TA CAQ - 1800133-33-001-2019-00727-01-(08-03-2023)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ

-Sala Primera de DecisiónMagistrado Ponente: Pedro Javier Bolaños Andrade

Florencia, ocho (08) de marzo de dos mil veintitrés (2.023)

SENTENCIA Nº 028

Expediente No. 18001-33-33-001-2019-00727-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Marly Cuéllar Caicedo Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional - FOMAG Tema: Sanción moratoria – transacción.

Decide la Sala Primera el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda da contra la sentencia de fecha 20 de mayo de 2.022 proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia, mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

I. A S U N T O P R E V I O.

Si bien el despacho del magistrado ponente tiene en la actualidad bajo su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo con anterioridad al presente asunto -lo que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al despacho -; es de observar que de conformidad con lo dispue sto en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 se permite decidir los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de la jurisprudencia”, esto es, sin supeditarse al turno. Así, en el presente asunto, el tema objeto de debate se refiere al reconocimiento de la sanción moratoria

reiteración de la jurisprudencia”, esto es, sin supeditarse al turno. Así, en el presente asunto, el tema objeto de debate se refiere al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales, sobre el cual la Sección Segunda del Consejo de Estado 1 ha tenido la oportunidad de pronunciarse fijando una posición consolidada frente al derecho que le asiste al docente oficial, al tratarse de un servidor público, al reconocimiento de la sanción por mora en el pago tardío de las cesantías parciales o definitivas, en aplicación de las Leyes 244 de 1.995 y 1071 del 2.006, motivo por el cual la Sala se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada, como se procede.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. La demanda2

La señora MARLY CUELLAR CAICEDO, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto configurado el 4 de mayo de 2.019 frente a la petición de fecha 4 de febrero de la misma anualidad, por medio del cual la entidad demandada le negó el reconocimiento y pago de la sanc ión moratoria por el desembolso tardío de las cesantías que le fueron reconocidas ; y a título de restablecimiento del derecho se ordene reconocer y pagar la indemnización moratoria, correspondiente a un día de

1 Sentencia de la SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRAT IVO - SECCION SEGUNDAConsejera ponente: SANDRA LISSET

ordene reconocer y pagar la indemnización moratoria, correspondiente a un día de

1 Sentencia de la SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRAT IVO - SECCION SEGUNDAConsejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VELEZ, veinticinco (18) de julio de 2018, Rad. No.: 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15). 2 Anexo 01 del expediente digital.Expediente No. 18001-33-33-001-2019-00727-01

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Demandante: Marly Cuéllar Caicedo

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Tema: Sanción moratoria – Transacción.

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salario por cada día de retardo, contados desd e los 65 días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud ante la entidad . Al igual que se ordene la indexación de la s sumas reconocidas y el cumplimiento de la sentencia en los términos establecidos en los artículos 192 al 195 del CPACA.

Como fundamentos fácticos, se expuso:

Se afirmó q ue el 9 de mayo de 2.018 la demandante solicitó ante el FOMAG el reconocimiento y pago de la cesantía a la que tenía derecho, la cual fue reconocida mediante Resolución No. 0796 del 7 de septiembre de 2.018; siend o cancelada el 25 de octubre del mismo año.

Que el plazo máximo para el pago era el 24 de agosto de 2.018, por lo que se presentaron 62 días de mora, contados a partir del cumplimiento de los 65 días hábiles que tenía para entidad dicho pago.

de octubre del mismo año.

Que el plazo máximo para el pago era el 24 de agosto de 2.018, por lo que se presentaron 62 días de mora, contados a partir del cumplimiento de los 65 días hábiles que tenía para entidad dicho pago.

En consecuencia, mediante escrito del 4 de febrero de 2.019 solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, siendo despachada desfavorablemente a través del acto ficto acusado.

Como normas violadas, mencionó las siguientes: Ley 91 de 1989, artículo s 5 y 15; Ley 244 de 1995, artículos 1 y 2 y Ley 1071 de 2006, artículos 4 y 5.

Como sustento del concepto de violación se planteó como único cargo el de infracción en las normas en que la administración debió fundarse.

Se afirmó que el acto administrati vo acusado desconoc ió la garantía de la seguridad social, como servicio público de carácter obligatorio y el debido proceso, como quiera que la administración no dio respuesta a un justo reclamo referente al pago de la sanción moratoria por la demora en la consignación de sus cesantías.

2.2. Contestación a la demanda.

La NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO se opuso a las pretensiones de la demanda, señalando que el reconocimiento de las prestaciones s ociales a cargo del FOMAG tiene establecido un procedimiento administrativo especial contenido en las Leyes 91 de 1.989 y 962 de 2.005, así como en el Decreto 2831 de 2.005 ; régimen especial que contempla términos específicos para el reconocimiento, liquid ación y pago de las

establecido un procedimiento administrativo especial contenido en las Leyes 91 de 1.989 y 962 de 2.005, así como en el Decreto 2831 de 2.005 ; régimen especial que contempla términos específicos para el reconocimiento, liquid ación y pago de las cesantías definitivas y parciales de los docentes, que implica la participación de las entidades territoriales -secretarías de educación certificadas -, al igual que de la Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del FOMAG.

Que, por consiguiente, no implica per se un pago inmediato, pues se encuentra condicionado a turno y disponibilidad presupuestal, atendiendo al principio constitucional de legalidad del gasto público en virtud del cual “no se puede hacer erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el de gastos ”, e implica que la disponibilidad presupuestal exista previa a la realización del gasto mismo y, además, que sea suficiente al momento de hacer la erogación.

Refirió que en caso de existir mora el conteo d el término debe ser de 70 días hábiles, y a partir del día hábil siguiente se causará la sanción moratoria, es decir, del día 71,Expediente No. 18001-33-33-001-2019-00727-01

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Demandante: Marly Cuéllar Caicedo

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en tanto se está frente a un caso para el cual el término a aplicar es el establecido en el CPACA. Además, como la sanción moratoria se ha establecido como una sanción, se torna improcedente cualquier actualización monetaria al respecto, ya que los únicos

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en tanto se está frente a un caso para el cual el término a aplicar es el establecido en el CPACA. Además, como la sanción moratoria se ha establecido como una sanción, se torna improcedente cualquier actualización monetaria al respecto, ya que los únicos intereses que acarrearían serían los causados a partir de la ejecutoria de la sentencia que así lo declare.

Propuso como excepciones las que denominó: i) litisconsorcio necesario por pasiva (ii) prescripción (iii) compensación y (iv) genérica.

2.3. Sentencia de primera instancia3.

Mediante sentencia de fecha 20 de mayo de 2.022 proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia, se concedieron las pretensiones de la demanda, a saber:

“PRIMERO: DECLARAR la existencia del acto ficto negativo por falta de respuesta del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a la petición presentada por la señora MA RLY CUELLAR CAICEDO, el 04 de febrero de 2019 y, en consecuencia, DECLARAR su nulidad de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, SE ORDENA a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO que, a título de restablecimiento del derecho, reconozca y pague a la señora MARLY CUELLAR CAICEDO, por concepto de sanción moratoria de que trata el parágrafo del artículo 5 de la Le y 1071 de 2006, el valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN

moratoria de que trata el parágrafo del artículo 5 de la Le y 1071 de 2006, el valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($6.632.861,43) correspondientes al período comprendido entre el 25 de agosto y el 24 de octubre de 2018.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandada. Como agencias en derecho establézcase el 4% del valor de la cuantía señalada en la demanda. Por secretaría dese el trámite previsto en el artículo 366 del C.G.P.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

(…)”.

Para arribar a tal conclusión, la a quo, luego de realizar la transcripción normativa y jurisprudencial que da cuenta del régimen prestacional que cobija a la demandante y de los fundamentos jurídicos que soportan sus pretensiones, concluyó que del material probatorio recaudado se encuentra demostrado que el día 09 de mayo de 2018 la demandante radicó solicitud de retiro de cesantías parciales, como se desprende de la parte considerativa de la Resolución No. 0796 del 07 de septiembre de 2018, expedida por la secretaría de educación municipal de Florencia, mediante la cual se reconoció a su favor la suma de $15.475.328,oo m/cte; que el 25 de octubre de 2018 se giró a la beneficiaria la suma de $15.475.328,oo m/cte., es decir, que solo hasta tal fech a la entidad demandada realizó el correspondiente giro por concepto de las cesantías parciales reconocidas ; que en razón a que el acto que

solo hasta tal fech a la entidad demandada realizó el correspondiente giro por concepto de las cesantías parciales reconocidas ; que en razón a que el acto que reconoció las cesantías se expidió por fuera del término, la sanción moratoria correrá setenta 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento. Que en el interregno entre la solicitud y el pago, esto es, entre el 09 de mayo y el 25 de octubre de 2018 , se superó el término de los 70 días hábiles, que vencían

3 Anexo 23 del Expediente Digital.Expediente No. 18001-33-33-001-2019-00727-01

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inicialmente el 24 de agosto de 2018; es decir que a partir del día siguiente y hasta la fecha de pago se c uentan los días de sanción moratoria por pago tardío de las cesantías; que, en consecuencia, entre el 25 de agosto y el 24 de octubre de 2018 transcurrieron 61 días de mora.

Indicó, igualmente, que la sanción por mora corresponde a un (01) día de salario por cada día de retardo , por lo que la entidad debe reconocer a favor del actor 61 días de salario, teniendo como base la asignación básica devengada para la fecha de la causación de la mora, esto es, para el año 2018, momento para el cual la demandante devengaba $3.262.063 mensuales, de conformidad con la constancia expedida por el municipio de Florencia ; dando como liquidación en concreto la

causación de la mora, esto es, para el año 2018, momento para el cual la demandante devengaba $3.262.063 mensuales, de conformidad con la constancia expedida por el municipio de Florencia ; dando como liquidación en concreto la siguiente: $3.262.063/30 = $108.735,43 día de salar io x 61 días, para un total de $6.632.861,43 por concepto de indemnización por mora en el pago de sus cesantías parciales.

Finalmente, hizo mención al contrato de TRANSACCIÓN celebrado entre las partes, indicando que e l 21 de agosto de 202 0 (sic) el apoderado de la entidad demandada radicó memorial solicitando la terminación del proceso, por cuanto suscribió un contrato de transacción con el representante judicial de la demandante ; solicitud que fue rechazada mediante auto de fecha 16 de julio de 2021 , en razón a que el pago realizado no se acogió a lo establecido en el contrato de transacción, toda vez que dentro de lo concertado se indicó que en procesos judiciales cuya liquidación de la sanción por mora corresponda a un valor inferior a $ 10.000.000, se pagará el 90% del valor de la liquidación, realizándose la siguiente operación: $6.632.861,43 - $663.286,14 (correspondiente al 10%) = $5.969.575,29.

Que, en ese entendido, las partes no podían transar ningún valor superior a $5.969.575,29, tal como cons ta en la cláusula cuarta del referido contrato ; sin embargo, se reconoció pagar a favor de la demandante la suma de $6.067.437,15 por concepto de sanción por mora, monto que superaba lo que se debía reconocer, razón

embargo, se reconoció pagar a favor de la demandante la suma de $6.067.437,15 por concepto de sanción por mora, monto que superaba lo que se debía reconocer, razón por la cual, el contrato de transacción no se ajustaba al derecho.

2.4. Recurso de apelación4.

Como razones de inconformidad contra la sentencia de instancia, la parte demanda da indica que la unificación jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en los años 2.017 y 2 .018 inicialmente era adversa a la posición sostenida por el Ministerio de Educación Nacional, en relación con la sanción por mora en el pago de las cesantías que se impon ían al FOMAG ; q ue las Altas Cortes determinaron que la sanción por mora sí es aplicable al pago de cesantías del FOMAG, a pesar de que no esté previsto en la s Leyes 91 de 1 .989 y 962 de 2005 ; que, no obstante, la presencia de problemas operativos en las entidades territoriales impide el cumplimiento de los términos para proyectar las respectivas resoluciones que reconocen las prestaciones sociales de los educadores nacionales afiliados al FOMAG. Que entre las partes demandante y demandada se suscribió un contrato de transacción con anterioridad a proferir se la sentencia de primera instancia, en razón del cual se pagó al docente el día 21 de agosto de 2 .020 la suma de $6.067.437; por lo que resulta improcedente que mediante sentencia se ordene el pago de la sanción moratoria, como quiera que podría configurarse un doble pago, un detrimento patrimonial, así como el incumplimiento de las obligaciones contractuales suscritas y

lo que resulta improcedente que mediante sentencia se ordene el pago de la sanción moratoria, como quiera que podría configurarse un doble pago, un detrimento patrimonial, así como el incumplimiento de las obligaciones contractuales suscritas y

4 Anexo 29 del Expediente Digital.Expediente No. 18001-33-33-001-2019-00727-01

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aceptadas por el apoderado de la parte demandante.

Finalmente, s obre la condena en costas manifiesta que se aparta de la pacífica jurisprudencia del Consejo de Estado, al señalar una imputación de condena en costas objetiva, sin tener presente que en la jurisdicción contencioso administrativa, como lo ha señalado la sección segunda, se debe tener en cuenta la actuación de la parte que apodero, en la medida que siempre actuó de acuerdo con lo señalado por la ley 91 de 1989.

III. C O N S I D E R A C I O N E S.

3.1. Competencia.

El Tribunal es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2.011.

3.2. Problema jurídico.

Conforme a los argumentos de la alzada, corresponde a la Sala definir si se debe estar a lo acordado por las partes en el contrato de transacción suscrito entre las partes durante el trámite del proceso, antes de que se dictara sentencia de primera

Conforme a los argumentos de la alzada, corresponde a la Sala definir si se debe estar a lo acordado por las partes en el contrato de transacción suscrito entre las partes durante el trámite del proceso, antes de que se dictara sentencia de primera instancia; y, por otro lado, si se debe acudir a aspectos subjetivos de la actuación de las partes a efectos de definir la condena en costas.

De la s respuestas que se d en a dichos problemas, dependerá que la sentencia de primera instancia se confirme, revoque o modifique.

3.3. Marco legal de la sanción moratoria por el no pago de las cesantías, al tenor de las Leyes 244 de 1.995 y 1071 de 2.006.

La Ley 244 de 1 .9955 fijó los términos perentorios para la liquidación, recon ocimiento y pago de las cesantías definitivas -inicialmentede los servidores públicos de los órganos y entidades del Estado, estableciendo una sanción por la mora en el pago de dicha prestación6.

No obstante, con la expedición de la Ley 1071 de 2 .0067 se adicionó y modificó la anterior regulación, haciéndola extensiva al pago de las cesantías parciales, en los siguientes términos:

5 “Por medio de la se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones”. 6“Artículo 1º.- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de la liquidación de las Cesantías Definitivas, por

disposiciones”. 6“Artículo 1º.- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de la liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución correspondiente, si r eúne todos los requisitos determinados en la Ley. Parágrafo. - En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta, deberá informárselo al penitenciario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente qué requisitos le hac en falta anexar. Una vez aportados los requisitos faltantes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo. Artículo 2º.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social. Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para l o cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste.” 7 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los

demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste.” 7 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación”Expediente No. 18001-33-33-001-2019-00727-01

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“Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna cancelación.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro.

Artículo 3°. Retiro parcial de cesantías. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2° de la presente norma podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos:

1. Para la compra y adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de gravámenes del inmueble, contraídos

parciales en los siguientes casos:

1. Para la compra y adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente.

2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus hijos.

Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios , la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solic itud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendient es, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firm e el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los

servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo c ual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.”

Así, se tiene que la referida ley amplió la posibilidad del reconocimiento de sanción moratoria frente al trámite de solicitud de cesantías parciales, pero manteniendo la regulación concerniente a los términos para resolver la solicitud de cesantías definitivas o parciales: 10 días para ordenar correcciones o adiciones a la solicitud si a ello hubiere lugar, 15 días para resolver la solicitud, 5 días de ejecutoria y 45 para elExpediente No. 18001-33-33-001-2019-00727-01

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pago efectivo; es decir, que en regularidad de circunstancias entre la radicación de la solicitud y el pago de la prestación deben transcurrir máximo 65 días8.

De igual manera, se reitera que la sanción corresponde a un día de salario por cada

pago efectivo; es decir, que en regularidad de circunstancias entre la radicación de la solicitud y el pago de la prestación deben transcurrir máximo 65 días8.

De igual manera, se reitera que la sanción corresponde a un día de salario por cada día de retardo, para cuya acreditación basta certificar el no pago dentro de aquéllos términos; aunque en este p unto debe aclararse que la pauta jurisprudencial orienta que cuando la mora ocurre en la expedición del acto de reconocimiento, el cómputo de los términos se inicia a partir de la fecha de radicación de la solicitud, a razón de 65 días, puesto que “no se c ompadece con el sentido de la normatividad mencionada que la indemnización por la falta de pago oportuno de cesantías se genere sólo ante el incumplimiento del término de 45 días contados a partir del momento en que se encuentre en firme el acto administra tivo que las reconozca, porque se dejaría desamparado al ex servidor en el evento en que la administración tarde más de los 15 días para expedirlo9”.10

Ahora, sobre la calidad de empleado público de los docentes, el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 18 de julio de 2.018, manifestó:

"Los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los defina como empleados oficiales, lo cierto e s que en ellos concurren todos los requisitos que de carácter restrictivo encierra el concepto de empleado público en atención a la naturaleza del servicio prestado, la regulación de la función docente y su ubicación dentro de la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado y la implementación

de carácter restrictivo encierra el concepto de empleado público en atención a la naturaleza del servicio prestado, la regulación de la función docente y su ubicación dentro de la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado y la implementación de la carrera docente para la inserción, permanencia, ascenso y retiro del servicio; razón por la cual, se encuadran dentro del concepto de empleados públicos, establecido en la norma superior y desarrollado a través de la ley. Por lo anterior, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido que a los docentes les son aplicables las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que contemplan la sanción por mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o defin itivas de los servidores públicos; siendo consonante esta posición, con la adoptada por la Corte Constitucional"11

Así mismo, indicó a partir de qué fecha se debe comenzar a contabilizar la sanción moratoria por el pago tardío del auxilio de cesantía, así:

"La Sección Segunda de esta Corporación fija la regla jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación social - cesantías parciales o definitivas - o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), 10 del término de ejecut oria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código

1071/2006), 10 del término de ejecut oria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código

8“…existe línea jurisprudencial de la Sección Segunda en el sentido que el término para efectuar el pago efectivo de las cesantías es de 65 días hábiles siguientes al día de la presentación de la solicitud, si ésta reúne los requisitos necesarios para su reconocimiento. Este t érmino comprende quince (15) días hábiles para expedir la Resolución de liquidación de las cesantías definitivas, cinco (5) días háb iles de su ejecutoria, y cuarenta y cinco (45) días hábiles para efectuar el pago de la prestación social.” (Consejo de Esta do, Sección Segunda, Subsección A, CP. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sentencia de 11 de julio de 2013, expediente 1496 11) 9 Nota original: “Ha sido lo tiene establecido la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado. V. gr sentencia d e la Subsección B, del 24 de abril de 2008, radicado interno 7008-2005, CP Dr. Jesús María Lemos Bustamante, que a su vez hace mención a la sentencia del 7 de diciembre de 2000, Subsección A, radicado interno 2020 -00, CP. Dr. Alberto Arango Mantilla, y a la s entencia del 12 de diciembre de 2002, Subsección B, radicado interno 1604-01, CP Dr. Jesús María Lemos Bustamante.”

10Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 11 de julio de 2013, Co nsejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expediente nº 1496-11. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, radicación No. 73001233300020140058001 (496115), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.Expediente No. 18001-33-33-001-2019-00727-01

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Contencioso Administrativo - Decreto 01 de 1984, artículo 51], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución . Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006". (Negrilla fuera de texto).

Respecto a la exigibilidad de la sa