TA CAQ - 180013333002-2022-00326-01-(17-10-2023)

Tribunal Administrativo del Caquetá Sala Tercera de Decisión

Magistrada Ponente: Edith Alarcón Bernal

Florencia, diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Sanción moratoria establecida en la Ley 50 de

1990

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho - laboral Demandante: Alexander Cabrera González Demandado: Nación (Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) y otro Expediente: 180013333002-2022-00326-01

Acta de discusión No. 65 de la fecha

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por Alexander Cabrera González, parte demandante, contra sentencia de 29 de junio de 2023, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Florencia, que denegó las pretensiones de la demanda.

En este fallo se tratan los siguientes temas: la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías reconocidas, al tenor de la Ley 50 de 1990 y la hermenéutica que al respecto ha desarrollado el Consejo de Estado.

I. Antecedentes

1.1 Demanda1

1.1.1. Pretensiones de la demanda

Por vía de nulidad y restablecimiento del derecho, el actor formuló demanda contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento del Caquetá, solicitando la anulació n de acto ficto (configurando con ocasión de la falta de respuesta a petición del 18 de agosto de

la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento del Caquetá, solicitando la anulació n de acto ficto (configurando con ocasión de la falta de respuesta a petición del 18 de agosto de 2021) que deniega el reconocimiento y pago de una sanción moratoria por pago tardío de cesantías establecida en la Ley 50 de 1990.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a las entidades accionadas a reconocer y pagar a su favor, respecto de las cesantías anualizadas que se causaron para el año 2020, (i) la sanción moratoria que establece la Ley 50 d e 1990, desde el 15 de febrero de 2021 hasta el día en que se efectúe la consignación de la prestación; y (ii) la indemnización que prevén las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de 1991 por el pago extemporáneo de los intereses sobre las cesantías.

Además, pidió que los anteriores valores se paguen debidamente indexados, que sobre ellos se causen intereses moratorios, que se disponga el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y siguientes del CPACA, y que se condene en costas a las entidades accionadas.

1.1.2. Fundamento de las pretensiones

1 Folios 3 al 45 archivo nro. 02 del expediente judicial electrónico.Demandante: Alexander Cabrera González Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fomag y otro Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 180013333005-2022-00326-01

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Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fomag y otro Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 180013333005-2022-00326-01

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Los hechos que fundamentan las pretensiones se sintetizan así (se excluyen los aspectos que constituyen razones de derecho):

Se afirmó que el demandante por laborar como doc ente estatal al servicio de las entidades demandadas, así como la totalidad de los servidores públicos y privados, tiene derecho a que sus intereses a las cesantías sean consignados a más tardar el día 31 de enero del año 2021 y sus cesantías sea canceladas hasta el día 15 de febrero del año 2021.

Agregó que, el Departamento de Caquetá y el Ministerio de Educación no consignaron al FOMAG los intereses a las cesantías ni las cesantías anuales que corresponden a los servicios que prestó en la docencia oficial para el año 2020, por lo que, en razón de ello, están en la obligación de recocer las sanciones moratorias causadas, desde el 1 de enero de 2021 para el caso de los intereses a las cesantías y a partir del 16 de febrero de la misma anualidad, para las ce santías que debían consignar las entidades demandadas, como lo ordena la ley.

1.1.3. Fundamentos jurídicos

Como normas violadas , mencionó las siguientes: los artículos 13 y 53 de la Constitución; 5 y 15 de la Ley 91 de 1989; 99 de la Ley 50 de 1990; 57 de la Ley

Como normas violadas , mencionó las siguientes: los artículos 13 y 53 de la Constitución; 5 y 15 de la Ley 91 de 1989; 99 de la Ley 50 de 1990; 57 de la Ley 1955 de 2019; 1 de la Ley 52 de 1975; 13 de la Ley 344 de 1996; 5 de la Ley 432 de 1998; 3 del Decreto 1176 de 1991; y 1 y 2 del Decreto 1582 de 1998.

En síntesis, como sustento del concepto de violación sostuvo que desde la promulgación de la Ley 50 de 1990 se tuvo como finalidad regular las obligaciones de los empleadores para con los servidores públicos incluidos los d ocentes, tal y como se desprende de las sentencias de la Corte Constitucional C-486 de 2016, SU -098 de 2018, SU -332 de 2019, y la SU -041 de 2020, en donde se expuso que a partir del 1 de enero de 1990 se les modificó el régimen de liquidación de cesantías de retroactividad a un régimen anualizado para los docentes, y se estableció la obligación de la consignación de sus cesantías en un término perentorio, el que no podía superar del 15 de febrero de cada anualidad.

Indicó que de conformidad con la sentenc ia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional y providencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al tratarse las cesantías de los docentes de prestaciones anualizadas deben liquidarse al 30 de diciembre de cada año y pagarse los intereses antes del 30 de enero y ser consignadas en el FOMAG antes del 15 de febrero siguiente, al igual que el resto

tratarse las cesantías de los docentes de prestaciones anualizadas deben liquidarse al 30 de diciembre de cada año y pagarse los intereses antes del 30 de enero y ser consignadas en el FOMAG antes del 15 de febrero siguiente, al igual que el resto de los servidores públicos, esto en aplicación del principio de favorabilidad. Resaltó que, por orden legal todos los docentes de la Educación Pública deben ser afiliados al fondo, sin que haya lugar a que el docente pueda elegir otra entidad que maneje los recursos de su pensión, cesantías y aportes de salud.

Adujo que “[n]o puede la entidad demandada seguir insistiendo que existe un procedimiento interno d iferente en donde se menciona en un documento cuanto (sic) equivaldrían las cesantías del docente, sin que haya procedido a su cancelación efectiva, PUES LO QUE ESTA SOLICITANDO EL DOCENTE ES LA CONSIGNACIÓN” (sic), máxime cuando para el año 2020 solo consignaron a favor de la parte demandante los intereses a las cesantías y de forma extemporánea.

Resaltó que la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional es uniforme sobre el tema, con base en los principios de progresividad e igualdad, bajoDemandante: Alexander Cabrera González Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fomag y otro Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 180013333005-2022-00326-01

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la premisa de que los docentes oficiales son servidores públicos como los demás que son beneficiarios de las garantías que generan estas sanciones.

En conclusión, destacó que al FOMAG no se le han girado las cesantías reclamadas

la premisa de que los docentes oficiales son servidores públicos como los demás que son beneficiarios de las garantías que generan estas sanciones.

En conclusión, destacó que al FOMAG no se le han girado las cesantías reclamadas por la parte d emandante como lo ordena la ley y las decisiones adoptadas en sentencias de unificación de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, de lo cual se evidencia una irregularidad de la entidad demandada al negar la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes.

El 18 agosto de 2021 se solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, sin respuesta de la entidad configurándose la negativa fáctica.

1.2 Contestación de la demanda

La NaciónMinisterio de EducaciónFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio2 se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que la demanda está fundada en supuestos de hechos falsos e inexistentes, contrariando los beneficios contrariando los beneficios que tienen los docentes del FOMAG, pretendiendo además la nulidad de un acto ficto, cuando mediante oficio 20210173164781 de 11 de octubre de 2021, se emitió respuesta a la comunicación radicada por el demandante e interpretando de manera indebida la jurisprudencia relativa a las cesantías de los docentes del FOMAG.

Luego de explicar la naturaleza jurídica del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y las diferencias que para con otros sistemas de administración de cesantías, señaló que existe una imposibilidad jurídica y física de apertu ra de cuentas individuales para los afiliados al FOMAG, puesto que los recursos que

Magisterio y las diferencias que para con otros sistemas de administración de cesantías, señaló que existe una imposibilidad jurídica y física de apertu ra de cuentas individuales para los afiliados al FOMAG, puesto que los recursos que conforman el patrimonio autónomo se administran a través de un esquema fiduciario con el que se debe respetar el principio de unidad de caja, el cual permite que con el recaudo de todos los rubros se conforme una caja común destinada a atender el pago de las obligaciones asumidas, en este caso, lo correspondiente a las prestaciones económicas de los docentes.

En ese orden concluyó que no podría configurarse la sanción morat oria contemplada en la Ley 50 de 1990, artículo 99, para el escenario del FOMAG, ya que lo que pena la ley en mención es la consignación inoportuna de las cesantías y, al estar vedada la posibilidad de la consignación de las cesantías de los docentes del FOMAG, no es posible que se genere tal sanción.

Argumentó que los regímenes de intereses de cesantías cuentan con distintos esquemas dentro de los que se encuentran el del FOMAG, Fondo Nacional del Ahorro y el del Fondo Privado de Cesantías, así, entendiendo que cada uno sistema tiene claramente delimitada sus reglas en la legislación no es posible la aplicación de estos últimos en relación con docentes afiliados por FOMAG por principio de inescindibilidad normativa.

Formuló como excepciones la ineptitud d e la demanda por falta de requisitos formales, por demandarse un acto ficto cuando la entidad dio respue sta expresa mediante oficio nro. 20210173164781 de 11 de octubre de 2021 e inexistencia de

Formuló como excepciones la ineptitud d e la demanda por falta de requisitos formales, por demandarse un acto ficto cuando la entidad dio respue sta expresa mediante oficio nro. 20210173164781 de 11 de octubre de 2021 e inexistencia de la obligación, puesto que para los docentes afiliados al FOMA G no es posible que se configure la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ3 se opuso a la prosperidad de las pretensiones y como razones de defensa aludió a que no es

2 Archivo nro. 14 del expediente judicial electrónico 3 Archivo nro. 19 del expediente judicial electrónicoDemandante: Alexander Cabrera González Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fomag y otro Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 180013333005-2022-00326-01

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posible que se le endilgue la responsabilidad de pagar a la accionante la indemnización por la mora que se pudo ocasionar por la consignación tardía de las cesantías e intereses a las cesantías toda vez que la entidad dentro de sus competencias, realizó todos los trámites pertinentes para que se realizara por parte de la FIDUPREVISORA S.A. el pago de los intereses a la cuenta individual del docente y por parte del Min isterio de Educación, el pago de las cesantías, a la cuenta de la FIDUPREVISORA S.A.

Excepcionó (i) consignación directa de las cesantías por el Ministerio de Educación a la Fiduprevisora, sin intervención del Departamento del Caquetá, razón por la cual

cuenta de la FIDUPREVISORA S.A.

Excepcionó (i) consignación directa de las cesantías por el Ministerio de Educación a la Fiduprevisora, sin intervención del Departamento del Caquetá, razón por la cual tampoco le competente el pago de la indemnización reclamada, (ii) inexistencia de configuración de acto ficto o presunto frente al Departamento del Caquetá, pues mediante oficio de salida SAC radicado CAQ2021EE03 5160 de 15 de septiembre de 2021, la oficina del Fondo de Prestaciones Sociales de la Secretaría de Educación expidió respuesta de fondo y de manera oportuna a la solicitud del reconocimiento y pago de la sanción por la no consignación de las cesantías en los tiempos establecidos, (iii) inexistencia de prueba de consignación en el fondo de cesantías por fuera del tiempo establecido en la ley, como quiera que el demandante solamente se limita a mencionar que no se consignó las cesantías en las fechas establecidas en la ley, sin allegar prueba que así lo confirmara.

1.3 Sentencia de primera instancia

El Juzgado Quinto Administrativo de Florencia, en sentencia del 29 de junio de 20234, denegó las pretensiones de la demanda, al efecto desarrolló el régimen de cesantías de los docentes, para señalar que este grupo, tal como lo dispone la Ley 91 de 1989, tiene cesantías anualizadas (liquidadas por año), aspecto que si bien guarda similitud con lo dispuesto en la Ley 50 de 1990, no es posible que puedan equipararse en cuanto a su aplicación, en tanto, esta última la regula para el sector privado y además de ello, los afilados al FOMAG, tienen un fondo común para

guarda similitud con lo dispuesto en la Ley 50 de 1990, no es posible que puedan equipararse en cuanto a su aplicación, en tanto, esta última la regula para el sector privado y además de ello, los afilados al FOMAG, tienen un fondo común para dichas prestaciones sociales, las cuales solo son entregadas por solicitud de la parte interesada y en cumplimiento de los requisitos legales, en consec uencia – dijola sanción moratoria resultaría inaplicable para el caso de los docentes.

En el sentir de la Jueza de instancia, los docentes están exceptuados de la Ley 50 de 1990, pues, aunque se extendieron sus efectos a los servidores públicos en general, el legislador no señaló de manera expresa a los docentes como destinatarios de la misma, sin embargo, refirió que conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional es procedente en el caso de los docentes aplicar la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, siempre y cuando se acredite que la entidad territorial no rindió el reporte de la liquidación individual de cesantías oportunamente y no se efectuaron giros al FOMAG para el pago de las prestaciones.

Descendiendo al caso concreto, expuso que las pruebas aportadas acreditaron que la Nación efectuó el giro de los recursos para el pago de prestaciones al FOMAG y que el Departamento del Caquetá presentó oportunamente y en debida forma el reporte de las cesantías del demandante causadas en el año 2020 al FOMAG, las cuales se ven reflejadas en el extracto que contiene el monto reconocido para ese año por valor de $5.502.963, razón por la cual no se configuró la sanción moratoria que se reclama.

cuales se ven reflejadas en el extracto que contiene el monto reconocido para ese año por valor de $5.502.963, razón por la cual no se configuró la sanción moratoria que se reclama.

1.4 Recurso de apelación5

4 Índice No 48 de SAMAI 5 Índice No 50 de SAMAIDemandante: Alexander Cabrera González Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fomag y otro Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 180013333005-2022-00326-01

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La parte demandante presentó recurso de apelación, arguyendo que , conforme a los pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, los docentes son sujetos del régimen general contenido en la Ley 50 de 1990, esto, por resultarles más beneficioso, y según aseguró la impugnante, por además encontrarse incluidos en la categoría de empleados públicos.

Diferenció la sanción moratoria que establecen las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 de la que estatuye la Ley 50 de 1990 , y recalcó no existe una razón que justifique que los docentes no tengan los mismos derechos que un servidor público, o que sus prestaciones sociales sean canceladas extemporáneamente. Expuso que la obligación de consignar oportunamente las cesantías anua lizadas de los docentes era tan clara, que los recursos comienzan a apropiarse desde el año anterior de manera mensual (por doceavas) en el marco del Sistema General de Participaciones. Por ende, agregó que el Ministerio de Educación no podía retener dineros que constituyen la garantía del reconocimiento de las cesantías de los

anterior de manera mensual (por doceavas) en el marco del Sistema General de Participaciones. Por ende, agregó que el Ministerio de Educación no podía retener dineros que constituyen la garantía del reconocimiento de las cesantías de los docentes.

Efectuó un estudio normativo del asunto y aseguró que, si bien los educadores forzosamente deben afiliarse al Fomag, eso no desvirtúa la obligación de consignar las cesantías dentro del término legal. Expresó que una interpretación restrictiva de la aplicación de la sanción moratoria generaría injustificadamente un trato desigual de los docentes frente a otros trabajadores del Estado que sí gozan de la sanción como garantía de la prestación (violación del derecho a la igualdad).

En ese orden, dijo que la Nación es la entidad responsable de girar los recursos correspondientes a las prestaciones sociales de los docentes al FOMAG, contado para ello con hasta el 15 de febrero de cada año, conforme lo prevé la Ley 50 de 1990 y que como había quedado probado que las demandadas no consignaron el valor de las cesantías a la cuenta individual de la demandante dentro del término establecido era aplicable la sanción mora de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Finalmente, hizo alusión al principio de seguridad jurídica y a que los conflictos deben decidirse dentro de los términos perentorios que fija la ley.

1.5 Trámite de segunda instancia

Mediante auto de 27 de septiembre de 20236, se admitió el recurso de apelación, conforme las previsiones de la ley 2080 de 2021.

Surtido el trámite de rigor y al no observarse vicio alguno que invalide lo actuado la

conforme las previsiones de la ley 2080 de 2021.

Surtido el trámite de rigor y al no observarse vicio alguno que invalide lo actuado la Sala procederá a decidir el recurso, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación, conforme lo dispuesto en los artículos 153 – competencia de los Tribunales en Segunda Instancia -, 243 – la sentencia es susceptible del recurso de alzada -, y 247 - trámite de la apelación - del CPACA. De conformidad con los límites propios de la competencia del juez de segunda instancia, la Sala examinará únicamente los motivos de inconformidad planteados por la parte apelante.

2.2 Prelación de fallo

6 Archivo nro. 04. Trámite segunda instancia. SAMAI.Demandante: Alexander Cabrera González Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fomag y otro Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 180013333005-2022-00326-01

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En la actualidad el Despacho primero del Tribunal Administrativo de Caquetá tiene a su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, ex igiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al Despacho. No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16, permite decidir, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación

expedientes al Despacho. No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16, permite decidir, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de la jurisprudencia”.

En el presente asunto, el tema objeto de debate refiere al reconocimiento de una sanción moratoria docente, frente al cual el Consejo de Estado ha emitido sentencia de unificación SJU-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, motivo por el cual la Sala se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2.3 Oportunidad de la acción y legitimación en la causa

Evidencia la Sala que en el caso examinado no operó el fenómeno de la caducidad, al encontrar que la demanda en principio se dirige contra un acto producto del silencio administrativo, los que al tenor del literal d) del numeral 1 del artículo 164 7 del CPACA, pueden ser demandados en cualquier tiempo.

Ahora bien, en punto de la legitimación en la causa por activa , se tiene que la demanda se circunscribe a los derechos económicos del señor Alexander Cabrera González.

Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, la demanda fue dirigida contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento del Caquetá, la primera entidad encargada del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales del docente y la segunda por fungir como nominadora del demandante.

2.4 Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si: ¿Resulta procedente extender las sanciones

reconocimiento y pago de las prestaciones sociales del docente y la segunda por fungir como nominadora del demandante.

2.4 Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si: ¿Resulta procedente extender las sanciones que establecen los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 1 de la Ley 52 de 1975 a favor de la parte actora, quien funge como docente oficial y goza del régimen anualizado de cesantías?

2.5 Tesis de la Sala

El criterio de este Tribunal se dirige a desestimar la posibilidad de que las sanciones que establecen los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 1.º de la Ley 52 de 1975 se extiendan indistintamente a favor de los docentes oficial es que gozan del régimen anualizado de cesantías y, particularmente, a la parte actora.

En la presente sentencia se seguirá el criterio de unificación de la sentencia del Consejo de Estado, radicado 66001 -33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022), SUJ032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, en la que se sentó como precedente obligatorio en casos como el actual que:

7 ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando: a) Se pretenda la nulidad en los términos del artículo 137 de este Código; b) El objeto del litigio lo constituyan bienes estatales imprescriptibles e inenajenables; c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar

b) El objeto del litigio lo constituyan bienes estatales imprescriptibles e inenajenables; c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe;Demandante: Alexander Cabrera González Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fomag y otro Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 180013333005-2022-00326-01

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“Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de

1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal”.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada, que negó las pretensiones de la demanda.

2.6 Regímenes normativos de las cesantías de los empleados públicos y en especial de los docentes del sector público

Es importante como primera medida tener en cuenta que el Consejo de Estado ha definido la prestación social de las cesantías, bajo los siguientes términos: “El auxilio de cesantía es una prestación social de creación legal que debe pagar el empleador al trabajador por los servicios prestados en el evento en que llegare a quedar cesante, con la finalidad de que atienda sus necesidades básicas (cesantías

de cesantía es una prestación social de creación legal que debe pagar el empleador al trabajador por los servicios prestados en el evento en que llegare a quedar cesante, con la finalidad de que atienda sus necesidades básicas (cesantías definitivas); o durante la vigencia del vínculo laboral (cesantías parciales), siempre que se cumplan determinados requisitos para su reconocimiento relacionados con educación, mejoramiento o compra de vivienda”8.

En ese sentido, la Ley 6 de 1945 reguló el régimen de cesantías, estableciéndolo como un sistema retroactivo, el que consiste en liquidar esta prestación con el último salario devengado, así en el artículo 17 precisó que los empleados y obreros nacionales gozan de un auxilio de cesantía “a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio”.

Mediante Decreto 2767 de 1945 se determinaron las prestaciones sociales de los empleados departamentales y municipales, y el artículo 1° les hizo extensivas las prestaciones consagradas por el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, lo cual incluyó el auxilio de cesantías9. Y en el artículo 6° se señalaron las situaciones que se tendrían como despido para efectos de la liquidación del auxilio.

En el mismo sentido, el Decreto 1160 de 1947 “sobre el auxilio de cesantía” otorgó el derecho a percibirlo a lo s empleados al servicio de la Nación de cualquier rama del poder público independiente de su vinculación y causal de retiro de servicio. En efecto, el artículo 1º ídem señaló:

“ARTÍCULO 1º.- Los empleados y obreros al servicio de la Nación en cualquiera d e

del poder público independiente de su vinculación y causal de retiro de servicio. En efecto, el artículo 1º ídem señaló:

“ARTÍCULO 1º.- Los empleados y obreros al servicio de la Nación en cualquiera d e las ramas del Poder Público, hállense o no escalafonados en la carrera administrativa, tienen derecho a un mes de sueldo por cada año de servicios continuos o discontinuos, y proporcionalmente por las fracciones de año, cualquiera que sea la causa de su retiro y a partir del 1 de enero de 1942”.

Posteriormente, con la expedición del Decreto 3118 de 1968 10, se inició la eliminación de la retroactividad de la cesantía, para instituir la liquidación anual de las cesantías, comoquiera que en su artículo 27 contempló que cada año calendario, contado a partir del 1º de enero de 1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas

8 Sentencia del 12 de octubre de 2016, Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, proceso con radicado 08001 -23-31000-201100874-01 y número interno 1325-16. 9 «Artículo 1°. Con las solas excepciones previstas en el presente decreto, los empleados y o breros al servicio de un Departamento, Intendencia, Comisaría o Municipio tiene derecho a la totalidad de las prestaciones señaladas en el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, y el artículo 11 del Decreto 1600 del mismo año para los empleados y obreros de la Nación. A la entidad que alegue estar comprendida en uno de los casos de excepción, de corresponderá probarlo.»

17 de la Ley 6ª de 1945, y el artículo 11 del Decreto 1600 del mismo año para los empleados y obreros de la Nación. A la entidad que alegue estar comprendida en uno de los casos de excepción, de corresponderá probarlo.» 10 “Por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesantías de empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones”.Demandante: Alexander Cabrera González Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fomag y otro Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 180013333005-2022-00326-01

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Industriales y Comerciales del Estado liquidarían las cesantías que de forma anual se causara en favor de sus trabajadores o empleados..

A diferencia de las entidades públicas del orden nacional, en la cuales se dio paso a un sistema de liquidación anual, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 3118 de 1968, en el nivel territorial el auxilio de cesantía permaneció regulado de conformidad con la Ley 6ª de 1945, el Decreto 2767 de 1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947.

Mediante la Ley 52 de 1975, se les reconocieron los intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares, así como la sanción por el no pago de los mismos. Con la expedición del Decreto 1045 de 1978 11, se fijaron las reglas generales para la aplicación de las prestaciones de los empleados públicos y los trabajadores oficiales del sector nacional, entre los cuales se encuentra el reconocimiento del auxilio de cesantía y se regularon los factores salariales base de

generales para la aplicación de las prestaciones de los empleados públicos y los trabajadores oficiales del sector nacional, entre los cuales se encuentra el reconocimiento del auxilio de cesantía y se regularon los factores salariales base de liquidación.

Sobre las cesantías de los docentes la Ley 91 de 1989 en su artículo 15 12 numeral 3º, efectuó una distinción entre los nacionalizados, esto es, los vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 y los que lo hagan a partir del 01 de enero de 1990 y los nacionales vinculados desde antes; para los primeros el FOMAG “pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último