TA CHO - 27001333300220150059801-(28-10-2022)

2ª Instancia N/R Radicado 27001333300220150059801 De: Nayeth Gissela Salazar

Contra: ICBF – Regional Chocó.

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

Quibdó, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintidós (2022).

Sentencia No. 192

RADICACIÓN NÚMERO: 27001333300220150059801

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

DEMANDANTE: NAYETH GISSELA SALAZAR CAMPAÑA

DEMANDADO: INSITUTO COLOMBIANO DE BIEN ESTAR

FAMILIAR – REGIONAL CHOCÓ.

REFERENCIA: APELACIÓN SENTENCIA.

MAGISTRADO PONENTE: ARIOSTO CASTRO PEREA.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia No. 0137 del 15 de jul io del 2020 , proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, dentro del proceso promovido por Nayeth Gissela Salazar Campaña contra Instituto Colombiano de Bienestar Familiar , que accedió a las pretensiones de la demanda, al declarar la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales.

1. ANTECEDENTES. 1.1 La demanda.

accedió a las pretensiones de la demanda, al declarar la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales.

1. ANTECEDENTES. 1.1 La demanda.

1. La señora Nayeth Gissela Salazar Campaña , estuvo vinculada mediante órdenes y contrato de prestación de servicios al servicio del ICBF regional Chocó, desde el día 01 de junio de 2007, hasta el día 31 de diciembre de 2014.

2. Las actividades contratadas por el ICBF, se ejecutaron por mi poderdante bajo permanente subordinación.

3. Por lo anterior el día 04 de junio de 2015, solicitó el pago del equivalente a las prestaciones sociales que perciben los empleados públicos en esta entidad, liquidados en el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2007 hasta el 31 de octubre de 2014.

4. El acto administrativo demandado, ha ocasionado perjuicios a mi poderdante como las sumas de dinero dejadas de percibir por concepto de prestaciones sociales y demás emolumentos de carácter laboral.

5. La demandante acudió a la Procuraduría General de l a Nación para efect os de la realización de conciliación extrajudicial en derecho, la cual resultó fallida

2. Las pretensiones.

El apoderado de la parte demandante, formuló como tales las siguientes:

1. Declare nulo el oficio de fecha25 de junio de 2015 por medio de la cual la doctora Francia Helena López López denegó la solicitud de reconocimiento y pago de prestaciones sociales a mi

representada.2ª Instancia N/R Radicado 27001333300220150059801 De: Nayeth Gissela Salazar

López López denegó la solicitud de reconocimiento y pago de prestaciones sociales a mi representada.2ª Instancia N/R Radicado 27001333300220150059801 De: Nayeth Gissela Salazar

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2. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, condénese a entidad demandada a pagar a mi apadrinada las cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas vacacionales, prima de servicios, prima de navidad, bonificación por servicios prestados, bonificación especial de recreación, aportes a seguridad social, en salud, pensión y riesgos profesionales, auxilio de transporte, así como cualquier otro emolumentos de carácter laboral a los que los empleados públicos de la entidad tienen derecho, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de junio de 2007 al 21 de diciembre de 2014.

3. Dese cumplimiento al principio de reparación integral establecido en el artículo 16 de la ley 466 de 1998

4. Condénese a la entidad demandada.

5. Ordénese para el cumplimiento de la sentencia, la aplicación del artículo 192 de C PACA.

3. Trámite procesal.

La demanda se presentó el 02 de diciembre de 2015 y fue admitida mediante auto interlocutorio No. 0048 del 18 de enero de 2016.

La entidad demandada contestó la demanda , manifestando que “ se vinculó mediante contratos de prestación de servicios con el ICBF, de manera voluntaria, aceptando las

interlocutorio No. 0048 del 18 de enero de 2016.

La entidad demandada contestó la demanda , manifestando que “ se vinculó mediante contratos de prestación de servicios con el ICBF, de manera voluntaria, aceptando las condiciones allí establecidas con el pleno conocimiento de que tal vinculación no genera vínculo laboral según numeral 3 de los contratos de prestación de servicios, mediante el cual se compromete a cumplir el objeto del contrato con plena autonomía técnica, administrativa y bajo su responsabilidad, motivo por l cual el ICBF no puede reconocer derechos salariales y prestacionales propios de una relación aboral cuando la vinculación de la actora fue mediante contratos de prestación de servicios regulados por el artículo 32 de la ley 80 de 1993, norma que establece que este tipo de contratación no genera derechos de esa clase, más aun cuando dicho contratos no han sido impugnados en su legalidad”.

Por auto interlocutorio No. 1460 del 9 de diciembre de 2016, se fijó fecha para celebrar audiencia inicial en el asunto, misma que se llevó a cabo el 24 de marzo de 2017, siendo reprogramada para el 31 0 de marzo del 2017 en la misma se saneo el proceso, se decidieron las excepciones previas, se agotó la etapa de conciliación judicial, se fijó el litigio, se fijó fecha para practica de pruebas, que se desarrolló el 20 de noviembre de 2017.

Agotada la etapa probatoria, las partes no alegaron de conclusión y el Ministerio Público, no conceptuó.

4. Sentencia de primera instancia.

La sentencia No. 0137 del 15 de julio del 2020 , proferida por el Juzgado Segundo

no conceptuó.

4. Sentencia de primera instancia.

La sentencia No. 0137 del 15 de julio del 2020 , proferida por el Juzgado Segundo Oral del Circuito de Quibdó , accedió a las pretensiones de la demanda, bajo la siguiente tesis:

“En el caso en concreto, se encuentra acreditado lo siguiente:

•en ese orden de ideas, no puede desconocer el despacho la forma irregular como ha procedió la entidad demandada, utilizando contratos de prestación de servicios para satisfacer las necesidades administrativas permanentes. En estas condiciones, la modalidad de contrataciones sucesivas para prestar servicios se convierte en una práctica contraria a la normatividad vigente, pues la función pública no concib e esta modalidad para cumplir los objetivos del Estado en tareas que son permanentes e inherentes a este.

Así, pues, al desvirtuar el vínculo contractual es procedente la declaratoria de una relación laboral que si bien no puede ten er la misma connotación del empleado vinculado mediante una relación legal y reglamentaria, si genera un trato similar al que tiene una empleado público que ejerce las mismas funciones, en ese orden se dispondrá la anulación del acto demandado, el reconocimiento de una relación2ª Instancia N/R Radicado 27001333300220150059801 De: Nayeth Gissela Salazar

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Teléfono 6 71 39 82 Página 3 de 16 laboral y se condenará al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que reconozca a la señora Nayeth Gissela Salazar Campaña, las mismas prestaciones sociales que un profesional universitario del área de comunicaciones de la entidad hubiese percibido en e l periodo en que la actora se desempeñó en cumplimiento de los contratos de prestaciones de servicios.

Igualmente, se dispondrá que se haga una compensación entre los aportes en el porcentaje que por ley corresponde tanto a la entidad como al empleado par a efectos del pago de las prestaciones sociales – pensión y salud, pues a través de los contratos de prestación de servicios que se suscribió, dichos aportes los tenía que hacer la contratista. Lo anterior teniendo en cuenta que la ley 100 de 1993 en el ar tículo 15 tiene la obligación de afiliarse, efectuar aportes y acreditar los pagos de aportes parafiscales al Sistema de Seguridad Social Integral. Por parte del empleador, este tiene la obligación legal de ejercer el control respectivo para que se cumpla lo dispuesto en la norma mencionada. …

Por tratarse de vinculaciones ininterrumpidas, al servicio público, el termino para contar la prescripción extintiva debe empezar a partir de la finalización de cada uno de los diferentes vínculos contractuales, quiere decir lo anterior, que el plazo para reclamar los derechos prestacionales derivados de los periodos de vinculación laboral comprendidos entre el 01 de junio de 2007 y diciembre de 2011, se encuentran prescritos. … De conformidad con los razonamientos precedentes, considera esta instancia judicial que la señora

de vinculación laboral comprendidos entre el 01 de junio de 2007 y diciembre de 2011, se encuentran prescritos. … De conformidad con los razonamientos precedentes, considera esta instancia judicial que la señora NAYETH Gissela Salazar Campaña, se le extinguió el derecho, por prescripción a los emolumentos deprecados como son las cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, primas, entre otros, a que habría lugar a reconocer y pagar causados desde el 01 de junio de 2007 y el 30 de diciembre de 2011, sin contar las respectivas interrupciones.

Sin embargo, la entidad demandada deberá, a título de restablecimiento del derecho, tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional de la demandante, dentro de los periodos laborados por contrato de prestación de servicios incluidos aquellos sobre los cuale s operó el fenómeno de la prescripción, mes a mes, y si existe diferencias entre los aportes realizados por la señora Salazar Campaña como contratista y los que debieron efectuar, deberá cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, solo en el porcentaje que le corresponda como empleador.

Y posteriormente el juzgado resolvió:

“PRIMERO. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio del 25 de junio de 2015, por medio del cual el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, denegó la solicitud elevada por la señora Nayeth Gissela Salazar Campaña, tendiente al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de los diferentes contratos de prestación de servicios suscritos por la entidad.

señora Nayeth Gissela Salazar Campaña, tendiente al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de los diferentes contratos de prestación de servicios suscritos por la entidad.

SEGUNDO. Declarar que entre el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF y la señora Nayeth Gisela Salazar Campaña, en el desarrollo de los contratos de prestación de servicios que suscribieron existió una verdadera relación laboral, como se señaló en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. DECLARAR parcialmente de oficio la excepción de prescripción extintiva del derecho, respecto a las prestaciones sociales a que tenía derecho la señora Nayeth Gissela Salazar Campaña por los periodos contractuales comprendidos entre el 27 de enero al 29 de septiembre de 2010, 07 de octubre a 30 diciembre de 2011, 26 de marzo a 26 de diciembre de 2008, 27 de enero a 24 de diciembre de 2009, 03 de enero a 29 de septiembre de 2011, 21 de septiembre a 27 de diciembre de 2010 y del 01 de junio al 18 de septiembre de 2007, excepto en lo relacionado con los aportes a pensión, de acuerdo a los razonamientos expuestos en esta providencia.

CUARTO. CONDENAR a la entidad demandada, A TITULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional de la demandante, dentro de los periodos laborados por contratos de prestación de servicios, incluidos sobre aquellos sobre los cuales operó el fenómeno de la prescripción, m es a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados por la señora Salazar

por contratos de prestación de servicios, incluidos sobre aquellos sobre los cuales operó el fenómeno de la prescripción, m es a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados por la señora Salazar Campaña como contratista y los que se debieron efectuar, deberá cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, solo en el porc entaje que le correspondía como empleador.

En ese sentido, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al Sistema General de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que duraron los referidos vínculos contractuales, y en eventualidad de que las hubiere hecho o existiesen dife rencias en su contra, tendrá la carga de cancelar2ª Instancia N/R Radicado 27001333300220150059801 De: Nayeth Gissela Salazar

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Teléfono 6 71 39 82 Página 4 de 16 o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.

QUINTO: A TITULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CONDENAR al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR a pagar a la señora NAYETH GISSELA SALAZAR CAMPAÑA, el equivalente a las prestaciones sociales que un trabajador de la misma categoría tiene, es decir un profesional universitario de planta, tomando como base el valor de los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios, en la forma señalada en la parte motiva, excepto la sanción moratoria

decir un profesional universitario de planta, tomando como base el valor de los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios, en la forma señalada en la parte motiva, excepto la sanción moratoria por no pago de cesantías y los intereses de cesantías. Los valores efectivamente a pagar deberán ser reajustados conforme a la formula señalada en la parte motiva de esta providencia, durante los periodos en el que demostró la existencia de la relación laboral comprendidos entre el 18 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014.

SEXTO: las sumas resultantes serán indexadas, para la cual se aplicará la fórmula de matemática s financieras adoptadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado, en la forma como indicó en la parte motiva de esta providencia.

SEPTIMO: a la providencia se dará cumplimiento de conformidad con lo ordenado en el artículo 192, 194 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

OCTAVO: NIEGUESE las demás pretensiones de la demanda.

NOVENO: CONDENAR en costas y agencias en derecho a la parte demandada el equivalente a dos (2) salarios mininos legales mensuales vigentes, es decir la suma de un millón setecientos cincuenta y cinco mil seiscientos seis pesos (1.755.606), a favor de la parte demandante.

DECIMO: Ejecutoriado el presente proveído, expídanse copias auténticas de la sentencia con constancia de ejecutoria a las partes y al Ministerio Publico, conforme lo disponen los artículos 192 y 195 del CPACA.

DECIMO PRIMERO: Hecho lo anterior, archívese el expediente y cancélese su radicación.

de ejecutoria a las partes y al Ministerio Publico, conforme lo disponen los artículos 192 y 195 del CPACA.

DECIMO PRIMERO: Hecho lo anterior, archívese el expediente y cancélese su radicación.

La parte demandada interpuso oportunamente el recurso de apelación , que fue concedido el 16 de abril de 2021 y admitido el 06 de mayo de 2021.

5. Recursos de Apelación.

5.1. La parte demandada.

En su escrito de apelación, el apoderado de la demandada manifestó su inconformidad con la decisión adoptada por el juzgado Segundo Administrativo Oral de Quibdó, y en consecuencia manifestó que en el presente caso “…no se tiene en cuenta que la parte demandante no probó el principio de solución de no continuidad o sin solución de continuidad, pues los plazos establecidos entre contrato y otro, son más de 20 días, con lo que no está probado el vínculo sin solución de continuidad, máxime que cada contrato se liquidó o realizó cierre financiero con las firmas de las partes o con el documento financiero de la realización del pago.

Así pues, solicita a este Tribunal revoque la sentencia de primera instancia.

6. Actuaciones en segunda instancia.

Mediante auto No. 128 del 6 de may o de 2021, se admitió el recurso conforme a los parámetros de la Ley 2080 de 2021.

7. Alegatos de segunda instancia.

Parte demandante.

La apoderada de la parte demandante, en su escrito de alegatos de conclusión, manifestó “en ese orden de ideas señor magistrado, como quiera que el juzgado

7. Alegatos de segunda instancia.

Parte demandante.

La apoderada de la parte demandante, en su escrito de alegatos de conclusión, manifestó “en ese orden de ideas señor magistrado, como quiera que el juzgado segundo administrativo consideró que de daban los presupuestos fácticos y jurídicos2ª Instancia N/R Radicado 27001333300220150059801 De: Nayeth Gissela Salazar

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Teléfono 6 71 39 82 Página 5 de 16 para acceder a las pretensiones de la demanda y los argumentos del despacho de conocimiento se encuentran ajustados a la realidad fáctica y jurídica de lo pedido”.

Parte demandada.

Por su parte, la demandada, expuso que, “ no es procedente afirmar que al cumplir labores encomendadas y desarrollar funciones impartidas, la demandante estuvo bajo una dependencia y subordinación. En realidad, al desempeñar dichas actividades, lo que demuestra es la necesaria coordinación que debe haber entre la administración y sus contratistas para el efectivo cumplimiento del objeto contratado”.

8. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL.

9. Jurisdicción y competencia.

La jurisdicción Contencioso administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1531 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es competente el Tribunal Administrativo de Chocó para resolver el recurso de alzada interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de primera instancia,

1531 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es competente el Tribunal Administrativo de Chocó para resolver el recurso de alzada interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de primera instancia, proferida por un Juez Administrativo del Circuito de Quibdó.

8.2. Cuestión previa.

Al respecto debe resaltarse que de conformidad con lo estipulado por el artículo 31 de la Carta, a la apelación se le confiere el carácter de medio de defensa y no el de propiciar una revisión «per se» de lo ya resuelto; de manera, que mientras la otra parte no apele, el apelante tiene derecho a que tan solo se examine la sentencia en aquello que le es desfavorable, contrario a lo resuelto en las providencias que a su juicio considera que se vulneró los derechos alegados.

Sobre el particular, vale la pena recordar que el artículo 281 del Código General del Proceso (C. G. del P.), aplicable a los asuntos de la jurisdicción contenciosoadministrativa por remisión expresa del artículo 306 2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C. de P. A. y de lo C. A.), establece:

“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. (…).”

Asimismo, debe señalarse que en lo que se refiere a las providencias de segunda instancia, el principio de congruencia limita la competencia del ad quem al estudio de los

Asimismo, debe señalarse que en lo que se refiere a las providencias de segunda instancia, el principio de congruencia limita la competencia del ad quem al estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación, tal como lo prevé el artículo 328 (inciso 1°) del C. G. del P., así:

“Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

1 “Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia. Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.”

2 Ley 1437 de 2011: “ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código del Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.2ª Instancia N/R Radicado 27001333300220150059801 De: Nayeth Gissela Salazar

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Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. (…).”

Al respecto, el H. Consejo de Estado ha precisado que:

“Para el juez de s egunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo”. 3

En esa misma línea de pensamiento ver sentencia del veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017), donde el H. Consejo de Estado hizo un breve antecedente jurisprudencial sobre el principio de consonancia de la decisión judicial.4 En esa medida, la Sala establece el siguiente,

10. Problema jurídico.

La atención de la Sala se circunscribe a establecer y de conformidad con la alzada, si fue acertada la decisión del a quo al declarar la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivados de los contratos celebrados o si le as iste razón a la parte demandada cuando alega que no existió subordinación o dependencia frente a la actora.

el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivados de los contratos celebrados o si le as iste razón a la parte demandada cuando alega que no existió subordinación o dependencia frente a la actora.

11. EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO – El contrato realidad y las relaciones laborales.

La vinculación por contratos de prestación de servicios se rige por el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 5. El artículo mencionado prevé expresamente que, en ningún caso, dicho tipo de contratos «[…] generan relación laboral ni prestaciones sociales […]».

De acuerdo con el aparte transcrito del artículo 32 ejusdem, debe entenderse que el legislador reglamentó en dicha norma una presunción según la cual, la celebración de contratos de prestación de servicios no genera en ningún caso una relación laboral entre contratante y contratista o el derecho al pago de prestaciones sociales en favor de este último.

12. De los elementos necesarios para que se configure una relación de carácter laboral.

3 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección tercera, subsección A, sentencia de 26 de febrero de 2015, exp. 1999-00878-01, M.P. (E) Hernán Andrade Rincón.

4 Consejero Ponente: César Palomino Cortés, veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017), Ref: Expediente No. 250002342000201401139 01, Número Interno: 458-2015, Demandante: Martha Isabel Valero Moreno, Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), Tema: Reconocimiento de Pensión de Jubilación

250002342000201401139 01, Número Interno: 458-2015, Demandante: Martha Isabel Valero Moreno, Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), Tema: Reconocimiento de Pensión de Jubilación

5 «Artículo 32. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: […]

3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionam iento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni pr estaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. […]»2ª Instancia N/R Radicado 27001333300220150059801 De: Nayeth Gissela Salazar

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El artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo consagra los elementos esenciales de un contrato de trabajo. En ese sentido, la norma prescribe que:

Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres6 elementos esenciales:

El artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo consagra los elementos esenciales de un contrato de trabajo. En ese sentido, la norma prescribe que:

Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres6 elementos esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquie r momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia c on los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

1. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.”

En los casos en que se discute la existencia de una verdadera relación laboral derivada de la ejecución de un contrato de prestación de servicios, es necesario que se demuestre en forma incontrovertible los tres elementos de la relación laboral, esto es: i. La prestación personal del servicio, la cual debe darse de manera permanente; ii. La remuneración respectiva y especialmente, iii. La subordinación y dependencia en el desarrollo de una función pública, de modo que no quede duda acerca del desempeño del contratista en las mismas condiciones de cualquier otro servidor público, siempre y

remuneración respectiva y especialmente, iii. La subordinación y dependencia en el desarrollo de una función pública, de modo que no quede duda acerca del desempeño del contratista en las mismas condiciones de cualquier otro servidor público, siempre y cuando la subordinación que se alega no se enmarque simplemente en una relación de coordinación entre las partes para el desarrollo del contrato, en virtud de las particularidades de la actividad para la cual fue suscrito.

En este orden de ideas, la viabilidad de las pretensiones encaminadas a la declaración de una relación laboral debe encontrar un sustento claro y preciso en la actividad probatoria que la parte deman dante lleva a cabo a fin de desvirtuar la naturaleza contractual de la relación establecida y la presencia real dentro de la actividad desplegada de los elementos anteriormente señalados, especialmente el de subordinación, que como se mencionó, es el que d esentraña fundamentalmente la existencia de una relación laboral encubierta.

El Consejo de estado en varias decisiones7 ha reiterado la necesidad de que cuando se trata de una relación laboral, se acrediten de manera irrefutable los tres elementos que le son propios, a saber: i) la prestación personal del servicio, ii) la remuneración y en especial, iii) la subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.

6 El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C -686 de 2000, bajo los condicionamientos señalados en el numeral 2.4 de la parte motiva de esta sentencia.

7 Entre otros, sentencia de 23 de junio de 2005 proferida en el expediente No. 245 con ponencia del Dr. Jesús María Lemos Bustamante.2ª Instancia N/R Radicado 27001333300220150059801

7 Entre otros, sentencia de 23 de junio de 2005 proferida en el expediente No. 245 con ponencia del Dr. Jesús María Lemos Bustamante.2ª Instancia N/R Radicado 27001333300220150059801 De: Nayeth Gissela Salazar

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