TA CHO - 27001333300120170022201-(28-10-2022)

Tribunal Administrativo del Chocó

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Detalles

Título
TA CHO - 27001333300120170022201-(28-10-2022)
Autor
Tribunal Administrativo del Chocó
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2022

2ª Instancia N/R Radicado 27001333300120170022201 De: Yarley Teresa Quinto

Contra: Hospital Ismael Roldán Valencia

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correo electrónico: des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co

Teléfono 6 71 39 82 Página 1 de 15

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

Quibdó, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintidós (2022).

Sentencia No. 165

RADICACIÓN NÚMERO: 27001333300120170022201

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: YARLEY TERESA QUINTO MURRAY

DEMANDADO: HOSPITAL ISMAEL ROLDÁN VALENCIA

REFERENCIA: APELACIÓN SENTENCIA.

MAGISTRADO PONENTE: ARIOSTO CASTRO PEREA.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia No. 60 del 11 de junio del 2020 , proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó , dentro del proceso promovido por Yarley Teresa Quinto Murray contra Hospital Ismael Roldán Valencia , que negó las pretensiones de la demanda, al declarar probada las excepciones de prescripción y cobro de lo no debido.

1. ANTECEDENTES.

1.1 La demanda.

pretensiones de la demanda, al declarar probada las excepciones de prescripción y cobro de lo no debido.

1. ANTECEDENTES.

1.1 La demanda.

“La demandante YARLEY TERESA QUINTO MURRAY, presto sus servicios al HOSPITAL ISMAEL ROLDÁN VALENCIA, bajo la modalidad de contrato de trabajo, en donde se desempeñó como MICROSPCOPIST, de dicha institución desde el mes de mayo 2001 hasta el 30 de abril de 2011 y su último salario fue de 907.900.

Que de acuerdo a las constancias adjunta la señora YARLEY TERESA QUINTO MURRAY, cumplía una jornada de trabajo de 8 horas diarias y 48 a la semana, es decir, de 8 a 12 Am y de 2 a 6 Pm, sin solución de continuidad y bajo la continuada subordinación y dependencia.

En vista de que dicha entidad fue renuente en el pago de dichas acreencias por casi más de 10 años luego de su retiro de la institución, la señora QUINTO MURRAY, procedió a solicitar mediante escrito de 9 de abril de 2014 y recibido el 10 de abril de 201 4, oficio reclamación de fecha del 24 de abril de 2014 y reiterado mediante oficio de 01 marzo de 2017, dirigido al doctor WILMAN DE JESUS YURGAKY, el pago de todo lo concerniente a dichas prestaciones, dentro de termino de ley, la cual fue reiterado se ex presa.

La solicitud iba encaminada al reconocimiento y pago de salarios, retroactivos, prestaciones sociales e indemnizaciones, cesantías, intereses a las cesantías de que trata la ley 244 de 1995, decreto 2127 de 1945

La solicitud iba encaminada al reconocimiento y pago de salarios, retroactivos, prestaciones sociales e indemnizaciones, cesantías, intereses a las cesantías de que trata la ley 244 de 1995, decreto 2127 de 1945 y 1071 de 2006. A la fecha dicha pre sentación de la presente solicitud de audiencia de conciliación, dicha entidad no ha dado respuesta a dicha petición configurándose el silencia negativo a la luz de las disposiciones del CCA.

A la fecha de la presentación de esta demanda, dicha entidad si gue renuente en el pago de las obligaciones laborales que tiene con respecto a mi poderdante y en vista que dicha entidad no ha dado respuesta acudimos2ª Instancia N/R Radicado 27001333300120170022201 De: Yarley Teresa Quinto

Contra: Hospital Ismael Roldán Valencia

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Teléfono 6 71 39 82 Página 2 de 15 a la JURISDICCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para satisfacer el pago de emolumentos laborales.

En igual sentido acudimos a la procuraduría a AUDIENCIA DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL, como requisitos de procedibilidad de conformidad a la ley 640 de 2010, ley 1285 de 2009, y su decreto reglamentario 1716 de 2009, antes de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para demandar mediante esta vía la nulidad del acto ficto o presunto en aras de obtener el pago de las prestaciones sociales y las

1716 de 2009, antes de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para demandar mediante esta vía la nulidad del acto ficto o presunto en aras de obtener el pago de las prestaciones sociales y las indemnizaciones correspondientes. La entidad se mostró renuente ya que no presentó propuesta satisfactoria de conciliación en diligencia realizada el día 27 de abril de 2017 hora 10 am”.

2. Las pretensiones.

El apoderado de la parte demandante, formuló como tales las siguientes:

“Que se declare mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada la NULIDAD del acto FICTO O PRESUNTO, o generado por el silencio administrativo negativo del HOSPITAL ISMAEL ROLDÁN, por no, darle respuesta de fondo a la RECLAMACION ADMINISTRATIVA, realiz ada el día 10 de abril de 2014, reclamación del 24 de abril de 2014 y reiterada mediante oficio de fecha de 01 de marzo de 2017, y/o respuesta otorgada, para el pago de acreencias laborales adeudadas a mi mandante, señora YARLEY

TERESA QUINTO MURRAY.

Que se declare que la vinculación de la señora YARLEY TERESA QUINTO MURRAY, es propia de un servidor público, atendiendo la naturaleza de la entidad demandada, sus estatutos sociales y las funciones del cargo desempeñado.

Que en igual sentido conforme las pruebas arrumadas, se declare la existencia de un contrato realidad, habida cuenta que la señora YARLEY TERESA QUINTO MURRAY, laboró al servicio del HOSPITAL ISMAEL ROLDÁN VALENCIA, en el cargo de MICROCOPISTA, en el periodo comprendido entre mayo de 2001 hasta

cuenta que la señora YARLEY TERESA QUINTO MURRAY, laboró al servicio del HOSPITAL ISMAEL ROLDÁN VALENCIA, en el cargo de MICROCOPISTA, en el periodo comprendido entre mayo de 2001 hasta el 30 de abril del 2011, sin solución de continuidad y bajo continua subordinación y dependencia conforme se demuestra y su último salario fue de $907.900.

Que a título de restablecimiento del derecho, se condene a la entidad demandada a cancelar a mi prohijado todos los emolumentos dejados de percibir, como salarios y prestaciones laborales a que tiene derecho tales como VACACIONES, Y SU COMPENSACION, PRIMA DE VACACIONES, PRIMA DE NAVIDAD, CESANTIAS E INTERESES A LAS CESANTIAS, PRIMA DE SERVICIOS, BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS Y BONIFICACION O PRIMA DE RECREACION, causadas desde la fecha de su vinculación a la entidad e indemnización, o sanción moratoria por mora en el pago.

Que en consecuencia de lo anterior a título de restablecimiento del derecho, la empresa demandada debe pagar a mi poderdante, por concepto de cesantías correspondiente al tiempo laborado la suma de ONCE MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE (11.063.586) Y por concepto de intereses a las cesantía s la suma de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (1.327.630 correspondientes al tiempo laborado. LEY 6 DE 1945.

La suma de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (1.327.630 correspondientes al tiempo laborado. LEY 6 DE 1945.

La suma de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (10.212.542), por concepto de prima de navidad, ARTICULO 32 DECRETO 1045 DE 1968.

La suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL DIECIOCHO PESOS (4.902.018), por concepto de vacaciones no disfrutadas correspondientes al tiempo laborado (artículo 8 decreto 1045 de 1978) y a su compensación.

La suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE (4.902.018), por concepto de prima de vacaciones, correspondientes al tiempo laborado (decreto 1045 de 1978 articulo 24 y 3118 de 1968).

La suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (4.705.942), por concepto de prima de servicios. Decreto 1042 de 1978 artículo 45.

La suma de CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (4.024.777), por concepto de bonificación por servicios prestados. Decreto 1042 de 1978 articulo 45.

La suma de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (536.637), por concepto de bonificación de recreación. Decreto 1042 de 19 78, articulo 45 y 48.2ª Instancia N/R Radicado 27001333300120170022201 De: Yarley Teresa Quinto

(536.637), por concepto de bonificación de recreación. Decreto 1042 de 19 78, articulo 45 y 48.2ª Instancia N/R Radicado 27001333300120170022201 De: Yarley Teresa Quinto

Contra: Hospital Ismael Roldán Valencia

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Se cancele el valor correspondiente a SALUD Y PENSIÓN.

Que la empresa demandada debe pagar a mi poderdante la sanción moratoria contemplada en la ley 244 de 95 y 1075 de 2006, decreto 2127 de 1945, por el no pago oportuno de las ce santías y demás prestaciones a las cuales tenía derecho, en razón de 1 dia de salario por cada día de retardo por no pago de las cesantías y demás prestaciones, liquidación que corresponde a la suma de VEINTE SEIS MIL OCHOCIENTOA TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (26.839) diarios desde la desvinculación hasta que se verifique el pago total de las cesantías y demás acreencias como lo establece el artículo 2 de la citada ley.

Que se disponga que para todos los efectos legales, no hubo solución de continuidad en la prestación de servicios por parte de mi prohijada.

Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido por el artículo 192 de la ley 1437 de 2011, para la cual dichas sumas generarán intereses comerciales y moratorios a favor de mi mandante.

Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido por el artículo 192 de la ley 1437 de 2011, para la cual dichas sumas generarán intereses comerciales y moratorios a favor de mi mandante.

Se condene a la demandada a indexar lo s valores adeudados a mi mandante. Conforme lo establece el artículo 187 de la ley 1437 de 2011.

Que se condene a la entidad demandada a las costas y gastos del proceso de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 188 de la ley 1427 de 2011”.

3. Trámite procesal.

La demanda se presentó el 27 de abril de 2017 y fue admitida mediante auto interlocutorio No. 638 del 01 de agosto de 2017.

La entidad demandada contestó la demanda fuera del tiempo establecido para ello.

Por auto interlocutorio No. 2931 del 3 de diciembre de 2018 , se fijó fecha para celebrar audiencia inicial en el asunto, misma que se llevó a cabo el 15 de mayo de 2019, en la misma se saneo el proceso, se decidieron las excepciones previas, se agotó la etapa de conciliación judicial, se fijó el litigio, se decretaron las pruebas.

El 19 de febrero de 2020, se llevó a cabo la audiencia de pruebas en el presente asunto

Agotada la etapa probatoria, se dispuso la presentación por escrito y en medio magnético de los alegatos de conclusión a las partes y el respectivo concepto del Ministerio Público.

4. Sentencia de primera instancia.

La sentencia No. 60 del 11 de junio del 2020 , proferida por el Juzgado Primero

de los alegatos de conclusión a las partes y el respectivo concepto del Ministerio Público.

4. Sentencia de primera instancia.

La sentencia No. 60 del 11 de junio del 2020 , proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, declaró probadas las excepciones de prescripción y cobro de lo no debido. sobre el particular indicó:

“En el caso en concreto, se encuentra acreditado lo siguiente:

•Así las cosas, y teniendo en cuenta que según los documentos aportados al plenario se evidencia que el último de los contratos de prestación de servicios celebrados entre la actora y la E.S.E Hospital Ismael Roldán Valencia finalizó el día 31 de mayo de 2008, y que la petición de reconocimiento de la relación laboral y pago de los salarios y prestaciones que fue presentada el día 10 de abril de 2014, esto es, aproximadamente 6 años después del último contrato, estima el Despacho que operó el fenómeno de la prescripción extintiva, por cuanto entre as dos fechas transcurrieron más de tres años.

…

Observa el Despacho que si bien, la entidad demandada realizó una vinculación bajo la forma de contrato individual de trabajo y no legal y reglamentario como alega el demandante, lo cierto es que desde la base de este vinculación se demuestra la existencia de la subordinación o dependencia continuada respecto al2ª Instancia N/R Radicado 27001333300120170022201 De: Yarley Teresa Quinto

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Teléfono 6 71 39 82 Página 4 de 15 empleador, por tanto la actora tendrá derecho al pago de prestaciones sociales, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Política, sin embargo se observa que las mismas ya han sido canceladas, por tanto, no podrá el Despacho ordenar una doble erogación del presupuesto de la entidad para el pago de los mismos conceptos reclamados por la demandante.

En consecuencia, este Despacho encuentra probada de oficio la excepción de cobro de lo no debido y en su lugar despachará desfavorable las suplicas de la demanda.

Y posteriormente el juzgado resolvió:

“PRIMERO. Declárese probadas la excepción de prescripción de los derechos reclamados con anterioridad al 08 de marzo de 2008, por las razones expuestos en la parte motiva de esta providencia

SEGUNDO. Declárese probadas la excepción de cobro de lo no debido, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Niéguense las demás pretensiones de la demanda

CUARTO. Ejecutoriada la presente providencia, devuélvase a la parte interesada, los excedentes de los gastos ordinarios del proceso si a ello hubiere lugar, termínese el proceso, cancélese su radicación y archívese el expediente previo las anotaciones de rigor.

La parte demandante interpuso oportunamente el recurso de apelación , que fue

gastos ordinarios del proceso si a ello hubiere lugar, termínese el proceso, cancélese su radicación y archívese el expediente previo las anotaciones de rigor.

La parte demandante interpuso oportunamente el recurso de apelación , que fue concedido el 4 de agosto de 2020 y admitido el 24 de marzo de 2021.

5. Recursos de Apelación.

5.1. La parte demandante.

En su escrito de apelación, el apoderado de la entidad demandada manifestó su inconformidad con la decisión adoptada por el juzgado cuarto administrativo oral de Quibdó, y en consecuencia manifestó que en el presente caso “…las pruebas arrumadas al proceso tanto documentales como testimoniales, son enfáticas en demostrar que la vinculación de la señora Yarley Teresa Quinto Murray, son propias del contrato realidad, en cuanto demostramos que la relación fue precedida de los elementos del artículo 23 del CST, es decir, existe la prestación del servicio subordinado, durante todo el lapso de la labor, la subordinación y el salario.

Lo anterior sin que el empleador lograse desvirtuar ante el despacho la PRESU NCION DE RELACIÓN LABORAL, luego entonces es equivocad o que el despacho pretenda dividir la vinculación que tuvo mi mandante en 2, como lo determina a saber en la sentencia, para fraccionar el tiempo y decretar una prescripción que no existe, cuando está probado en el proceso que mi mandante la vinculación que desarrollo entre el 10 en mayo de 2001 hasta el 30 de abril de 2011, al interior de la entidad es propia de un contrato de trabajo, como el despacho enfáticamente así lo ha manifestado en la sentencia a folio 14, incurriendo en gravas contradicciones.

entre el 10 en mayo de 2001 hasta el 30 de abril de 2011, al interior de la entidad es propia de un contrato de trabajo, como el despacho enfáticamente así lo ha manifestado en la sentencia a folio 14, incurriendo en gravas contradicciones.

Así pues, solicita a este Tribunal revoque la sentencia de primera instancia.

6. Actuaciones en segunda instancia.

Mediante auto No. 083 del 24 de marzo de 2021, se admitió el recurso conforme a los parámetros de la Ley 2080 de 2021.

7. Consideraciones del Tribunal.

8. Jurisdicción y competencia.

La jurisdicción Contencioso administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo2ª Instancia N/R Radicado 27001333300120170022201 De: Yarley Teresa Quinto

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Teléfono 6 71 39 82 Página 5 de 15 1531 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es competente el Tribunal Administrativo de Chocó para resolver el recurso de alzada interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de primera instancia, proferida por un Juez Administrativo del Circuito de Quibdó.

8.2. Cuestión previa.

Al respecto debe resaltarse que de conformidad con lo estipulado por el artículo 31 de la Carta, a la apelación se le confiere el carácter de medio de defensa y no el de propiciar una

8.2. Cuestión previa.

Al respecto debe resaltarse que de conformidad con lo estipulado por el artículo 31 de la Carta, a la apelación se le confiere el carácter de medio de defensa y no el de propiciar una revisión «per se» de lo ya resuelto; de manera, que mientras la otra par te no apele, el apelante tiene derecho a que tan solo se examine la sentencia en aquello que le es desfavorable, contrario a lo resuelto en las providencias que a su juicio considera que se vulneró los derechos alegados.

Sobre el particular, vale la pena recordar que el artículo 281 del Código General del Proceso (C. G. del P.), aplicable a los asuntos de la jurisdicción contencioso -administrativa por remisión expresa del artículo 306 2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C. de P. A. y de lo C. A.), establece:

“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. (…).”

Asimismo, debe señalarse que en lo que se refiere a las providencias de segunda instancia, el principio de congruencia limita la competencia del ad quem al estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación, tal como lo prevé el ar tículo 328 (inciso 1°) del C. G. del P., así:

“Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

inconformidad planteados en el recurso de apelación, tal como lo prevé el ar tículo 328 (inciso 1°) del C. G. del P., así:

“Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. (…).”

Al respecto, el H. Consejo de Estado ha precisado que:

“Para el juez de s egunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo”.3

1 “Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia. Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.”

2 Ley 1437 de 2011: “ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el

un efecto distinto del que corresponda.”

2 Ley 1437 de 2011: “ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código del Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

3 Consejo de Estado, sala de lo contencioso -administrativo, sección tercera, subsección A, sentencia de 26 de febre ro de 2015, exp. 1999-00878-01, M.P. (E) Hernán Andrade Rincón.2ª Instancia N/R Radicado 27001333300120170022201 De: Yarley Teresa Quinto

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Teléfono 6 71 39 82 Página 6 de 15 En esa misma línea de pensamiento ver sentencia del veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017), donde el H. Consejo de Estado hizo un breve antecedente jurisprudencial sobre el principio de consonancia de la decisión judicial.4 En esa medida, la Sala establece el siguiente,

9. Problema jurídico.

La atención de la Sala se circunscribe a establecer y de conformidad con la alzada, si fue acertada la decisión del a quo al declarar probadas las excepciones de prescripción y cobro de lo no debido, o si le asiste razón a la parte demandante cuando alega la vinculación de la actora fue sin solución de continuidad al servicio del Hospital Ismael Roldán Va lencia y

de lo no debido, o si le asiste razón a la parte demandante cuando alega la vinculación de la actora fue sin solución de continuidad al servicio del Hospital Ismael Roldán Va lencia y solo hasta la finalización de la relación se puede aplicar prescripción.

10. EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO – El contrato realidad y las relaciones laborales.

La vinculación por contratos de prestación de servicios se rige por el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 19935. El artículo mencionado prevé expresamente que, en ningún caso, dicho tipo de contratos «[…] generan relación laboral ni prestaciones sociales […]».

De acuerdo con el aparte transcrito del artículo 32 ejusdem, debe entenderse que el legislador reglamentó en dicha norma una presunción según la cual, la celebración de contratos de prestación de servicios no genera en ningún caso una relación laboral entre contratante y contratista o el derecho al pago de prestaciones sociales en favor de este último.

11. De los elementos necesarios para que se configure una relación de carácter laboral.

El artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo consagra los elementos esenciales de un contrato de trabajo. En ese sentido, la norma prescribe que:

Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres6 elementos esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse

4 Consejero Ponente: César Palomino Cortés , veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017), Ref: Expediente No. 250002342000201401139 01, Número Interno: 458 -2015, Demandante: Martha Isabel Valero Moreno, Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), Tema: Reconocimiento de Pensión de Jubilación

5 «Artículo 32. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomí a de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: […]

3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionada s con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones so ciales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. […]»

6 El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C -686 de 2000, bajo los condicionamientos señalados en el numeral 2.4 de la parte motiva de esta sentencia.2ª Instancia N/R Radicado 27001333300120170022201

condicionamientos señalados en el numeral 2.4 de la parte motiva de esta sentencia.2ª Instancia N/R Radicado 27001333300120170022201 De: Yarley Teresa Quinto

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Teléfono 6 71 39 82 Página 7 de 15 por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

  1. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de s erlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.”

En los casos en que se discute la existencia de una verdadera relación laboral derivada de la ejecución de un contrato de prestación de servicios, es necesario que se demuestre en forma incontrovertible los tres elementos de la relación laboral, esto es: i. La prestación personal del servicio, la cual debe darse de manera permanente; ii. La remuneración respectiva y especialmente, iii. La subordinación y dependencia en el desarrollo de una función pública, de modo que no quede duda acerca del desempeño de l contratista en las mismas condiciones de cualquier otro servidor público, siempre y cuando la subordinación que se alega no se enmarque simplemente en una relación de coordinación entre las partes para el desarrollo del contrato, en virtud de las particularidades de la actividad para la cual fue suscrito.

mismas condiciones de cualquier otro servidor público, siempre y cuando la subordinación que se alega no se enmarque simplemente en una relación de coordinación entre las partes para el desarrollo del contrato, en virtud de las particularidades de la actividad para la cual fue suscrito.

En este orden de ideas, la viabilidad de las pretensiones encaminadas a la declaración de una relación laboral debe encontrar un sustento claro y preciso en la actividad probatoria que la parte deman dante lleva a cabo a fin de desvirtuar la naturaleza contractual de la relación establecida y la presencia real dentro de la actividad desplegada de los elementos anteriormente señalados, especialmente el de subordinación, que como se mencionó, es el que desentraña fundamentalmente la existencia de una relación laboral encubierta.

El Consejo de estado en varias decisiones 7 ha reiterado la necesidad de que cuando se trata de una relación laboral, se acrediten de manera irrefutable los tres elementos que le son propios, a saber: i) la prestación personal del servicio, ii) la remuneración y en especial, iii) la subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.

Contrario sensu, se constituye una relación contractual, regida por la Ley 80 de 19 938 cuando se pacta la prestación de servicios relacionados con la administración o funcionamiento de la entidad pública; el contratista es autónomo en el cumplimiento de la labor contratada; se le pagan honorarios por los servicios prestados; y, la labor convenida no puede realizarse con personal de planta o requiere conocimientos especializados.

Sobre esta última condición para suscribir contratos de prestación de servicios, vale la pena señalar, que se debe restringir a aquellos casos en los que la en tidad pública requiere adelantar labores ocasionales, extraordinarias, accidentales o que temporalmente exceden

Sobre esta última condición para suscribir contratos de prestación de servicios, vale la pena señalar, que se debe restringir a aquellos casos en los que la en tidad pública requiere adelantar labores ocasionales, extraordinarias, accidentales o que temporalmente exceden su capacidad organizativa y funcional, porque, si contrata por prestación de servicios personas que deben desempeñar exactamente las mismas fun ciones que de manera permanente se asignan a los demás servidores públicos, se desdibuja dicha relación contractual.

Si se quiere examinar la desnaturalización que de tanto en tanto se denuncia en la jurisdicción contencioso administrativa para hacerle pr oducir los verdaderos efectos jurídicos al trabajo remunerado enquistado en el contrato de prestación de servicios es

7 Entre otros, sentencia de 23 de junio de 2005 proferida en el expediente No. 245 con ponencia del Dr. Jesús María Lemos Bustamante.

8 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.2ª Instancia N/R Radicado 27001333300120170022201 De: Yarley Teresa Quinto

Contra: Hospital Ismael Roldán Valencia

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de

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