TA CHO - 27001333300120150014201-(28-10-2022)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, abril veintinueve (29) de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADO PONENTE : JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO RADICACIÓN : 410013333004-20160036501

ACCIONANTE : NORY BERMEO ANTURY

ACCIONADO : ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE TIMANÁ MEDIO CONTROL : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO SENTENCIA No. : 24-04-85-25/NRD-48-2-44

ACTA No. : 31 DE LA FECHA

1. ASUNTO.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia de mayo 29 de 2019, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva.

2. ANTECEDENTES DE LA PRIMERA INSTANCIA.

2.1. Posición de la parte actora (f. 2 a 16 C. 1).

La señora Nory Bermeo Antury interpone demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la E.S.E. Hospital Municipal San Antonio de Timaná (en adelante, Hospital de Timaná), solicitando: i) la nulidad del oficio No. GHT 048 del 22 de abril de 2016, que le niega el reconocimiento de prestaciones sociales derivadas de contratos de prestación de servicios entre noviembre de 2003 y marzo de 2016, ii) se declare, sin solución de continuidad, la existencia de una relación laboral como auxiliar de enfermería en tal lapso, iii) se condene a la demandada al pago de prestaciones sociales adeudadas durante dicho período y,

marzo de 2016, ii) se declare, sin solución de continuidad, la existencia de una relación laboral como auxiliar de enfermería en tal lapso, iii) se condene a la demandada al pago de prestaciones sociales adeudadas durante dicho período y, iv) se ordene en su favor el reintegro de aportes a salud y pensión sufragados en nombre propio, debidamente indexados.

En el sustento fáctico manifiesta haber prestado servicios en la entidad demandada bajo las siguientes modalidades: a) entre el 1° de noviembre de 2003RADICACIÓN: 41001-33-33-004-2016-00365-01

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y el 30 de septiembre de 2007 mediante contratos y órdenes de prestación de servicios, b) entre el 1° de octubre de 2007 y el 30 de agosto de 2011 a través de la cooperativa SERVICOOPSALUD, c) del 1° de septiembre de 2011 al 31 de diciembre de 2015 directamente con la entidad demandada y, d) del 1° de enero al 30 de marzo de 2016 mediante la agremiación sindical PROACTIVA.

Indica que durante dicho s períodos sus funciones fueron las de auxiliar de enfermería en las áreas de urgencias, hospitalización, sala de partos y ambulancia, funciones que además se identifican en el manual específico de funciones de la demandada, bajo un horario permanente en turnos diurnos, nocturnos, dominicales y festivos, con mayor carga laboral que el personal de planta y siguiendo las directrices de la gerencia del hospital y del jefe de enfermería.

Afirma que, ante la omisión de la entidad en el pago de sus prestaciones sociales,

planta y siguiendo las directrices de la gerencia del hospital y del jefe de enfermería.

Afirma que, ante la omisión de la entidad en el pago de sus prestaciones sociales, presenta solicitud administrativa de reconocimiento y pago en virtud de la relación laboral, lo cual le niega la demandada a través del oficio acusado, aduciendo la inexistencia del vínculo laboral y de ello se le notifica personalmente el 28 de abril de 2016.

En las normas violadas cita: artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 53, 122 y 125 de la Constitución Política; 32 de la Ley 80 de 1993; 15, 17, 18, 20, 22, 23, 128, 157, 161 y 204 de la Ley 100 de 1993; 19 de la Ley 909 de 2004 ; Ley 4ª de 1992; y Decreto Ley 2400 de 1968, modificado por el Decreto 3074 de 1968.

En el concepto de la violación argumenta que el acto administrativo demandado vulnera normas constitucionales y legales al desconocer el derecho fundamental al trabajo y el principio de primacía de la realidad sobre las formas contractuales pues pese a la formalidad de los contratos de prestación de servicios, desempeña funciones permanentes como auxiliar de enfermería, bajo subordinación, horario regular y con remuneración mensual, en condiciones equivalentes a las del personal de planta.

Resalta que el hospital omite aplicar jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que exige el reconocimiento de losRADICACIÓN: 41001-33-33-004-2016-00365-01

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Constitucional y del Consejo de Estado, que exige el reconocimiento de losRADICACIÓN: 41001-33-33-004-2016-00365-01

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derechos laborales cuando se acreditan elementos del contrato realidad , desconociendo que el artículo 2º del Decreto Ley 2400 de 1968 (modificado por el Decreto 3074 de 1968), prohíbe celebrar contratos de prestación de servicios para funciones de carácter permanente.

Considera que , al negarle sus derechos prestacionales, la entidad desconoce principios fundamentales de igualdad, estabilidad laboral, dignidad y seguridad social, consagrados en los artículos 1, 2, 25 y 53 de la Constitución.

Al alegar de conclusión (f. 985 a 994 C. 5) insiste en la nulidad del acto administrativo demandado pues contrario a lo allí afirmado, se prueba la existencia de un contrato realidad conforme al artículo 23 del CST, sustentado en la certificación laboral suscrita por Marco Antonio Vargas Salas, las órdenes de trabajo, los contratos de prestación de servicios, el llamado de atención emitido por la coordinadora de urgencias y los cuadros de rotación que evidencian turnos mensuales de hasta 180 horas , siendo evidente la subordinación, ya que debía cumplir funciones propias del objeto misional de la entidad, bajo supervisión médica y con horario definido.

Afirma que la entidad no realiza los aportes a salud ni pensión, por lo que debió asumirlos íntegramente en forma directa , como consta en certificación de Cafesalud.

Frente a la caducidad aducida irregularmente por la entidad demandada en la

asumirlos íntegramente en forma directa , como consta en certificación de Cafesalud.

Frente a la caducidad aducida irregularmente por la entidad demandada en la audiencia de pruebas, indica que la notificación del acto demandado se dio el 28 de abril de 2016 como lo certifica el oficio GHT-122 del 23 de septiembre de la misma anualidad y al presentar la demanda dentro de los 4 meses siguientes, no hay caducidad.

Finalmente, cita decisiones de la Corte Constitucional 1 y del Consejo de Estado2 que abordan los elementos que configuran la relación laboral con la

1 Corte Constitucional: Sentencia C -614 del 2 de septiembre de 2009, expediente D -7615, ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; Sentencia C -171 del 7 de marzo de 2012, expediente D8666, ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 2 Consejo de Estado: Sentencia del 21 de abril de 2016, radicado 13001-23-31-000-2012-0023301 (2820 -2014), ponente: Gabriel Valbuena Hernández; Sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado 41001 -23-33-000-2012-00041-00 (3308 -2013), ponente: Sandra Lisset I barra Vélez; Sentencia del 3 de junio de 2010, radicado 25000-23-25-000-2002-04144-01 (2384-07), ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez; Sentencia del 25 de agosto de 2011, radicado interno 0023-2011,RADICACIÓN: 41001-33-33-004-2016-00365-01

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administración y la forma como se desvirtúa el contrato de prestación de servicios y la prohibición de la precarización laboral . Asimismo, cita decisión del Consejo de Estado donde ha precisado que “las enfermeras no pueden ser vinculadas mediante contrato de prestación de servicios. Y si ello ocurre, el empleador deberá desvirtuar la presunción de subordinación”3.

2.2. Posición de la parte demandada (f. 229 C. 2)

Según constancia secretarial del 7 de abril de 2017, el traslado de la demanda venció en silencio (f. 229 y 238 ib.).

Al alegar de conclusión (f. 1001 a 1022 C. 6) afirma que la demandante fue contratada mediante contratos civiles de prestación de servicio s por estar permitido en la Ley 80 de 1993, sin que ello configure relación laboral ni genere derechos prestacionales y más cuando no hay prueba de testigos ni documental que acredite la existencia de contrato realidad a través de los elementos de subordinación, servicio personal y salario del artículo 23 del CST.

Precisa que la actora fue técnica auxiliar y no profesional, laboraba con autonomía y los documentos aportados no prueban jerarquía ni subordinación, sino coordinación operativa para la eficiencia del servicio, sin recibir órdenes de la gerencia ni tener trato de empleada y fue ella misma quien asumió sus propios costos de seguridad social.

Aduce que a la actora se le pagaron la totalidad de honorarios pactados y liquidados en cada contrato con actas que liberan a ambas partes de nuevas obligaciones, por lo que no debe ningún monto adicional y de existir algún

costos de seguridad social.

Aduce que a la actora se le pagaron la totalidad de honorarios pactados y liquidados en cada contrato con actas que liberan a ambas partes de nuevas obligaciones, por lo que no debe ningún monto adicional y de existir algún derecho, estaría prescrito conforme a las normas laborales que establecen un término de tres años, habiendo transcurrido dicho plazo antes de la reclamación.

Sostiene que la acción está caducada , porque entre la presunta notificación del acto administrativo (28 de abril de 2016) y la presentación de la demanda (27 de

ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila; Sentencia del 4 de febrero de 2016, radicado 8100123-33-000-2012-00020-01 (0316-2014), ponente: Gerardo Arenas Monsalve; Sentencia del 21 de julio de 2016, radicado interno 2830-2013, ponente: Gabriel Valbuena Hernández. 3 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, sentencia del 21 de julio de 2016, M.P. Gabriel Valbuena Hernández, Rad. Interno 2820-2014.RADICACIÓN: 41001-33-33-004-2016-00365-01

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octubre de 2016), transcurrieron más de cuatro meses, aun descontando el tiempo de interrupción por solicitud de conciliación extrajudicial, y fuera de eso, el medio de control escogido no es el adecuado sino la acción contractual, para revisar el acuerdo celebrado entre las partes o, en su defecto, la de reparación directa que es indemnizatoria, las cuales también habrían caducado frente a varios contratos independientes.

revisar el acuerdo celebrado entre las partes o, en su defecto, la de reparación directa que es indemnizatoria, las cuales también habrían caducado frente a varios contratos independientes.

Destaca la actuación de buena fe de la entidad pública, tanto en la contratación como en la respuesta a la reclamación, conforme al orden jurídico vigente, lo que permite señalar que el acto administrativo impugnado fue expedido conforme a derecho, con motivación válida y veraz , sin desviación de poder y goza de presunción de legalidad, conduciendo al rechazo total de las pretensiones y la condena en costas a la demandante. Además, trae en apoyo precedentes de las altas cortes sobre elementos de la relación laboral y la carga de la prueba 4, la improcedencia del reconocimiento de prestaciones sociales a contratistas 5, prescripción de derechos laborales6 y la caducidad de la acción7.

2.3. La sentencia de primera instancia (f. 1024 a 1041 C. 6).

El Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva profiere sentencia el 29 de mayo de 2019 donde niega las pretensiones de la demanda (resolutivo primero), condena en costas a la parte demandante sin lugar a agencias en derecho (resolutivo segundo) y dispone el archivo del proceso una vez se encuentre en firme la decisión (resolutivo tercero).

Seguidamente, plantea que el problema jurídico consiste en establecer si el acto demandado incurrió en causal de nulidad por desconocimiento de normas superiores y ello da lugar a declarar la existencia de una relación laboral entre la actora y la demandada con el correspondiente pago de prestaciones laborales , asimismo, si opera el fenómeno prescripción de derechos laborales.

superiores y ello da lugar a declarar la existencia de una relación laboral entre la actora y la demandada con el correspondiente pago de prestaciones laborales , asimismo, si opera el fenómeno prescripción de derechos laborales.

4 Consejo de Estado, Sala Plena. (2003, 18 de noviembre). Rad. IJ -0039; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. (2004, 19 de febrero). Exp. 0099 -03; Consejo de Estado, Sección Segunda. (2015, 6 de mayo). Exp. 05001-23-31-000-2002-04865-01. 5 Consejo de Estado, Sección Segunda. (2004, 19 de febrero). Exp. 0099-03; Consejo de Estado. (2004). Sentencia 2161 de 2004. 6 Corte Constitucional. Sentencia C-074 de 1994. 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. (2011, 9 de mayo). Sentencia. CP:

Enrique Gil Botero.RADICACIÓN: 41001-33-33-004-2016-00365-01

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Para resolver, expone el marco normativo 8 y jurisprudencial 9 aplicable a los derechos laborales y al contrato realidad a partir de los tres elementos esenciales para su configuración: p restación personal del servicio, remuneración y subordinación, concluyendo que los dos primeros se encuentran plenamente acreditados con los contratos, actas de ejecución, certificaciones y cuadros de turnos aportados al proceso, pero no se demostró la subordinación.

En efecto, señala que los contratos de prestación de servicios celebrados por la demandante con el Hospital de Timaná y a través de una cooperativa de trabajo

turnos aportados al proceso, pero no se demostró la subordinación.

En efecto, señala que los contratos de prestación de servicios celebrados por la demandante con el Hospital de Timaná y a través de una cooperativa de trabajo asociado, demuestran que se pactó la prestación de las funciones de auxiliar de enfermería desde mayo de 2006 hasta septiembre de 2015, de forma interrumpida, en tareas asistenciales en urgencias, hospitalización, sala de partos y ambulancia, cumpliendo turnos rotativos, incluidos nocturnos , según los cuadros y las actas de liquidación que evidencian la prestación personal del servicio y su remuneración.

Concluye que no se prueba la subordinación con la existencia de un vínculo jerárquico permanente , pues n o se allegan documentos como memorandos, sanciones ni instrucciones expresas que demuestren dependencia funcional pues los oficios remitidos a la gerencia solo evidencian el cumplimiento de tareas, sin prueba de una estructura de mando o control directivo sobre su labor y desistió de los testimonios que habrían podido acreditarla.

Cita la jurisprudencia de esta jurisdicción donde precisa que corresponde al demandante acreditar de forma inequívoca la subordinación, así como la similitud funcional con empleados de planta, para develar una relación laboral oculta , enfatizando que la mera coordinación en el desarrollo de actividades contractuales no configura, por sí sola, subordinación laboral, ni implica conferir la condición de empleado público al contratista, y en el caso de la actora no es posible establecer

8 Constitución Política de Colombia, artículos 53, 93 y 94; Ley 80 de 1993.

empleado público al contratista, y en el caso de la actora no es posible establecer

8 Constitución Política de Colombia, artículos 53, 93 y 94; Ley 80 de 1993. 9 Corte Constitucional : Sentencia C -154 de 1997. Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara; Sentencia T -868 de 2013 ; Consejo de Estado : Sección Segunda. (2011, junio 15). Sentencia No. 25000-23-25-000-2007-00395-01 (1129-10); Sección Segunda. (2011, junio 15). Sentencia No. 25000 -23-25-000-2006-08488-02 (0056 -10); Sala Plena. (2003, noviembre 18). Sentencia Rad. IJ -0039. Magistrado Ponente: Nicolás Pájaro Peñaranda ; Sección Segunda, Subsección A. (2016, julio 21). Sentencia Rad. 11001 -03-25-000-2013-00283-00 (2830 -2013).

Magistrado Ponente: Gabriel Valbuena Hernández.RADICACIÓN: 41001-33-33-004-2016-00365-01

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una similitud entre las funciones que ejercía como contratista y las ejercidas por quienes fueran auxiliares de enfermería de planta, por ello no se puede acoger la existencia de la relación laboral.

Adicionalmente, pone de presente que, aún si se hubiera reconocido la existencia de la relación laboral, opera la prescripción sobre los periodos anteriores al 9 de septiembre de 2013, dado que la reclamación prestacional se interpone el 1° de abril de 2016, superando el término trienal según lo expuesto por la jurisprudencia.

septiembre de 2013, dado que la reclamación prestacional se interpone el 1° de abril de 2016, superando el término trienal según lo expuesto por la jurisprudencia.

2.4. El recurso de apelación (f. 1049 a 1055 C. 6).

La parte demandante interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, para que se revoque y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda, principalmente porque: i) hay prueba la continuidad de la relación contractual, ii) se configura la subordinación en la relación laboral y, iii) no se produjo la prescripción trienal.

1. Continuidad de la relación contractual. Se acredita la permanencia en la prestación del servicio , co n la certificación de vinculación expedida en 2013, donde consta una relación laboral ininterrumpida desde el año 2003 y se confirma con los contratos de prestación de servicios firmados de manera sucesiva y con los cuadros de rotación de personal de enfermería que reflejan permanencia en funciones, cuya valoración se omitió en el fallo apelado para reconocer la verdadera naturaleza y duración del vínculo contractual, vulnerando el principio de realidad sobre las formas.

1. Existencia de subordinación. Se demuestra la existencia de subordinación dentro de la relación contractual , ya que las cláusulas contractuales indican que la demandante debía cumplir turnos, realizar funciones específicas bajo órdenes superiores y presentar informes periódicos y fuera de eso los cuadros de rotación de personal, los manuales de funciones y un llamado de atención por parte de la coordinadora de urgencias, demuestran que la actora no actuaba con autonomía,

superiores y presentar informes periódicos y fuera de eso los cuadros de rotación de personal, los manuales de funciones y un llamado de atención por parte de la coordinadora de urgencias, demuestran que la actora no actuaba con autonomía, sino sujeta a dirección , aspectos que materialmente evidencian una relaciónRADICACIÓN: 41001-33-33-004-2016-00365-01

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laboral que prevalece sobre las formas conforme al artículo 53 de la Constitución y la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el tema.

1. Prescripción trienal. No se produjo la prescripción, pues según la sentencia de unificación CE-SUJ2-5 de 2016 del Consejo de Estado el término prescriptivo en casos de contrato realidad, no inicia con la finalización del contrato formal, sino con la sentencia judicial que declare la existencia de la relación laboral por lo que antes de tal reconocimiento, el derecho no es exigible y mal puede considerarse prescrito; interpretación que protege los derechos del trabajador y garantiza el acceso efectivo a la justicia, por lo tanto, lo que procedía era el rechazo de dicha excepción.

3. LA SEGUNDA INSTANCIA. CONSIDERACIONES.

3.1. Actuaciones procesales.

El recurso se admite por auto del 13 de septiembre de 2019 (f. 4, C. segunda instancia), se corre traslado para los alegatos con auto del 1° de octubre del mismo año (f. 9 Id.), habiendo gu ardado silencio tanto las partes como el Ministerio Público (f. 15 Id.)

3.2. Competencia, validez y legitimación.

mismo año (f. 9 Id.), habiendo gu ardado silencio tanto las partes como el Ministerio Público (f. 15 Id.)

3.2. Competencia, validez y legitimación.

La Corporación es competente para dirimir esta instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 153 del CPACA y procede a resolverla por cuanto no se avizoran circunstancias que invaliden lo actuado, las partes se encuentran debidamente legitimadas en la causa, toda vez que la parte demandante persigue la declaratoria de una relación laboral y las correspondientes consecuencias económicas que de ella deriven , lo cual fue negad o con el acto administrativo acusado y su legalidad ratificada con el fallo de primera instancia, dando lugar a esta alzada, de ahí el interés de las partes en que se resuelva esta instancia.

3.3. Problema jurídico.

Atendiendo lo previsto en el artículo 328 del CGP , aplicable por integración normativa según el artículo 306 del CPACA, corresponde a la Sala analizar deRADICACIÓN: 41001-33-33-004-2016-00365-01

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oficio los puntos que por ley se permitan, así como los reparos de la recurrente, de esta forma, se plantea resolver los siguientes problemas jurídicos:

1. ¿Debe declararse de oficio la caducidad en el medio de control solicitada por la demandada en la audiencia de pruebas y en los alegatos de conclusión de primera instancia?

1. ¿Debe revocarse la decisión de primer grado, por cuanto está n demostrados los elementos de la relación laboral, particularmente la subordinación de la actora y, por ende, hay lugar a anular el acto demandado, declarar la configuración del

instancia?

1. ¿Debe revocarse la decisión de primer grado, por cuanto está n demostrados los elementos de la relación laboral, particularmente la subordinación de la actora y, por ende, hay lugar a anular el acto demandado, declarar la configuración del contrato realidad y restablecer el derecho de la demandante?

1. ¿Opera la prescripción extintiva de los derechos laborales reclamados por la actora?

La tesis del Tribunal es que debe revocarse la decisión recurrida , porque se encuentran demostrados los elementos de la relación laboral, especialmente la subordinación, dando lugar a la anulación del acto atacado, sin que haya operado la caducidad ni la prescripción extintiva pues la reclamación de derechos laborales también fue radicada oportunamente y ello interrumpe el término.

Para sustentar lo anterior se procede a analizar: a) las excepciones de caducidad de la acción y prescripción extintiva , b) el marco jurídico del contrato de prestación de servicios, c) el contrato realidad y, d) el caso en concreto a la luz de los hechos probados.

3.4. Las excepciones de mérito.

Las excepciones de mérito son aquellas que aluden a hechos nuevos (no planteados en la demanda) que se oponen a las pretensiones y derechos reclamados, que bien pueden ser invocadas por la demandada o decretadas oficiosamente por el juez administrativo, como ocurre con la caducidad de la acción o la prescripción.RADICACIÓN: 41001-33-33-004-2016-00365-01

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3.4.1. Caducidad de la acción.

acción o la prescripción.RADICACIÓN: 41001-33-33-004-2016-00365-01

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3.4.1. Caducidad de la acción.

Corresponde al Tribunal pronunciarse sobre dicha excepción, habida cuenta de que fue aducida por la parte demandada tanto en la audiencia de pruebas como en los alegatos de conclusión en primera instancia, sin que la juez de primera instancia se hubiera pronunciado de fondo al respecto.

La juez de primer grado indica que la oportunidad procesal para proponerla había precluido con la celebración de la audiencia inicial, sin perjuicio de un eventual análisis en la sentencia, el cual finalmente no se llev a a cabo y por eso debe ser abordada de oficio en esta decisión.

Para resolver, el Tribunal considera pertinente recordar que, en aras de garantizar la seguridad jurídica y el interés general, el ordenamiento jurídico ha establecido una serie de plazos perentorios para acudir a la jurisdicción en ejercicio del derecho de acción, vencidos los cuales dicha posibilidad queda enervada y a ese fenómeno se le ha denominado caducidad, en relación con el cual el Consejo de

Estado ha precisado:

“El fenómeno de caducidad se configura cuando vence el término previsto en la ley para acudir ante los jueces para demandar. Límite que está concebido para definir un plazo objetivo e invariable para que quien pretenda ser titular de un derecho, opte por accionar. La caducidad tiene lugar justamente cuando expira ese término perentorio fijado por la ley.”10

De acuerdo con lo anotado, el artículo 164-2-d del CPACA señala que cuando se

opte por accionar. La caducidad tiene lugar justamente cuando expira ese término perentorio fijado por la ley.”10

De acuerdo con lo anotado, el artículo 164-2-d del CPACA señala que cuando se pretenda la nulidad o la nulidad y restablecimiento del derecho , “la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales”.

La Sala considera que la actora fue notificada del acto administrativo demandado el 28 de abril de 2016, tal como la misma entidad lo certifica en el oficio GHT-122 del 23 de septiembre de 2016 dando respuesta a un derecho de petición de aquella (f. 19 y 20, C. 1, 1ª. Inst.), por consiguiente los 4 meses para demandar

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Consejero Ponente: Guillermo Sánchez Luque, providencia de octubre 5 de 2018, radicación 25000-23-36-000-2013-01485-01(57096), demandante Instituto de Seguros Sociales y otros.RADICACIÓN: 41001-33-33-004-2016-00365-01

ACCIONANTE: NORY BERMEO ANTURY

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corrían hasta el 29 de agosto de 2016 pero se suspendió según el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 con la solicitud de conciliación extrajudicial el 12 de julio del mismo año (f. 17 y 18 ib.) faltando un mes y diecisiete días que se reanudan el

la Ley 640 de 2001 con la solicitud de conciliación extrajudicial el 12 de julio del mismo año (f. 17 y 18 ib.) faltando un mes y diecisiete días que se reanudan el día siguiente de emitida la constancia de no conciliación.

La constancia es del 13 de septiembre de 2016 por lo que el plazo culminaba el 31 de octubre de 2016 y la demanda fue presentada el 26 de octubre de 2016 (f. 217 ib.) dentro del término legal, por lo que la acción no se encuentra caducada y de esa manera, los argumentos que en su momento y de manera inoportuna presentó el apoderado de la demandada, son desechados , lo cual incluye que el proceso debió tramitarse como una controversia contractual o de reparación directa pues se busca la anulación de un acto administrativo de contenido particular y concreto que niega un derecho subjetivo aparado en normas constitucionales y sustantivas sobre el contrato realidad.

3.4.2. Prescripción extintiva de derechos laborales.

El análisis de esta excepción solo procede en caso de verificarse que la demandante ostenta efectivamente el derecho pretendido, como se desprende de los artículos 1625 y 2539 del C. Civil y a partir de su exigibilidad el paso del tiempo por el término de ley, puede extinguirlo.

En efecto, no puede extinguirse lo que no se tiene, como erradamente se sostiene en los considerandos de la sentencia apelada y, por tanto, el estudio de esta excepción se difiere hasta establecer si entre las partes existió una relación laboral encubierta bajo contratos regulados por normas distintas a las laborales.

3.5. El contrato de prestación de servicios.

excepción se difiere hasta establecer si entre las partes existió una relación laboral encubierta bajo contratos regulados por normas distintas a las laborales.

3.5. El contrato de prestación de servicios.

El artículo 32-3 de la Ley 80 de 1993 regula el contrato de prestación de servicios a efectos de que las entidades estatales puedan vincular personas naturales para “desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad”, cuando “no puedan realizarse con personal de planta o requieran de conocimientos especializados” y se celebren “por el término estrictamente indispensable”.RADICACIÓN: 41001-33-33-004-2016-00365-01

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Así, dicho contrato tiene unos parámetros o requisitos que son de su esencia: a) de orden subjetivo (solo para personas naturales), b) funcional (actividades relacionadas con el funcionamiento de la administración o requieran conocimientos especializados), c) estructural (no las puede cumplir el personal de planta) y, d) temporal (el tiempo indispensable), de manera que el desconocimiento de alguno de ellos hace que se desfigure y ha llevado a que el Consejo de Estado 11, señale que no puede constituirse en un instrumento para desconocer los derechos laborales porque las actividades las ejercen los contratistas con total autonomía e independencia y revisten la calidad de transitorias.

Aunque el artículo 32-3 de la Ley 80 establece que los contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional han admitido que tal disposición no es aplicable

servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional han admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de un contrato de trabajo , caso en el cual y por mandato superior (artículo 53) que consagra la prevalencia de la realidad frente a las formas, debe concluirse, que si bajo el ropaje externo de un contrato de prestación de servicios se esconde una auténtica relación de trabajo, esta da lugar al surgimiento del deber de retribución de las prestaciones sociales a cargo de la Administración12.

La Corte Constitucional13 ha analizado las diferencias entre el contrato de carácter laboral y el de prestación de servicios, haciendo énfasis en el elemento subordinación, sí:

“b. La autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico, constituye el elemento esencial de este contrato . Esto significa que el contra