TA CHO - 27001333300120150050901-(30-09-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

M.P. Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Neiva, dieciocho (18) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

MEDIO CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE : OSCAR ALIRIO ALMARIO RODRÍGUEZ y otros

DEMANDADO NACIÓN RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN PROVIDENCIA : SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA RADICACIÓN : 41001 33 33 005 2016 00377 01

Rad. Interna : 2021-33

Aprobado en Sala en sesión de la fecha. Acta N° 011.

1. ASUNTO

En virtud de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, procede la Sala a dictar sentencia y decidir de fondo el recurso de apelación interpuesto por los apoderados judiciales tanto de la parte actora como de la parte demandada F iscalía General de la Nación y Nación Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contra la sentencia adiada 14 de octubre de 20 20, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva , mediante la cual accedió a la s súplicas de la demanda y condenó en costas a la parte demandada.

2. LA DEMANDA

2.1 De las pretensiones

Mediante apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de reparación

demanda y condenó en costas a la parte demandada.

2. LA DEMANDA

2.1 De las pretensiones

Mediante apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, se instauró demanda por parte de Oscar Alirio Almario Rodr íguez, en nombre propio y en representación de sus menores hijos Enmanuel Almario Zapata, Juan David Almario Zapata; Ángela Yuliana Almario Zapata (Hija), Keren Almario Zapata (Hijo) y Santiago Almario Ramos (Hijo); María Yolanda Zapata Parra (esposa), en nombre propio y representación de su menor hijo Daniel Felipe Villa Zapata; María Eurania Rodríguez Valencia (madre), Alirio Almario Castro (padre), en nombre propio y en representación de la menor Laura Julieth Almario Valencia (hermana); Orfelina Castro De Almario (Abuela), Duv án2 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Reparación Directa. Rad. 41 001 33 33 005 2016 00377 01 –Rad. Interna: 2021-48

Demandante: Óscar Alirio Almario Rodríguez y otros

Demandado: NaciónRama Judicial - Fiscalía General de la Nación

Rodríguez Valencia (Tío), Luz Amelia Rodr íguez Valencia (tía), GLADYS ALMARIO CASTRO (tía), Concepción Almario Castro (tía), María Nidia Almario Castro (Tía), Berenice Almario de Tovar (tía), Gloria María Almario Castro (Tía), Cielo Rodr íguez Losada (Prima), Nedalid Rodr íguez Lozada

Almario Castro (Tía), Berenice Almario de Tovar (tía), Gloria María Almario Castro (Tía), Cielo Rodr íguez Losada (Prima), Nedalid Rodr íguez Lozada (Prima), Rosalba Rodríguez Lozada (Prima), Nelcy Guaca Rodríguez (Prima), Duberney Rodríguez Losada Primo), Alirio Huaca Rodr íguez (Primo), José William Cárdenas Rodríguez Primo), Jhon Faiver Torres Rodr íguez (Primo), Yon Jairo Reina Almario (Primo), Dar ío Rodr íguez Lozada Primo), Duvan Albeiro Chaves Rodr íguez (Primo), Martha Cecilia Parra Muñoz (Suegra) y Ricaurte Zapata Montenegro (suegro) contra la Nación Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Nación Fiscalía General de la Nación , en procura de la declaratoria de la responsabilidad administrativa y extracontractua l de los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de la privación de la libertad de que fue objeto el señor Óscar Alirio Almario Rodríguez, por el periodo comprendido entre el 03/06/2012 y el 25/07/2012 como presunto autor del delito de Extorsión Agravada en Grado de Tentativa , siendo absuelto mediante sentencia del 25 de junio de 2014, en juicio oral.

2.2. Hechos

La investigación se inició por denuncia formulada el 2 de junio de 2012, por el señor Horacio Cuéllar González, por el delito de Extorsión, siendo realizado el operativo para la captura por el GAULA de la Policía, cuando el señor Oscar

La investigación se inició por denuncia formulada el 2 de junio de 2012, por el señor Horacio Cuéllar González, por el delito de Extorsión, siendo realizado el operativo para la captura por el GAULA de la Policía, cuando el señor Oscar Alirio Almario, le solicitaba le entrega de una vaca en pago a una deuda que tenían.

El 3 de Junio de 2012 , se realiza las audiencias de control de legalidad de captura ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Gigante Huila, que la declara legal, en la audiencia de formulación de imputación el señor Óscar Alirio Almario Rodr íguez no acepta cargos; seguidamente la fiscalía solicita la medida privativa de libertad en estableci miento carcelario, medida que no es compartida por la defensa y quien apela la decisión, dada las inconsistencias de la investigación que existían en ese momento y lo incipiente del material probatorio y las evidencias materiales, se impone medida de asegu ramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

El 25 de julio de 2012, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Garzón Huila, resuelve el recurso de apelación y decreta la nulidad de la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por no haberse efectuado dentro de la audiencia la inferencia razonable y por consiguiente la libertad inmediata del mismo.

Posteriormente en sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Garzón Huila, con fecha 25 de3

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inmediata del mismo.

Posteriormente en sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Garzón Huila, con fecha 25 de3 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Reparación Directa. Rad. 41 001 33 33 005 2016 00377 01 –Rad. Interna: 2021-48

Demandante: Óscar Alirio Almario Rodríguez y otros

Demandado: NaciónRama Judicial - Fiscalía General de la Nación

junio de 2014, resuelve ABSOLVER al señor Óscar Alirio Almario Rodríguez, de los cargos imputados y por los que fue llamado a juicio.

Se toma como fecha de los hechos el día que qued ó en firme la sentencia absolutoria, es decir , el 14 de julio de 2014 , fecha en la que se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación.

3.- De la comparecencia de las entidades demandadas

3.1. De la Nación Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial1

Inicia indicando que, se debe tener en cuenta que el asunto se desató conforme a las previsiones del nuevo procedimiento penal, esto es, mediante el Sistema Penal Acusatorio, dispuesto en la Ley 906 de 2004, la cual establece unos requisitos para la captura contenidos en el artículo 297.

En cuanto a los hechos que sirven de fundamento a la demanda , indicó que son ciertos los relacionados con las actuaciones judiciales desplegadas en el proceso penal por los Jueces de Control de Garantías y de Conocimiento respecto a la imposición de la medida de aseguramiento y en lo referente al

son ciertos los relacionados con las actuaciones judiciales desplegadas en el proceso penal por los Jueces de Control de Garantías y de Conocimiento respecto a la imposición de la medida de aseguramiento y en lo referente al fallo absolutorio, pero, en cuanto a los hechos atribuidos a la Fiscalía General de la Nación, expone que no le constan en cuanto son ajenos a la institución que representa, y en cuanto a los hechos que señalan responsabilidad a la Rama Judicial refiere que no son ciertos, sino que son apreciaciones personales carentes de soporte y valor probatorio suficiente.

Agregó que la decisión adoptada por el Juez de Control de Garantías, que impuso la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, se dio con ocasión a la valoración de la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, en suma, con los argumentos expuestos y el acopio probatorio allegado, que conllevaron al fallador a inferir razonablemente que Almario Rodríguez, fue partícipe de la conducta penal reprochada, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 308 del C.P.P.

Además, se observa que el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Neiva, impartió legalidad a la captura del investigado y aceptó la formulación de imputación realizada por la Fiscalía, e impulsó medida de aseguramiento de detención preventiva solicitada por el ente acusador, todo, soportado legalmente en las normas penales y en los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, que en audiencia preliminar exhibió la Fiscalía.

solicitada por el ente acusador, todo, soportado legalmente en las normas penales y en los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, que en audiencia preliminar exhibió la Fiscalía.

1 Fl. 249 al 259 C. ppal. Físico 24 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Reparación Directa. Rad. 41 001 33 33 005 2016 00377 01 –Rad. Interna: 2021-48

Demandante: Óscar Alirio Almario Rodríguez y otros

Demandado: NaciónRama Judicial - Fiscalía General de la Nación

Sostuvo que la decisión de la medida de as eguramiento, fue producto indiscutible de la petición de la Fiscalía conforme el artículo 306 de C.P.P., determinación que estuvo bajo el amparo del estatuto procedimental concretamente desde el artículo 307 al 313 de la ídem, cuyos artículos son pertinentes al caso de Almario Rodríguez, concluyendo que la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva de la libertad no obedeció a un capricho o a una vía de hecho por parte del Juez de Garantías, por el contrario, fue procedente acoger las pre tensiones de ente acusador para asegurar el desarrollo eficiente de la investigación y la comparecencia del procesado a todas las audiencias.

Siendo así, fue luego, ya en la etapa del juicio oral, el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Neiva, en consideración a las pruebas aportadas al proceso decidió absolver al señor Óscar Alirio Almario Rodríguez, con fundamento en el principio de la duda, agregando que la

Municipal con Funciones de Conocimiento de Neiva, en consideración a las pruebas aportadas al proceso decidió absolver al señor Óscar Alirio Almario Rodríguez, con fundamento en el principio de la duda, agregando que la etapa de juzgamiento fue adelantada de forma idónea y eficiente, con observancia al debido proceso y sin que se produjera dilación en los términos que conllevaran a la prolongación ilegal de la libertad, dado que, una vez cumplidos los fines de la medida de aseguramiento, estos cesaron inmediatamente.

Agregó que, en consideración al delito imputado , el mismo se encuentra dentro de los delitos pluriofensivos que atacan el daño a la seguridad jurídica pública y que ponen en riesgo a más de un bien jurídico a la vez, y que conforme a las normas constitucionales y legales, el criterio jurídico parte de los fines y los requisitos que justifican las medidas de aseguramiento en los que el procesado pueda obstaculizar la justicia, impidiendo el desarrollo normal de las diligencias procesales, cuando se estime que la comuni dad corre peligro por haber continuado la actividad delictiva o cuando se estime que es probable que el imputado no comparecerá al proceso, explicando que las medidas cautelares garantizan en esencia el bien protegido.

Reiteró que en el presente caso no h ubo falla por parte de los jueces que conocieron del caso, pues , el Juez con funciones de Control de Garantías , profirió la medida de aseguramiento en contra del imputado con los requisitos legales establecidos para el efecto, aunque el proceso culminara con sentencia absolutoria con fundamento en el beneficio de la duda, por lo que

profirió la medida de aseguramiento en contra del imputado con los requisitos legales establecidos para el efecto, aunque el proceso culminara con sentencia absolutoria con fundamento en el beneficio de la duda, por lo que el Estado no es responsable patrimonialmente, pues a los asociados les correspondía soportar la carga pública que implica participar por voluntad de una autoridad, en la investi gación, y relieva que al respecto ha señalado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que “el hecho que se absuelva al procesado por duda, no implica que se haya juzgado a un inocente”.

[Cfr. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN PE NAL, Exp. Rad.

No. 16384, M.P. Dra. MARINA PULIDO DE BARON, 21 de enero de 2004].”.5 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Reparación Directa. Rad. 41 001 33 33 005 2016 00377 01 –Rad. Interna: 2021-48

Demandante: Óscar Alirio Almario Rodríguez y otros

Demandado: NaciónRama Judicial - Fiscalía General de la Nación

Se configura el eximente de responsabilidad denominado jurisprudencial y doctrinariamente como “Hecho de un Tercero”, pues la privación de la libertad del señor Óscar Alirio fue producto de la denuncia de un tercero Horacio Cuéllar González, es decir, que la actuación de la administración de justicia no se realizó de oficio o con la única responsabilidad del Estado, sino que, por el contrario, fue un individuo ajeno que proporciona la noticia y apertura la etapa de investigación.

no se realizó de oficio o con la única responsabilidad del Estado, sino que, por el contrario, fue un individuo ajeno que proporciona la noticia y apertura la etapa de investigación.

Propuso como excepciones: i) Inexistencia de Perjuicios, ii) Inexistencia de nexo de causalidad, iii) Innominada, iv) Hecho exclusivo de un te rcero y objeta la cuantía.

3.2. De la Fiscalía General de la Nación2

Al hacer mención a los hechos de la demanda, referidos a las actuaciones relativas al proceso surtido en contra del demandante, señal ó que no le constan y por ende se atiene a lo que resulte acreditado dentro del proceso, siempre y cuando se cumplan los requisitos de autenticidad consagrados en los Arts. 252 y 254 del C.P.C. Frente a los demás hechos, con los cuales se pretende edificar responsabilidad administrativa en contra de las entidades demandadas, señaló que no son hechos sino apreciaciones subjetivas.

Precisó que la Fiscalía General de la Nación actuó bajo los lineamientos legales, y las decisiones que se tomen dentro del proceso penal, corresponden única y exclusivamente al juez de control de garantías.

Como fundamentos de derecho y/o razones de defensa, señ aló, que en el presente caso no se configuran los supuestos esenciales que permitan estructurar ninguna clase de responsabilidad en cabeza de la entidad, en la medida en que la actuación de la Fiscalía General de la Nación se surtió de conformidad con la C onstitución Política, puntualmente el artículo 250 y las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos, actuación de la que no es ajustado a derecho predicar un defectuoso

conformidad con la C onstitución Política, puntualmente el artículo 250 y las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos, actuación de la que no es ajustado a derecho predicar un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ni alguna clase de error y mucho menos la privación injusta de la libertad del aquí demandante.

Indicó que la Fiscalía General de la Nación , obró conforme con las obligaciones y funciones establecidas en el referido artículo de la Carta Política, tanto d e las disposiciones sustanciales como procedimentales penales vigentes para la época de los hechos, de las cuales se desprende su obligación Institucional para adelantar las investigaciones necesarias con el fin de determinar si era procedente solicitar co mo medida preventiva, la detención del sindicado, de conformidad con las pruebas obrantes en ese momento procesal, y correspondiéndole al Juez de Garantías estudiar dicha solicitud, analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía y decretar las que

2 Archivo 04 ON DRIVE6 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Reparación Directa. Rad. 41 001 33 33 005 2016 00377 01 –Rad. Interna: 2021-48

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estimare procedentes, para luego sí establecer viabilidad o no de decretar la medida de aseguramiento; es decir, en últimas, si todo se ajusta a derecho, es el juez de control de garantías quien decide si decreta la medida deaseguramiento a imponer.

medida de aseguramiento; es decir, en últimas, si todo se ajusta a derecho, es el juez de control de garantías quien decide si decreta la medida deaseguramiento a imponer.

Propuso como excepciones: i). Falta de legitimación en la causa por pasiva, ii). Cumplimiento de un deber legal, iii). Inexistencia de nexo causal y señala como eximente de responsabilidad culpa o hecho exclusivo de un tercero.

4. De la Audiencia Inicial3

El Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, llevó a cabo la audiencia inicial el 23 de octubre de 201 8, la que se desarrolló en su integridad, habiéndose dispuesto que la excepción previa de “Falta de legitimación en la causa por pasiva” propuesta por la Nación Fiscalía General de la Nación, se resolverían en la sentencia; se decretaron las pruebas solicitadas.

5. De la Audiencia de Pruebas4

Se llevó a cabo en el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, el 29 de enero de 2020, en la cual se incorporó la prueba documental decretada y se desiste de unos testimonios.

6. DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA5

El Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, profirió sentencia el 14 de octubre de 2020, accediendo a las pretensiones de la demanda y condenando en costas a la parte demandada.

Inició haciendo un recuento normativo y jurisprudencial de los parámetros que se han fijado para estudiar la posibilidad de responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, que en todo venía siendo objetivo.

Consideró que la responsabilidad derivada de la privación injusta e la libertad,

se han fijado para estudiar la posibilidad de responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, que en todo venía siendo objetivo.

Consideró que la responsabilidad derivada de la privación injusta e la libertad, ha sido catalogada por el Consejo de Estado como una responsabilidad objetiva, para cuya configuración se observan los supuestos del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, esto es, que la persona haya sido exonerada por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible. Pese a que la anterior disposició n se encuentra derogada, su contenido ha sido adoptado como una regla jurisprudencial vigente para estos casos, por lo que el incumplimiento de estos supuestos hace surgir la obligación de indemnización a cargo del aparato estatal, sumándose a estos, la duda pro

3 Fls. 271 a 273 c. ppal. 2 4 Fls. 312 al 313 c. ppal. 2 5 Archivo 03 0N DRIVE. Expediente Digital Primera Instancia C01PrimeraInstancia7 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Reparación Directa. Rad. 41 001 33 33 005 2016 00377 01 –Rad. Interna: 2021-48

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reo.

Que, la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-072 de 2018, con ponencia del Magistrado José Fernando Reyes Cuartas, analizando este tema en sede constitucional, expresó que desde el estudio de la Ley 270 de

reo.

Que, la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-072 de 2018, con ponencia del Magistrado José Fernando Reyes Cuartas, analizando este tema en sede constitucional, expresó que desde el estudio de la Ley 270 de 1996, cuando esa corporación había tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el régimen aplicable en esos casos, nunca lo circunscribió a un régimen único y excluyente, motivo por el cual independientemente del régimen jurídico de imputación lo que primaban en estos asun tos eran los hechos, y en cualquier caso solo los supuestos del artículo 414 , daban cabida a un análisis objetivo de la responsabilidad, pero no otras circunstancias donde era necesario estudiar la conducta del inculpado.

Por su parte, el Consejo de Estado, en Sentencia de Unificación del 15 de agosto de 2018, emitida por la Sala Plena de la Sección Tercera, trato el tema de la privación injusta de la libertad (radicación 2011 -00235-01 /46947), estableció que cuando en el proceso se determinara que la participación del demandante incidía en la producción del daño, era necesario que el juez verificara si quien fue privado de la libertad actuó, desde el punto de vista civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva, a efectos de establecer si se configura la culpa exclusiva de la víctima, de modo que en los casos en los que la conducta de la víctima esté provista de una u otra condición procede l a exoneración de responsabilidad del Estado, por cuanto en tal caso se entiende que es esa conducta la determinante del daño.

provista de una u otra condición procede l a exoneración de responsabilidad del Estado, por cuanto en tal caso se entiende que es esa conducta la determinante del daño.

Con posterioridad la Subsección B de la Sección Tercera, al resolver una acción de tutela, mediante proveído de fecha 15 de novie mbre de 2019 dejó sin efectos la Sentencia 66001233100020100023501 (46947) del 2018, en la que la corporación unificó su jurisprudencia en relación con la responsabilidad del Estado frente a la privación injusta de la libertad, ordenando revocar la sentencia y disponiendo que en la sentencia de remplazo se valore la culpa de la víctima sin violar la presunción de inocencia.

Advirtió, que no exist ía un precedente claro en materia de privación de la libertad, concretamente en lo que a la aplicación de la figura de la culpa exclusiva de la víctima se refiere, dado el recuento jurisprudencial antes efectuado, por tal motivo adopt ó la tesis esbozada y desarrollada, por el Consejo de Estado6 según la cual cuando se trata de acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave que allí se considera, se rige por los criterios establecidos en el artículo 63 del Código Civil, que no se corresponden con los del derecho penal; igualmente, reiteró su jurisprudencia en el sentido de no declarar la responsabil idad del Estado, por privación

6 Sección Tercera. Sentencia de fecha 30 de abril de 2014. Número interno 27414. Magistrado Ponente:

DANILO ROJAS BETANCOURTH.8

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

6 Sección Tercera. Sentencia de fecha 30 de abril de 2014. Número interno 27414. Magistrado Ponente:

DANILO ROJAS BETANCOURTH.8

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Demandante: Óscar Alirio Almario Rodríguez y otros

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injusta de la libertad, cuando la persona que se ha privado de la libertad y posteriormente ha resultado absuelta, contribuye con su actuación en la producción del daño, dando lugar a la causal eximente o exonerativa por la culpa exclusiva y determinante de la víctima.

Luego de encontrar el daño que había padecido Óscar Alirio Almario Rodríguez, con la privación de la libertad, para establecer si resultaba antijurídico, valoró el material probatorio allegado partiendo de la motivación de la Sentencia Absolutoria de Primera Instancia de fecha 25 de junio de 2014, proferida por el Juzgado Primero Penal de Municipal con Funciones de Conocimiento de Garzón-Huila, para llegar a la conclusión que quedaba claro que estuvo injustamente privado de su libertad desde el 3 de junio de 2012, hasta el día 25 de julio de 2012, para un total d e 53 días. El hecho de proferirse sentencia absolutoria a su favor , daba lugar al daño sufrido por este, consistente en la pérdida temporal de su libertad, las connotaciones de antijurídico, es decir, que no tenían por qué soportarlo.

proferirse sentencia absolutoria a su favor , daba lugar al daño sufrido por este, consistente en la pérdida temporal de su libertad, las connotaciones de antijurídico, es decir, que no tenían por qué soportarlo.

Evidenció que el Juez con Función de Control de Garantías, determinó la viabilidad de la medida de aseguramiento, correspondiéndole a este y la Fiscalía General de la Nación la responsabilidad de privar de la libertad al señor Óscar Alirio Almario Rodríguez, considerando que en el proceso penal desarrollado en vigencia de la Ley 906 de 2004, es competencia del Juez de Control de Garantías la determinación de imponer la medida de aseguramiento en los términos de los artículos 2, 306, 307 y 308 ibídem, razón por la cual , la Fiscalía General de la Nación , pese a ser el sujeto procesal que pide la imposición de la medida, no participa de la decisión que restringe la libertad, circunstancia esta última que constituye el hecho generador de la responsabilidad en casos de privación injusta, si tiene la responsabilidad de conformidad con las funciones establecidas el artículo 286 y 287 de la Ley 906 de 2004, motivos por los cuales les asiste legitimación en la causa material por pasiva a las entidades aquí demandadas.

Así las cosas, era un deber del Juez, en cumplimiento de la función de valoración de los elementos probatorios que presenta el ente a cusador, analizar las entrevistas y declaraciones juradas, de manera lógica y razonable, y dentro de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dijo haber presenciado los hechos, para evaluar sí est as pruebas otorgaban un

analizar las entrevistas y declaraciones juradas, de manera lógica y razonable, y dentro de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dijo haber presenciado los hechos, para evaluar sí est as pruebas otorgaban un grado de certeza tal que ameritara la privación de la libertad del investigado.

Que, e n consideración de ese Despacho, dicho deber fue incumplido por parte de las demandadas, sin que sirva de excusa el hecho de un tercero, para eximir de responsabilidad al Estado en este asunto, r azones más que suficientes para declarar que no probo este eximente de responsabilidad.

En cuanto al eximente de responsabilidad alegado por las entidades demandadas, estudió la conducta del demandante Óscar Alirio Almario9 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Reparación Directa. Rad. 41 001 33 33 005 2016 00377 01 –Rad. Interna: 2021-48

Demandante: Óscar Alirio Almario Rodríguez y otros

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Rodríguez, frente a la decisión inicial de la Fiscalía General de la Nación, de impulsar una investigación para la imposición de medida de aseguramiento en su contra consistente en privación por su libertad, este no actuó con culpa grave, pues su actuar no fue negl igente, omisivo e imprudente frente a los hechos puestos de presente por parte del ente acusador al Juez de Control de Garantías.

En otras palabras y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, no enc ontró acreditado que el comportamiento

de Garantías.

En otras palabras y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, no enc ontró acreditado que el comportamiento del demandante Óscar Alirio Almario Rodr íguez, descono ciera los parámetros de cuidado y diligencia que una persona de poca prudencia hubiera empleado en sus negocios propios, y, en consecuencia , no configurativo de la culpa grave y exclusiva de la víctima.

Conforme a lo expuesto, concluyó que la imputación emerg ía bajo la óptica del artículo 90 de la Constitución Política. En este caso, se evidencia ba la ocurrencia de un daño especial, al tratarse de un daño excepcional y anormal al derecho fundamental a la libertad (art. 28 C.N.), que excede la carga pública que debe asumir un ciudadano ante la función punitiva estatal de hacer comparecer al proceso a quienes son investigados por la presunta comisión de un delito.

7.- DEL RECURSO DE APELACIÓN

7.1. De la parte demandante7

El reproche a la sentencia lo presentó única y exclusivamente por la negación al lucro cesante consolidado pedido en suma de 8.75 salarios mínimos legales mensuales vigentes, los cuales fueron negados por (i) no demostrar el actor la imposibilidad de seguir trabajando tras recuperar la libertad y (ii) no tener indicios que el empleo se perdió por causa de la medida de aseguramiento.

A su juicio, para el reconocimiento de lucro cesante consolidado debe existir una presunción que la víctima no ha podido acceder o perdió su empleo como consecuencia de la medida de aseguramiento, ese es el entender y alcance

aseguramiento.

A su juicio, para el reconocimiento de lucro cesante consolidado debe existir una presunción que la víctima no ha podido acceder o perdió su empleo como consecuencia de la medida de aseguramiento, ese es el entender y alcance que otorga la sentencia de unificación del Consejo de Estado dictada el 28 de agosto de 2014, radicado interno 36149 con ponencia del Magistrado, doctor Hernán Andrade Rincón.

De esa manera solicit a modificar parcialmente la sentencia atacada agregando un ordinal en el que condene solidariamente a los demandados a cancelar a favor del señor Óscar Alirio Almario Rodríguez , el equivalente a 8,75 S.M.L.M.V. tal como fue peticionado en la demanda.

7 Archivo 008 ON DRIVE10 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Reparación Directa. Rad. 41 001 33 33 005 2016 00377 01 –Rad. Interna: 2021-48

Demandante: Óscar Alirio Almario Rodríguez y otros

Demandado: NaciónRama Judicial - Fiscalía General de la Nación

7.2. De la Nación Rama Judici al Dirección Ejecutiva de Administración Judicial8

Considera que, en el caso que ocupa a la Sala, el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, incurrió en defecto fáctico, pues, como bien se observa, la decisió