TA CAQ - 18001333300120120043001-(31-08-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ

-Sala Primera de DecisiónMagistrado Ponente: Pedro Javier Bolaños Andrade

Florencia, treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintidós (2.022)

SENTENCIA Nº 135

Expediente número: 18 001 33 33 001 2012 00430 01

Medio de control: Controversia contractual

Accionante: José Miguel Barragán Ditta Accionada: Instituto Departamental de Salud del Caquetá - en liquidación Asunto: Incumplimiento contrato de prestación de ss.

Procede la Sala Primera a resolver el recurso de apelación instaurado por la parte actora contra la sentencia de fecha 31 de agosto de 2.016 proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia, por medio de la cual se desestimaron las pretensiones de la demanda.

I. A N T E C E D E N T E S.

1.1. La demanda1.

El señor JOSÉ MIGUEL BARRAGÁN DITTA, a través de apoderado judicial, instauró el medio de control de controversias contractuales en contra del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETÁ - EN LIQUIDACIÓN (en adelante IDESAC), con el fin de que se declare el incumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales número 0050 de fecha 20 de enero de 2.011 ; y a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y pago de las sumas de dinero derivadas del referido contrato, así como el pago de todos los perjuicios causados.

servicios profesionales número 0050 de fecha 20 de enero de 2.011 ; y a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y pago de las sumas de dinero derivadas del referido contrato, así como el pago de todos los perjuicios causados.

De igual manera, que las sumas de dinero que a título de indemnización se reconozcan, sean pagadas en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011. Así mismo, que se condene es costas al ente demandado.

Como fundamentos fácticos, se expuso que:

Mediante contrato de prestación de servicios profesionales No. 00050 del 20 de enero de 2.011, el señor JOSÉ MIGUEL BARRAGÁN DITTA se obligó a prestar los servicios técnicos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo del Instituto Departamental de Salud del Caquetá; estipulándose un plazo de ejecución del 17 de enero hasta el 30 de diciembre de 2.011.

1Fs. 19 al 24, c.1.Expediente número: 18 001 33 33 001 2012 00430 01

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Accionante: José Miguel Barragán Ditta

Accionada: Instituto Departamental de Salud del Caquetá- En Liquidación-.

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Que mediante oficio de fecha 7 de julio de 2.011 , el liquidador de la entidad demandada le informó al actor que como consecuencia de la supresión del instituto y de la planta de personal, el contrato sería liquidado; sin haberse cumplido el término de duración inicialmente estipulado.

1.2. Contestación de la demanda2.

demandada le informó al actor que como consecuencia de la supresión del instituto y de la planta de personal, el contrato sería liquidado; sin haberse cumplido el término de duración inicialmente estipulado.

1.2. Contestación de la demanda2.

El Departamento del Caquetá se opuso a las pretensiones de la demanda, esgrimiendo que si bien era cierto el contrato no se ejecutó en su totalidad, ello se debió a que el IDESAC, al ser suprimido mediante el decreto 1241 del 23 de junio de 2011, perdió su objeto social, su misión y funciones , entre las cuales figuraba el ejercicio de la vigilancia de la salud pública del departamento del Caquetá.

En ese sentido, y teniendo en cuenta que el objeto del contrato No. 00050 de 2011 consistía en la prestación del servicio técnico de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo del IDESAC, con el fin de fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud -SIISy ante la supresión de la entidad contratante, se tiene que la causa, justificación y necesidad del servicio desapareció, por lo cual a la fecha de liquidación de la entidad ya no existía ninguna razón ni causa legal o fáctica para continuar con el contrato, como así fue ordenado en el numeral 5 del decreto 1241 de 2011, en el cual se dispuso la terminación y liquidación de todos los contratos y convenios vigentes.

1.3. Sentencia de primera instancia3.

El Juzgado Primero Administrativo de Florencia , mediante sentencia de fecha 3 1 de agosto de 2.016, desestimó las pretensiones de la demanda.

Como sustento de la decisión, indicó que como el contrato de prestación de servicios

El Juzgado Primero Administrativo de Florencia , mediante sentencia de fecha 3 1 de agosto de 2.016, desestimó las pretensiones de la demanda.

Como sustento de la decisión, indicó que como el contrato de prestación de servicios tenía por objeto el mantenimiento de los equipos de cómputo de la entidad suprimida, el cual no era de aquellos contratos que garantizaran la prestación de los servicios de salud en el departamento, no era necesario seguir con su ejecución, a demás de no obrar prueba en sentido contrario.

Que, además, no obra prueba en el expediente que demuestre que el demandante continuó prestando sus servicios o cumpliendo con sus obligaciones contractuales durante el período comprendido entre el 12 de julio y el 30 de diciembre de 2011 y que por dicha ejecución la entidad demanda le adeudara suma alguna.

Así las cosas, al existir una causa legal para la terminación anticipada del contrato de prestación de servicios , como lo fue la supresión de la entidad pública contratante, máxime que dicha supresión obedeció a los altos costos de operación en el uso de los recursos públicos y sobredimensionamiento del recurso humano, resultaba evidente que no era procedente conceder las pretensiones de la demanda. 1.4. Recurso de apelación.

La parte demandante cuestiona la decisión de instancia, refiriendo que, contrario a lo expuesto por la juez de primer grado, el objeto del contrato de prestación de servicios de apoyo sí era de aquellos que garantizaban la prestación de los servicios de salud,

2Fs. 213 al 230, c. 1. 3 Fs. 304 al 313, c. 1.Expediente número: 18 001 33 33 001 2012 00430 01

2Fs. 213 al 230, c. 1. 3 Fs. 304 al 313, c. 1.Expediente número: 18 001 33 33 001 2012 00430 01

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Accionada: Instituto Departamental de Salud del Caquetá- En Liquidación-.

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al desconocerse que para el normal funcionamiento de una entidad , como lo era el IDESAC en Liquidación se deb ía manejar el desarrollo integral del servicio, esto es, que eran imprescindibles tanto el celador de la entidad como el encargado de verificar el normal funcionamiento de los equipos de cómputo. Que cotejando las motivaciones que dieron sustento al nacimiento de la relación contractual y el articulado del Decreto 1241 del 23 de junio de 2011, que ordenó la supresión del IDESAC, se encuentra que el referido contrato encajaba dentro de los postulados de los artículos 4 y 5 del mencionado decreto, donde se previó mantener los contratos existentes antes de la expedición del referido decreto, con el ánimo de garantizar los derechos Constitucionales y legales en la prestación de los servicios de salud a las comunidades del departamento del Caquetá. Considera que en el oficio sin número , fechado 7 de julio de 2011, suscrito por el señor HERNAN GARCÍA MERCADO, en calidad de liquidador del IDESAC, mediante el cual se le comunicó al demandante tanto de la existencia de los decretos 1241 y 1242 del 23 de junio de 2011, así como de la liquidación de su contrato , no representaba ninguna orden precisa y clara en relación con la terminación de su contrato, así como tampoco un acto administrativo de liquidación unilateral.

del 23 de junio de 2011, así como de la liquidación de su contrato , no representaba ninguna orden precisa y clara en relación con la terminación de su contrato, así como tampoco un acto administrativo de liquidación unilateral. Refiere que a partir de la notificación del referido oficio, al actor no le fue posible desarrollar las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato, pues no se le permitió el acceso a las instalaciones físicas del IDESAC, a pesar de que la nueva Secretaría de Salud y las competencias del departamento continuaron su ejecución normalmente, hecho que al demandante no le permitió adquirir nuevos compromisos u obligaciones contractuales hasta tanto se le definiera su situación contractual. Finaliza manifestando que el liquidador a la fecha de presentación de la demanda no había liquidado el contrato No 0050 de 2011, ni dado aplicación a los artículos 4, 5 y sus respectivos parágrafos del decreto 1241 de 2011, con relación a la terminación y subrogación de contratos necesarios para garantizar las competencias legales y constitucionales del departamento del Caquetá , en el período de transición institucional del IDESAC a la Secretaría de Salud Departamental. Solicita, en consecuencia, se revoque la sentencia de primera instancia para , en su lugar, acceder a las súplicas de la demanda.

1.5. Trámite de la segunda instancia.

Mediante auto de fecha 31 de octubre de 2.016 se admitió el recurso de apelación instaurado por la parte actora (f. 329) y a través de la providencia del 19 de diciembre de la misma anualidad se corrió traslado para alegar de conclusi ón (f. 334), término que venció en silencio.

instaurado por la parte actora (f. 329) y a través de la providencia del 19 de diciembre de la misma anualidad se corrió traslado para alegar de conclusi ón (f. 334), término que venció en silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S.

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la ley 1437 de 2011.Expediente número: 18 001 33 33 001 2012 00430 01

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Accionante: José Miguel Barragán Ditta

Accionada: Instituto Departamental de Salud del Caquetá- En Liquidación-.

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2.2. Objeto de litigio.

Corresponde a la Sala determinar si , conforme a los argumentos de la alzada, el Instituto Departamental de Salud del Caquetá -en liquidación - incumplió sus obligaciones contractuales al terminar anticipadamente el contrato de prestación de servicios profesionales No. 00050 del 20 de enero de 2.011 suscrito con el señor JOSÉ MIGUEL BARRAGÁN DITTA. En caso de ser positivo, corresponderá definir si le asiste el derecho que reclama, esto es, el de obtener como restablecimiento del derecho el pago del saldo del contrato correspondiente a los honorarios dejados de percibir.

De ello dependerá que la sentencia de primera instancia se confirme, se revoque o se modifique.

2.3. Régimen de contratación estatal.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, el contrato estatal tiene como

De ello dependerá que la sentencia de primera instancia se confirme, se revoque o se modifique.

2.3. Régimen de contratación estatal.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, el contrato estatal tiene como finalidad el cumplimiento de los fines del Estado, de modo que, en esencia, lo que se procura con ello es la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, así como la efectividad de los derechos e intereses de los ciudadanos; por lo que, al celebrarse un contrato con el Estado, los particulares colaboran con las entidades en el logro de dichos fines, amén de cumplir una función social.

Así, el artículo 32 ibídem indica que los contratos estales son actos jurídicos generadores de obligaciones que celebran las entidades, ya sean de los enunciados por ese estatuto, o de los dispuestos por el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad.

Señala, además, la Ley 80 de 1993 que para el perfeccionamiento del contrato basta con que las partes logren un acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, lo cual debe constar por escrito. Adicional a ello, para su ejecución, se requerirá de la aprobación de la garantía y la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes4.

Ahora, el registro presupuestal no consti tuye un requisito para el perfeccionamiento del contrato estatal sino para la ejecución del mismo, toda vez que act úa como instrumento para evitar adquirir compromisos que super en el monto pactado en el respetivo presupuesto5.

4 Artículo 41 Ley 80 de 1993, modificado por el 23 de la ley 1150 de 2007 establece: “Los contratos del Estado se

instrumento para evitar adquirir compromisos que super en el monto pactado en el respetivo presupuesto5.

4 Artículo 41 Ley 80 de 1993, modificado por el 23 de la ley 1150 de 2007 establece: “Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. Para la ejecución se requerirá de la apro bación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El propone nte y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. (…) En caso de situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el artículo 42 de esta ley que no permitan la suscripción de contrato escrito, se prescindirá de éste y aún del acuerdo acerca de la remuneración, no obstante, deberá dejarse constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal contratante. A falta de acuerdo previo sobre la remuneración de que trata el inciso anterior, la contraprestación económica se acordará con posterioridad al inicio de la ejecución de lo contratado. Si no se lograre el acuerdo, la contraprestación será determinada por el justiprecio objetivo de la entidad u organismo respectivo que tenga el carácter de cuerpo consultivo del Gobierno y, a falta de éste, por un perito designado por las partes. .(…)”

la entidad u organismo respectivo que tenga el carácter de cuerpo consultivo del Gobierno y, a falta de éste, por un perito designado por las partes. .(…)”

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2009. C.P. MYRIAM GUERRERO DE ESCOBAR.

Radicado Número: 07001-23-31-000-1997-00705-01(15662).Expediente número: 18 001 33 33 001 2012 00430 01

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Así las cosas, para que pueda hablarse de la existencia de un contrato estatal se deben cumplir todos los requisitos , tanto de fondo como de forma , establecidos por la ley contractual, dependiendo en cada caso de la modalidad del mismo y del régimen jurídico aplicable a la entidad contratante.

De lo anterior se infiere que si no ha mediado contrato firmado por las partes o no hay una orden escrita emanada de la administración que le imponga al contratista la ejecución de determina das obligaciones, en manera alguna podría sostenerse que hubo un contrato estatal, dada la solemnidad que la ley impone para que este tipo de negocios jurídicos puedan nacer a la vida jurídica, esto es, para que alcancen su perfeccionamiento o existencia, de tal suerte que si no se ha cumplido con este elemento esencial, el contrato es inexistente.

Finalmente ha de indicarse que cuando estamos en presencia de un contrato estatal, toda diferencia que surja en relación con el mismo, por su incumplimiento, por el uso de las facultades exorbitantes que la entidad tiene dentro de éste (dependiendo de

Finalmente ha de indicarse que cuando estamos en presencia de un contrato estatal, toda diferencia que surja en relación con el mismo, por su incumplimiento, por el uso de las facultades exorbitantes que la entidad tiene dentro de éste (dependiendo de su tipo) o para lograr su liquidación judicial, se debe ventilar bajo el marco del medio de control de controversias contractuales como acontece en este asunto.

2.4. De las cláusulas excepcionales o exorbitantes del contrato estatal.

Conforme a lo dispuesto en la ley, las entidades públicas pueden pactar a su favor, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, algunas cláusulas excepcionales al derecho común, entre estas, las de “interpretación, modificación y terminación unilateral del contrato”, según lo establece la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007.

Tales cláusulas poseen la característica esencial de que pueden ser ejecutadas de manera unilateral por la entidad que las pactó a su favor, lo que significa que no debe acudir a instancias judiciales para obtener el cumplimiento de la decisión ni mucho menos contar con la aprob ación del contratista para hacerla efectiva. Así, pues, tal potestad de ejecución se encuentra reservada exclusivamente para las entidades estatales y, por tanto, sería inoperante su estipulación en los contratos que no se encuentren sometidos a las reglas dispuestas en el mencionado Estatuto General de la Contratación Estatal6.

2.5. De la terminación unilateral del contrato.

La terminación unilateral propiamente dicha tiene “… el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos… y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación…” de los mismos, conforme lo estatuye el numeral 1°

La terminación unilateral propiamente dicha tiene “… el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos… y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación…” de los mismos, conforme lo estatuye el numeral 1° del artículo 14 de la Ley 80 de 1993.

Por su parte, el a rtículo 17 ibídem, dispone como causales para la terminación unilateral del contrato, las siguientes:

“Artículo 17. De la Terminación Unilateral. La entidad en acto administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos:

6Consejo de Estado, sentencia del 10 de noviembre de 2017, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA Radicación número: 68001-23-31-000-2003-01342-01(39536)Expediente número: 18 001 33 33 001 2012 00430 01

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“1. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. “2. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista. “3. Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista. “4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato”.

En lo que respecta a su alcance y ejercicio, el Consejo de Estado en sentencia del 3

“4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato”.

En lo que respecta a su alcance y ejercicio, el Consejo de Estado en sentencia del 3 de agosto de 2017, proferida dentro del radicado 15001 -23-31-000-1998-0060901(37932), Consejero ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO, expuso:

“…Presupuestos para el ejercicio de la cláusula excepcional de terminación unilateral en la contratación estatal. (…)

La consagración de los eventos que dan lugar a la terminación unilateral de los contratos estatales naturalmente es taxativa, es decir que se restringe a los casos previstos en la Ley, puesto que el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 regula una potestad de carácter excepcional y de naturaleza reglada, es decir que constituye una facultad especial que sólo puede pactarse y ejercerse en el ámbito de la contratación estatal en aquellos contratos que la ley dispone o permite y por las causas que la misma ley ha definido.

En relación con el mencionado artículo 14 …, no sobra precisar l o siguiente: i) como regla general existe libertad negocial para definir la duración y las causales de terminación de los contratos estatales, pero la Administración sólo puede pactar y declarar la terminación unilateral anticipada en los casos específicam ente definidos en la Ley; ii) Existen otras normas, en la misma Ley 80 de 1993 y en otras leyes de contratación, que regulan eventos de terminación unilateral, generales o especiales por razón del tipo de contrato. (…)

Como corolario de las reflexiones acerca de la terminación unilateral del contrato estatal

contratación, que regulan eventos de terminación unilateral, generales o especiales por razón del tipo de contrato. (…)

Como corolario de las reflexiones acerca de la terminación unilateral del contrato estatal que se han realizado anteriormente, se tiene que: i) Adolecen de nulidad absoluta las cláusulas excepcionales que se pactan en los contratos estatales en los que no está permitida la inclusión de tales cláusulas, así como las que disponen para su ejercicio causales distintas de aquellas que la ley establece…”.

Tales argumentos fueron reiterados por el mismo Consejo de Estado en sentencia del 20 de noviembre de 2019, dentro del proceso N° 66001-23-33-000-2015-0013101(61429) A, con ponencia de la Consejera : MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO , en donde se dijo:

“…La facultad de terminación unilateral del contrato consagrada en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993 constituye una prerrogativa excepcional otorgada a la entidad estatal contratante como una herramienta cuyo fin exclusivo, lejos de identificarse como una sanción contra el contratista, es el de impedir la afectación o el cumplimiento de los fines estatales o de la continua y eficiente prestación de los servicios públicos.

El ejercicio de esta potestad exige la existencia de unos supuestos establecidos por la Ley, la observancia de un procedimiento reglado y puede dar lugar al reconocimiento de una indemnización en favor del contratista. Se agrega que esta potestad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, se encuentra restringida a determinados tipos contractuales.

La incorporación imperativa de esa prerrogativa, aunque no se encuentre expresamente

agrega que esta potestad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, se encuentra restringida a determinados tipos contractuales.

La incorporación imperativa de esa prerrogativa, aunque no se encuentre expresamente pactada, se aplica a los negocios jurídicos que tengan por objeto el ejercicio de unaExpediente número: 18 001 33 33 001 2012 00430 01

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actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra.

De acuerdo con el parágrafo del referido artículo 14, existe prohibición expresa de incluir cláusulas excepcionales, entre ellas, la de terminación unilateral, en los contratos que se celebren con personas públicas internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito, donación y arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o industriales de las entidades estatales que no correspondan a las señaladas en el numeral 2o. del mencionado artículo , o que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, así como en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales.

De otro lado, con arreglo a esa misma normativa, la potestad excepcional de terminación unilateral podrá pactarse, de manera voluntaria, en los contratos de suministro y de prestación de servicios.

Finalmente, y ante el silencio de la norma, en aquellos otros tipos contractuales que no

terminación unilateral podrá pactarse, de manera voluntaria, en los contratos de suministro y de prestación de servicios.

Finalmente, y ante el silencio de la norma, en aquellos otros tipos contractuales que no se encuentran enlistados en el referido artículo 14, se entiende entonces que su inclusión, como la de todas las demás cláusulas excepcionales, salvo consagración legal, se encuentra prohibida…”

En este orden de ideas, es claro que la estipulación de cláusulas excepcionales en los contratos de prestación de servicios profesionales de que trata el artículo 32 de la ley 80 de 1993 son procedentes, potestad que es de aplicación restrictiva a lo pactado en el contrato y con la designación expresa de las causales o supuestos señalados por la misma ley; luego, se trata de una facultad que no obedece a la simple liberalidad de la administración, ni a aspectos subjetivos como tampoco a situaciones ajenas a la ejecución del contrato . A demás, y si las mismas no son pactadas, la terminación unilateral del contrato sólo procederá en los casos taxativamente señalados en la ley.

2.6. Del incumplimiento del contrato estatal.

El contrato, como expresión de la autonomía de la voluntad, se rige por el principio “Lex contractus, pacta sunt servanda”, consagrado en el artículo 1602 del Código Civil7, y en virtud de ello los contratos válidamente celebrados son ley para las partes y sólo pueden ser invalidados por consentimiento mutuo de quienes los celebran o por causas legales.

En los contratos bilaterales o conmutativos -como son comúnmente los celebrados por la administración-, teniendo en cuenta la correlación de las obligaciones surgidas del contrato y la simetría o equilibrio de prestaciones e intereses que debe guardar y

por causas legales.

En los contratos bilaterales o conmutativos -como son comúnmente los celebrados por la administración-, teniendo en cuenta la correlación de las obligaciones surgidas del contrato y la simetría o equilibrio de prestaciones e intereses que debe guardar y preservarse, la parte que pretende exigir la responsabilidad del otro por una conducta alejada del contenido del título obligacional debe demostrar que habiendo cumplido con las obligaciones del contrato, su cocontratante no cumplió con las suyas.

Lo anterior significa que el incumplimiento de la entidad contratante solo adquiere relevancia si el contratista prueba que cumplió el contenido obligacional a su cargo, conforme al acuerdo de voluntades.

Sobre este aspecto, el artículo 1609 del C.C. preceptúa que:

7 “ARTICULO 1602. <LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS PARTES>. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.Expediente número: 18 001 33 33 001 2012 00430 01

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“ARTÍCULO 1609. En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos. (…)”

Así las cosas, cabe señalar que la forma más común de afectación de los derechos de las partes en el contrato, está dada por el incumplimiento de las obligaciones de uno de los contratantes ; por ende, la responsabilidad contractual se origina en el daño

Así las cosas, cabe señalar que la forma más común de afectación de los derechos de las partes en el contrato, está dada por el incumplimiento de las obligaciones de uno de los contratantes ; por ende, la responsabilidad contractual se origina en el daño antijurídico que es ocasionado por la parte incumplida del contrato, lo que hace surgir a su cargo el deber de indemnizar los perjuicios ocasionados en favor del afectado8.

2.7. Acervo probatorio.

Para la resolución del presente asunto, cuenta la Sala con el siguiente material probatorio:

• Contrato de prestación de servicios profesionales N° 00050 del 20 de enero de 2.011, por medio de l cual la entidad demandada suscribió con el actor el contrato de prestación de servicios de a poyo a l a g estión - técnicos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo del instituto departamental de salud del Caquetá, aproximadamente 80 equipos, 70 impresoras y 60 ups- (fs. 5 al 7, c. 1).

• Póliza de cumplimiento del referido contrato, expedida por Liberty Seguros en favor del IDESAC (f. 4, c. 1.).

• Oficio fechado 7 de julio de 2011 expedido por el IDESAC EN LIQUIDACION , por el cual se le informó al demandante la decisión de ordenar la liquidación del contrato No. 00050 de 2011 (f. 9, c. 1).

• Actas parciales de interventoría Nos. 01 al 06 de enero a junio de 2011, suscrita por la interventora y el contratista , en las cuales se dejó constancia, en cada

una de ellas, de los siguientes ítems:

VALOR DEL CONTRATO.

por la interventora y el contratista , en las cuales se dejó constancia, en cada una de ellas, de los siguientes ítems:

VALOR DEL CONTRATO.

VALOR EJECUTADO EN CADA INTERVENTORÍA.

VALOR PAGADO EN CADA UNA DE LAS FECHAS.

VALOR A PAGAR

Y SALDO A EJECUTAR.

Finalmente, se dejó consignado en la última acta de interventoría –JUNIO DE 2011lo siguiente: valor del contrato ($22.818.676), valor ejecutado en la sexta interventoría ($729.667), valor pagado hasta esa fecha ($9.0950.0 00), valor a pagar para ese entonces ($729.667) y el saldo ($12.139.0009) ; concluyéndose que para esa fecha el contratista presentó informe parcial de las actividades realizadas durante el período ejecutado del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, cumpliendo con el 100% el cronograma establecido (fa. 78 y 79, c. 1).

8 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA Consejera ponente:

RUTH STELLA CORREA PALACIO Bogotá, D.C., veintidós (22) de julio de dos mil nueve (2009) Radicación número: 23001-23-31-000-1997-08763-01(17552).Expediente número: