TA CAQ - 1800123-33-000-2020-00323-00-(04-10-2022)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, octubre cuatro (4) de dos mil veintidós (2022)

Medio de control: Nulidad

Demandante: Yobany López Quintero

Demandado: Departamento del Caquetá Radicación: 18001-23-33-000-2020-00323-00

Tema: Nulidad del acto por el cual se modificó el calendario académico del ente territorial.

Vacaciones de docentes y directivos docentes.

Acta número 72.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala en primera instancia la demanda presentada por Yobany López Quintero contra el Departamento del Caquetá.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Yobany López Quintero , por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 13 7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó que se declare la nulidad de la Resolución 0407 del 19 de marzo de 2020 que modificó el ca lendario académico previsto en la Resolución 2582 del 9 de diciembre de 2019 por el Departamento del Caquetá.

1.1.2. Hechos.

Fundamentó la pretensión de nulidad en los siguientes:

1 Archivo 1, pág. 4.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad

Demandante: Yobany López Quintero

1.1.2. Hechos.

Fundamentó la pretensión de nulidad en los siguientes:

1 Archivo 1, pág. 4.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad

Demandante: Yobany López Quintero

Demandado: Departamento del Caquetá Radicación: 18001-23-33-000-2020-00323-00

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1. El calendario académico para los trabajadores docentes decretados en la Resolución 2582 de 9 de diciembre de 2019 expedida por el Departamento del

Caquetá, concerniente al año 2020, fue así:

a. Semanas de desarrollo institucional.

Fecha Duración en semanas Del 21 al 26 de enero de 2020 1 Del 6 al 12 de abril de 2020 1 Del 22 al 28 de junio de 2020 1 Del 5 al 11 de octubre de 2020 1 Del 7 al 13 de diciembre de 2020 1 Total 5 semanas

b. Semanas lectivas y periodos académicos.

Fecha Duración en semanas Del 27 de enero al 21 de junio de 2020 20 Del 13 de julio al 6 de diciembre de 2020 20 Total 40 semanas

c. Semanas de vacaciones de docentes y directivos docentes.

Fecha Duración en semanas Del 29 de junio al 12 de julio de 2020 2 Del 14 de diciembre de 2020 al 17 de enero de 2021 5 Total 7 semanas

1. Posteriormente, en virtud del Decreto 417 de 2020, por el cual se declaró el

Del 14 de diciembre de 2020 al 17 de enero de 2021 5 Total 7 semanas

1. Posteriormente, en virtud del Decreto 417 de 2020, por el cual se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y de la Circular 020 emanada del Ministerio de Educación Nacional, se determinó que el calendario sería modificado por la Resolución 0407 del 19 de

marzo de 2020 (acto demandado), así:

a. Semanas de desarrollo institucional.

Fecha Duración en semanas Del 20 al 26 de enero de 2020 1 Del 16 al 29 de marzo de 2020 2 Del 5 al 11 de octubre de 2020 1 Del 14 al 20 de diciembre de 2020 1 Total 5 semanasSentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad

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b. Semanas lectivas y periodos académicos.

Fecha Duración en semanas Del 27 de enero al 19 de julio de 2020 20 Del 20 de julio al 13 de diciembre de 2020 20 Total 40 semanas

c. Semanas de vacaciones de docentes y directivos docentes.

Fecha Duración en semanas Del 30 de marzo al 19 de abril de 2020 3 Del 21 de diciembre al 18 de enero de 2020 4 Total 7 semanas

1.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación.

Fecha Duración en semanas Del 30 de marzo al 19 de abril de 2020 3 Del 21 de diciembre al 18 de enero de 2020 4 Total 7 semanas

1.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación.

Señaló que el artículo 67 del Decreto 2277 de 1979 establece como derecho de los educadores el disfrute de vacaciones remuneradas, conforme los términos que señale el calendario escolar.

Precisó que la Ley 60 de 1993 reguló la distribución de competencias en materia de educación a los entes territoriales y en su artículo 2º dispuso que les corresponde a los municipios, frente al sector educativo, administrar los servicios educativos estatales de educación preescolar, básica primaria, secundaria y media.

Indicó que el Decreto 1278 de 2002 “Por el cual se expide el estatuto de profesionalización docente”, reiteró la conti nuidad del calendario académico para el ejercicio de la profesión docente y reguló las vacaciones de dichos servidores en 7 semanas, que serían distribuidas en 4 al finalizar el año, 2 durante el receso escolar de mitad de año y 1 en semana santa.

Agregó que el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 estableció el calendario académico así: 40 semanas de trabajo académ ico con estudiantes, distribuido en dos períodos semestrales, 5 semas de actividades de desarrollo institucional y 7 semanas de vacaciones.

Por lo anterior, concluyó que «los docentes al servicio del Estado, tienen derecho al disfrute de siete (7) semanas, o cuarenta y nueve (49) días de vacaciones en el año. Estas semanas

Por lo anterior, concluyó que «los docentes al servicio del Estado, tienen derecho al disfrute de siete (7) semanas, o cuarenta y nueve (49) días de vacaciones en el año. Estas semanas se fraccionan, de acuerdo al calendario escolar vigente, en los meses de junio, julio,Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad

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diciembre y enero. Durante estos períodos de vacaciones colectivas, los docentes tienen derecho a percibir el pago de salarios y prestaciones con normalidad».

Manifestó que la Ministra de Educación, en la Circular 020 del 16 de marzo de 2020 ordenó a los gobernadores y alcaldes, a través de las Secretarías de Educación ajustar los calendarios académicos, «sin el previo consentimiento o mutuo acuerdo de los empleados del magisterio, quienes son los docentes, a quienes se les está cambiando unas condiciones laborales pero con la posición dominante de su ente nominador, más no, teniendo en cuenta la Constitución Política de Colombia donde manifiesta que no se pueden desmejorar las condiciones laborales de los trabajadores y mucho menos cuando no hay un mutuo acuerdo entre empleador y trabajador».

Arguyó que dicha conclusión debe interpretarse en armonía con lo reglado en el artículo 2º del Decreto 1381 de 1997, según el cual las vacaciones se hacen efectivas para los docentes que hayan laborado durante los 10 meses del año escolar para cada vigenci a fiscal, lo que implica que, de ninguna manera, las vacaciones así como el consecuente pago

del Decreto 1381 de 1997, según el cual las vacaciones se hacen efectivas para los docentes que hayan laborado durante los 10 meses del año escolar para cada vigenci a fiscal, lo que implica que, de ninguna manera, las vacaciones así como el consecuente pago de la prima de vacaciones puedan generarse en el inicio del calendario académico, «siendo estos postulados desvirtuados de contera por las decisiones arbitrarias y erradas que han adoptado las administraciones de turno por medio de actos administrativos que carecen de total validez».

Consideró que no es procedente fijar un periodo de vacaciones en un confinamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, pue s no se cumple con el objeto de las vacaciones, además no «hubo un mutuo acuerdo con los docentes para la expedición de los decretos de la entidad territorial certificada».

Sostuvo que el artículo 215 de la Constitución Política, ordenó que el Gobierno no podrá desmejorar los derechos de los trabajadores mediante la expedición de decretos, por lo tanto, «el término en esta materia no podía haberse decretado las vacaciones de los docentes oficiales, por parte de la entidad territorial nominadora, durante un tiempo que estuvo completamente confinado, aislado, sin poder hacer uso del verdadero sentido que significa las vacaciones para un trabajador».

Además, señaló:

(…) claramente que los períodos de vacaciones para los docentes oficiales en Colombia a diferencia de otros sectores estarán compuestos por siete (7) semanas, las cuales deben concederse y disfrutarse dentro del mismo año en que se causen,Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad

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las cuales deben concederse y disfrutarse dentro del mismo año en que se causen,Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad

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esto es, dentro de la vigencia del año lectivo que les dio derecho a disfrutarlas y no, como ocurre dent ro del caso concreto con el acto administrativo demandado, que concede el disfrute de algunas de estas semanas en el año postrero, de un lado porque al hacerlo de esta manera, el gobierno territorial está excediendo las facultades que le fueron conferidas en la norma marco y de otro lado, porque con esta actuación se están vulnerando los derechos de este grupo poblacional al reducir el goce de los lapsos de descanso que por ley les corresponde.

A lo anterior añadió que si bien la modificación del calendario académico obedeció a la emergencia sanitaria decretada por la pandemia Covi d-19, la Corte Constitucional reiteradamente ha precisado que las regulaciones que se promulguen durante estos estados de excepción no pueden ser ajenas a los principios y valores que imperan en el ordenamiento jurídico.

Citó la sentencia C-225 de 2011 y luego sostuvo que a la entidad territorial le estaba vedado obrar en contravía de los parámetros dados por el Gobierno Nacional respecto a los lineamientos que debían seguirse para fomentar y promover la modalidad del trabajo en casa durante la fase del ai slamiento, máxime si se tiene que en cuenta que con la modificación arbitraria del calendario académico se contrarió dicha disposición en razón a que se ordenó de manera coactiva entrar en un periodo de vacaciones, sin considerar la

casa durante la fase del ai slamiento, máxime si se tiene que en cuenta que con la modificación arbitraria del calendario académico se contrarió dicha disposición en razón a que se ordenó de manera coactiva entrar en un periodo de vacaciones, sin considerar la vulneración de sus gara ntías, por cuanto era una hecho notorio que no podía lleva rse a cabo un disfrute efectivo.

Finalmente, sostuvo:

Como colofón de todo lo expuesto, debo manifestar que es evidente el atropello de los derechos de los trabajadores de la educación oficial, siendo el ÚNICO GRUPO DE SERVIDO RES PÚBLICOS A QUIENES LES FUE IMPUESTO UN CAMBIO ABRUPTO DE SUS VACACIONES. TODOS LOS DEMÁS SERVIDORES DEL ESTADO ADAPTARON EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES LABORALES SIN QUE ESTO INFLUYERA EN SU CALENDARIO LABORAL, COMO ES EL CASO DE LA MISMA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA QUE VA A CUMPLIR TRES

MESES DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS QUE HA IDO LEVANTANDO

PAULATINAMENTE AL MISMO PASO QUE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN VIRTUAL, SITUACIÓN QUE SE HA REPLICADO EN LAS DEMÁS RAMAS DEL PODER PÚBLICO, de esta manera es posible concluir que se configuran las causales de nulidad del Acto Acusado, dado que se vulneran disposiciones de rango constitucional, tales como las contenidas en los artículos 13 (igualdad), 24 (libertad de locomoción), 53 inciso segundo (en relación al descanso necesario) y el artículo 215, por cuanto se han excedido las facultades otorgadas en

(igualdad), 24 (libertad de locomoción), 53 inciso segundo (en relación al descanso necesario) y el artículo 215, por cuanto se han excedido las facultades otorgadas en el estado de emergencia al omitir ponderar las decisiones adoptadas. (pág. 14)

1.2. Admisión de la demanda.

Por medio del auto proferido el 10 de julio de 2020 se resolvió admitir la demanda de nulidad presentada por Yobany López Quintero contra el Departamento del Caquetá.2

2 Archivo 1, pág. 53.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad

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1.3. Contestación de la demanda.

El Departamento del Caquetá se opuso a las pretensiones de la demanda. Manifestó que actuó bajo las políticas que regían por causa del Estado de Emergencia y con la finalidad de contener la propagación del virus Covid-19.

Propuso las siguientes excepciones:

1. Inepta demanda por no reunir los requisitos legales – causal de nulidad. Dijo que en la demanda no se determinó la inconformidad del demandante frente al acto administrativo acusado, sino que solamente señaló que se modificó la fecha de las vacaciones sin tener en cuenta el consentimiento de los docentes. Precisó que los periodos se ajustaron por la necesidad del cuidado y para no vulnerar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes del departamento.

1. Interés general sobre el particular. Aseguró que el ajuste del calendario académico

periodos se ajustaron por la necesidad del cuidado y para no vulnerar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes del departamento.

1. Interés general sobre el particular. Aseguró que el ajuste del calendario académico no quebrantó el Decreto 1075 de 2015 ni modificó las condiciones laborales, por el contrario, se respetó la distribución de 5 semanas de desarrollo institucional, 40 semanas lectivas y periodos académicos y 7 semanas de vacaciones. «El demandante solo quiere que se declare la nulidad del acto administrativo, en vista que las vacaciones se adelantaron de fecha, pensando en un interés particular y no en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes».

1. Ineficacia de la acción de nulidad en el presente caso. Sostuvo que -) el Decreto 1075 de 2015 estableció que cada año se debe expedir un nuevo calendario; y -) el artículo 2.4.3.4.2. otorga la facultad de que, cuando sobrevengan hechos que alteren el orden público, se realicen los ajustes del calendario académico que sean necesarios.

1.4. Trámite de sentencia anticipada.3

En el auto proferido el 25 de noviembre de 2020, se resolvió i) dar aplicación a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 13 del Decreto Legislativo 806 de 2020; ii) prescindir de la audiencia inicial; iii) incorporar al expediente las pruebas aportadas por las partes; y iv)

3 Archivo 19.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad

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3 Archivo 19.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad

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correr traslado a las partes por el término de 10 días para que presentaran sus alegaciones finales por escrito.

1.5. Alegatos de conclusión.

1.5.1. Departamento del Caquetá.4 Reiteró los argumentos de la contestación de la demanda.

1.5.2. Parte demandante.5 Volvió sobre los cargos expuestos en la demanda.

1.5.3. Ministerio Público. No emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia.

Esta Sala es competente para decidir en primera instancia la demanda de nulidad presentada por Yobany López Quintero contra el Departamento del Caquetá , de conformidad con los artículos 125 y 152 de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar si la modificación del calendario académico, concretamente en lo que concierne a las vacacion es de los docentes de las instituciones educativas del Departamento del Caquetá, vulneró el derecho a la igualdad y quebrantó el ordenamiento jurídico.

Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial del medio de control de nulidad y de la educación y el calendario académico; y ii) análisis de legalidad del acto acusado.

marco normativo y jurisprudencial del medio de control de nulidad y de la educación y el calendario académico; y ii) análisis de legalidad del acto acusado.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Sobre el medio de control de nulidad.

4 Archivo 24. 5 Archivo 21.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad

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El medio de control de nulidad previsto en el artículo 1376 de la Ley 1437 de 2011 busca el restablecimiento de la legalidad para asegurar la actuación lícita de la administración, esta tiene una función altruista que la hace única frente a los demás medios de control, pues con esta no puede perseguirse interés distinto al de la restitución de la legalidad, verbigracia, de condena o indemnización. El tenor literal de esta norma es el siguiente:

Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.

Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro.

del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro. Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos:

1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.

2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.

3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico.

4. Cuando la ley lo consagre expresamente.

Parágrafo. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente.

Jaime Orlando Santofimio Gamboa en su obra « Compendio de Derecho Administrativo», explicó la naturaleza de este medio de control así:

2258. La acción de nulidad desarrollada en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 es una pretensión de naturaleza objetiva, pública, popular, intemporal, general e indesistible, a través de la cual cualquier persona podrá solicitar directamente o por medio de su representante, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que un acto administrativo incurso en alguna(s) de las causales establecida(s) en la ley pierda su fuerza ejecutoria por declaración judicial de nulidad en beneficio del ordenamiento jurídico y la legalidad.

un acto administrativo incurso en alguna(s) de las causales establecida(s) en la ley pierda su fuerza ejecutoria por declaración judicial de nulidad en beneficio del ordenamiento jurídico y la legalidad.

2359. Se califica de objetiva, en la medida en que a través de su ejercicio solo se puede pretender la preservación de ordenamiento jurídico y el principio de legalidad.

Implica, por tanto, el desarrollo de una pretensión de carácter general dirigida a establecer la juridicidad en interés de la comunidad y el Estado de derecho. De allí que así mismo se predique su carácter de pública y popular, en la medida en que la preservación del ordenamiento jurídico no puede ser exclusivamente del interés de unos pocos o una carga funcional privativa de las autoridades.

6 La Corte Constitucional, en la sentencia C-259 de 2015 (M.P. Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado), declaró exequible el artículo.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad

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2260. Respecto del mantenimiento de las instituciones jurídicas, históricamente se ha con siderado que es una responsabilidad pública, una legitimidad abierta en cabeza de cualquier persona que advierta las rupturas al sistema jurídico ocasionadas por la entrada en vigencia de un acto administrativo que lo desconozca. Desde esa perspectiva, la acción puede ser intentada por cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de derecho público, privado o internacional. Lo importante para las instituciones es que los conflictos suscitados

desconozca. Desde esa perspectiva, la acción puede ser intentada por cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de derecho público, privado o internacional. Lo importante para las instituciones es que los conflictos suscitados entre un acto administrativo y el ordenamiento jurídico sean objeto de conocimiento por la Jurisdicción Especializada de lo Contencioso Administrativo y esta produzca una decisión declarando lo que corresponda frente al litigio y resolviéndolo de manera tal que su decisión produzca efectos generales, esto es, erga omnes.

2261. Lo objetivo de la acción implica así mismo una especial técnica de impugnación del ciudadano interesado y de análisis jurídico por el juzgador. Se trata de la confrontación entre una norma superior que se argumenta transgredida o violentada y un acto administrativo al cual se le atribuye la infortunada virtud de ser el causante de la transgresión o violación; confrontación de la cual debe salir una decisión declarativa de la existencia o no de violación al ordenamiento jurídico, en caso afirmativo, sancionando la manifestación de voluntad de la administración con nulidad. La acción de nulidad no conlleva pretensión diferente, por lo que no le corresponde al juez contencioso administrativo hacer un pronunciamiento distinto, ni mucho menos producir declaración alguna respecto de la situación de las personas sobre las cuales el acto declarado nulo produjo efectos jurídicos.

2262. Las causales de nulidad (…) se han edificado sobre la base del respeto a un complejo principio de legalidad que se fundamenta ante todo en el respeto profundo al marco orientador de todo el sistema jurídico como lo es la Constitución Política del Estado colombiano. El punto de partida del régimen de causales de nulidad de

complejo principio de legalidad que se fundamenta ante todo en el respeto profundo al marco orientador de todo el sistema jurídico como lo es la Constitución Política del Estado colombiano. El punto de partida del régimen de causales de nulidad de los actos administrativos es siempre l a Constitución Política; es más, cada una de las causales se relaciona de una u otra manera de manera directa con los principios valores y normas constitucionales. En ese sentido, referirse a la acción de nulidad en materia contencioso administrativa es ac ercarse sin lugar a dudas a un importante juicio de constitucionalidad de los actos de quienes ejercen funciones administrativas.

Entonces, la finalidad de este medio de control es la tutela del orden jurídico, a fin de que el acto administrativo acusado quede sin efecto por contrariar las normas superiores del derecho; esta descansa en el interés general para que prevalezca la defensa de la legalidad abstracta sobre los actos de la administración de inferior categoría y, por ello, puede ser ejercida en todo el tiempo y por cualquier persona7.

Lo anterior, agregado a que, en voces del Consejo de Estado8, el juez puede hacer uso de la facultad de interpretar la demanda para determinar si los argumentos ofrecidos cumplen con los requisitos de suficiencia, claridad y pertinencia y, en todo caso, debe privilegiar el derecho de tutela judicial efectiva para examinar la legalidad del acto acusado, a partir del entendimiento de los argumentos que sustentan la demanda.

7 Corte Constitucional, sentencia C-199 de 1997 (M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara) 8 Sentencia del 10 de septiembre de 2015, expediente 21025.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad

7 Corte Constitucional, sentencia C-199 de 1997 (M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara) 8 Sentencia del 10 de septiembre de 2015, expediente 21025.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad

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2.3.2. Sobre la educación y el calendario académico.

La educación es un bien jurídicamente protegido que, al tenor del artículo 67 de la Constitución Política, tiene una triple condición, pues es un derecho, un servicio público y contiene un función social; además, se caracteriza, en términos de la Corte Constitucional, por lo siguiente:9 i) es un derecho y un servicio de vital importancia para las sociedades por su relación con la erradicación de la pobreza, el desarrollo humano y la construcción de una sociedad democrática; ii) es una herramienta necesaria para hacer efectivo el mandato de igualdad del artículo 13 superior, en tanto potencia la igualdad de oportunidades; iii) es un instrumento que permite la proyección social del ser humano y la realización de sus demás derechos fundamentales; iv) es un instrumento para la construcción de equidad social; y v) es una herramienta para el desarrollo de la comunidad.

Igualmente, la condición de derecho fundamental de la educación, comprende la posibilidad que tiene toda persona para acceder a los servicios educativos y de aprendizaje; además la jurisprudencia ha establecido los elementos que integran el citado el derecho como son la aceptabilidad, asequibilidad o disponibilidad, accesibilidad y adaptabilidad, los cuales se

que tiene toda persona para acceder a los servicios educativos y de aprendizaje; además la jurisprudencia ha establecido los elementos que integran el citado el derecho como son la aceptabilidad, asequibilidad o disponibilidad, accesibilidad y adaptabilidad, los cuales se refieren, e ntre otras cosas, «a la necesidad de que la educación se adapte a las necesidades y demandas de los educandos y se garantice continuidad en la prestación del servicio» y a que «el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso de todos en condiciones d e igualdad al sistema aludido, la eliminación de todo tipo de discriminación y facilidades para acceder al servicio desde el punto de vista geográfico y económico».10

Entonces, como la educación también es entendida como un servicio público, el Estado está obligado a garantizar la prestación y ejercer la inspección y vigilancia, así como asegurar las condiciones necesarias para su acceso y permanencia. En efecto, esta dimensión «exige del Estado unas actuaciones concretas, relacionadas con la garantía de su prestación eficiente y continua a todos los habitantes del territorio nacional, en cumplimiento de los principios de universalidad, solidaridad y redistribución de los recursos en la población económicamente vulnerable.»11

Sobre la prestación de dicho servicio, la Ley 115 de 1994 establece que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus

9 Sentencia C-376 de 2010 reiterado en la sentencia C-418 de 2020. 10 Corte Constitucional sentencia C -376 de 2010 y sentencia C-418 de 2020 11 Corte Constitucional Sentencia T-473 de 2013.Sentencia de primera instancia

10 Corte Constitucional sentencia C -376 de 2010 y sentencia C-418 de 2020 11 Corte Constitucional Sentencia T-473 de 2013.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad

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deberes y definió la educación formal como «aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos».

La misma normativa, en el artículo 147, precisó que «la Nación y las entidades territoriales ejercerán la dirección y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitució n Política, la Ley 60 de 1993, la presente ley y las demás que expida el Congreso Nacional», por tanto, se asignaron diversas funciones tanto al Ministerio de Educación Nacional como a las entidades territoriales a través de las Secretarías de Educación, las cuales, dentro del marco de sus competencias, deben actuar de manera coordinada y mancomunada para prestar el servicio educativo y, por consiguiente, velar y garantizar que los componentes del núcleo esencial del derecho a la educación se vean satisfechos en todo el territorio nacional.

A su turno, el artículo 86 de la misma norma, para cumplir con la educación formal, señaló que los calendarios académicos tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las t radiciones de las instituciones educativas y que el Ministerio de Educación Nacional debía reglamentar los

que los calendarios académicos tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las t radiciones de las instituciones educativas y que el Ministerio de Educación Nacional debía reglamentar los calendarios académicos de acuerdo con los parámetros fijados en la norma y que «se organizar[ía] por períodos anuales de 40 semanas de duración mínima o semestrales de 20 semanas mínimo. La educación básica (primaria y secundar