta y Subraya la Sala)

Por consiguiente, es con fundamento en la norma antes citada que la pensión gracia no puede reconocerse a favor de los docentes nacionales , como quiera que es indispensable que el docente no esté pensionado y que no reciba retribución alguna por parte de la Nación.

Modalidades de vinculación del personal docente

no puede reconocerse a favor de los docentes nacionales , como quiera que es indispensable que el docente no esté pensionado y que no reciba retribución alguna por parte de la Nación.

Modalidades de vinculación del personal docente

En lo que respecta al tipo de modalidad de vinculación del personal docente es necesario anotar que el artículo 9 de la Ley 29 de 1989 asignó al alcalde mayor del Distrito Especial de Bogotá, y a los alcaldes municipales, las funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales o nacionalizados, plazas oficiales de colegios cooperativos, privados, jornadas adicionales, teniendo en cuenta las normas del Estatuto Docente y la Carrera Administrativa vigentes y que expidan en adelante el Congreso y el Gobierno Nacional, ajustándose a los cargos vacantes de las plantas de personal que apruebe el Gobierno Nacio nal y las disponibilidades presupuestales correspondientes.

El parágrafo primero de la norma en cita dispuso que «Los salarios y prestaciones sociales de este personal, continuarán a cargo de la Nación y de las entidades territoriales que las crearon».

Por su parte, el artículo 10 ibídem estableció que los gobernadores, intendentes y comisarios, asumirán temporalmente las atribuciones contenidas en el artículo anterior, cuando financiera y/o administrativamente un municipio no pudiera asumir tal responsa bilidad y que una vez superadas las limitaciones financieras y/o administrativas previa solicitud del alcalde, el Ministerio podrá, mediante resolución, trasladar tal competencia.

Posteriormente, se expidió la Ley 91 de 1989, la cual en su artículo 1 definió los

administrativas previa solicitud del alcalde, el Ministerio podrá, mediante resolución, trasladar tal competencia.

Posteriormente, se expidió la Ley 91 de 1989, la cual en su artículo 1 definió los conceptos de personal docente nacional, nacionalizado y territorial así:

• Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno

Nacional.

• Personal nacionalizado . Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

• Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

A su turno, el Decreto 196 de 1995, en su artículo 2 definió:

«Para los efectos de la aplicación del presente Decreto, los siguientes términos tendrán el alcance indicado en cada uno de ellos:

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 21 de junio de dos mil uno (2001). Radicación: 25000-23-25-000-1997-3975-01(IJ-014).Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Docentes Nacionales y Nacionalizados: Son aquéllos que han venido siendo financiados con recursos de la Nación y que se financian con recursos del situado

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Docentes Nacionales y Nacionalizados: Son aquéllos que han venido siendo financiados con recursos de la Nación y que se financian con recursos del situado fiscal, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 60 de 1993.

Docentes Departamentales, Distritales y Municipales:

a) Son los docentes vinculados por nombramiento de la respectiva entidad territorial con cargo a su propio presupuesto y que pertenecen a su planta de personal;

b) Son igualmente los docentes financiados o cofinanciados por la Nación - Ministerio de Educación Nacional, mediante convenios y que se encuentran vinculados a plazas departamentales o municipales…9 (lo subrayado y en negrilla de la Sala).

Al respecto, es pertinente referir que en sentencia de unificación10 de 21 de junio de 2018 se señaló:

1° Unificase la jurisprudencia respecto de las controversias relacionadas con el reconocimiento de pensión gracia, en particular en lo que concierne al origen de los dineros de la entidad nom inadora, en el sentido de que (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886 como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales; (ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el delegado

le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales; (ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo; (iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreenci as provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas -situado fiscalcuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y (iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

Más recientemente, mediante sentencia del 26 de agosto de 202111, el Consejo de

Estado reiteró:

(…) De conformidad con la normativa que dio origen a la pensión gracia, y la

territorial.

Más recientemente, mediante sentencia del 26 de agosto de 202111, el Consejo de

Estado reiteró:

(…) De conformidad con la normativa que dio origen a la pensión gracia, y la interpretación jurisprudencial efectuada en la