TA CHO - 27001233300020160006500-(28-10-2022)

1 de 25 Sentencia N/R 1ª instancia Radicado 270012 333 000 2016 0065 00

Demandante: María Libia Mosquera Mosquera y Otros.

Demandada: Nación - Min Educación y Otros.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCO

SENTENCIA No.153

Quibdó, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiuno (2022)

REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 270012 3330002016 00065 00

MEDIO DE CONTOL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

ACTOR: MARÍA LIBIA MOSQUERA MOSQUERA Y OTROS.

CONTRA: NACIÓN - MIN EDUCACIÓN Y OTROS.

MAGISTRADA PONENTE: DRA. NORMA MORENO MOSQUERA

I. ANTECEDENTES: Actuando a través de apoderado judicial se instauró medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, promovida por la señora MARÍA LIBIA MOSQUERA MOSQUERA Y OTROS. , contra la NACIÓN COLOMBIANAMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL; LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL

PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO DE TADÓ , con la cual se pretende que esta Corporación declare la nulidad del Oficios de fecha 05 de diciembre de 2014.

Pretensiones Las pretensiones que se formulan en la demanda son las siguientes:

CASTILLO DE TADÓ , con la cual se pretende que esta Corporación declare la nulidad del Oficios de fecha 05 de diciembre de 2014.

Pretensiones Las pretensiones que se formulan en la demanda son las siguientes: “Primera: Que su despacho declare la nulidad del oficio sin número (acto administrative) de fecha 05 de diciembre de 2014 expedido por el se ñor Rector de la INSTITUCI ON EDUCATIVA NORMA L S UPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO DE TADO, Docente Rafael Alberto Geovo Gutiérrez, mediante el cual dicha Institución Educativa, niega la existencia de una relación laboral del orden legal y reglamentaria con mis mandantes y el page de sus derechos prestacionales laborales. Que por el contrario se rec onozca o declare por parte de su señoría, la existencia de dicha relación laboral del orden legal y reglamentaria, entre la INSTITUCION EDUC ATIVA NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO DE TADO y mis poderdantes, durante el tiempo que estuvieron2 de 25 Sentencia N/R 1ª instancia Radicado 270012 333 000 2016 0065 00

Demandante: María Libia Mosquera Mosquera y Otros.

Demandada: Nación - Min Educación y Otros.

vinculados mis mandantes en dicha Institución Educativa, con ANTONIO GUADALUPE ANDRADE, por un término de 5 años, 4 meses y 12 días; respecto a LUIS ARIEL MOSQUERA (q.e.p.d.), por 6 años y 5 meses.

Segunda: Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, su despacho ordene a la Institución Educativa

LUIS ARIEL MOSQUERA (q.e.p.d.), por 6 años y 5 meses.

Segunda: Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, su despacho ordene a la Institución Educativa accionada, le reconozca y pague a mis poderdantes señores LUIS ARIEL MOSQUERA PALACIOS ( q.e.p.d.) y ANTONIO GUADALUPE ANDRADE MOSQUERA, por el tiempo de servicio prestado con ANTONIO GUADALUPE ANDRADE, por un término de 5 años, 4 meses y 12 días, respecto a LUIS ARIEL MOSQUERA (q.e.p.d.), por 6 años y 5 meses, las prestaciones sociales (prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, cesantías, intereses a la cesantías), con sus respectivos intereses; así como también, la sanciona moratoria por el no pago a tiempo de las cesantías definitivas; las horas extras diurnas y nocturnas, domingos y festivos; todo lo anterior por un valor de, respecto a ANTONIO GUADALUPE ANDRADE, Ochenta y Cuatro Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Doscien tos Treinta y Nueve Pesos - m/c. ($84,634,239m/c.), y respecto a LUIS ARIEL MOSQUERA (q.e.p.d.), Noventa y Un Millones Doscientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Noventa Pesos - m/c. ($91,294,990 - m/c.); lo cual se presentara concepto a concepto en el acápite de cuantía y liquidación de esta Acción Judicial. Por otro lado, se le ordene también realizar las cotizaciones y pagos en salud, pensión y demás derechos laborales, correspondientes a dichos periodos

cuantía y liquidación de esta Acción Judicial. Por otro lado, se le ordene también realizar las cotizaciones y pagos en salud, pensión y demás derechos laborales, correspondientes a dichos periodos Tercera: La condena respectiva será actualizada de conformidad con el correspondiente AJUSTE DE VALOR, liquidado con la variación promedio mensual de índices de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos u omisión, hasta la ejecutoria de la sentencia.

Cuarta: La sentencia exigirá el cumplimiento de los artículos 188, 192 y 195 del

CPAQA. Hechos Los fundamentos de hecho son los siguientes: “Primero: La INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO DE TADO, es una entidad de carácter Estatal, creada u organizada para prestar el servicio público educativo, en el Municipio de Tadó, Departamento del Chocó, conforme a los términos o lineamientos contenidos en la ley 115 de 1994 -y demás normas concordantes.

Segundo: Mediante ordenes de trabajo escritas a término fijo inicialmente, las que después con el tiempo no se volvieron a realizar pero se mantenía la relación laboral y la prestación normal del servicio (se prorrogaron automáticamente), mis poderdantes laboraron para la NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO DE TADO, en calidad de celadores o vigilantes, el señor ANTONIO GUADALUPE ANDRADE, desde el 18 de febrero de 2002 y LUIS ARIEL MOSQUERA (q.e.p.d.), desde el 01 de febrero 2001, hasta el 30 de junio de 2007, fecha en la cual la entidad dio por terminado unilateralmente los contratos de trabajo.3 de 25

MOSQUERA (q.e.p.d.), desde el 01 de febrero 2001, hasta el 30 de junio de 2007, fecha en la cual la entidad dio por terminado unilateralmente los contratos de trabajo.3 de 25 Sentencia N/R 1ª instancia Radicado 270012 333 000 2016 0065 00

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Tercero: Que como salario para los dos, se pactó la suma de TRECIENTOS MIL PESOS ( 300.000.00) M/CTE, pagaderos mensualmente, suma que se mantuvo contaste hasta el 31 de diciembre del 2006, y de enero a junio del 2007, la suma de

QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS (590.000.00) M/CTE.

Cuarto: Ambos ejecutaron sus labores en forma personal y subordinadas, bajo las órdenes e instrucciones del empleador y cumpliendo el horario establecido por este.

Quinto: Que la relación laboral con el señor ANTONIO GUADALUPE ANDRADE se mantuvo por un término de 5 años, 4 meses y 12 días; respecto a LUIS ARIEL MOSQUERA (q.e.p.d.), por 6 años y 5 meses.

Sexto: Que la Institución Educativa, invoco como causa de terminación del contrato de trabajo con mis poderdantes, la ausencia de disponibilidad presupuestal para garantizar el funcionamiento y sostenimiento de todo el personal contratado.

Séptimo: Que no siendo causa justa lo invocado por la Institución Educativa, la misma le adeuda a los suscritos salaries, indemnización por despido injusto, las

garantizar el funcionamiento y sostenimiento de todo el personal contratado.

Séptimo: Que no siendo causa justa lo invocado por la Institución Educativa, la misma le adeuda a los suscritos salaries, indemnización por despido injusto, las prestaciones sociales, intereses moratorios a la cesantía, horas extras diurnas y nocturnas, dominicales y festivos; sin que hasta la fecha hayan sido canceladas.

Octavo: Que mis poderdantes citaron al representante legal en su momento de esta Institución a conciliación, la cual se celebró el día 09 de mayo del 2006, y en la que el representante legal se comprometió a cancelar los salarios adeudados, bajo la condición de que ellos por su parte renunciaran a sus derechos de recla mar las prestaciones sociales. Lo que se tiene por no escrito, y además es temerario y de mala fe, por lo que se configura la mala fe del emp leador y se deviene entonces el pago de la sanción moratoria de la cesantía.

Noveno: Que mis prohijados y otro compañero presentaron demanda en la jurisdicción laboral y esta se declare incompetente frente a ellos, por ser del resorte de la jurisdicción contenciosa administrativa, debido a la calidad de empleados o funcionarios públicos que ostentaban en su momento. No sucedió lo mismo con el compañero de proceso señor José Apolonides Mosquera Orejuela, pues la jurisdicción laboral determin o que este era trabajador oficial por el empleo que desempeño en esa Institución y por eso frente a él asumió conocimiento.

Decimo: Que la jurisdicción laboral mediante sentencia de primera instancia número: 009 del 25 de agosto de 2011, expedida por el Juzgado Civil del Circuito de Istmina; y confirmada mediante sentencia de segunda instancia, expedida por el

Decimo: Que la jurisdicción laboral mediante sentencia de primera instancia número: 009 del 25 de agosto de 2011, expedida por el Juzgado Civil del Circuito de Istmina; y confirmada mediante sentencia de segunda instancia, expedida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, reconoció y ordeno a la NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO DE TADO, pagar los derechos laborales reclamados al compañero de proceso señor José Apolonides Mosquera Orejuela; y se abstuvo de hacerlo en relación con mis mandantes, por no ser de su competencia, conforme a lo narrado en el numeral anterior.

Decimoprimero: Que, por tal razón, debemos solicitar a la administración de justicia en lo contencioso administrative, el reconocimiento y pago de los derechos laborales de mis poderdantes.4 de 25

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Demandante: María Libia Mosquera Mosquera y Otros.

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Fundamentos de derecho, normas violadas y concepto de la violación

La parte actora acusó como violados las siguientes normas:

Constitución política art. 1, 2, 6, 13, 25, 53, 90. Principio de primacía de la realidad sobre la forma del contrato. Ley 244 de 1995 art. 2 parágrafo único; subrogado por el art. 5 de la Ley 1071 de 2006 Trámite del proceso La demanda fue inadmitida mediant e auto Interlocutorio No. 321 del 15 de julio de 2016. (Folio 132).

2006 Trámite del proceso La demanda fue inadmitida mediant e auto Interlocutorio No. 321 del 15 de julio de 2016. (Folio 132). Mediante auto Interlocutorio número 464 del 01 de diciembre de 2016, se admitió el presente medio de control. (Folio 142). El día 17 de febrero del 2021 se celebró audiencia inicial, etapa en la que se saneo el proceso, se pronunció sobre las excepciones, se fijó el litigio, se agotó la etapa de conciliación y se decretaron pruebas. Posición de la entidad demandada Secretaria de Educación Departamental del Choc ó en Administración Temporal - Institución Educativa Normal Superior de Tadó. Mediante memorial el 18 de abril de 2017, la parte demandada contestó la demanda, se opuso a las pretensiones alegando que desde la fecha de la c ausación y exigibilidad del derecho ( 07 de junio de 2007 a la fecha de presentación de la solicitud y/o reclamación 07 de noviembre de 2014 ) ha trascurrido más del tiempo determinado por la Ley, para que opere el fenómeno jurídico de la prescripción trienal del derecho demandado. Para el caso que nos ocupa, se debe iniciar diciendo que los señores Luis Ariel Mosquera Palacios que en paz descanse y Antonio Guadalupe Andrade Mosquera finalizaron su relación laboral con la Institución Educativa Normal Superior Demetrio Salazar Castillo de Tadó el día 07 de junio de 2.007, tiempo después el apoderado de la parte accionante presentó petición respecto del reconocimiento y pago de las prestacionessociales de los anteriormente referenciados el día 07 de noviembre

Salazar Castillo de Tadó el día 07 de junio de 2.007, tiempo después el apoderado de la parte accionante presentó petición respecto del reconocimiento y pago de las prestacionessociales de los anteriormente referenciados el día 07 de noviembre de 2.014, solicitud que fue resuelta por la Institución Educativa de manera desfavorable mediante oficio del día 05 de diciembre de 2.014 con notificación surtida en la misma fecha. Es preciso advertir entonces que a la fecha de la presentación de la soli citud por parte del apoderado respecto al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, esto es, el día 7 de noviembre de 2.014, ya habían transcurrido más de tres (3) años desde el momento en que se causó el derecho, presentándose en consecuencia la excepción previa aquí planteada, esto es, la prescripción de los derechos laborales reclamados. (folios 163-174)5 de 25 Sentencia N/R 1ª instancia Radicado 270012 333 000 2016 0065 00

Demandante: María Libia Mosquera Mosquera y Otros.

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Alegatos En el expediente no exist e constancia procesal de pronunciamiento de la parte demandante y demandada, ni del Ministerio Público, en esta etapa de alegaciones finales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia El Tribunal es competente para resolver el presente asunto de conformidad con lo establecido en el artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo que dispone:

“ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN

establecido en el artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que dispone: “ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

1. De la nulidad de actos administrativos expedidos por funcionarios u organismos del orden departamental, o por las personas o e ntidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden.

Igualmente, de los de nulidad contra los actos administrativos proferidos por funcionarios u organismos del orden distrital y municipal, relativos a impuestos, tasas, contribuciones y sanciones relacionadas con estos asuntos.

No se observa la existencia de causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que procede el Tribunal a pronunciarse de fondo en el presente asunto.

3. Problema jurídico Le corresponde al Tribunal decidir, si es procedente declarar la existencia de una relación laboral entre NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –

ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ –LA INSTITUCION EDUCATIVA NOR MAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO DE TADÓ y los señores LUIS ARIEL MOSQUERA PALACIOS (q.e.p.d.) y ANT ONIO GUADALUPE ANDRADE MOSQUERA, y si como consecuencia de ello se le deben reconocer las acreencias reclamadas, prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, cesantías, con sus respectivos intereses, la sanción moratoria por el no pago a tiempo de las cesantías definitivas, las horas extras diurnas y nocturnas, domingos y festivos, por el tiempo servido.

con sus respectivos intereses, la sanción moratoria por el no pago a tiempo de las cesantías definitivas, las horas extras diurnas y nocturnas, domingos y festivos, por el tiempo servido. De acuerdo con lo expresado anteriormente, el estudio de la Sala se centrará a desarrollar lo siguiente i. Marco legal aplicable al contrato de prestación de servicios; ii. Prescripción en aplicación al contrato realidad; iii. De la interpretación de la demanda y sus contornos legales y, iv. Caso concreto.

2. EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO – El contrato realidad y las relaciones laborales.6 de 25

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La vinculación por contratos de prestación de servicios se rige por el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 19931. El artículo mencionado prevé expresamente que, en ningún caso, dicho tipo de contratos «[…] generan relación laboral ni prestaciones sociales […]».

De acuerdo con el aparte transcrito del artículo 32 ejusdem, debe entenderse que el legislador reglamentó en d icha norma una presunción según la cual, la celebración de contratos de prestación de servicios no genera en ningún caso una relación laboral entre contratante y contratista o el derecho al pago de prestaciones sociales en favor de este último.

3. De los ele mentos necesarios para que se configure una relación de carácter laboral.

El artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo consagra los elementos esenciales de un contrato de trabajo. En ese sentido, la norma prescribe que:

3. De los ele mentos necesarios para que se configure una relación de carácter laboral.

El artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo consagra los elementos esenciales de un contrato de trabajo. En ese sentido, la norma prescribe que:

“Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres2 elementos esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio. ii. Una vez reunidos los tres elementos de que trat a este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.”

En los casos en que se discute la existencia de una verdadera relación laboral derivada de la ejecución de un contrato de prestación de servicios, es necesario que se demuestre en forma incontrovertible los tres elementos de la relación laboral, esto es: i. La prestación personal del servicio, la cual debe darse de manera permanente; ii. La remuneración respectiva y especialmente, iii. La subordinación y dependencia en el desarrollo de una función pública, de modo que no quede duda acerca del desempeño del contratista en las mismas condiciones de cualquier otro

permanente; ii. La remuneración respectiva y especialmente, iii. La subordinación y dependencia en el desarrollo de una función pública, de modo que no quede duda acerca del desempeño del contratista en las mismas condiciones de cualquier otro

1 «Artículo 32. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: […]

3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la e ntidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones so ciales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. […]»

2 El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C -686 de 2000, bajo los condicionamientos señalados en el numeral 2.4 de la parte motiva de esta sentencia.7 de 25 Sentencia N/R 1ª instancia Radicado 270012 333 000 2016 0065 00

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servidor público, siempre y cuando la subordinación que se alega no se enmarque simplemente en una relación de coordinación entre las partes para el desarrollo del contrato, en virtud de las particularidades de la actividad para la cual fue suscrito.

servidor público, siempre y cuando la subordinación que se alega no se enmarque simplemente en una relación de coordinación entre las partes para el desarrollo del contrato, en virtud de las particularidades de la actividad para la cual fue suscrito.

En este orden de ideas, la viabilidad de las pretensiones encaminadas a la declaración de una relación laboral debe encontrar un sustento claro y preciso en la actividad probatoria que la parte demandante lleva a cabo a fin de desvirtuar la naturaleza contractual de la relación est ablecida y la presencia real dentro de la actividad desplegada de los elementos anteriormente señalados, especialmente el de subordinación, que como se mencionó, es el que desentraña fundamentalmente la existencia de una relación laboral encubierta.

El Consejo de estado en varias decisiones3 ha reiterado la necesidad de que cuando se trata de una relación laboral, se acrediten de manera irrefutable los tres elementos que le son propios, ya indicados.

Contrario sensu, se constituye una relación contractual, regida por la Ley 80 de 19934 cuando se pacta la prestación de servicios relacionados con la administración o funcionamiento de la entidad pública; el contratista es autónomo en el cumplimiento de la labor contratada; se le pagan honorarios po r los servicios prestados; y, la labor convenida no puede realizarse con personal de planta o requiere conocimientos especializados.

Sobre esta última condición para suscribir contratos de prestación de servicios, vale la pena señalar, que se debe restringir a aquellos casos en los que la entidad pública requiere adelantar labores ocasionales, extraordinarias, accidentales o que temporalmente exceden su capacidad organizativa y funcional, porque, si contrata por prestación de servicios personas que debe n desempeñar exactamente las

requiere adelantar labores ocasionales, extraordinarias, accidentales o que temporalmente exceden su capacidad organizativa y funcional, porque, si contrata por prestación de servicios personas que debe n desempeñar exactamente las mismas funciones que de manera permanente se asignan a los demás servidores públicos, se desdibuja dicha relación contractual.

Si se quiere examinar la desnaturalización que de tanto en tanto se denuncia en la jurisdicción contencioso administrativa para hacerle producir los verdaderos efectos jurídicos al trabajo remunerado enquistado en el contrato de prestación de servicios es menester acudir a la Sección Segunda del Consejo de Estado que ha venido labrando una paciente pero fructífera tarea de interpretación de la realidad funcional que las entidades públicas finalmente suscriben para la realización de sus fines inherentes específicos.

Esa historia tuvo precisamente, eco doctrinal y jurisprudencial en fallos como el de 23 de junio de 2005, proferido dentro del expediente 02455 (M.P. Jesús María Lemos Bustamante), la necesidad de que se acrediten fehacientemente los tres elementos propios de una relación de trabajo, pero en especial que se demuestre que la labor se prestó en forma subordinada y dependiente respecto del empleador. Razonó de la siguiente manera:

3 Entre otros, sentencia de 23 de junio de 2005 proferida en el expediente No. 245 con ponencia del Dr. Jesús María Lemos Bustamante.

4 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección “B”, consejero

María Lemos Bustamante.

4 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección “B”, consejero ponente: JESÚS MARÍA LEMOS BUSTAMANTE; Sentencia del 23 de junio de 2005, Radicación número: 18001 -23-31-000-1998-00027-01(245-03), Actor: Esther Cruz Olay a, Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Autoridades Nacionales.8 de 25 Sentencia N/R 1ª instancia Radicado 270012 333 000 2016 0065 00

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“De acuerdo con lo anterior, en un plano teórico y general, cuando existe un contrato de prestación de servicios entre una persona y una entidad pública y se demuestra la existencia de los tres elementos propios de toda relación de trabajo, esto es, subordinación, prestación personal y remuneración, surge el derecho a que sea reconocida una relación de trabajo que, en consecuencia, confiere al trabajador las prerrogativas de orden prestacional....

De acuerdo con las pruebas que obran en el proceso, la dem andante estuvo vinculada mediante contratos de prestación de servicios u órdenes de servicios durante los períodos que se encuentran señalados en el acápite de hechos probados”.

Tal tesis, se contrapone a jurisprudencia anterior en la que se sostuvo que e ntre contratante y contratista puede existir una relación de coordinación en sus actividades, de manera que exista un sometimiento a las condiciones necesarias

probados”.

Tal tesis, se contrapone a jurisprudencia anterior en la que se sostuvo que e ntre contratante y contratista puede existir una relación de coordinación en sus actividades, de manera que exista un sometimiento a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el cumplimiento de hor ario, o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados, sin que signifique necesariamente la configuración de un elemento de subordinación.

Lo anterior significa que el contrato de prestación de servicios puede ser desvirtuado cuando se demuestra la subordinación o dependencia respecto del empleador en la prestación de servicios personales y remunerados a favor de una entidad pública y, en ese evento, surgirá el derecho al pago de presta ciones sociales a favor del contratista en aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas en las relaciones laborales; para llegar a estas conclusiones, no debe asaltarse a la duda al juzgador en cuanto la circunstancia de que “ consciente y libremente el trabajador haya aceptado las condiciones de contratación que le fueron planteadas en el contrato de prestación de servicios resulta indiferente en una situación como la que en abstracto se ha planteado, pues ni aún el consentimiento puede considerarse como expediente válido para que el trabajador renuncie a los beneficios prestacionales que la ley prevé en su favor, según lo dispuso el artículo 53 de la Constitución”6, “no obstante haber una formalidad distinta, prima el vínculo real por concurrir en él los elementos requeridos, la prestación personal, la subordinación y la remuneración” pues en puridad de verdad, es insostenible que existen relaciones de coordinación, cuando la actividad de la actora se llevó a efecto de conformidad

concurrir en él los elementos requeridos, la prestación personal, la subordinación y la remuneración” pues en puridad de verdad, es insostenible que existen relaciones de coordinación, cuando la actividad de la actora se llevó a efecto de conformidad con las orientaciones emanadas de la entidad mencionada, y no de otra forma o bajo su propia dirección y gobierno.

La línea jurisprudencial en cuanto al reconocimiento de los efectos laborales desnaturalizados de un contrato de prestación de servicios está ricamente documentada en las siguientes sentencias:

1. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, consejero ponente: ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO; Sentencia de agosto 14 de 2003, Radicación número: 17001-23-31-000-1999-0526-01(359001), Actor: Jorge Andrés Hincapié Correa, Demandado: Hospital de Caldas –

Empresa Social del Estado, Asuntos Municipales.

2. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección “B”, Consejero ponente: JESÚS MARÍA LEMOS BUSTAMANTE; Sentencia del 5 de mayo de 2005, Radicación número: 88001 -23-31-000-20026 Ib.9 de 25

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Demandada: Nación - Min Educación y Otros.

00071-01(3731-03), Actor: Silvestre Mc Lean Martínez, Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena, Autoridades Nacionales.

Demandada: Nación - Min Educación y Otros.

00071-01(3731-03), Actor: Silvestre Mc Lean Martínez, Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena, Autoridades Nacionales.

3. Consejo de E stado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección "A", consejero ponente: ALBERTO ARANGO MANTILLA; Sentencia del 7 de septiembre 2006, Radicación número: 68001-23-15-000-1999-0216601(9358-05), Actor: Libardo Rueda Gutiérrez, Demandado: Municipio de

Floridablanca – Santander.

4. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección “B”, Consejero ponente: VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA; Sentencia del 28 de enero de 2010, Radicación número: 25000-23-25-000-200103195-01 (0782 -08), Actor: Yuri Gutiérrez Flórez, Demandado: Hospital San

Rafael de Girardot, Autoridades Departamentales.

5. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección "B", consejero ponente: VÍCTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA; Sentencia del 27 de enero de 2011, Radicación número: 05001-23-31-000-199803542-01 (0202-10), Actor: Gloria Mileidy Giraldo Giraldo, Demandado: Municipio de Rionegro – Antioquia.

Corolario de lo dicho es que i. El Estado que infringe el ordenamiento jurídico al contratar por medio irregular los servicios de personal, eludiendo los requisitos de la

de Rionegro – Antioquia.

Corolario de lo dicho es que i. El Estado que infringe el ordenamiento jurídico al contratar por medio irregular los servicios de personal, eludiendo los requisitos de la existencia del cargo en la planta de personal, del presupuesto, del acto administrativo de nombramiento y de la posesión, convirtiendo el contrato de prestación de servicio en u