TA CAQ - 1800123-31-000-2012-00088-00-(26-10-2022)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, octubre veintiséis (26) de dos mil veintidós (2022)

Acción: Reparación directa

Demandante: Swthlana Fajardo Sánchez

Demandado: Nación – Rama Judicial Radicación: 18001-23-31-000-2012-00088-00

Tema: Error jurisdiccional por imposición de sanción a abogada.

Acta número 76.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado , decide la Sala en primera instancia la demanda presentada por Swthlana Fajardo Sánchez contra la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Swthlana Fajardo Sánchez, en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, solicitó que:

1. Se declare que la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura es extracontractualmente responsable de la falla judicial o error judicial consistente en la sanción disciplinaria de censura en su contra.

1. Se condene a la demandada a pagar la suma de 50 SMLMV por concepto de perjuicios morales.

1 Archivo 01, pág. 4.Sentencia de primera instancia

Acción: Reparación directa Demandante: Swthlana Fajardo Sánchez Demandado: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura

perjuicios morales.

1 Archivo 01, pág. 4.Sentencia de primera instancia

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1. Se ordene a la demandada inscribir la sentencia en el certificado de antecedentes disciplinarios del Consejo Superior de la Judi catura o la entidad competente y publicar la providencia «en los mismos términos que se publicitó la sanción disciplinaria, ante los diferentes Consejos Seccionales de la Judicatura del País, y los diferentes Juzgados y periódicos locales».

1. Se actualice la condena en los términos del artículo 178 del CCA y se ordene dar cumplimiento, de conformidad con los artículos 176 y 177 ibídem.

1.1.2. Hechos

La demandante fundamentó las pretensiones en los siguientes:

1. Se ha desempeñado como litigante en los diferentes estrados judiciales del Departamento del Caquetá en diferentes distritos de los Departamentos de

Huila, Cundinamarca y Caquetá.

1. Fungió como apoderada de Claudia Patricia Olaya en el proceso de nulidad y restablecimiento d el derecho contra la Rama Judicial, por la declaratoria de insubsistencia cuando se encontraba en estado de gestación; el acto administrativo fue expedido por el exmagistrado Simón Claros Álvarez.

1. Con ocasión de ese proceso, se inició una persecución personal y profesional en su contra, «recibiendo presiones y comentarios del funcionario que expidió el

administrativo fue expedido por el exmagistrado Simón Claros Álvarez.

1. Con ocasión de ese proceso, se inició una persecución personal y profesional en su contra, «recibiendo presiones y comentarios del funcionario que expidió el acto administrativo (...) con el argumento que si no retiraba la demanda me perseguiría por el Con sejo Seccional de la Judicatura, mensajes enviados con mi poderdante y abogados litigantes».

1. En el transcurso de dicho proceso, se hizo cargo de varios procesos disciplinarios iniciados contra funcionarios del Hospital María Inmaculada, los cuales eran tramitados por la asesora jurídica de dicha entidad, Sandra Milena Claros Penna, quien era prima en segundo grado del exmagistrado en mención e hija de Miguel Claros Perdomo, abogado litigante y pensionado de la Fiscalía

Seccional del Caquetá.

1. El 29 de noviembre de 2005, Sandra Claros presentó una queja disciplinaria en su contra, bajo el argumento de que había hecho comentarios de ella y suSentencia de primera instancia

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familia, así mismo, que fue irrespetuosa en los escritos radicados dentro del proceso disciplinario adelantado contra Adriana Vallejo.

1. El 29 de noviembre de 2005, el proceso se repartió al magistrado Héctor José Carrillo Saavedra, quien reemplazaba a Simón Claros Álvarez. El 7 de diciembre

1. El 29 de noviembre de 2005, el proceso se repartió al magistrado Héctor José Carrillo Saavedra, quien reemplazaba a Simón Claros Álvarez. El 7 de diciembre de 2005, se inició la indagación preliminar y se señaló fecha para practicar el testimonio de Lina María Erazo y Arturo Castellanos. La decisión fue notificada el 9 de diciembre de 2005.

1. El 13 de diciembre de 2005, solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura el decreto de unas pruebas para desvirtuar la queja, con el fin de demos trar la enemistad del grupo familiar y que se trataba de una retaliación «por haber sido declarada insubsistente del cargo por el mal proceder en los procesos disciplinarios, igualmente adjunt[ó] copia del oficio que [le] envió la progenitora de la quejosa donde demuestra la enemistad personal, y el vínculo con los testigos y solicit[ó] [le] informara la fecha y hora que iba ejercer el derecho a contrainterrogar»

1. En memorial radicado el 1 de diciembre de 2005 dirigido al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Florencia, la progenitora de la quejosa presentó escrito en el proceso de María Alfa P enna, en el cual revocó el poder bajo con fundamento en la idoneidad profesional y solicitó la regulación de honorarios.

1. El 13 de diciembre de 2005, la quejosa presentó un escrito de desistimiento y solicitó que se archivaran las diligencias. Mediante auto de cúmplase, el funcionario instructor indicó que, antes de resolver sobre la solicitud de

1. El 13 de diciembre de 2005, la quejosa presentó un escrito de desistimiento y solicitó que se archivaran las diligencias. Mediante auto de cúmplase, el funcionario instructor indicó que, antes de resolver sobre la solicitud de desistimiento, era menester escuchar a la quejosa para que expusiera sus razones, empero guardó silencio sobre la solicitud de pruebas.

1. El 16 de enero de 2006, la quejosa manifestó que el desistimiento obedecía a que ya no laboraba en el Hospital María Inmaculada; no le gustaban los problemas; y que la actora había estado averiguando por los testigos.

1. A espaldas de la defensa, se practicó la prueba testimonial, pues se modificaron las fechas para impedir que pudiera participar «en las declaraciones de cargo en ausencia del magistrado y practicadas por el empleador subalterno, q uien precisamente fue la persona que reemplazó a la señora Olaya cuando fue desvinculada en estado de embarazo, como se demuestra con prueba testimonial posterior practicada, fuera de las irregularidades anteriores hicieronSentencia de primera instancia

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aparecer que la fecha del auto q ue modificaba la prueba testimonial fue elaborado el mismo día que se practicó la referida diligencia.»

1. Se solicitó la nulidad por violación al debido proceso por haberse practicado la prueba testimonial, pero se negó con el argumento de que la prueba no se había

elaborado el mismo día que se practicó la referida diligencia.»

1. Se solicitó la nulidad por violación al debido proceso por haberse practicado la prueba testimonial, pero se negó con el argumento de que la prueba no se había pedido. Igualmente, aportó prueba documental que demostraba la enemistad de la quejosa y su núcleo familiar con la actora, además de los autos en procesos disciplinarios donde el magistrado Simón Claros Álvarez se declaraba impedido por la misma razón –enemistad-, además de ser conocedores del proceso en el cual actuaba como apoderada judicial en contra de la Rama Judicial, «lo cual desde ese momento existía el impedimento legal para que la sala disciplinaria del Caquetá, [la] investigara, dando lu gar a una serie de arbitrariedades desde el marco del debido proceso y derecho de defensa que nunca se respetó ni por el funcionario de primera y segunda instancia, igualmente existía impedimento de la magistrada que posteriormente conoció el expediente y fallo Cecilia Hernández Saldaña, no solo por los impedimentos mencionados anteriormente sino también por el grado de amistad existente entre dicha funcionaria y la quejosa, teniendo en cuenta el grado de amistad, quien compartía con esta, además de haber asistido al matrimonio de la quejosa, y de concurrir en forma reiterada a la residencia de los progenitores de la quejosa, y se negó a declararse impedida con el argumento que no tenía amistad si no (sic) que en forma ocasional tomaba tinto con ellos».

1. Por el auto de cúmplase proferido el 20 de abril de 2006 se practicaron unos testimonios que desvirtuaban la acusación de la quejosa como, por ejemplo, el

forma ocasional tomaba tinto con ellos».

1. Por el auto de cúmplase proferido el 20 de abril de 2006 se practicaron unos testimonios que desvirtuaban la acusación de la quejosa como, por ejemplo, el de Dorian Andrés Peralta Quintero, quien manifestó que la declarante Lina Erazo le había informado que l a acusación no era cierta y que era una posición para que se pudiera sostener en el cargo. Igualmente, se allegaron unos memoriales presentados dentro del proceso disciplinario, en los cuales se hicieron expresiones gramaticales de lo sucedido, como fue ha cer una comparación de las decisiones tomadas en distintos procesos. Luego, presentó un escrito de recusación contra la funcionaria encargada del proceso disciplinario, entre otras cosas, porque «la suscrita abogada era nada menos y nada más que la abogada de la progenitora de la quejosa»; en efecto, la quejosa se declaró impedida.Sentencia de primera instancia

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1. A raíz del cúmulo de errores por su falta de experiencia, el gerente del Hospital María Inmaculada la declaró insubsistente y, en seguida, la acu só de ser culpable de esa situación «y es cuando formula la queja».

1. Se expidió el pliego de cargos bajo el argumento de que había expuesto términos que constituían agravios contra la investigadora cuando le dijo «a folio

culpable de esa situación «y es cuando formula la queja».

1. Se expidió el pliego de cargos bajo el argumento de que había expuesto términos que constituían agravios contra la investigadora cuando le dijo «a folio 3 del cuaderno original le indica violar los elementos principios del derecho y de no guardar el respeto con los sujetos procesales, más adelante a folio 6 se expresa de la siguiente manera “la actuación suya de venir donde su señora madre a dejar queja como si fuera una niña chiquita, tratando de enlodar y poner entre dicho mi nombre no le queda bien” resultan a todas luces fuera de todo contexto y propiamente impertinentes y termina indicando que en el HMI hice comentarios de ella y de su núcleo familiar y poderosamente muestra su inclinación de amistad cuando indica que en mi versión que es posterior a la queja indique en esta según ella me dedique a lanzar improperios en contra de ella y de su familia, de su padre de otros miembros familiares, de negocios jurídicos ajenos a esta investigación, de supuestos roces que han tenido ambas familias y que me exprese (sic) en términos despectivos de endilgarle que no sabía cómo se hacía una queja disciplinaria y concluye que los indicios que se desprenden de la versión libre afianzan con los testimonios de Lina María Erazo del vocabulario inadecuado que utilizo (sic) el 24 de noviembre de 2005» . Este pliego de cargos fue expedido por un conjuez que no cumple con los requisitos de ley. Lo contestó y solicitó pruebas, pero fueron negadas. Contra esta decisión presentó el recurso de apelación y fue confirmada.

1. Comoquiera que la progenitora de la quejosa revocó los poderes sin haber

de ley. Lo contestó y solicitó pruebas, pero fueron negadas. Contra esta decisión presentó el recurso de apelación y fue confirmada.

1. Comoquiera que la progenitora de la quejosa revocó los poderes sin haber pagado los honorarios, solicitó la regulación de honorarios e inició un proceso ejecutivo laboral con medidas ca utelares de los bienes; ante esta situación el abogado Miguel Antonio Claros, «esposo de la progenitora de la quejosa y padre de la quejosa» , por medio de los escritos, «lanzó» una serie de injurias y calumnias y, por esto, la actora presentó una queja dis ciplinaria, «la cual le correspondía al mismo magistrado que llevaba su proceso disciplinario, quien resolvió abstenerse de iniciar la investigación con el argumento que los términos utilizados (...) no tenían la intención de injuriar a la abogada si no la rabia que le produjo haber iniciado acción judicial contra la esposa de él» ; contra esta decisión, presentó el recurso de apelación. En segunda instancia, se revocó y se ordenó expedir el pliego de cargos.Sentencia de primera instancia

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1. En el momento del fallo, absolvieron al abogado, «constituyéndose en una burla lo ordenado por el superior».

1. Posteriormente, se emitió el fallo de primera instancia en el proceso adelantado

1. En el momento del fallo, absolvieron al abogado, «constituyéndose en una burla lo ordenado por el superior».

1. Posteriormente, se emitió el fallo de primera instancia en el proceso adelantado contra la actora, en el cual se resolvió sancionarla bajo el argumento de que los términos que utilizó eran agravios. La decisión fue confirmada.

1. El Consejo Superior de la Judicatura instaló en la cartelera de vista pública la sanción impuesta y lo envió a los diferentes despachos judiciales, lo cual afectó su buen no mbre. Año y medio después, la entidad publicó en los periódicos regionales de los Departamentos del Caquetá y Huila el listado de los abogados sancionados en el año 2011, en el cual se incluyó su nombre aun cuando no fue sancionada en esa calenda.

1. En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el cual era apoderada de la empleada de la Rama Judicial que fue desvinculada cuando estaba en estado de gestación, finalizó con sentencia de primera instancia, en la cual se declaró la nulidad del acto y se ordenó el reintegro.

1.2. Admisión de la demanda.

Inicialmente, la demanda fue rechazada el 18 de junio de 2013 por haber operado la caducidad de la acción .2 Contra esta decisión, la demandante presentó el recurso de reposición3 y, mediante auto del 19 de septiembre de 2016, se negó por improcedente.4

La actora presentó una acción de tutela5 que fue conocida por el Consejo de Estado dentro

reposición3 y, mediante auto del 19 de septiembre de 2016, se negó por improcedente.4

La actora presentó una acción de tutela5 que fue conocida por el Consejo de Estado dentro del proceso con radicación 11001 -03-15-000-2017-00135-00. Mediante la sentencia proferida el 23 de enero de 2017, la Alta Corporación amparó el derecho al debido proceso y dejó sin efectos el auto del 19 de septiembre de 2016.

En cumplimiento de lo anterior, en el auto proferido el 14 de marzo de 2017, 6 se resolvió conceder el recurso de apelación contra el proveído del 18 de junio de 2013 que rechazó la demanda.

2 Archivo 1, pág. 107. 3 Archivo 1, pág. 111. 4 Archivo 1, pág. 148. 5 Archivo 1, pág. 163. 6 Archivo 1, pág. 169.Sentencia de primera instancia

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En providencia del 12 de febrero de 2019, 7 el Consejo de Estado dispuso revocar el auto por el cual se rechazó la demanda por caducidad. El 3 de mayo de 2019 fue admitida.8

1.3. Contestación de la demanda.9

La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda. Refirió que el daño provino del comportamiento de la parte actora, pues si bien tenía conocimiento de un seguimiento

1.3. Contestación de la demanda.9

La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda. Refirió que el daño provino del comportamiento de la parte actora, pues si bien tenía conocimiento de un seguimiento en su contra, debió haberlo manifestado a través de una queja disciplinaria, haber moderado sus palabras a la hora de referirse a otra profesional y no esperar a que existiera una investigación disciplinaria para dar inicio con la queja. Alegó que se configuró el eximente de culpa exclusiva de la víctima.

Dijo que la Rama Judicial inició una investigación disciplinaria en contra de la demandante, empero, se inició por lo manifestado por Sandra Milena Claros Penna, lo cual demuestra que no se incurrió en error jurisdiccional, comoquiera que las actuaciones y decisiones de los agentes judiciales que intervinieron en el proceso al que resultó vinculada la actora, se cumplieron en apego a la ley; esto, sumado a que no que violaron los derechos a la defensa y al debido proceso.

Propuso las excepciones de «inexistencia de perjuicios»; «inexistencia de nexo de causalidad»; y «culpa exclusiva de la víctima y hecho de un tercero», bajo el argumento de que no usó en debida forma los recursos de ley, aun cuando tenía la oportunidad de reclamar los perjuicios por la vía civil.

1.4. Etapa probatoria.

El 19 de julio de 2019, se decretaron las pruebas documentales y testimoniales solicitadas por la parte actora y se negaron otras (documental y pericial). 10 Contra esta decisión, la demandante presentó recurso de apelación11 y mediante el auto proferido el 9 de diciembre

por la parte actora y se negaron otras (documental y pericial). 10 Contra esta decisión, la demandante presentó recurso de apelación11 y mediante el auto proferido el 9 de diciembre de 2019, el Consejo de Estado resolvió confirmar la decisión.12

1.5. Alegatos de conclusión.

7 Archivo 1, pág. 181. 8 Archivo 1, pág. 198. 9 Archivo 1, pág. 207. 10 Archivo 1, pág. 224. 11 Archivo 2, pág. 2. 12 Archivo 2, pág. 13.Sentencia de primera instancia

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A través del auto proferido el 8 de octubre de 2021, se resolvió correr traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente.13 En esta oportunidad procesal, los sujetos procesales guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Comoquiera que la demanda se presentó en vigencia del C.C.A. (18 de mayo de 2012), la Sala es competente para resolver el caso en primera instancia, de conformidad con el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 9 de septiembre de 2008 dentro del proceso 11001-03-26-000-2008-00009-00, en el cual

proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 9 de septiembre de 2008 dentro del proceso 11001-03-26-000-2008-00009-00, en el cual estableció que la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional , privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso.

2.2. Problema jurídico.

En esta instancia, corresponde a la Sala determinar si la Nación – Rama Judicial es patrimonial y extracontractualmente responsable por los perjuicios causados a Swthlana Fajardo Sánchez por las decisiones proferidas por el Consejo Superior de la Judicatura en un proceso disciplinario adelantado en su contra.

Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial, en el cual se hará alusión a los elementos de la responsabilidad del Estado y su configuración cuando se trata d e error jurisdiccional ; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Sobre los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

13 Archivo 70.Sentencia de primera instancia

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La responsabilidad patrimonial de la administración a partir de la Carta Política de 1991 se fundamenta en el artículo 90 del estatuto superior, el cual estableció dos elementos de la responsabilidad, los cuales son: i) El daño antijurídico y, ii) la imputación a una autoridad en sentido lato o genérico. La jurisprudencia del Consejo de Estado así lo ha entendido:

(…) porque a términos del art. 90 de la constitución política vigente, es más adecuado que el Juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona jurídica de derecho público.

La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el Ju ez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión.14

Por consiguiente, el primer aspecto a estudiar en los procesos de repar ación directa es lo relativo a la existencia del daño , por cuanto si en el proceso no se logra establecer la ocurrencia de éste, se torna inútil cualquier otro análisis y juzgamiento, como lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado15.

En efecto, se ha señalado que «es indispensable, en primer término determinar la

ocurrencia de éste, se torna inútil cualquier otro análisis y juzgamiento, como lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado15.

En efecto, se ha señalado que «es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, estos es, si el mismo puede, o no calificarse como o antijurídico , puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado…”, y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualqu iera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado»16

El segundo elemento que configura la responsabilidad patrimonial del Estado es la imputabilidad del daño antijurídico a las autoridades públicas o nexo causal. Sobre este elemento, la Subs ección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia proferida el 18 de mayo de 2017 dentro del proceso con radicación 68001-23-31-000-200300450-01 (37497) y ponencia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, explicó que la imputación exige analizar dos esferas i) el ámbito fáctico y ii) la imputación jurídica, la cual se determina conforme al deber jurídico. Al mismo tiempo, se indicó:

14 Sentencia Consejo de Estado del diez de septiembre de 1993 expediente 6144 Consejero Ponente Juan de Dios Montes.

15 En este sentido pueden verse también las sentencias de 2 de marzo de 2000, exp. 11135; 9 de marzo de 2000 exp. 11005; 16 de marzo de 2000 exp. 11890 y 18 de mayo de 2000 exp. 12129 16 Sentencia proferida por el Consejo de Estado del 4 de diciembre de 2002 expediente 12625 Consejero Ponente Germán Rodríguez VillamizarSentencia de primera instancia

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Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño . En concreto, la atribución jurídica debe exigir que sea en un solo título de imputación, la falla en el servicio, en el que deba encuadrarse la responsabilidad extraco ntractual del Estado, sustentada en la vulneración de deberes normativos , que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses juríd icos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho.

Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la

Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

Bajo los anteriores criterios la Sala realizará el juic io de imputación, previendo, además, que la Corporación ha determinado que los escenarios en que se discute la responsabilidad patrimonial del Estado se debe dar aplicación al principio iura novit curia, lo cual implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, corresponde al juez definir la norma o la motivación de la imputación aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa petendi, esto es, los hechos que se enuncian en la demanda c omo fundamento de la pretensión.

A partir de estos dos elementos se resolverán los argumentos de apelación alegados por la entidad demandada, es decir, se determinará la existencia del daño antijurídico y su imputación fáctica y jurídica.

2.3.2. De la respons abilidad del Estado por daños antijurídicos causados por la acción u omisión de los agentes judiciales. Error jurisdiccional.

La Ley 270 de 1996 «estatutaria de la Administración de Justicia» , prevé que el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad. Sobre el segundo, evento, dispuso en el artículo 67:

ARTICULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El error

jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad. Sobre el segundo, evento, dispuso en el artículo 67:

ARTICULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputa do cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.Sentencia de primera instancia

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Sobre la imputación de responsabilidad del Estado por el error jurisdiccional, el Consejo de Estado17 ha indicado lo siguiente:

En cuanto a la configuración del primero de estos, es decir, del error jurisdiccional, la mencionada ley estatutaria dispone que es necesario que concurran los siguientes elementos: i) que el error esté contenido en una providen cia judicial, ii) que ésta sea proferida por un funcionario investido de autoridad judicial y iii) que el afectado haya interpuesto contra la citada providencia los recursos procedentes. Es preciso anotar que se incurre en error judicial en providencias po r medio de las cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo el derecho.

Esta clase de responsabilidad también se hace extensiva a los errores en que incurran los demás agentes del Estado que, sin pertenecer a la Rama Jurisdiccional,

cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo el derecho.

Esta clase de responsabilidad también se hace extensiva a los errores en que incurran los demás agentes del Estado que, sin pertenecer a la Rama Jurisdiccional, cumplan la función de administrar justicia. El error judicial puede ser de hecho o de derecho, en este último caso por interpretación errónea, falta de aplicación o indebida aplicación de la norma procedente; además, deben quedar incluidas en el concepto de error jurisd iccional las providencias que contraríen el orden constitucional.

No es necesario que la providencia sea constitutiva de una vía de hecho, esto es, que se trate de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido pro ceso, que obedezca a las motivaciones internas del juez que actúa sin fundamento objetivo y razonable, como lo entendió la Corte Constitucional al condicionar la exequibilidad del artículo 66 de la Ley 270 de 1996, porque ello implicaría desconocer la fuente constitucional de la responsabilidad del Estado, consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, en cuanto dicha disposición prevé que se debe indemnizar todo daño antijurídico que llegue a ocasionarse, con