TA CHO - 27001333300120190017801-(30-09-2022)

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REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300120150050901

MEDIO DE CONTOL: REPARACION DIRECTA

ACTOR: ERNELICIA CORDOBA PINO Y OTROS.

CONTRA: NACION – MIN DEFENSA – EJERCITO NACIONAL.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCO

SENTENCIA No.146

Quibdó, treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300120150050901

MEDIO DE CONTOL: REPARACION DIRECTA

ACTOR: ERNELICIA CORDOBA PINO Y OTROS.

CONTRA: NACION – MIN DEFENSA – EJERCITO NACIONAL.

MAGISTRADA PONENTE: NORMA MORENO MOSQUERA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia N° 154 del 11 de noviembre de 2020, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, en la que se resolvió: PRIMERO: DECLÁRESE probada la excepción de FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, propuestas por el apoderado judicial de la parte demandada.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración NIEGUENSE las súplicas de la demanda.

TERCERO: CONDÉNASE en costas a la parte actora. Fíjense como agencias en derecho el 1% de las pretensiones negadas en esta instancia. Por secretaría, liquídense las costas.

de la demanda.

TERCERO: CONDÉNASE en costas a la parte actora. Fíjense como agencias en derecho el 1% de las pretensiones negadas en esta instancia. Por secretaría, liquídense las costas.

CUARTO: Devuélvase a la parte demandante el remanente de los gastos del proceso, si los hubiere.

QUINTO: Ejecutoriada la presente providencia, termínese el proceso, archívese el expediente, y cancélese su radicación.

I. ANTECEDENTE Los señor es ERNELICIA CORDOBA PINO Y OTROS , actuando por conducto de apoderado judicial y en e jercicio del medio de reparación directa, consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Con tencioso2 de 25

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ACTOR: ERNELICIA CORDOBA PINO Y OTROS.

CONTRA: NACION – MIN DEFENSA – EJERCITO NACIONAL.

Administrativo, demandan ante esta jurisdicción a la NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL; en solicitud de las siguientes: Pretensiones. En la demanda se formulan las siguientes: PRIMERA: Declarar a la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA -EJÉRCITO NACIONAL-BATALLÓN MANOSALVA FLÓREZ administrativa y solidariamente responsables de los perjuicios materiales, morales y de la vida de relación causados

a ENELICIA CÓRDOBA PINO, YOSAIDA MORENO CÓRDOBA, FELISA SERNA

responsables de los perjuicios materiales, morales y de la vida de relación causados

a ENELICIA CÓRDOBA PINO, YOSAIDA MORENO CÓRDOBA, FELISA SERNA

CÓRDOBA, JEIFER MORENO CORDOBA, HERNAN JOSE CORDOBA PINO, HERNANDO CORDOBA PINO, HORMELIO CORDOBA PINO, YAMERLY PALACIOS PINO en nombre y representación legal de su hijo menor YEFFERSON SERNA PALACIOS, como consecuencia del fallecimiento del hijo, hermano, sobrino y padre, YEISON ANTONIO SERNA CORDOBA (Q.E.P.D), durante la prestación del servicio militar en calidad de soldado profesional en el CASERIO EL 15 en la vía que comunica Quibdó -Medellín en cumplimiento a la orden de operaciones No 013 “MISTICO”, hechos ocurridos el 26 de marzo de 2014.

SEGUNDA: Condenar en forma de obligaciones solidaria a la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONALBATALLÓN MANOSALVA FLÓREZ , a título de indemnización por los perjuicios causados a los demandantes, por las siguientes

sumas de dinero, así:

1. POR CONCEPTO DE PERJUICIOS

A. DAÑO MATERIAL

DEMANDANTE PARENTESCO S.M.L.M.V.

ENELICIA CORDOBA PINO MADRE

200

YEFFERSON SERNA

PALACIOS

HIJO UNICO

300

YOSAIDA MORENO CORDOBA

HERMANA

50

FELISA SERNA CORDOBA

HERMANA

50

JEIFER MORENO CORDOBA

HERMANO

300

YOSAIDA MORENO CORDOBA

HERMANA

50

FELISA SERNA CORDOBA

HERMANA

50

JEIFER MORENO CORDOBA

HERMANO

503 de 25

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ACTOR: ERNELICIA CORDOBA PINO Y OTROS.

CONTRA: NACION – MIN DEFENSA – EJERCITO NACIONAL.

A. DAÑOS MORALES:

DEMANDANTE PARENTESCO S.M.L.M.V.

ENELICIA CORDOBA PINO MADRE

150

YEFFERSON SERNA

PALACIOS

HIJO UNICO

150

YOSAIDA MORENO CORDOBA HERMANA 80

FELISA SERNA CORDOBA

HERMANA

80

JEIFER MORENO CORDOBA

HERMANO

80

HERNAN JOSE CORDOBA

PINO

TIO

50

HERNANDO CORDOBA PINO

TIO

50

HORMELIO CORDOBA PINO TIO

50

C.DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN

DEMANDANTE PARENTESCO S.M.L.M.V.

ENELICIA CORDOBA PINO MADRE

150

YEFFERSON SERNA

PALACIOS

HIJO UNICO

200

YOSAIDA MORENO CORDOBA HERMANA 100

FELISA SERNA CORDOBA

HERMANA

150

YEFFERSON SERNA

PALACIOS

HIJO UNICO

200

YOSAIDA MORENO CORDOBA HERMANA 100

FELISA SERNA CORDOBA

HERMANA

100

JEIFER MORENO CORDOBA

HERMANO

100

HERNAN JOSE CORDOBA

PINO

TIO

50

HERNANDO CORDOBA PINO

TIO

50

HORMELIO CORDOBA PINO TIO

50

TERCERA: Que se me reconozca y pague las agencias en derechos que corresponden al 10%4 de 25

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ACTOR: ERNELICIA CORDOBA PINO Y OTROS.

CONTRA: NACION – MIN DEFENSA – EJERCITO NACIONAL.

CUARTA: Que se me reconozca personería jurídica para actuar.

QUINTA: Dar cumplimiento a la sentencia de conformidad con lo previsto en el artículo 176, 177, 178 del C.C.A”

Hechos. Los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones son los siguientes:

1. El señor YEISON ANTONIO SERNA CORDOBA (Q.E.P.D) , se desempeñaba como soldado profesional al servicio del Ejército Nacional adscrito al Batallón

Manosalva Flórez de Quibdó.

2. El día 26 de marzo de 2014, el señor YEISON ANTONIO SERNA CORDOBA

(Q.E.P.D), se encontraba prestando el servicio en la carretera que conduce de

Manosalva Flórez de Quibdó.

2. El día 26 de marzo de 2014, el señor YEISON ANTONIO SERNA CORDOBA

(Q.E.P.D), se encontraba prestando el servicio en la carretera que conduce de Quibdó a Medellín, exactamente en el Caserío del 15 en desarrollo de la orden de operaciones No. 013 “MISTICO”, junto con otros dos compañeros, cuando el señor JHON GOMEZ MORENO, sargento de dicha institución, les ordenó que se ubicaran debajo de una cima o cerro el cual se encontraba en malas condiciones pues en años anteriores se produjo un derrumbe en ese mismo lugar, por lo cual este terreno no se encontraba sólido sino movedizo. El joven YEISON ANTONIO SERNA CORDOBA (Q.E.P.D) , al igual que sus otros dos compañeros, DANY JULIO SALAZAR ESCOBAR Y OVER DE JESUS HIDALGO CASTRO, quienes también se encontraban prestando el turno en ese lugar le manifestaron a su superior que nos lo colocaran a prestar el turno en dicho lugar por dicha situación de peligro además de que él conocía que anteriormente en ese mismo lugar se había ocasionado un derrumbe.

3. No obstante, a lo anterior el superior del ejército insistió y les ordenó que e n ese lugar tenían que prestar el turno.

4. Se encontraban prestando el servicio el joven YEISON SERNA, cuando repentinamente a eso de las 1:20 AM se vino un derrumbe, el cual lo arrastró a kilómetros de donde se encontraban, a él y sus otros dos compañeros causándoles la muerte instantánea.

5. Actualmente cursan dos procesos penal y disciplinario en busca de esclarecer

kilómetros de donde se encontraban, a él y sus otros dos compañeros causándoles la muerte instantánea.

5. Actualmente cursan dos procesos penal y disciplinario en busca de esclarecer los hechos ocurridos el día 26 de marzo de 2014, y radicado 014 de 2014 e investigación penal ante el Juzgado Séptimo Penal Militar.

6. Según el informativo administrativo, se constata que el señor falleció en Misión del servicio.

Contestación de la demanda. Nación – Min Defensa – Ejército Nacional. Por conducto de apoderado judicial, la parte demandada contest ó la demanda, se opuso a las pretensio nes proponiendo excepciones, de fuerza mayor, riesgo propio del servicio, ausencia de nexo de causalidad para demostrar la responsabilidad extracontractual e inexistencia de la obligación.5 de 25

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CONTRA: NACION – MIN DEFENSA – EJERCITO NACIONAL.

Se opuso a las pretensiones por considerar que no hay lugar a endilgar responsabilidad a su defendida, por encontrarse en un caso de fuerza mayor o caso fortuito, pues los hechos fueron consecuencia de la acción de la naturaleza ajena a la voluntad de la administración , un hecho impr evisible e inevitable, por lo anterior no está llamada a reparar dichos perjuicios que aducen quienes demandan en razón a que no existe un nexo causal, para que sea imputado dicho daño a la institución.

Por lo anterior solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda.

está llamada a reparar dichos perjuicios que aducen quienes demandan en razón a que no existe un nexo causal, para que sea imputado dicho daño a la institución.

Por lo anterior solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda.

Decisiones relevantes de la audiencia inicial: La audiencia inicial en el asunto se llevó a cabo, el día miércoles 05 de abril de 2017, en la misma se saneo el proceso, se decidieron excepciones previas, se agotó la etapa de conciliación judicial, se fijó el litigio y se decretaron pruebas. La sentencia apelada El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante la sentencia apelada, denegó las pretensiones de la demandada, con fundamento en las siguientes consideraciones: (…) En conclusión, en el proceso no se acreditó que el daño fuera imputable a la demandada, toda vez que las pruebas resultan insuficientes para acreditar que i) no se brindó la suficiente instrucción a la víctima, ii) no se planeó adecuadamente la operación militar en la que perdió su vida y iii) el agente fallecido hubiera estado sometido a un riesgo excepcional diferente al que normalmente debía soportar en su condición de soldado del Ejército Nacional. (…) no encuentra el despacho una actuación irregular o reprochable por parte de la entidad demandada que amerite responsabilizarla patrimonialmente por la causación del hecho dañoso, puesto que, se insiste, no se demostró que el hecho dañoso hubiese sido producto de una falla del servicio. (…) no se encuentran elementos probatorios que permitan inferir en el presente caso la existencia de una falla del servicio imputable a la entidad demandada, de tal suerte

hubiese sido producto de una falla del servicio. (…) no se encuentran elementos probatorios que permitan inferir en el presente caso la existencia de una falla del servicio imputable a la entidad demandada, de tal suerte que al no acreditarse la imputación del daño antijurídico al Estado, resulta claro que no se configuró uno de los elementos estruct urantes exigidos para comprometer la responsabilidad patrimonial de la Administración. (…) la parte demandante no cumplió con la carga probatoria que le impone la norma legal en cita, toda vez que, se reitera, no allegó al proceso prueba alguna que permita atribuir el hecho dañoso al ente público demandado. Muy por el contrario a lo afirmado por la parte actora, lo que si da cuenta la probanza es que en el sector donde se encontraban pernoctando los militares se presentó un6 de 25

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aumento inesperado en los niveles de lluvia, lo que generó un aumento en los niveles del agua del suelo y, en consecuencia, el deslizamiento del terreno. (…) Está acreditado que, el 25 de marzo de 2014, en el área territorial ubicada entre el punto 15 y 16 de la vía Quibdó -Medellín, se pr esentó un incremento anormal en el índice de lluvia, hecho externo a la entidad demandada, el que no era posible oponerse y que no se podía prever con anticipación.

punto 15 y 16 de la vía Quibdó -Medellín, se pr esentó un incremento anormal en el índice de lluvia, hecho externo a la entidad demandada, el que no era posible oponerse y que no se podía prever con anticipación. El aumento de las lluvias -hecho causante del daño -fue irresistible, imprevisible y externo a la entidad demandada, pues no había evidencia de deslizamientos anteriores, mucho menos de la inestabilidad del suelo, y que no podía anticiparse el inusitado aumento de lluvias al que no era posible oponerse. En definitiva, como el fenómeno natural del incremento de las lluvias fue un hecho sorpresivo e inesperado que no es imputable a la parte demandada, se cumplen las condiciones para que se estructure la fuerza mayor, como eximente de responsabilidad que rompió el nexo de causalidad entre el daño y la acción del Estado. (…)”. El recurso de apelación La apoderada de la parte demanda nte, dentro del término legal presenta recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, en el que manifiesta como razones de inconformidad las siguientes: El juez no apreció ni valoró debidamente todas las pruebas obrantes en el expediente, entre las cuales se aportó copia del expediente disciplinario que se le abrió al Sargento GOMEZ. Por lo anterior solicita se revoque la sentencia de primera instancia. Trámite ante la segunda instancia Mediante auto Interlocutorio No 310 del 13 de septiembre de 2021 se admite el recurso de apelación interpuesto por la parte acciona nte, en contra de la sentencia N° 0154

Trámite ante la segunda instancia Mediante auto Interlocutorio No 310 del 13 de septiembre de 2021 se admite el recurso de apelación interpuesto por la parte acciona nte, en contra de la sentencia N° 0154 del 11 de noviembre de 2020 , proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó. Mediante auto interlocutorio N° 83 del 09 de marzo de 2022 se corre traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público, para que emita con cepto de considerarlo necesario. Alegatos de conclusión en segunda instancia. Parte demandante En el expediente no existe constancia procesal, de que haya presentado alegatos de fondo. Parte demandada7 de 25

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En el respectivo escrito de alegatos de conclusión reiteró lo expuesto en su contestación, en el sentido de que frente a los hechos ocurridos el 28 de marzo de 2014, se configura las eximentes de responsabilidad de: - Fuerza mayor o caso fortuito y - Riesgo propio del servicio. Por lo anterior solicita que se confirme la sentencia de primera instancia. Ministerio Público. Sin constancia de pronunciamiento del agente del Ministerio Público en esta etapa procesal.

I. CONSIDERACIONES

Competencia.

El Tribunal es competente para desatar la alzada con fundamento en el artículo 153

Sin constancia de pronunciamiento del agente del Ministerio Público en esta etapa procesal.

I. CONSIDERACIONES

Competencia.

El Tribunal es competente para desatar la alzada con fundamento en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone: “ARTICULO 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMIN ISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos (…)”.

Problema jurídico La controversia planteada en el caso concreto impone a la Sala decidir si la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, es patrimonialmente responsable de los perjuicios sufridos por los demandantes, con ocasión de la muerte del SLP Yeison Antonio Serna Córdoba ocurrida “en misión del servicio”, el día 26 de marzo de 2014 en la carretera que conduce Quibdó -Medellín, sector el 15. Fundamento de la responsabilidad del Estado La principal norma jurídica que sirve como fuente para resolver cualquier discusión frente a la responsabilidad patrimonial del Estado es el artículo 90 de la Constitución Nacional, la cual permite fundamentar todos los sistemas de responsabilidad que han sido decantados por la Jurisprudencia nacional a la luz de los principios y normas constitucionales, de la anterior Constitución y de la actual. En última instancia, el verdadero fundamento de la responsabilidad patrimonial estatal descansa en el deber que tienen las autoridades públicas de proteger y garantizar la efectividad de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley a los administrados, los cuales no8 de 25

verdadero fundamento de la responsabilidad patrimonial estatal descansa en el deber que tienen las autoridades públicas de proteger y garantizar la efectividad de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley a los administrados, los cuales no8 de 25

REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300120150050901

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pueden ser vulnerados por daños que lesionen su patrimonio y que alteren la igualdad de todas las personas ante las cargas públicas.

El citado artículo a la letra dice:

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. “En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.

Por principio general, quien sufre un daño imputable a título de delito o culpa cometido por otra persona, tiene derecho a la reparación integral, conforme a lo establecido en el artículo 90 de la constitución Política. Así las cosas, manteniendo el criterio expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C-832 de 2001, es claro que la responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro sistema jurídico encuentra fundamento en el principio de la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, desarrollado in extenso por la jurisprudencia y expresamente consagrado en el artículo 90 de la Constitución Política, el cual a su

nuestro sistema jurídico encuentra fundamento en el principio de la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, desarrollado in extenso por la jurisprudencia y expresamente consagrado en el artículo 90 de la Constitución Política, el cual a su vez debe interpretarse en concordancia con los artículos 2º, 13, 58 y 83 del mismo ordenamiento Superior que, por un lado, le impone a las autoridades de la República el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes (artículo 2º) y, por el otro, le señala la obligación de promover la igualdad de los particulares ante las cargas públicas (art. 13) y de garantizar la confianza, la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles (arts. 58 y 83). Hechos probados.

En cuanto al material probatorio allegado al expediente en copia simple, éste se valorará, en aplicación del artículo 246 de CGP (aplicable al caso concreto p or remisión expresa del artículo 306 del CPACA), en conjunto con las demás pruebas9 de 25

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documentales1 y testimonial2, analizadas dentro del marco de la sana crítica 3, en cuanto ordena que las pruebas deben ser apreciadas en conjunto, los principios constitucionales4, la normativa5 y jurisprudencia constitucional6,

documentales1 y testimonial2, analizadas dentro del marco de la sana crítica 3, en cuanto ordena que las pruebas deben ser apreciadas en conjunto, los principios constitucionales4, la normativa5 y jurisprudencia constitucional6,

1 En cuanto al material probatorio allegado al expediente en copia simple, estos se valorarán, en aplicación del artículo 246 de CGP (aplicable al caso concreto por remisión expresa del artículo 306 del CPACA), según el cual las copias tienen el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia, y conforme al precedente jurisprudencial de la Sala Plena de la Sección Tercera del Honorable Consejo Estado, del 28 de agosto de 2013 1, que ha indicado que es po sible apreciar las copias si las mismas han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas a los principios de contradicción y de defensa de las partes, en atención a los principios de la buena fe y lealtad que deben conducir toda la actuación judicia l.

2 “Si bien el ordenamiento jurídico califica como sospechosas las declaraciones de personas que en concepto del juez se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad –por razones de parentesco, dependencia, relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales, entre otras – lo cierto es que esta Corporación ha sostenido que no pueden descartarse de plano sus afirmaciones, sino que deben valorarse de manera más rigurosa, a partir de la confrontación y ponderación con las demás pruebas del proceso, y a las circunstancias fácticas de cada caso, de acuerdo con el sistema de valoración o apreciación de la prueba de la sana crítica. En tal virtud, la Sala valorará los

del proceso, y a las circunstancias fácticas de cada caso, de acuerdo con el sistema de valoración o apreciación de la prueba de la sana crítica. En tal virtud, la Sala valorará los testimonios (…) prenombrados, comoquiera que no fueron cuestionados o tachados por la parte actora y, por el contrario, fueron practicados con la presencia del apoderado de los demandantes y sometidos al principio de contradicción (…) La Sala, como se indicó anteriormente, no admitirá la tacha de sospecha, t oda vez que la jurisprudencia ha sostenido que no pueden descartarse de plano las afirmaciones de los médicos dependientes de los centros hospitalarios demandados, sino que deben valorarse de forma más exigente y de forma ponderada con los otros elementos de convicción (…)”. CONSEJO

DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 76001-2331-000-2008-00222 01(45 524) Actor: JOSÉ HIPÓLITO ARAGÓN DÍAZ Y OTROS

Demandado: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE Referencia: ACCIÓN DE

REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

3 Al respecto: “La valoración racional de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica trasciende las reglas estrictamente procesales, porque la obligación legal de motivar razonadamente las decisiones no se satisface con el simple cumplimiento de las formalidades. Por el contrario, los instrumentos legales son un medio para alcanzar la verdad de los hechos que interesan al proceso y esta función solo se materializa mediante procesos

razonadamente las decisiones no se satisface con el simple cumplimiento de las formalidades. Por el contrario, los instrumentos legales son un medio para alcanzar la verdad de los hechos que interesan al proceso y esta función solo se materializa mediante procesos lógicos, epistemológicos, semánticos y hermenéuticos que no están ni pueden estar reglados por ser extrajurídicos y pertenecer a un plano bien distinto al del tecnicismo dogmático. Estos criterios objetivos garantizan el cumplimiento de la obligación que tiene el juez de motivar las sentencias como garantía del derecho constitucional a la prueba que asiste a las partes. Por el contrario, es un método de valoración que impone a los falladores reglas claras y concretas para elaborar sus hipótesis sobre los hechos a partir del uso de razonamientos lógicos, analógicos, tópicos, prob abilísticos y de cánones interpretativos adecuados, que constituyen el presupuesto efectivo de la decisión. (Lea: Argumentación debe ser netamente jurídica cuando se acusa a un fallo de violar directamente la ley) (…), la valoración individual de la prueba es un proceso hermenéutico, que consiste en interpretar la información suministrada a la luz del contexto dado por las reglas de la experiencia, las teorías e hipótesis científicas y los postulados de la técnica. Para ello, debe contrastar la consistencia del contenido de la prueba (adecuación o correspondencia) con10 de 25

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la realidad, mediante el análisis de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos. Una vez asignado el mérito individual a cada prueba, se procede a analizar la prueba de maneja conjunta mediante el contraste de la información suministrada por cada una de ellas. Con el fin de que sirvan de base para la construcción de hipótesis con gran probabilidad, esto es, sin contradicciones, con alto poder explicativo y concordantes con el contexto experiencia”. La valoración racional de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica trasciende las reglas estrictamente procesales, porque la obligación legal de motivar razonadamente las decisiones no se satisface con el simple cumplimiento de las formalidades. Por el contrario, los instrumentos legales son un medio para alcanzar la verdad de los hechos que interesan al proceso y esta función solo se materializa mediante procesos lógicos, epistemológicos, semánticos y hermenéuticos que n o están ni pueden estar reglados por ser extrajurídicos y pertenecer a un plano bien distinto al del tecnicismo dogmático. Estos criterios objetivos garantizan el cumplimiento de la obligación que tiene el juez de motivar las sentencias como garantía del derecho constitucional a la prueba que asiste a las partes. Por el contrario, es un método de valoración que impone a los falladores reglas claras y concretas para elaborar sus hipótesis sobre los hechos a partir del uso de razonamientos lógicos, analógicos, tópicos, probabilísticos y de cánones interpretativos adecuados, que

concretas para elaborar sus hipótesis sobre los hechos a partir del uso de razonamientos lógicos, analógicos, tópicos, probabilísticos y de cánones interpretativos adecuados, que constituyen el presupuesto efectivo de la decisión. (Lea: Argumentación debe ser netamente jurídica cuando se acusa a un fallo de violar directamente la ley) (…), la valoración indivi dual de la prueba es un proceso hermenéutico, que consiste en interpretar la información suministrada a la luz del contexto dado por las reglas de la experiencia, las teorías e hipótesis científicas y los postulados de la técnica. Para ello, debe contrastar la consistencia del contenido de la prueba (adecuación o correspondencia) con la realidad, mediante el análisis de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos. Una vez asignado el mérito individual a cada prueba, se procede a analizar la prueba de maneja conjunta mediante el contraste de la información suministrada por cada una de ellas. Con el fin de que sirvan de base para la construcción de hipótesis con gran probabilidad, esto es, sin contradicciones, con alto poder explicativo y concordantes con el contexto experiencia ”. Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia SC91932017 (11001310303920110010801), Mar.29/17

4 Entre ellos, Publicidad y contradicción a los cuales fueron sometidas dichas pruebas, que garantizan el cumplimiento de los derechos al debido proceso y defensa, en concordancia con los principios de la buena fe y lealtad y aplicación del derecho sustancial sobre el formal. 5 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 211 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), “en los procesos que se

con los principios de la buena fe y lealtad y aplicación del derecho sustancial sobre el formal. 5 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 211 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), “en los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en lo que no esté expresamente regulado en [dicho] Código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil”, entiéndase hoy CGP, que en su artículo 165. Frente a los medios de prueba prescribe: “Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez”.

6 Sentencia T-247/16, Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, que en lo que respecta, a los medios de prueba válidos para demostrar el supuesto de hecho, ha precisado, que cualquier medio de convicción de los contemplados en nuestro ordenamiento jurídico es válido para llevar al convencimiento al juez de su ocurrencia.11 de 25

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CONTRA: NACION – MIN DEFENSA – EJERCITO NACIONAL.

En el proceso se encuentran probados los siguientes hechos:

De acuerdo con el registro civil de defunción, obrante en el expediente el señor

CONTRA: NACION – MIN DEFENSA – EJERCITO NACIONAL.

En el proceso se encuentran probados los siguientes hechos:

De acuerdo con el registro civil de defunción, obrante en el expediente el señor YEISON ANTONIO SERNA CORDOBA falleció el 26 de marzo de 20147. El SLP YEISON ANTONIO SERNA CORDOBA , se encontraba vinculado al servicio de las Fuerzas MilitaresEjército Nacional, como integrante del Batallón de infantería N° 12 “BG Alfonso Mansalva Flórez8. Obra dentro del expediente orden de operaciones No. 013, “MISTICO” 9, emitida por la DECIMA QUINTA