TA CAQ - 18001333300120130080001-(17-08-2022)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, agosto diecisiete (17) dos mil veintidós (2022)

Medio de control: Repetición

Demandante: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Demandado: José David Madrid Díaz Radicación: 18001-33-33-001-2013-00800-00

Tema: Condena al Estado por muerte de soldado profesional con arma de dotación.

Acta número 56.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado , decide la Sala el recurso de apelación presentado por la entidad demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia el 13 de diciembre de 2019 que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1.

1.1.1. Pretensiones.

El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional , por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó que:

1. Se declare patrimonialmente responsable al soldado profesional David José Madrid Díaz por el daño patrimonial derivado del acuerdo conciliatorio aprobado por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia el 2 de mayo de 2011 dentro

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Demandante: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Demandado: José David Madrid Díaz

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del proceso de repara ción directa incoada por el fallecimiento de Iván Darío García Rodríguez.

1. Que se condene a David José Madrid Díaz a cancelar la suma de $305.812.506.61, la cual se pagó mediante la Resolución 4823 del 26 de septiembre de 2011 a favor de Luz Elena Martínez Salazar y otros.

1. Se ordene el pago de intereses comerciales desde la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso y la condena se ajuste conforme al IPC.

1. Se condene al demandado en costas.

1.1.2. Hechos.

La entidad demandante, fundamentó las pretensiones en los siguientes:

1. El 20 de octubre de 2005, en inmediaciones del Cañón Palmeras de la Vereda Lejanías del Municipio de Cartagena del Chairá, el soldado profesional Iván Darío García Rodríguez se encontraba en la misión de «observar sin ser observado», asignado a la función de centinela hasta las 20:30 horas; sin embargo, pasados 25 minutos sin que le fueran a recibir el turno de centinela, se devolvió por el cable guía, toda vez que «no aparecía su relevo» . En ese momento, el soldado profesional Madrid Díaz, que ya se había levantado y estaba a mitad de camino, disparó una ráfaga de fusil que impactó en la

se devolvió por el cable guía, toda vez que «no aparecía su relevo» . En ese momento, el soldado profesional Madrid Díaz, que ya se había levantado y estaba a mitad de camino, disparó una ráfaga de fusil que impactó en la humanidad del soldado García Rodríguez y le causó la muerte.

1. El soldado Madrid Díaz, no fue a recibir el puesto de centinela a la hora indicada, ni usó el cable guía que había sido dispuesto para ello y, además, disparó contra el soldado García, sin embargo, «este se desplazaba por el cable guía con el brazalete de i dentificación blanco derecho y linterna encendida a una cista distancia como indican los procedimientos».

1. En el auto aprobatorio del acuerdo conciliatorio, se estableció la responsabilidad del Estado, toda vez que se causó un daño por riesgo excepcional a Iván Darío García Rodríguez, quien falleció por el accionar de armas de fuego de dotación oficial y quien, pese a ser soldado profesional, no tenía la obligación de morir por el actuar imprudente de su compañero.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Repetición

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1. Por lo acontecido, se inició la investigación penal por parte del Juzgado Sexto de Primera Instancia de Brigadas, el cual, mediante sentencia del 4 de septiembre de 2007, lo condenó a 2 años de prisión por el delito de homicidio culposo, multa de 20 SMLMV y la prohibición de tenencia y p orte de armas de

septiembre de 2007, lo condenó a 2 años de prisión por el delito de homicidio culposo, multa de 20 SMLMV y la prohibición de tenencia y p orte de armas de fuego por un tiempo igual al de la pena principal.

1. Por la condena impuesta, el 29 de septiembre de 2011, se pagó la suma de $305.812.506 con los comprobantes de egreso 1500009435 y 1500009436, mediante transferencia electrónica a la cuenta 180217648 del Banco Popular.

1.1.3. Fundamentos de derecho.

Hizo mención del numeral 1º del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 . Señaló que a partir de las pruebas valoradas por el Juez Primero Administrativo de Florencia se observó la culpa grave del funcionario, toda vez que sin razón alguna causó la muerte a uno de sus compañeros.

1.2. Contestación de la demanda. No contestó la demanda.

1.3. Sentencia de primera instancia2.

Mencionó que el 2 de mayo de 2011, el Juzgado Primero Administrativo de Florencia aprobó el acuerdo conciliatorio contenido en el acta suscrita el 25 de marzo de 2011, dentro del proceso con radicación 18001-33-31-001-2006-00143-00.

Sobre el pago, dio cuenta de que la tesorera principal del Ministerio de Defensa Nacional hizo constar que la Resolución 4823 del 26 de septiembre de 2011, por valor de $305.812.506,61 fue cancelada al señor José Luis Viveros Abisambra, mediante transferencia electrónica del Banco Popular del 29 de septiembre de 2011.

$305.812.506,61 fue cancelada al señor José Luis Viveros Abisambra, mediante transferencia electrónica del Banco Popular del 29 de septiembre de 2011.

De acuerdo con lo anterior, coligió q ue se acreditaron los requisitos de la calidad del exagente y el pago realizado por la entidad.

A continuación, procedió a estudiar si el exfuncionario actuó con dolo o culpa grave ; para ello, anunció que se daría aplicación a los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 y precisó que no se allegó el acta del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de

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Defensa Nacional, a fin de determinar el análisis efectuado sobre la conducta del demandado.

Advirtió que el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Brigadas, el 4 de mayo de 2007, condenó al soldado profesional David José Madrid Díaz a la pena principal de 2 años de prisión como autor del delito de homicidio culposo del cu al fue víctima el soldado David José García Rodríguez. Conforme a esta decisión, consideró que no se podía calificar la actuación a título de dolo, sino de culpa grave, dada la decisión en la justicia penal.

Sostuvo que de la sentencia penal y del relato del agente del Ministerio Público se extrae que la actuación del demandado no estuvo precedida de la intención de causar daño, sino

Sostuvo que de la sentencia penal y del relato del agente del Ministerio Público se extrae que la actuación del demandado no estuvo precedida de la intención de causar daño, sino que obedeció a la falta de diligencia y cuidado en el manejo de las armas de dotación oficial, por ello, acudió a la norma vigente para la época de los hechos, la cual contempló 4 presupuestos para su configuración y citó una sentencia proferida por el Consejo de Estado para precisar que no toda actuación, así haya generado responsabilidad estatal, engendra el derecho a repetir en contra de su funcionario o exfuncionario.

Seguidamente, dijo que el señor Madrid Díaz estaba en desarrollo de una actividad propia de su servicio como soldado profesional, consistente en el ejercicio de la labor de centinela, y sin advertir que en lugar del enemigo fuese su compañero de escuadra, accionó su arma de dotación y produjo el deceso del soldado García Rodríguez; sin embargo, consideró esta decisión no es suficiente para endilgar la responsabilidad.

Por lo anterior, concluyó que no hay lugar a condenar al demandado, toda vez que su conducta no se enmarca en ninguno de los supuestos de la Ley 678 de 2001. A esto agregó que no obra en el plenario alguna investigación disciplinaria y que, por el contrari o, del proceso penal se infiere que no tuvo la intención de causarle la muerte a su compañero, como lo afirmó en sus descargos; «ello sin desconocer que estaba capacitado para cumplir su misión con suma diligencia, cuidado y responsabilidad».

1.4. Recurso de apelación3.

Inconforme con la decisión, la entidad demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

su misión con suma diligencia, cuidado y responsabilidad».

1.4. Recurso de apelación3.

Inconforme con la decisión, la entidad demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

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Arguyó que el demandado actuó con imprudencia, toda vez que hirió a su compañero con su fusil a pesar de que llevaba su brazalete, «quien tan solo requería que le recibiera el puesto de centinela y ante su demora lo busca de nuevo y es recibido con una ráf aga, lo cual resulta exagerado dado el sitio en donde sus demás compañeros estaban cumpliendo de centinelas, toma además un camino diferente al que estaba señalado», argumentos que a su juicio son suficientes para deducir la conducta culposa.

Manifestó que la sentencia penal condenatoria es un medio de convicción documental con idoneidad para generar la certeza en el nexo de causalidad del daño antijurídico con la conducta gravemente culposa del demandado y que, de su contenido, se puede extraer que incurrió en una imprudencia, falta de previsión y precaución en un sitio donde sus compañeros estaban prestando el servicio militar, sumado a que realizó varias ráfagas innecesarias. Además, dijo que «estaba debidamente adiestrado con el entrenamiento suficiente para cumplir y observar el manejo de las armas».

1.5. Trámite de segunda instancia.

innecesarias. Además, dijo que «estaba debidamente adiestrado con el entrenamiento suficiente para cumplir y observar el manejo de las armas».

1.5. Trámite de segunda instancia.

1.5.1. Admisión del recurso de apelación.

El 24 de febrero de 2020 se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2019 por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia que negó las pretensiones de la demanda.

1.5.2. Alegatos de conclusión.

Mediante el auto proferido el 2 de marzo de 2020, se resolvió correr traslado a las partes y al agente del Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente.

1.5.2.1. Ministerio de Defensa – Ejército Nacional 4. Reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

1.5.2.2. Demandado. Guardó silencio.

1.5.2.3. Ministerio Público. No emitió concepto.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

De acuerdo con los argumentos de apelación, consiste en determinar si David José Madrid Díaz actuó con culpa grave cuando, el 20 de octubre de 2005, disparó su arma de dotación oficial y ocasionó la muerte de su compañero, el soldado profesional Iván Darío García Rodríguez.

Para efectos de desarrollar el problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial; ii) hechos probados; y iii) Análisis de la Sala. Caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Del medio de control de repetición y la autonomía en el juzgamiento.

La repetición es el medio de control de carácter constitucional, por el cual la administración obtiene de sus agentes o de quienes fungieron como tales el reintegro de las indemnizaciones que ha debido reconocer a los particulares como consecuencia de una condena judicial, conciliación o transacción por los daños antijurídicos causados con su conducta dolosa o gravemente culposa.

Así, como esta tiene una finalidad de interés público, establece unos requisitos para su prosperidad que deben ser demostrados; estos son i) una sentencia condenatoria a la

conducta dolosa o gravemente culposa.

Así, como esta tiene una finalidad de interés público, establece unos requisitos para su prosperidad que deben ser demostrados; estos son i) una sentencia condenatoria a la reparación patrimonial de un daño antijurídico; el reconocimiento indemnizatorio ta mbién puede prevenir de una conciliación, transacción o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto; ii) el pago de la condena; y iii) la culpa grave o el dolo en la actuación del agente estatal que originó el daño antijurídico. Debe precisarse que los dos primeros seSentencia de segunda instancia Medio de control: Repetición

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denominan requisitos objetivos y, el tercero, es de naturaleza subjetiva, en tanto estudia el comportamiento y la intención del agente en el accionar que originó el daño antijurídico.

Ahora bien, cuando se trata recuperar lo pagado en virtud de una condena judicial o de una conciliación aprobada por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, debe indicar la Sala que el juicio realizado al interior de un proceso que por repetición se adelanta contra un servidor o ex servidor público, parte de la noción de autonomía del juzgamiento en relación con el proceso primigenio del cual se derivó la condena ; es decir, el análisis del juez de repetición está circunscrito a las características propias que definen el debate procesal en este tipo de control judicial, lo cual lo desliga de las valoraciones y conclusiones

relación con el proceso primigenio del cual se derivó la condena ; es decir, el análisis del juez de repetición está circunscrito a las características propias que definen el debate procesal en este tipo de control judicial, lo cual lo desliga de las valoraciones y conclusiones que, de acuerdo con la realidad procesal tenida para ese momento, fueron realizadas y adoptadas por el juzgador de la demanda inicial.

En términos más claros, el análisis jurídico en instancia de repetición se nutre de la situación fáctica y probatoria que en razón del planteamiento del litigio propuesto por las partes se da al interior de la controversia retributiva y por ello su decisión no se gobierna por las razones que llevaron al resultado desfavorable a la entidad pública que ahora demanda; entonces, el juez de repetición no puede sustentar su tesis realizando valoraciones que, de forma directa o indirecta, coloquen en entre dicho lo sentenciado en el proceso de condena, pues de ser así, se estaría soslayando el fenómeno de cosa juzgada que ampara toda decisión judicial debidamente ejecutoriada.

En efecto, de forma pacífica ha considerado la Alta Corporación de lo Contencioso Administrativo que «el criterio que tiene el juez contencioso administrativo en el fallo de responsabilidad patrimonial del Estado no vincula al juez de la repetición 5, ya que en esta última no se trata de evaluar la responsabilidad del Estado sino únicamente la conducta del agente»6.

De manera q ue la sentencia proferida en el proceso ordinario constituye prueba de la condena judicial pero no de la culpa grave o dolo del agente o ex agente del Estado , esto quiere decir, entonces, que el Juez de la repetición, con fundamento en los medios de

De manera q ue la sentencia proferida en el proceso ordinario constituye prueba de la condena judicial pero no de la culpa grave o dolo del agente o ex agente del Estado , esto quiere decir, entonces, que el Juez de la repetición, con fundamento en los medios de prueba allegados de forma oportuna al proceso, tiene la obligación de analizar si hay lugar a la condena del agente.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2007, rad. 29222, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. 6 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección “B”. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Sentencia de 29 de agosto de 2016. Radicación 41001-23-31-000-2003-00822-01(45544).Sentencia de segunda instancia Medio de control: Repetición

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El régimen de responsabilidad de los funcionarios públicos, en acción de repetición fue sintetizado por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia proferida el 10 de marzo de 2005 con ponencia del consejero Alier Eduardo Hernández Enríquez (radicación 25000-23-26-000-1999-09796-01), bajo el siguiente contenido normativo:

Los fundamentos constitucionales para la adopción del régimen de responsabilidad de los servidores públicos se encuentran esencialmente en el artículo 6º: los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y la ley, y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones; El artículo 121: ninguna autoridad del

los servidores públicos se encuentran esencialmente en el artículo 6º: los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y la ley, y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones; El artículo 121: ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley; El artículo 123: los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad, y ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento; El artículo 124: la ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva, y por supuesto el citado artículo 90. El Estado está en la obligación de repetir contra el agente que generó la declaración de responsabilidad estatal ; sin embargo, dicha responsabilidad tiene un fundamento diferente del que se le imprimió a la responsabilidad personal de los agentes públicos, en tanto que, aquélla procede de la existencia de un daño antijurídico imputable al Estado, ésta procede únicamente en aquellos eventos en que el daño antijurídico y la condena sobreviniente son consecuencia del obrar doloso o gravemente culposo del agente.

En el mismo sentido, ha sido constante la jurisprudencia en señalar que tratándose de la acción de repetición, lo fundamental no es la investidura que ostenta el servidor o exservidor sino el ejercicio de las funciones a su cargo y de su conducta perso nal, por cuanto debe establecerse si con su actuar doloso o gravemente culposo produjo el daño que el Estado indemniza. En sentencia C-430 de 12 de abril de 2000, la Corte Constitucional reiteró:

Es evidente que el artículo 90 constitucional consagra una clara diferencia entre la

indemniza. En sentencia C-430 de 12 de abril de 2000, la Corte Constitucional reiteró:

Es evidente que el artículo 90 constitucional consagra una clara diferencia entre la responsabilidad del Estado, y la responsabilidad que igualmente es posible deducir a sus agentes. En el primer caso, la responsabilidad resulta de la antijuridicidad del daño, pero frente a sus agentes esa antijuridicidad se deduce de la conducta de éstos, vale decir, de que el comportamiento asumido por ellos y que dio lugar al daño, fue doloso o gravemente culposo. En tal virtud, no puede deducirse responsabilidad patrimo nial del funcionario o agente público , si no se establece que obró, por acción u omisión, constitutiva de dolo o culpa grave, y que lo hizo en ejercicio o con motivo de sus funciones. En consecuencia si la responsabilidad del agente público no se configura en dichos términos, resulta improcedente que el Estado ejerza la acción de repetición, porque ésta sólo se legitima en la medida en que éste sea condenado a reparar el daño y los agentes estatales resulten igualmente responsables.

Así entonces, en la acc ión de repetición, lo que se valora es la conducta del servidor o exservidor público, en tanto esta haya sido dolosa o gravemente culposa para establecer su responsabilidad frente al daño antijurídico que se ocasionó a la administración y, como todo juicio subjetivo, ésta debe ser estimada de manera personal respecto a su participación en los hechos.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Repetición

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participación en los hechos.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Repetición

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2.3.2. Del elemento subjetivo. El dolo y la culpa grave son los elementos subjetivos de la acción de repetición y constituyen un reproche sobre la conducta que es ajena al derecho y que causa un daño antijurídico. La Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 30 de abril de 2014 con ponencia de la consejera Stella Conto Díaz del Castillo (radicación 11001-03-26-0002003-00036-01), precisó: La culpa grave o el dolo exigen una manifestación de reproche sobre la conducta del sujeto y excluyen la corrección sobre lo s deberes de conducta impuestos por el ordenamiento, en tanto implican un comportamiento no solo ajeno al derecho, sino dirigido a causar daño o cuando menos producto de una negligencia que excluye toda justificación. Se exige, entonces, adelantar un juici o especial de la conducta que no solo demuestre descuido sino negligencia en el manejo de los asuntos ajenos que no admite comparación, ni siquiera con la que emplean las personas de poca prudencia en los asuntos propios. Se concluye, entonces, que no cualquier conducta, así fuere errada , compromete la responsabilidad de los servidores públicos. (…). La doctrina sobre el particular ha sostenido7:

“El concepto de culpa hace referencia a un estándar genérico y flexible de la persona prudente y diligente. La determinación de la regla de conducta

servidores públicos. (…). La doctrina sobre el particular ha sostenido7:

“El concepto de culpa hace referencia a un estándar genérico y flexible de la persona prudente y diligente. La determinación de la regla de conducta que habría observado esa persona en las circunstancias del caso es una tarea judicial por excelencia. Sin embargo, esos deberes pueden estar también tipificados por la ley (como característicamente ocurre con el tráfico vehicular) o pueden estar establecidos convencionalmente por reglas sociales, formales o informales. A falta de la ley o de usos normativos, el juez no tiene otro camino que discernir cómo se habría comportado una persona prudente en las mismas circunstancias. (…).

En oportunidad anterior, la Subsección C, con ponencia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, en sentencia del 26 de febrero de 2014 (radicación 25000-23-26-0002011-00478-01), señaló:

El Consejo de Estado estudió los conceptos de culpa grave y dolo, al analizar los elementos de fondo de la acción de repetición8 y la Corte Constitucional se pronunció sobre el tema, al estudiar la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 77 9 y 7810 del C. C. A.. Así, dijo 11 que, para determina r la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 9 1 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos.

deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 9 1 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos.

Es igualmente necesario, tener en cuenta otros conceptos como son los de buena y

7 Enrique Barros Bourie. Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Editorial Jurídica de Chile 2009. 8 Al respecto pueden consultarse las sentencias que dictó la Sección Tercera: 25 de julio de 1994, expediente: 8483 ; 21 de octubre de 1994, expediente: 9618; 12 de abril de 2002, expediente: 13922; 5 de diciembre de 2005, expediente: 23218. 9 Sentencia C –100 que dictó la Corte Constitucional el 31 de enero de 2001. 10 Sentencia C – 430 que dictó la Corte Constitucional el 12 de abril de 2000. 11 Sentencia del 31 de agosto de 1999, expediente: 10865.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Repetición

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mala fe, que están contenidos en la Constitución Política12 y en la ley.

Es clara entonces, la determinación de una responsabilidad subjetiva, en la que juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir su responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta.

equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir su responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta.

Dado lo anterior, no puede ser irrelevante el hecho d e que la norma constitucional (art. 90) haya establecido expresamente que el deber de las entidades estatales de repetir contra sus funcionarios o ex funcionarios, sólo surge en la medida en que el daño a cuya reparación patrimonial hayan sido condenadas, pueda imputarse a la conducta dolosa o gravemente culposa de los mismos, lo cual, por otra parte, se explica por la necesidad de ofrecer unas mínimas garantías a los servidores públicos, en el sentido de que no cualquier error en el que puedan incurrir de buena fe, podrá servir para imputarles responsabilidad patrimonial ante la respectiva entidad estatal, lo cual podría conducir a un ejercicio temeroso, ineficiente e ineficaz de la función pública.

Así las cosas, la jurisprudencia estructuró los conceptos de dolo y culpa grave a partir del artículo 63 del Código Civil 13, el cual señala respecto a la segunda -culpa grave-, que se constata cuando los negocios ajenos no son manejados, siquiera, con aquella diligencia que una persona negligente o de poca prudencia suele emplear en los suyos, esto es, aquel descuido o desidia inconcebible, que sin implicar intención alguna de inferir un daño, lo produce.

En efecto, hay culpa grave cuando la conducta dañina, sin ser intencional, es consecuencia de la infracción al deber objetivo de cuidado. Ha sido considerada tradicionalmente14 como aquella actuación no deliberada del sujeto que en forma especialmente grosera, negligente,

En efecto, hay culpa grave cuando la conducta dañina, sin ser intencional, es consecuencia de la infracción al deber objetivo de cuidado. Ha sido considerada tradicionalmente14 como aquella actuación no deliberada del sujeto que en forma especialmente grosera, negligente, imprudente, o que de manera descuidada y s in la prudencia ni atención requerida deja de cumplir u omite el deber funcional que le es exigible.

De tal modo que esa modalidad de conducta errática obedece a la ligereza e incuria del agente en el ejercicio de sus funciones, que termina por ocasionar un daño antijurídico y que necesariamente debe ser reparado por el Estado.

12 El artículo 83 Constitucional reza: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas” BD. 13 Art. 63, Código Civil. “La ley distingue tres especies de culpa o descuido. “Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. “Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. “El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. “El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. “Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en