TA CAQ - 18001333300220160080901-(24-08-2022)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, agosto veinticuatro (24) de dos mil veintidós (2022)

Medio de control: Controversias contractuales

Demandante: Carlos Ever Rosas Sánchez Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-002-2016-00809-01

Tema: Privación del derecho a ser adjudicatario del proceso de selección abreviada para contrato de suministro. Requisitos habilitantes y subsanabilidad de la propuesta.

Acta número 61.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia proferida el 19 de mayo de 2020 por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia que denegó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

El señor Carlos Ever Rosas Sánchez, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 de Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó que:

1 Expediente digitalizado, archivo 3, pág. 206.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Controversias contractuales

Demandante: Carlos Ever Rosas Sánchez

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

1 Expediente digitalizado, archivo 3, pág. 206.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Controversias contractuales

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1. Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución 192 del 8 de junio de 2016, por la cual se adjudicó el proceso de selección abreviada de menor cuantía 164 – Cenac Florencia – 2016 y del Contrato de Suministro 177 del 9 de junio de 2016 celebrado con la Fotocopiadora El Lector y/o Álvaro

Macías Otalvaro.

1. Se declare que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional lo privó injustamente de su derecho a ser adjudicatario del proceso de selección abreviada y, consecuentemente, del derecho a suscribir el Contrato de Suministro 177 del 9 de junio de 2016.

1. Como consecuencia de lo anterior, se condene a la entidad demandada a pagar los perjuicios causados que se traducen en los siguientes:

a. Daño emergente: $2.000.000 por las sum as de dinero invertidas para formular la propuesta y defensa en el proceso de contratación.

b. Lucro cesante. Por la utilidad esperada del negocio, se ascienden a $42.000.000.

1. Las sumas de dinero reconocidas en la sentencia se indexen; se ordene el pago de intereses desde la ejecutoria de la sentencia; y se condene en costas a la entidad demandada.

$42.000.000.

1. Las sumas de dinero reconocidas en la sentencia se indexen; se ordene el pago de intereses desde la ejecutoria de la sentencia; y se condene en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos

El demandante fundamentó las pretensiones en los siguientes:

1. El CENAC Florencia convocó públicamente a participar en el proceso de selección abreviada de menor cuantía 164 – CENAC FLORENCIA – 2016, cuyo objeto a contratar era «la adquisición de mobiliario y enseres con destino a la fuerza de tarea Júpiter, Brigada Móvi l N° 36 y Brigada Especial contra el narcotráfico Unidades Centralizadas por la central administrativa y contable

“CENAC FLORENCIA”».

1. Mediante la Resolución 188 del 19 de mayo de 2016, se ordenó la apertura y, el 27 de mayo siguiente, se llevó a cabo la d iligencia de cierre, en la queSentencia de segunda instancia Medio de control: Controversias contractuales

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presentaron propuesta el señor Carlos Ever Rosas Sánchez y Héctor Macías Otálvaro y/o Fotocopiadora del Lector.

1. La propuesta de Carlos Ever Rosas era la única que cumplía con los requisitos habilitantes, sin embargo, el 31 de mayo de 2016 se publicaron los informes de evaluación en los que se requirió a Héctor Macías Otálvaro para que subsanara.

habilitantes, sin embargo, el 31 de mayo de 2016 se publicaron los informes de evaluación en los que se requirió a Héctor Macías Otálvaro para que subsanara.

1. El 3 de junio de 2016 presentó objeciones al informe de evaluación, que fueron resueltas el 7 de junio siguiente; sin embargo, no existió un orden de elegibilidad y puntuación definitiva según lo consagrado en el pliego.

1. Mediante la Resolución 192 del 8 de junio de 2016, se adjudicó el proceso a l

señor Héctor Macías Otálvaro.

1. El 9 de junio de 2016 se celebró el Contrato de Suministro 177 entre la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable «Cenac Florencia» y Fotocopiadora El Lector y/o Héctor Macías Otálvaro. El plazo de ejecución era de 4 meses.

1.1.3. Fundamentos jurídicos y concepto de violación.

Consideró trasgredidos los artículos 29, 58, 83 y 209 de la Constitución Política, 863 del Código de Comercio, 3, 23, 24 a 26, 28, 44, 45 y 48 de la Ley 80 de 1993 y 2 de la Ley 1150 de 2007.

Sostuvo que brillaron por su ausencia los principios de lealtad, responsabilidad y eficacia, toda vez que aun cuando existía una sola propuesta que sí cumplía con todas las exigencias jurídicas, financieras, de organización, técnicas, de experiencia y econ ómica, decidió adjudicarle el contrato al señor Macías Otálvaro.

Sobre el proceso de contratación, sostuvo que:

jurídicas, financieras, de organización, técnicas, de experiencia y econ ómica, decidió adjudicarle el contrato al señor Macías Otálvaro.

Sobre el proceso de contratación, sostuvo que:

1. El adjudicatario ofertó precios artificialmente bajos , por tanto, la entidad debía rechazar la propuesta, máxime porque el valor resultó muy inferior al presupuesto oficial que se había fundado en el estudio real del mercado elaborado por la entidad. Indicó que es fabricante de muebles y, por tanto, obtenía ventajas económicas a la hora de ofertar ; además, su propuesta era coherente con ese estudio y con la realidad del sector.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Controversias contractuales

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1. La propuesta presentada por Héctor Otálvaro incurrió en la causal de rechazo relacionada con que la actividad económica no guarde relación directa con el objeto contractual, pues en el certificado de inscripción en el registro mercantil está clasificado en las actividades CIIU 4651, 4741, 4659 y 9511 que corresponden a -) comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática; -) comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, pro gramas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimiento especializados; -) comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.; y -) mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico, por tanto, no cumplía con l a exigencia en el pliego, en cuanto a la

tipos de maquinaria y equipo n.c.p.; y -) mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico, por tanto, no cumplía con l a exigencia en el pliego, en cuanto a la coherencia de la actividad principal porque la actividad principal era la comercialización de otra clase de elementos sustancialmente distintos a los del objeto contractual y «si en gracia de discusión se aceptare que la actividad secundaria 4659 es la que guarda relación con el objeto, erra el evaluador por cuanto de una parte, no es la actividad principal, y de otra, esta solamente incluye “comercio al por mayor de muebles de oficina”, pero deja por fuera el mobiliario de la línea hogar que se exige en la especificaciones, a saber, cama en madera, juego de comedor, juego de mesa con sombrilla y sofá en cuero».

Por el contrario, su actividad principal es la 3110 que corresponde a la fabricación de muebles. Por tanto, Héctor Macías Otálvaro no cumplía, toda vez que su actividad no era la comercialización ni la fabricación de mobiliario que requería la entidad, esp ecialmente, porque solo una de sus actividades secundarias le permitía comercializar mobiliario de oficina, pero no del hogar.

1. El pliego exigió cumplir con las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, para ello, se debía anexar copia de la planilla Pila debidamente pagada, sin embargo, Héctor Macías Otálvaro no cumplió con este requisito, además, en su oferta no se registraron valores pagados por concepto de AFP, EPS, ARP ni entidad recaudadora y tampoco se acreditó que él, como persona natural proponente estuviera a paz y salvo. Este requisito no era subsanable.

se registraron valores pagados por concepto de AFP, EPS, ARP ni entidad recaudadora y tampoco se acreditó que él, como persona natural proponente estuviera a paz y salvo. Este requisito no era subsanable.

1. Héctor Otálvaro no diligenció debidamente el anexo 4, sino que hizo una tabla de contenido que en nada se compadecía con la información que se requería para evaluar, sin embargo, la entidad, injustamente, le permitió subsanar este yerro, aun cuando los asuntos técnicos no pueden ser objeto de subsanación.

1. En la propuesta económica, Héctor Otálvaro anunció que sus productos eran de marca nacional, sin embargo, se informó que el vendedor era Héctor Escarraga, pero noSentencia de segunda instancia Medio de control: Controversias contractuales

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fue claro si era el fabricante o el vendedor y, de otro lado, no se sabía si se trataba de un productor nacional.

1. El adjudicatario no cumplió con las especificaciones técnicas de los ítems 7 a 9, toda vez que anunció que eran muebles de madera, pero el requerimiento del pliego era distinto.

1. El adjudicatario no demostró que contaba con el establecimiento de comercio, toda vez que su actividad era la comercialización de elementos tecnológicos y no la de mobiliario.

1. La oferta de Héctor Otálvaro era condicionada, toda vez que en el documento se indicó que todos los costos que se produjeran en cumplimiento de la garantía técnica

vez que su actividad era la comercialización de elementos tecnológicos y no la de mobiliario.

1. La oferta de Héctor Otálvaro era condicionada, toda vez que en el documento se indicó que todos los costos que se produjeran en cumplimiento de la garantía técnica estarían a cargo del contratista, por tanto, en el evento de que se le adjudicara el contrato y se produjeran eventos que ameritaran la activación de la garantía, podía condicionar a la entidad a que ella asumiera los costos. Este requisito era de carácter técnico habilitante, por tanto, incurría en una causal de rechazo.

1.2. Contestación de la demanda.2

El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda. Aseguró que el proceso de selección fue adelantado conforme al pliego de condiciones que fue aceptado por el demandante con las respectivas observaciones a las cuales se les dio respuesta oportunamente.

Argumentó que los argumentos expuestos por el demandante fueron resueltos y aclarados y no tienen fundamento jurídico ni técnico. Adicionalmente dijo: i) no es cierto que se hayan aceptado precios artificialmente bajos, toda vez que se hicieron los respectivos estudios de mercado previamente por la entidad; ii) la propuesta del señor Otálvaro no estaba inmersa en ninguna causal de rechazo, toda vez que el pliego establecía una congruencia con el objeto contratado y esto fue cumplido, pues era la adquisición de bienes al comercio al por menor de computadores y equipos periféricos que muestran o emiten señales como de televisión; iii) se probó la congruencia económica con comercio al por mayor de otro tipo de maquinaria com o muebles de oficina; iv) se cumplió con la certificación del pago de

televisión; iii) se probó la congruencia económica con comercio al por mayor de otro tipo de maquinaria com o muebles de oficina; iv) se cumplió con la certificación del pago de seguridad social; v) se aportó una certificación que demostró que el oferente era fabricante y vendedor de muebles en la ciudad de Cali; y vi) no existieron irregularidades con las especificaciones técnicas de acreditación de los ítems que se solicitaron y evaluaron.

2 Expediente digitalizado, archivo 4, pág. 66.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Controversias contractuales

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1.3. Sentencia de primera instancia3

En la sentencia proferida el 19 de mayo de 2020 , el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia resolvió denegar las pretensiones de la demanda y no condenar en costas.

Luego de mencionar los aspectos fácticos probados, desató cada uno de los cargos, en los siguientes términos:

1. Precios artificialmente bajos.

Consideró que la parte actora no acreditó su dicho, sino que se limitó a citar normatividad y jurisprudencia del Consejo de Estado . Adicionó que la entidad demandada, a través de la declaración de Luis Miguel Cruz Cuellar, demostró que su gestión estaba encaminada a realizar una evaluación económica de las ofertas, una vez los comités emitieran sus conceptos de aval frente a las condiciones técnicas, jurídicas y financieras, por ello,

la declaración de Luis Miguel Cruz Cuellar, demostró que su gestión estaba encaminada a realizar una evaluación económica de las ofertas, una vez los comités emitieran sus conceptos de aval frente a las condiciones técnicas, jurídicas y financieras, por ello, procedió a revisar los pre cios de cada una de las propuestas, evaluando que ninguna de los ítems superara el precio t echo fijado por la entidad; también dijo que no existieron los precios artificialmente bajos, dado que estos se determinan de acuerdo con los requerimientos de la entidad y se establecieron en el 50% del valor establecido en el presupuesto oficial, lo cual no ocurrió, dado que se bajó el 31% únicamente. Por esto, el a quo resolvió que no estaban acreditados los precios artificialmente bajos.

1. Incompatibilidad de la actividad económica.

Indicó que una causal de rechazo prevista en el pliego de condiciones era que el objeto principal no guardara relación con el objeto contractual. Consideró que no le asistía razón a la parte demandante, toda vez que el objeto estaba encaminado a la adquisición de mobiliario y enseres, entendidos como muebles y/o utensilios para la oficina y el hogar, tales como escritorio y silla gerente, mesa de juntas, soporte para video beam, silla giratoria, televisor, cama, juego de comedor, juego de mesa, sofá, entre otros y, la actividad económica de la Fotocopiadora El Lector según el registro mercantil era la 4651 que hacía referencia al comercio al por mayor de computadores, programas de informática y equipos periféricos que son dispositivos capaces de imprimir, mostrar o emitir señales que sean fácilmente interpretables por el usuario, como televisor, entre otros.

referencia al comercio al por mayor de computadores, programas de informática y equipos periféricos que son dispositivos capaces de imprimir, mostrar o emitir señales que sean fácilmente interpretables por el usuario, como televisor, entre otros.

3 Archivo 3, pág. 2.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Controversias contractuales

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Añadió que también se demostró que otra de las actividades económicas de la Fotocopiadora El Lector era la 4659 referente al comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria, dentro de la cual se encontraban los mueble s de oficina y utensilios domésticos. Por ello adujo que la propuesta de Héctor Macías sí tenía relación con el objeto a contratar.

1. Incumplimiento de obligaciones para con el Sistema General de Seguridad

Social.

Sostuvo que la Fotocopiadora del Lector allegó constancia del pago de afiliados por parte de Asopagos S.A. en la que se certificó que su entidad canceló todos los aportes a seguridad social de sus empleados, salvo del señor Yeison Rodríguez González. A partir de esto, indicó que al no existir claridad y en virtud de las objeciones, el proponente allegó la certificación expedida por un contador público dio cuenta de esos pagos.

Por lo anterior, arguyó que no le asistía razón al demandante, toda vez que Héctor Macías cumplió con lo requerido en el pliego de condiciones, esto es, con la certificación expedida del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

Por lo anterior, arguyó que no le asistía razón al demandante, toda vez que Héctor Macías cumplió con lo requerido en el pliego de condiciones, esto es, con la certificación expedida del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

1. Incumplimiento de las exigencias técnicas.

Dijo que, efectivamente, el anexo 4 del pliego de condiciones no fue debidamente diligenciado por Fotocopiadoras del Lector, toda vez que no se hizo una descripción detallada de los factores ofrecidos, sin embargo, una vez se publicó la evaluación jurídica de las ofertas, se presentaron las objeciones y se hicieron las correcciones pertinentes, por ello, el oferente presentó subsanó y presentó nuevamente el Anexo 4. Aunado a esto, señaló que en el pliego de condiciones no se indicó que esta subsanación estu viese prohibida, por tanto, no se configuró ninguna causal de rechazo.

1. Incongruencia de la oferta económica.

Argumentó que en virtud de las objeciones realizadas al informe de evaluación, se aportó una certificación expedida el 2 de junio de 2016, en el cual se indicó que Héctor Emilio Escarriaga Jiménez representaba una empresa de fabricación y comercialización de muebles de oficina de marca nacional, por tanto, no existía motivo para rechazar la propuesta.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Controversias contractuales

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1. Incumplimiento de las especificaciones técnicas.

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1. Incumplimiento de las especificaciones técnicas.

Arguyó que sí fue cumplida por Héctor Macías, toda vez que con la propuesta aportó el anexo 1, en el cual hizo la descripción detallada de los ítems solicitados, así mismo, acreditó la garantía técnica, que contaba con un establecimiento de comercio y que estaba relacionado con la actividad que le permitía el desarrollo del contrato, situación distinta era la acontecida con los diseños de los implementos que fueron ofrecidos, lo cuales, según el pliego de condiciones, eran criterio para la asignación de puntaje y frente a los cuales el oferente Héctor Macías cumplió pese a que en los ítems los describió como «escritorio en madera» que no correspondía al material referido en el pliego, «teniendo en cuenta que el diseño va encaminado a la forma, dibujo del mueble, entendido esto como la figura, el aspecto físico, y no las características en su constitución, las cuales estaban claramente descritas en cada uno de los ítems desarrollado en el Anexo No. 1, y que como se indicó líneas atrás se hizo conforme a las estipulaciones exigidas.»

Por lo anterior estimó que el oferente Héctor Macías sí cumplió con las exigenc ias establecidas en el pliego de condiciones referentes a las especificaciones técnicas, al punto que el comité técnico consideró que estaba habilitado para continuar con el proceso de contratación.

1. Condicionamiento de la oferta.

Sostuvo que en la certificación aportada por el oferente no se indicó que los costos que se

que el comité técnico consideró que estaba habilitado para continuar con el proceso de contratación.

1. Condicionamiento de la oferta.

Sostuvo que en la certificación aportada por el oferente no se indicó que los costos que se produjeran en cumplimiento de la garantía técnica estarían a cargo del contratista. Además, que el término de respuesta de la garantía solicitada correspondía a la aportada con el oferente Fotocopiadora del Lector en razón a que el término de respuesta de garantía se entendía como el tiempo al que se compromete el oferente en caso de ser adjudicado el proceso, a dar respuesta a los requerimientos que se presentaran por defectos de calidad y/o de fabricación de los bienes a adquirir.

1. Incumplimiento de exigencia de establecimiento de comercio.

Se remitió a los acápites anteriores, para indicar que Héctor Macías cumplió con la exigencia del establecimiento de comercio, tal como lo acreditó con el certificado de matrícula mercantil relacionado con el objeto contractual.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Controversias contractuales

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A más de lo anterior, con sideró que no se probaron las causales de nulidad de falsa motivación y desviación de poder, toda vez que la adjudicación estuvo ajustada al pliego de condiciones y a la ley que regula el proceso de selección abreviada de menor cuantía.

1.4. Recurso de apelación.4

motivación y desviación de poder, toda vez que la adjudicación estuvo ajustada al pliego de condiciones y a la ley que regula el proceso de selección abreviada de menor cuantía.

1.4. Recurso de apelación.4

Inconforme con la decisión, la parte demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

Alegó que el litigio debió centrarse en la discusión sobre el carácter sustancial de los requisitos que fueron subsan ados irregularmente por parte del proponente que resultó adjudicatario, pues finalmente esta es la causal que vició el acto, conforme a lo expuesto en la demanda, en particular, en cuanto a las exigencias de carácter técnico que fue incumplido por el adjudicatario.

Señaló el contenido del Anexo 4 para señalar que Héctor Otálvaro no diligenció debidamente el formato, sino que «hizo una suerte de tabla de contenido que en nada se compadece con la información que se requiere para evaluar», por tanto, incurri ó en las causales de rechazo de los literales e), m) y r) del pliego, sin embargo, injustamente se le permitió subsanar, aun cuando se trataba de asuntos técnicos.

Agregó que el proponente no cumplía con el criterio establecido para la asignación de puntaje por acreditación del diseño de mobiliario, sino que se limitó a presentar a nivel de dibujo el supuesto diseño, pero no ofrecía los elementos técnicos ni descripciones para los diseños, en consecuencia, se le debía asignar 0 puntos por ese criterio.

También aseveró que no se cumplieron las especificaciones técnicas de los ítems 7 a 9 de

diseños, en consecuencia, se le debía asignar 0 puntos por ese criterio.

También aseveró que no se cumplieron las especificaciones técnicas de los ítems 7 a 9 de la Brigada Móvil 36 y 6 y 10 a 12 de la Fuerza de Tarea Júpiter, toda vez que se anunció que se trataba de muebles en madera cuando el requerimiento del pliego era diferente. Manifestó que el a quo omitió hacer el análisis de la imposibilidad de subsanar estas cuestiones por tratarse de elementos objetivos de la oferta.

Afirmó que la prueba de los precios artificialmente bajos reposa en el expediente, pues en el estudio previo del proceso de selección, se incluyó el estudio de mercado realizado por la entidad, «donde se denota la brecha inmensa entre el valor calculado po r la entidad en

4 Expediente digitalizado, archivo 5, pág. 26.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Controversias contractuales

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la fase de planeación del proceso y el ofertado por el adjudicatario» , en consecuencia, la propuesta debía ser rechazada al tenor del artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015.

Indicó que el a quo encontró conforme que se hubiera aceptado una actividad secundaria, sin perjuicios de lo que se había establecido en el pliego de condiciones, por ello, se debía rechazar la propuesta a la luz del literal i) «cuando el objeto principal de la persona jurídica,

sin perjuicios de lo que se había establecido en el pliego de condiciones, por ello, se debía rechazar la propuesta a la luz del literal i) «cuando el objeto principal de la persona jurídica, consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura o la actividad económica de la persona natural no guarde relación directa o congruencia con el objeto contractual».

Arguyó que lo mismo ocurrió con el requisito de establecimiento de comercio, toda vez que el pliego exigía que el proponente acreditara la existencia de este dedicado exclusivamente a la venta y comercialización de mobiliario y enseres y la actividad del oferente era la comercialización de elementos tecnológicos, no de mobiliario.

Indicó que tampoco cumplió con el requisito de aportar la planilla Pila pagada, pues el documento no registró los valores pagados a la entidad recaudadora y tampoco que él hiciera aportes al sistema general de seguridad social; «sin embargo, en el proceso se permitió la subsanación de este requisito, siendo que reiteradamente ha dicho la jurisprudencia que el oferente “no solo debe tener la capacidad jurídica y las condiciones suficientes para ejecutar el objeto contractual sino que también debe demostrarla s acreditando todos los elementos integrantes, salvo aquellos respecto de los cuales la ley establezca una presunción de existencia».

1.5. Trámite de segunda instancia.5

1.5.1. Admisión del recurso de apelación.

En el auto del 15 de octubre de 2020, se resolvió admitir el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia el 19 de mayo de 2020 (pág. 48).

1.5.2. Alegatos de conclusión.

por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia el 19 de mayo de 2020 (pág. 48).

1.5.2. Alegatos de conclusión.

Mediante el auto proferido el 27 de octubre de 2020 , se corrió a traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente (pág. 53).

5 Expediente digitalizado, archivo 5.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Controversias contractuales

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1.5.2.1. Parte demandante. Volvió sobre los argumentos de la alzada. (pág. 57)

1.5.2.2. Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. Guardó silencio.

1.5.2.3. Ministerio Público. No emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

En esta instancia, corresponde a la Sala determinar si al señor Carlos Ever Rosas Sánchez

sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

En esta instancia, corresponde a la Sala determinar si al señor Carlos Ever Rosas Sánchez tenía derecho a ser adjudicatario del Contrato de Suministro 177 del 9 de junio de 2016 en el proceso de selección abreviada de menor cuantía 164-CENAC FLORENCIA-2016, toda vez que presentó la mejor propuesta y el otro oferente, es decir, la Fotocopiadora El Lector no cumplió con los requisitos objetivos.

Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial sobre el principio de selección objetiva , el pliego de condiciones y la subsanabilidad de los requisitos ; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto. En este se abordará cada uno de los argumentos de la alzada.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Del principio de selección objetiva.

El principio de selección objetiva rige todas las actuaciones relacionadas con el proceso contractual y se encuentra sometida a la Constitución Política, lo que sin duda se ve reflejado en la necesidad de garantizar el cumplimiento de otros principios, verbigracia, los de transparencia y buena fe.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Controversias contractuales

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En efecto, el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 estableció que es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general cualquier clase de motivación subjetiva.

La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 14 de febrero de 2012 dentro del proceso con número interno 38.924, se pronunció sobre el principio de selección objetiva en los siguientes términ