TA CHO - 27001333300120160014501-(28-10-2022)

Segunda instancia

Medio de Control: Ejecutivo con Sentencia.

Radicado: 27001333300120160014501

Actor: Gilberto Moreno Palacios y Otros.

Contra: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

Quibdó, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintidós (2022).

SENTENCIA No. _0179_/

REFERENCIA: 27001333300120160014501

MEDIO DE CONTROL: EJECUTIVO CON SENTENCIA

EJECUTANTE: GILBERTO MORENO PALACIOS Y OTROS

EJECUTADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA

NACIONAL.

MAGISTRADA PONENTE: Dra. MIRTHA ABADÍA SERNA

Corresponde desatar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte ejecutada contra de la Sentencia N° 178 del 23 de agosto de 2021, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, que resolvió:

“PRIMERO: Declarar no probada la excepción de pago total de la obligación, en lo que corresponde a la señora DIOSELINA MORENO MOSQUERA y, en consecuencia, se ordena, seguir adelante con la ejecución del crédito para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Practíquese la liqui dación del crédito, conforme lo ordena el artículo 446

obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Practíquese la liqui dación del crédito, conforme lo ordena el artículo 446 del C.G.P., para lo cual cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su presentación, y si fuere el caso de la conversión a moneda nacional de aquel y de estos, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento de pago, adjuntando los documentos que la sustenten si fueren necesario.

TERCERO: Condenase en costas al ejecutado, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 361, 365 y 366 del C.G.P, en concordancia con el artículo 4º, literal b) del Acuerdo No. PSAA16 -10554 del 5 de agosto de 20163, del Consejo Superior de la Judicatura, lo anterior, en suma equivalente al 7% del valor total que se ordenó pagar en el mandamiento ejecutivo, valor que será reconocido y pagado a la parte demandante. Por secretaría liquídense las costas.

CUARTO: Para los fines pertinentes de la notificación de esta providencia, dese cumplimiento a lo Dispuesto en el Decreto 806 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, en especial, lo señalado en los artículos 2, 8 y 9 de dicha normativa”.Segunda instancia

Medio de Control: Ejecutivo con Sentencia.

Radicado: 27001333300120160014501

Social y Ecológica”, en especial, lo señalado en los artículos 2, 8 y 9 de dicha normativa”.Segunda instancia

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ANTECEDENTES

El señor EDGAR MOSQUERA GOMEZ , actuando en representación de los señores GILBERTO MORENO Y OTROS instauró demanda ejecutiva contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, con la finalidad de que se acceda a las siguientes:

HECHOS Y PRETENSIONES

“Comedidamente me permito solicitarle conforme a lo establecido en los artículos 192, 297,298 y 299 del C.P.A.C.A. se ordene el inicio del proceso ejecutivo a continuación del ordinario toda vez que la presente obligación emanada de la sentencia de la sentencia 043 del 28 de marzo del 2017 del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, la cual fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Chocó el día 7de febrero de 2018, sentencia 011, dichas providencias se encuentran debidamente ejecutoriadas, y que en consecuencia con ello el documento anexado por la entidad demandada en el que el comité de conciliación y pago de dicha entidad establece los parámetros para el pago de las providencias entre otras consideraciones

debidamente ejecutoriadas, y que en consecuencia con ello el documento anexado por la entidad demandada en el que el comité de conciliación y pago de dicha entidad establece los parámetros para el pago de las providencias entre otras consideraciones indica lo siguiente: “En cuanto a la forma de pago la misma se pactará bajo el siguiente acuerdo: Una vez sea presentada la respectiva cuenta de cobro ante la Dirección General de la Policía Nacional – la misma realizó el pago parcial de la providencia en mención, dejando de cancelar la indemnización a la señora DIOSELINA MORENO MOSQUERA, por lo que a la fecha presente ya pasaron más de diez meses desde el pago de dicha obligación y no se ha visto reflejado la indemnización de la beneficiaria en mención.

LA DECISION APELADA

El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante providencia de fecha 23 de agosto de 2021, determinó. A manera de ilustración consideró:

(…)

“Ahora bien, de las pruebas obrantes en el expediente, no se advierte que la entidad ejecutada haya dado cumplimiento cabal a la providencia judicial que se le reclama su cumplimiento o pago, es más, la misma entidad ejecutada, al proponer la excepción de pago reconoce que “mediante acto administrativo resolución Nro. 00276 del 30 de marzo del 2020, ordeno el pago de la obligación a los demandante como lo refiere el resuelve de la sentencia de cierre, en dicho pago se verificó de conformidad con lo recitado por el apoderado que había faltado una demandante por pagar la señora DIOSELINA MORENO MOSQUERA”, en consecuencia de lo anterior, es claro que la entidad condenada, en realidad lo que hizo fue un pago parcial, en la medida en que la

recitado por el apoderado que había faltado una demandante por pagar la señora DIOSELINA MORENO MOSQUERA”, en consecuencia de lo anterior, es claro que la entidad condenada, en realidad lo que hizo fue un pago parcial, en la medida en que la resolución Nro. 00276 del 30 de marzo del 2020, que obra en el expediente, mediante la cual se da cumplimiento a las sentencias No. 043 del 28 de marzo de 2017, proferida por este Despacho, y confirmada por el Honorable Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia No. 0 11 del 7 de febrero de 2018, no contempló el pago deSegunda instancia

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indemnización alguna a favor de la señora DIOSELINA MORENO MOSQUERA, por lo que, cualquier pago que se haya realizado en favor de los demás demandantes, según lo alegado por la Policía Nacional, de ninguna manera vincula o le es oponible a la hoy ejecutante, quien probado está, no ha recibido ningún pago por parte de la entidad condenada – Policía Nacional, en lo que le corresponde como reparación por los daños a ella causados, al ser beneficiaria de las sentencias No. 043 del 28 de marzo de 2017, proferida por este Despacho, y confirmada por el Honorable Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia No. 011 del 7 de febrero de 2018, pues como se sabe, las

proferida por este Despacho, y confirmada por el Honorable Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia No. 011 del 7 de febrero de 2018, pues como se sabe, las referidas sentencias contienen en favor de la ejecutante, obligaciones personales y/o individuales, ciertas y no colectiva; ergo, la única manera que la Policía Nacional se libere de lo que adeuda a la señora DIOSELINA MORENO MOSQUERA, es indemnizándola, tal como lo ordenó este Despacho y el Tribu nal Administrativo del Chocó, en las sentencias objeto de cobro ejecutivo, mientras ello no ocurra, seguirá la deuda incólume y causando intereses de todo orden, pues como se sabe, es carga de la parte ejecutada, probar que pagó, tal como lo ha dicho el Co nsejo de Estado, en providencia reciente1, al advertir que “(…) no es obligatorio para quien inicia un proceso ejecutivo aportar copia auténtica de los actos administrativos ni otros documentos que acrediten el cumplimiento de la condena, porque la carga d e la prueba del pago es de quien pretende beneficiarse de su declaratoria, esto es, de la parte ejecutada ”; por lo anterior, en este juicio, obligado resulta seguir adelante con la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo y para que consecuencialmente cualquiera de las partes presente la liquidación del crédito, en los términos del artículo 446 del CGP. (…)”1

EL RECURSO DE APELACION

Dentro del término que trata el artículo 327 del Código General del Proceso el apoderado de la parte ejecutada, apeló la decisión del Juzgado Primero Administrativo

EL RECURSO DE APELACION

Dentro del término que trata el artículo 327 del Código General del Proceso el apoderado de la parte ejecutada, apeló la decisión del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó argumentando qué “ Se ejecutó la obligación contenida en la Sentencia Nro. 011 emanada del Tribunal Administrativo de Quibdó en donde se pagó al apoderado judicial de acuerdo a la Resolución 00276 del 24 de marzo del 2020, la suma de ($ 325.714.816,16), por consiguiente y conforme al Código General del Proceso, dado o ejecutado el pago de la obligación, se puede interponer la EXCEPCIÓN DE PAGO Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, sólo podrán alegarse las exce pciones de pago Artículo 442. Excepciones. 2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, sólo podrán alegarse LAS EXCEPCIONES DE PAGO, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la

1 Ver expediente en SAMAI.Segunda instancia

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de pérdida de la cosa debida. Por cons iguiente la entidad demandada mediante acto administrativo resolución Nro. 00276 del 30 de marzo del 2020, ordeno el pago de la obligación a los demandante como lo refiere el resuelve de la sentencia de cierre, en dicho pago se verificó de conformidad con lo recitado por el apoderado que había faltado una demandante por pagar la señora DIOSELINA MORENO MOSQUERA, ante esto el apoderado judicial de acuerdo a lo leído en el presente memorial y respuesta emitidas por la Policía Nacional, instauro derecho de pet ición y acción de tutela en la cual fue contestada dentro del término, y realizando las aclaraciones y defensa del caso ante lo solicitado. Esta actividad evidencio que los salarios entregados en sentencia a la señora DIOSELINA MORENO MOSQUERA no supera el excedente del pago establecido en la respuesta emitida por la institución policía nacional en el oficio Nro. S2021-011804-SEGEN GUDEJ del 26 de marzo del 2021. Refiere la respuesta del oficio en mención que mediante resolución Nro. 00276 del 30 de marzo del 2020, se pagó un excedente demás de la sentencia y que a su vez con este se pagaría los salarios dados a la señora DIOSELINA MORENO MOSQUERA y quedaría un sobrante, por tal razón

excedente demás de la sentencia y que a su vez con este se pagaría los salarios dados a la señora DIOSELINA MORENO MOSQUERA y quedaría un sobrante, por tal razón en la comunicación oficial Nro. S - 2021-011804-SEGEN GUDEJ del 26 de mar zo del 2021, y en la contestación de la acción de tutela se solicitó al apoderado judicial que se cobrara los salarios de la señora DIOSELINA y regresara el excedente a la cuenta corriente Nro. 309-03-139-1, de la policía nacional con Nit 800.141.397 -5. Saldando el error o inconveniente presentada en la falta de pago de una de las demandantes. El seguir adelante con la ejecución del crédito y emitir un fallo condenatorio estaría evidenciando un pago doble y un detrimento del patrimonio económico del estado, lo cual choca con lo preceptuado en el lineamiento y el normatividades de pagos de sentencia establecidos por el estado. Por lo anterior se solicita al honorable juez negar las pretensiones emitidas en el presente ejecutivo toda vez que a través del profesional contable de la entidad rama judicial se puede ejecutar la presente liquidación y visibilizar que se pagaron dineros demás en el presente expediente de pago reflejado en la resolución 00276 del 24 de marzo del 2020 y el certificado de SIIF NACION 687 77320 de fecha 2403-2020, POR TAL RAZÓN SE SOLICITA AL HONORABLE DESPACHO

(JUEZ) REALIZAR UN ANÁLISIS PORMENORIZADO DE CADA UNA DE LAS PRUEBAS ARRIMADAS EN EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO LO ES OFICIO S -

(JUEZ) REALIZAR UN ANÁLISIS PORMENORIZADO DE CADA UNA DE LAS PRUEBAS ARRIMADAS EN EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO LO ES OFICIO S2021-003801 – SEGEN – GUDEJ DEL 03 DE FEBRERO DEL 2021, OFICIOS 2021011804-SEGEN GUDEJ DEL 26 DE MARZO DEL 2021, RESOLUCIÓN 00276 DEL 24 DE MARZO DEL 2020 Y CERTIFICADO SIIF NACION 68777320 DE FECHA 24 -032020, EN EL CUAL SE EVIDENCIA LA DIFERENCIA A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN POLICÍA NACIONAL LA CUAL SE PUEDE DAR COMO PAGADA Y EFECTUAR POR

LOS EJECUTANTE LA PARTE RESTANTE AL NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE

NRO. 309-03-139-1, DE LA POLICÍA NACIONAL CON NIT 800.141.397-5.2

CONSIDERACIONES

2 Ver expediente en SAMAISegunda instancia

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COMPETENCIA

La Corporación es competente para conocer la segunda instancia del presente asunto de conformidad al artículo 153 del C.P.A.C.A.3.

De acuerdo con la norma transcrita el Tribunal tiene competencia para resolver el

COMPETENCIA

La Corporación es competente para conocer la segunda instancia del presente asunto de conformidad al artículo 153 del C.P.A.C.A.3.

De acuerdo con la norma transcrita el Tribunal tiene competencia para resolver el recurso de apelación que se presentó contra la sentencia que resolvió las excepciones formuladas por la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, ya que en segunda instancia conoce de las apelaciones contra las sentencias proferidas por los Juzgados Administrativos.

PROCEDENCIA

En este punto la Sala hace suya lo precisado por el H. Consejo de Estado:4

“Adicionalmente, los trámites que se surtan al interior de todo proceso de ejecución, incluyendo la presentación de excepciones 5, realización de audiencias6, sustentaciones y trámite de recursos7, también se sujetarán a las previsiones y formalidades del Código General del Proceso, pues el proceso ejecutivo, se debe desarrollar con base en las disposiciones de éste último estatuto procesal y no del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dado que en la normatividad p rocesal administrativo, no existen normas o reglas especiales para este proceso especial de cobro ejecutivo.(…). En este orden de ideas, dado que el trámite del proceso ejecutivo está regulado única e integralmente por el Código General del Proceso y que por ello, su impulso y desarrollo nace bajo la égida de dicho estatuto, será entonces bajo sus preceptos que deberá desarrollarse hasta su finalización, incluyendo como es lógico la definición del mismo en ambas instancias, salvo claro está, cuando se trate de aplicar una regla prevalente y especial

bajo sus preceptos que deberá desarrollarse hasta su finalización, incluyendo como es lógico la definición del mismo en ambas instancias, salvo claro está, cuando se trate de aplicar una regla prevalente y especial contenida en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que se ocupe exclusivamente de un tema propio del proceso ejecutivo administrativo (notificaciones a las partes, providencias que prestan mérito ejecutivo, plazos para el pago de sentencias., etc.).”

En relación con la procedencia del recurso de apelación para el caso de la referencia se observa que el artículo 321 del Código General del Proceso en cuanto a las providencias apelables dispone:

3 “Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia. Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda. ” 4 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Expediente Nº 150012333000 -2013.00870-02 (0577-2017), Demandante: Dolly Castañeda y Rubén Darío Mejía, demandado: Departamento de Boyacá. 5 Ver artículo 442 de la Ley 1564 de 2012. 6 Ver artículos 372 y 373 C.G.P. 7 Ver artículos 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 y 330 del C.G.P.Segunda instancia

6 Ver artículos 372 y 373 C.G.P. 7 Ver artículos 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 y 330 del C.G.P.Segunda instancia

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“Artículo 321. -Procedencia. Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad. (…)”.

Se trata en este caso del recurso de apelación que la parte ejecutada ha formulado contra la sentencia del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó por medio del cual se declaró no probada las excepciones propuestas por ésta en lo relacionado con la indemnización correspondiente a la señora Dioselina Moreno Mosquera , y dispuso seguir adelante con l a ejecución en el presente asunto, al estar comprendido dentro del inciso 1º del artículo 321 del Código General del Proceso, es procedente el recurso de apelación.

Siendo competente la Corporación y proceder el recurso de apelación que se interpuso en este asunto contra la sentencia que resolvió las excepciones se procede a su estudio y decisión.

CUESTIÓN PREVIA.

La Sala considera oportuno darle aplicación a la sentencia anticipada de que trata el artículo 278 del Código General del Proceso8.

y decisión.

CUESTIÓN PREVIA.

La Sala considera oportuno darle aplicación a la sentencia anticipada de que trata el artículo 278 del Código General del Proceso8.

El presente fallo anticipado, escrito y por fuera de audiencia, se torna procedente por cuanto se ha configurado con claridad causal de sentencia anticipada, que dada su etapa de configuración, la naturaleza de la actuación y la clase de pruebas requeridas para la resolución del asunto, imponen un pronunciamiento con las características reseñadas.

En efecto, de conformidad con el artículo 278 del Estatuto General de Procedimiento, el Juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial «en cualquier estado del proceso», entre otros eventos, «Cuando no hubiere pruebas por practicar», siendo este el supuesto que como se había antelado se edificó en el caso que hoy ocupa a la Sala, situándola en posición de resolver de fondo y abstenerse de adelantar proceder diverso.

Por supuesto que la esencia del carácter anticipado de una resolución definitiva supone la pretermisión de fases procesales previas que de ordinario deberían cumplirse; no obstante, dicha situación está justificada en la realización de los principios de celeridad y economía que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hipótesis que el legislador habilita dicha forma de definición de la litis.

8 “Artículo 278. Clases de providencias. Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias. Son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios, y las que resuelven

Son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios, y las que resuelven los recursos de casación y revisión. Son autos todas las demás providencias. En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos:

1. Cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez.

2. Cuando no hubiere pruebas por practicar.

3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad , la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa.”Segunda instancia

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De igual manera, cabe destacar que aunque la esquemática preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configuró cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane.

Sobre el particular entre tantas9 providencias ver la SC27762018, Magistrado Ponente:

configuró cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane.

Sobre el particular entre tantas9 providencias ver la SC27762018, Magistrado Ponente: Luis Alonso Rico Puerta, radicación: 11001－02－03－000-2016－01535－00.

EL PROBLEMA JURIDICO

Consiste en establecer si ya se cumplió las sentencias del siete (07) de abril de dos mil diecisiete (2017), proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó y que fue confirmada por esta Corporación mediante sentencia 011 del 07 de febrero de 2018 en lo relacionado con el pago de la indemnización a la señora Dioselina Moreno Mosquera, sentencias que declararon administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por los daños y perjuicios causados a los demandantes, como consecuencia de la lesión sufrida por el señor Gilberto Moreno Palacios, en hechos acaecidos el 05 de abril de 2015.

Para resolver el problema jurídico planteado, se abordará el estudio de los siguientes temas: i) la normatividad que regula el proceso ejecutivo, ii) el título ejecutivo cuando se persigue el cumplimiento de una sentencia, iii) hechos probados iv) se analizará el caso concreto.

• La normatividad que regula el proceso ejecutivo.

La Ley 1437 de 2011 no estableció procedimiento para el proceso ejecutivo; sin embargo, la norma en el artículo 306 señaló que en aquellos aspectos no contemplados en el código, se seguiría el Código de Procedimiento Civil 10, en el cual de manera

La Ley 1437 de 2011 no estableció procedimiento para el proceso ejecutivo; sin embargo, la norma en el artículo 306 señaló que en aquellos aspectos no contemplados en el código, se seguiría el Código de Procedimiento Civil 10, en el cual de manera expresa se encuentra e l trámite del proceso ejecutivo. La norma mencionada es del siguiente tenor:

«Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».

La disposición hace alusión y remite al Código de Procedimiento Civil, normatividad que fue subrogada por el Código General del Proceso, el cual se encuentra vigente desde el 1° de enero de 2014.

El Título Ejecutivo cuando se persigue el cumplimiento de una sentencia.

9 CSJ Sala Civil, Sentencia SC-19022019 (11001020300020180197400) M. P. Margarita Cabello 10 Hoy Código General del ProcesoSegunda instancia

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En este punto la Sala hace referencia al contenido de los artículos 422 del Código General del Proceso y 297 de la Ley 1437 de 2011, en donde se define el título ejecutivo

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En este punto la Sala hace referencia al contenido de los artículos 422 del Código General del Proceso y 297 de la Ley 1437 de 2011, en donde se define el título ejecutivo y se señalan las providencias que tienen tal característica, respectivamente.

El artículo 422 del Código General del Proceso al referirse al título ejecutivo, dice:

«Art. 422. Títulos Ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivame nte las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley

«La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184».

(Subrayado fuera de texto)

Y el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, señala en su numeral 1° que las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en las que se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias constituyen un título ejecutivo11.

La definición contenida en el artículo 422 del Código General del Proceso permite inferir que hay requisitos de forma y de fondo, siendo los primeros “ que se trate de documentos que (…) tengan autenticidad, que emanen de autoridad judicial, o de otra

La definición contenida en el artículo 422 del Código General del Proceso permite inferir que hay requisitos de forma y de fondo, siendo los primeros “ que se trate de documentos que (…) tengan autenticidad, que emanen de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de este”12 y los segundos, “que de esos documentos aparezca a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su causante, una obligación clara expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma de dinero”13.

Conforme a las normas anteriores, se pueden demandar las obligaciones que reúnan las siguientes condiciones o requisitos de fondo: i) que las obligaciones sean expresas, claras y exigibles, ii) que emanen del deudor o de su causante, o que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción y iii) que constituyan plena prueba contra él14.

11 “Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo: 1.- Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias. […]”. 12 El Proceso Civil, parte especial, 7ª edición 1991, Págs. 822 a 824 13 ib. 14 Devis Echandía, Hernando, Editorial Temis, 1961.Segunda instancia

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Radicado: 27001333300120160014501

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13 ib. 14 Devis Echandía, Hernando, Editorial Temis, 1961.Segunda instancia

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Así, pues, quien pretenda que se libre mandamiento de pago, debe aportar el correspondiente título ejecutivo, el cual debe ser suficiente para acreditar los requisitos de forma y de fondo referidos en precedencia15.

El H. Consejo de Estado ha considerado que la sentencia puede ser un título ejecutivo autónomo, por lo cual consigue ser objeto de ejecución sin tener que encontrarse ligado a un acto administrativo de reconocimiento; sin embargo, para ser exigida por la vía ejecutiva, si es necesario que haya sido presentada pa ra su pago ante la entidad condenada. Al respecto, esta Sala16 hizo referencia a lo expuesto en sentencia de tutela del 18 de febrero de 2016 proferida dentro del retomó proceso de radicación 11001-0315-000-2016-00153-00(AC), la Sección Segunda, Subsección “A”, donde se indicó lo siguiente:

«No obstante, esta Subsección considera que para efectos de librar mandamiento de pago de las sentencias emitidas por los funcionarios pertenecientes a la Juri