TA CHO - 27001233300020160013500-(28-10-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCO

Quibdó, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintidós (2022).

SENTENCIA No. _0180_/

REFERENCIA: 27001233300020160013500

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

ACCIONANTE: ADRIANA PÉREZ PINILLA Y OTROS

ACCIONADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO

NACIÓN – POLICÍA NACIONAL Y ARMADA

NACIONAL

MAGISTRADA PONENTE: Dra. MIRTHA ABADÍA SERNA

Una vez agotados los trámites del proceso y no advirtiéndose la presencia de nulidad que impida abordar el fondo del asunto, se profiere fallo de primera instancia dentro del medio de control de la referencia.

I. ANTECEDENTES

LA DEMANDA

Por intermedio de apoderado el señor ADRIANA PÉREZ PINILLA Y OTROS presentaron demanda de reparación directa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, en contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIÓN – POLICÍA NACIONAL Y ARMADA NACIONAL, para que con citación y audiencia de los representantes legales de la entidad demandada y el Ministerio Público, previo los trámites de un proceso ordinario, se hagan las siguientes o similares que se trascriben a continuación:

I.I. DECLARACIONES Y CONDENAS

Como pretensiones solicitó las que se sintetizan:

ordinario, se hagan las siguientes o similares que se trascriben a continuación:

I.I. DECLARACIONES Y CONDENAS

Como pretensiones solicitó las que se sintetizan:

Que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a las demandadas por los daños derivados de la muerte del señor Narcilo Acosta Lozano por artefacto explosivo ( mina antipersonal) y en consecuencia se condene al pago de los perjuicios materiales e inmateriales.

Igualmente solicitó que se le diera cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187,188 y 192 del CPACA.

I.II. HECHOS Y OMISIONES

Expresó como fundament os fá cticos que sustentan las pretensiones los que a continuación se trascriben en lo pertinente incluso con errores:

“1. El pasado 08 de Septiembre de 2015 falleció el Señor NARCILO ACOSTA LOZANO, en el Municipio de Bahía Solano – Chocó, hecho ocurrido en un playa del referido Municipio.Medio de control de Reparación directa Radicado numero: 27001233300020160013500

Accionante: Adriana Pérez Pinilla y otros Accionado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional – Armada Nacional.

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2. La Cruz Roja Internacional puso en conocimiento de la URI en turno de la Fiscalía General de la Nación del Municipio de Quibdó Chocó, que en el amorgue

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2. La Cruz Roja Internacional puso en conocimiento de la URI en turno de la Fiscalía General de la Nación del Municipio de Quibdó Chocó, que en el amorgue del ceme nterio San José del Municipio de Quibdó – Chocó, se encontraba un cuerpo sin vida, tratándose del Señor NARCILO ACOSTA LOZANO.

3. El deceso o muerte del Señor NARCILO ACOSTA LOZANO ocurrió en un playa de Bahía Solano el día 08 de Septiembre de 2015; pero el día 24 de Septiembre de 2015 el cuerpo sin vida fue trasladado de dicho lugar (Playa de Bahía Solano) a la ciudad de Quibdó-Chocó, por miembros del CICR y entregado al CTI

4. El día 24 de Septiembre de 2015, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Municipio de Quibdó Chocó, le realizó la necropsia al cuerpo sin vida del Señor NARCILO ACOSTA LOZANO, exponiendo la siguiente conclusión pericial: “de acuerdo a la información aportada por la autoridad y a los hallazgos al realizar la necropsia se concluye que la muerte es debido a shock hipovolémico, ocasionado por sección total de grandes vasos sanguíneos en miembros inferiores (vasos femorales y safena mayor derecha), secundario a amputación traumática de miembros por artefacto explosivo (mina antipersonal).

Causa básica de muerte: explosivos”

5. Resulta entonces, que la muerte del Señor NARCILO ACOSTA LOZANO, ocurrió en una playa del Municipio de Bahía Solano (Chocó); que su cuerpo fue

Causa básica de muerte: explosivos”

5. Resulta entonces, que la muerte del Señor NARCILO ACOSTA LOZANO, ocurrió en una playa del Municipio de Bahía Solano (Chocó); que su cuerpo fue rescatado por miembros de la Cruz Roja Internacional (CICR) y llevado al Municipio de Quibdó; y que falleció como consecuencia de la explosión de una mina antipersona, acordonada por los grupos al margen de la ley -guerrilla que operan en dicha región del país.

6. En el Municipio de Bahía Solano opera el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Armada Nacional, quienes tienen la obligación constitucional y legal, de brindar una minina protección a la población civil.

7. La existencia del daño antijurídico, consistente en la muerte del señor NARCILO ACOSTA LOZANO, con ocasión de una mina antipersonal, ocurrida en el Municipio de Bahía Solano, los miembros de su familia no estaban en la obligación de soportarlo, toda vez que el ordenamiento jurídico no se los imponía, como quiera que la vida es un derecho fundamental inviolable conforme al artículo 11 de la C.N.

8. El daño antijurídico deviene atribuible por acción u omisión a las Entidades demandadas, quienes se encuentran en el deber jurídico de resarcir los perjuicios que de la muerte del Señor NARCILO ACOSTA LOZANO se derivan.

9. Es innegable, que el empleo de este tipo de armas, es decir, de las minas antipersona ha estado a cargo, principalmente, de los grupos al margen de la Ley

(FARC y ELN), para repeler el avance de las fuerzas del orden.

9. Es innegable, que el empleo de este tipo de armas, es decir, de las minas antipersona ha estado a cargo, principalmente, de los grupos al margen de la Ley

(FARC y ELN), para repeler el avance de las fuerzas del orden.

10. Las minas antipersona siguen siendo un peligro latente para la población civil de las zonas rurales del país donde todavía se libran combates entre la fuerza pública y los grupos insurgentes, ello debido a que siguen siendo un método deMedio de control de Reparación directa Radicado numero: 27001233300020160013500

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guerra empleado por estos últimos y porque las medidas que ha adoptado el Estado Colombiano no han podido conjurar este problema humanitario.

11. Las Entidades demandadas, han incurrido en una falla del servicio, porque notorio es que el Departamento del Chocó, ha sido centro del conflicto armado entre grupos al margen de la ley, las fuerzas militares, la policía nacional y la armada nacional, y aun así, las fuerzas del Estado no han adoptado me didas mínimas de protección para la población civil, respecto de las mimas antipersonas, como es la demarcación de la zona de erradicación de las armas trampas.

12. Los habitantes de las zonas en las que hacen presencia de manera casi permanente organizaciones guerrilleras al margen de la ley, se encuentran en un

como es la demarcación de la zona de erradicación de las armas trampas.

12. Los habitantes de las zonas en las que hacen presencia de manera casi permanente organizaciones guerrilleras al margen de la ley, se encuentran en un desequilibrio de las cargas públicas, traducido en el riesgo extremo y excepcional que deben soportar como contrapartida de la actuación del Estado, encargado de mantener el orden público en zonas de alto riesgo para la población civil, y muestra de ello fue el hecho que acaeció el pasado 08 de Setiembre de 2015, donde perdió la vida el Señor NARCISO ACOSTA LOZANO, con ocasión de un mina antipersona.

13. A través de la Ley 759 de 2002 el Estado Colombiano dictó medidas buscando aminorar el flagelo de las minas antipersona y darle cumplimiento a los compromisos adquiridos en la convención de Otawa, compromiso que no se ha cumplido, notorio lo hace la muerte del señor NARCILO ACOSTA LOZANO, quien fue víctima de una mina antipersona en el Municipio de Bahía Solano (Chocó).

14. Precisamente por haber incurrido en la violación a las normas de especial protección dentro del derecho internacional humanitario, es que el título de imputación que aquí se c onfigura es la “falla del servicio” por incumplimiento u omisión de deberes normativos por parte de las Entidades demandadas.

15. Las Entidades demandadas no fueron fieles al mandato constitucional de velar por la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y en el caso en particular, de la vida del Señor NARCILO ACOSTA LOZANO, al no adoptar las

15. Las Entidades demandadas no fueron fieles al mandato constitucional de velar por la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y en el caso en particular, de la vida del Señor NARCILO ACOSTA LOZANO, al no adoptar las medidas mínimas para prevenir la muerte o lesiones de la población civil asentada en el Municipio de Bahía Solano, tanto en su área urbana como rural, cuando las medidas esperadas era, en primer lugar, la advertencia a los miembros de la comunidad, y en segundo lugar, un esfuerzo mayor en la identificación de las zonas donde existen las minas antipersonal.

16. En el presente caso, quienes debían realizar esa demarcación y erradicación eran las Entidades demandadas, y no hicieron ni lo uno ni lo otro, por lo que se configuró una omisión de su parte, perfectamente imputable a título de falla del servicio.

17. La muerte del señor NARCILO ACOSTA LOZANO, si bien fue generada por un tercero, en este caso por quienes dejaron la mina antipersona, lo cierto es que el resultado (daño antijurídico) resulta atribuible a la administración pública, concretamente por el desconocimiento del deber de protección y cuidad o establecido en el inciso 2° del artículo 2° de la Constitución Política.Medio de control de Reparación directa Radicado numero: 27001233300020160013500

Accionante: Adriana Pérez Pinilla y otros Accionado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional – Armada Nacional.

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18. El grupo familiar del Señor NARCILO ACOSTA LOZANO, estaba conformado por su cónyuge ADRIANA PEREZ PINILLA, por sus hijos SAMUEL ACOSTA PEREZ (menor de edad), BRYANT FERNANDO y JUAN SEBASTIAN ACOSTA PEREZ, mayores de edad; por su madre MARÍA DEL CARMEN LOZANO VIUDA DE FIERRO; por sus hermanos FABIO FRANCO LOZANO, JOSÉ VICENTE FRANCO LOZANO, AMRÍA DEL CARMEN PERICO LOZANO, Jorge Abelardo perico lozano; mayores de edad; y por su ni eto NIKOLAS ACOSTA PULGARIN; MENOR DE EDAD, quienes ha sufrido perjuicios del orden material e inmaterial con ocasión de la muerte del Señor NARCILO ACOSTA LOZANO.

19. El señor NARCILO ACOSTA LOZANO era piloto comercial de Helicóptero, debidamente certifi cado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, profesión que ejercía desde el 14 de Agosto del año 1991.

20. El señor NARCILO ACOSTA LOZANO siempre ejerció su profesión como piloto comercial de helicóptero, en las siguientes empresas: Ae roexpreso Bogotá Ltda, Helivalle S.A., Aviones Ejecutivos Ltda Aviel, Aviel Limitada, Aero Ejecutivos de Antioquia S.A., REM International CI S.A., Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S.

Ltda, Helivalle S.A., Aviones Ejecutivos Ltda Aviel, Aviel Limitada, Aero Ejecutivos de Antioquia S.A., REM International CI S.A., Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S.

21. La última empresa en la que laboró el señor NARCILO ACOSTA LOZANO como piloto comercial de helicóptero fue en la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. “SADI”, donde laboraba desde el 1° de Febrero de 2012, con un contrato de trabajo a término indefinido y donde devengaba un salario integral mensual de $ 8.376.550, tal y como lo deja ver la certificación laboral que fue expedida el pasado 05 de Mayo de 2016.

22. Para el momento de la muerte del Señor NARCILO ACOSTA LOZANO, estaba afiliado a la Caja de Compensación Familiar COLSUBSIDIO, a la ARL SURATEP, al fondo de pensiones COLPENSIONES y a la EPS SURA.

23. El Señor NARCILO ACOSTA LOZANO debido a sus ingresos económicos mensuales, cumplía con la obligación de declarar renta ante la DIAN.

24. Para el momento de la muerte del Señor NARCILO ACOSTA LOZANO, el vivía con su cónyuge ADRI ANA PEREZ PINILLA y con sus hijos SAMUEL ACOSTA PEREZ, BRYANT FERNANDO ACOSTA PEREZ y JUAN SEBASTIAN ACOSTA PEREZ en la ciudad de Medellín.

25. Era el señor NARCILO ACOSTA LOZANO la persona encargada al interior de su hogar de velar por la subsistencia económica de su núcleo familiar, su cónyuge

PEREZ en la ciudad de Medellín.

25. Era el señor NARCILO ACOSTA LOZANO la persona encargada al interior de su hogar de velar por la subsistencia económica de su núcleo familiar, su cónyuge en hijos dependían económicamente de él; de allí que la muerte del Señor NARCILO ACOSTA LOZANO ha causado serios perjuicios materiales e inmateriales a los aquí demandantes.

26. El grupo familiar del señor NARCI LO ACOSTA LOZANO ha padecido gran tristeza, llanto, dolor, zozobra e intranquilidad por la ausencia y muerte de su ser querido, su muerte ha transformado sus vidas en espacios de gran intranquilidad emocional.Medio de control de Reparación directa Radicado numero: 27001233300020160013500

Accionante: Adriana Pérez Pinilla y otros Accionado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional – Armada Nacional.

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27. De acuerdo con el artículo 90 de la Const itución Política, “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.” Al respecto, el Consejo de Estado ha precisado que aunque el ordenamiento jurídic o no prevé una definición de daño antijurídico, este hace referencia a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho.”

una definición de daño antijurídico, este hace referencia a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho.”

28. El pasado 03 de Octubre de 2016 se celebró la audiencia de conciliación extrajudicial ante la procuraduría 186 Judicial I para asuntos administrativos, sin que hubiese existido ningún ánimo conciliatorio por parte de las Entidades demandadas.”

I.III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se fundamentó la presente demanda en:

Artículo 2 y 90 de la Constitución Nacional.

II. LA ADMISIÓN

Mediante auto de 09 de febrero de 2017, esta Corporación, admitió la demanda, ordenó efectuar las notificaciones previstas en el artículo 171 del CPACA, y demás ritualidades.

III. CONTESTACIONES

Nación – Ministerio de Defensa – Ejército y Policía Nacional. Se opusieron a todas y cada una de las pretensiones de la demanda por inexistencia de medios probatorios que endilguen falla en el servicio de las entidades, por último propusieron la excepción de hecho de un tercero.

IV. TRÁMITE PROCESAL

V.I. Audiencia inicial.1

El 20 de febrero de 20182 se llevó a cabo la audiencia inicial, en la cual se saneó el trámite, se fijó el litigio, se decretaron pruebas y se fijó fecha y hora para audiencia de pruebas de conformidad con el inciso final numeral 10 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011.

el trámite, se fijó el litigio, se decretaron pruebas y se fijó fecha y hora para audiencia de pruebas de conformidad con el inciso final numeral 10 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011.

En efecto, se declaró saneado el presente proceso, luego de que la Magistrada Ponente preguntó a las partes sobre la posible existencia de vicios que invalidaran la actuación, a lo cual respondieron que no había ninguna objeción al respecto.

1 Folios 349-355 del expediente. 2 Fecha fijada mediante auto de 7 de septiembre de 2017.Medio de control de Reparación directa Radicado numero: 27001233300020160013500

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En este mismo sentido, se señaló que no existían excepciones previas a resolver, pues las propuestas debían ser resueltas en la sentencia.

De igual forma insto a las partes para conciliar el litigio, lo cual no fue posible por falta de ánimo conciliatorio. Asimismo, se precisó que el litigio se circunscribiría a “Corresponde a la Sala establecer: i) si es procedente declarar administrativa y patrimonialmente Responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional y Armada Nacional por los daños antijurídicos causados a los demandantes, con ocasión de la muerte del señor Narcilo Acosta

patrimonialmente Responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional y Armada Nacional por los daños antijurídicos causados a los demandantes, con ocasión de la muerte del señor Narcilo Acosta Lozano al pisar una mina antipersonal y si como consecuencia de ello, procede el reconocimiento y pago de los perjuicios s olicitados en la demanda, es decir, el pago de los perjuicios de orden material y moral, subjetivos y objetivados para cada uno y demás petitum de la demanda. ii) si por el contrario se encuentran probadas las excepciones propuestas y/o las que puedan ser declaradas de oficio por la Sala.”

En relación con lo anterior, no hubo manifestación alguna, por lo que dicha decisión quedó ejecutoriada.

De otro lado, se atribuyó a las pruebas aportadas por las partes, el valor probatorio que la ley les confiere.

Finalmente, en cuanto al decreto de pruebas se fijó la fecha y hora de la audiencia, para el día martes 24 de julio de 2018 a las 03:00 p.m.

IV.II. Audiencia de pruebas.3

El 99 de agosto de 20184 se llevó a cabo la audiencia de pruebas, en la cual se incorporaron las pruebas y se recepcionaron los testimonios decretados, se cerró la etapa probatoria y se ordenó presentar los alegatos por escrito como los dispone el numeral 2 del artículo 181 del CPACA.

En efecto, se declaró saneado el presente proceso, luego de que la Magistrada Ponente preguntó a las partes sobre la posible existencia de vicios que invalidaran la actuación, a lo cual respondieron que no había ninguna objeción al respecto.

En efecto, se declaró saneado el presente proceso, luego de que la Magistrada Ponente preguntó a las partes sobre la posible existencia de vicios que invalidaran la actuación, a lo cual respondieron que no había ninguna objeción al respecto.

IV.III. Audiencia de alegaciones y juzgamiento.

Mediante auto 0 271, se prescindió de la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento por considerarla innecesaria, al tenor del inciso 3º del artículo 181 del CPACA.

Por ende, se ordenó correr traslado por el término común de 10 días a las partes y al Ministerio Público para que las primeras presentaran sus escritos de alegaciones, y el segundo, rindiera el concepto correspondiente.

3 Ver folios 481 a 483 del expediente. 4 Reprogramado mediante auto de fecha 16 de julio de 2018Medio de control de Reparación directa Radicado numero: 27001233300020160013500

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Durante el término de traslado para alegar intervin ieron las partes insistiendo en lo alegado tanto en la demanda y la contestación.

V. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Cumplidos los trámites propios de la primera instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a proferir sentencia de primera instancia.

V. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Cumplidos los trámites propios de la primera instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a proferir sentencia de primera instancia.

CONSIDERACIONES SOBRE LOS PRESUPUESTOS DE LA

SENTENCIA DE MÉRITO

1. Presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa en el caso sub examine.

1.1. Competencia.

La Corporación es competente para conocer la primera instancia del presente asunto de conformidad al numeral 6 del artículo 152 del C.P.A.C.A.5.

1.2. El ejercicio oportuno de la acción.

En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que se interpuso dentro de los dos (2) años que establece el literal J del artículo 164 del C.P.A.C.A., toda vez que el daño por cuya indemnización se demanda se produjo el 08 de septiembre de 201 56 y la demanda se present ó el 31 de octubre de 20167. Lo anterior teniendo en cuenta el cumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudial 8 de que trata el artículo 161 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011 , que fue radicada el 23 de julio de 2016, y la constancia fue expedida el 03 de octubre de 2016.

1.3. Legitimación en la causa. La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y el material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado

1.3. Legitimación en la causa. La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y el material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.

De igual manera, la legitimación material es condición necesaria para obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define

5 “Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…).

6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (…).” 6 Ver registros civiles de defunción y el informe pericial de necropsia N° 2015010127001 000141. 7 Ver acta de reparto. 8 Ver artículo 21 de Ley 640 de 2001.Medio de control de Reparación directa Radicado numero: 27001233300020160013500

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al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.

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al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.

Así, en relación con el extremo pasivo, la legitim ación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la parte actora hace al extremo demandado y el material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.

Por los hechos objeto de la demanda solicitan reparación: Adriana Pérez Pinilla (cónyuge de la víctima); Samuel, Bryan Fernando y Juan Sebastián Acosta Pérez (hijos de la víctima ); María del Carmen Lozano , (madre de la víctima); Fabio Franco Lozano, José Vicente Franco Lozano, María del Carmen Perico Lozano, Jorge Abelardo Perico Lozano (hermanos de la víctima) y; Nikolas Acosta Lozano (nieto de la víctima); por lo que está legitimado en la causa por activa.

Por su parte, la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nación – Policía Nacional y Armada Nacional, están legitimadas en la causa por pasivas, toda vez que la parte actora le endilga la responsabilidad del fallecimiento del señor Narcilo Acosta Lozano.

La Sala encuentra que le asiste legitimación en la causa por pasiva de hecho y la material hará parte del estudio de fondo en el caso concreto.

CONSIDERACIONES SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO

2. Problema jurídico.

La Sala encuentra que le asiste legitimación en la causa por pasiva de hecho y la material hará parte del estudio de fondo en el caso concreto.

CONSIDERACIONES SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO

2. Problema jurídico.

La Sala deberá establecer si la muerte del señor Narcilo Acosta Lozano, el 08 de septiembre de 2015, según el informe pericial de necropsia N° 2015010127001000141 con una mina antipersonal, resulta imputable jurídica y fácticamente a la Nación -Ministerio de Defensa -Ejército Nacional -Armada Nacional y Policía Nacional.

Para absolver el anterior interrogante la Sala utilizará el siguiente esquema: i) Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado ; ii) La prueba de los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones y; iii) Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado y si es del caso tasación de perjuicios.

1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado.

El artículo 90 de la Constitución Política de 19919 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

9 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.Medio de control de Reparación directa Radicado numero: 27001233300020160013500

gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.Medio de control de Reparación directa Radicado numero: 27001233300020160013500

Accionante: Adriana Pérez Pinilla y otros Accionado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional – Armada Nacional.

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El daño antijurídico es la lesión de un interés legítimo protegido por el ordenamiento jurídico. En otras palabras, es toda afectación a un interés tutelado que no está justificado por la ley o el derecho10, ya que contraría el orden jurídico11 o carece de una causa que justifique tal afectación12.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el dañ o especial, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto13.

La Sección Tercera del H. Consejo de Estado 14 ha determinado que, en vista de que la Constitución Política no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual, “sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consult e razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar ”, la jurisprudencia no puede establecer un único título de imputación a aplicar en

caso concreto, la construcción de una motivación que consult e razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar ”, la jurisprudencia no puede establecer un único título de imputación a aplicar en eventos fácticamente semejantes . En todo caso, tales consideraciones no implican el desconocimiento del derecho fundamental a la igualdad, reflejado en la construcción jurisprudencial de una argumentación específica constitutiva de un precedente –por parte de esa Corporación – en asuntos en los que se presenten daños antijurídicos similares.

En relación con el régimen de responsabilidad la alta Corporación parte generalmente de tres criterios de imputación, a saber sin desconocer los consagrados en la Ley 270 de 1996: falla del servicio, riesgo excepcional y daño especial, según los hechos probados y la ratio de la atribución jurídica del daño que proceda en cada caso.

La falla en el servicio genera responsabilidad cuando se acredita la extralimitación de funciones, retardo en el cumplimiento de obligaciones, defectuoso cumplimiento o incumplimiento de obligaciones, u omisión o inactividad de la administración pública, es decir, cualquier irregularidad de la administración que ocasione un daño imputable al Estado15. El riesgo excepcional procede cuando el daño acaece como consecuencia de la actividad legítima de la administración pública, que comporta un riesgo excesivo o de naturaleza anormal, sea porque la administración incrementó el peligro inherente o intrínseco a la actividad o porque en el despliegue de la actividad se

10 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945

inherente o intrínseco a la actividad o porque en el despliegue de la actividad se

10 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945 11 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90. 12 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499; Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C, sentencia de 18 de mayo de 2017, rad.: 36.386, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 14 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, S