TA CHO - 27001333300120180017301-(28-10-2022)

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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

Quibdó, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintidós (2022)

SENTENCIA No. 156

REFERENCIA: 27001333300120180017301

MEDIO DE CONTROL: EJECUTIVO CON SENTENCIA

EJECUTANTE: CARMEN IRLENIS MURILLO DE RUIZ

EJECUTADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES –

U.G.P.P.

MAGISTRADA PONENTE: NORMA MORENO MOSQUERA

Corresponde desatar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte ejecuta nte contra de la Sentencia N° 12 del 25 de febrero de 2021 , proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, que resolvió:

“PRIMERO: Abstenerse de seguir adelante con la ejecución del crédito para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, por las razones expuesta en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: (…), lo anterior, en suma equivalente al 10% del valor total que ordenó pagar en el mandamiento ejecutivo, valor que será reconocido y pagado a la parte demandada. Por secretaría liquídense las costas.

TERCERO: Para los fines pertinentes de la notificación de esta providencia, dese cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020 “por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las

TERCERO: Para los fines pertinentes de la notificación de esta providencia, dese cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020 “por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” en especial, lo señalado en los artículos 2, 8 y 9 de dicha normativa”.

I. ANTECEDENTES

Por conducto de apoderado judicial, la señora CARMEN IRLENIS MURILLO DE RUIZ, instauró demanda ejecutiva contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES – U.G.P.P., con la finalidad de que se acceda a las siguientes:

Pretensiones

“(…) obtener el cumplimiento de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, en decisión del 19 de mayo de 2016, que confirmó la sentencia del Juzgado Tercero Administrativo Oral de Descongestión de Quibdó calendada del 26 de septiembre de 2014 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que bajo el radicado 27001333300120130039400, por consiguiente se deberá librar mandamiento de pago por las s umas adeudadas a mi mandante, toda vez que a la fecha la entidad no ha dado cabal cumplimiento a la misma”.Página 2 de 20

Sentencia segunda instancia REFERENCIA: 27001333300120180017301

MEDIO DE CONTROL: Ejecutivo con sentencia

EJECUTANTE: Carmen Irlenis Murillo de Ruiz

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EJECUTANTE: Carmen Irlenis Murillo de Ruiz

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Hechos

En la demanda de la referencia se indicaron los siguientes:

“Conforme a lo decidido en la sentencia, la entidad demandada debía pagar el 13 de junio de 2016, día en que quedó ejecutoriada la providencia, la suma de $19.887.093 por concepto de capital, es decir, las mesadas indexadas a las que tiene derecho la señora Carmen Irlenis Murillo de Ruiz con ocasión al reconocimiento de una pensión desde el 26 de febrero de 2010; no obstante, le entidad no dio cumplimiento al fallo de la fecha señalada, razón por la cual se incrementó el retroactivo, pues se continuaron causando diferencias entre las mesadas pagadas, y las ordenadas por su Despacho, así como los intereses moratorios de conformidad al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

En el mes de junio de 2017 la UGPP realizó un pago parcial por valor de $8.018.658.00, en virtud de la resolución RDP015478 del 17 de abril de 2017, e n la cual se ordenó además un descuento por $13.779.118.00, soporte legal por concepto de aportes de factores de salario no efectuados para pensión y se le liquidó y descontó la suma de $2.541.500.00 por concepto de salud.

además un descuento por $13.779.118.00, soporte legal por concepto de aportes de factores de salario no efectuados para pensión y se le liquidó y descontó la suma de $2.541.500.00 por concepto de salud.

Para junio de 2017 la entidad ya adeudaba a mi mandante la suma de $29.966.963 a razón de $22.985.829 por concepto de capital indexado y diferencias de las mesadas causadas con posterioridad al fallo, más la suma de $6.981.134.99 por intereses causados. Por lo que quedó aún el saldo de c apital adeudado por la suma de $21.948.306.68, dado que los $8.018.658.00 fueron abonados primero a intereses y el residuo de $1.037.523.01 se abonó al capital. El saldo de $21.948.306.68, por mandato legal continúa causando intereses hasta la fecha que se cancele el valor insoluto.

Ahora bien, no puede perderse de vista que según lo preceptuado por el artículo 1653 del Código Civil, cuando se adeuda capital más intereses el pago se imputará primeramente a intereses. De ahí que los valores cancelados inicialmente fueron imputados al pago de intereses moratorios, y el restante amortiguó el capital, circunstancia por la cual a la fecha se adeuda por concepto de capital $21.948.306.68, cantidad que también causa intereses, los cuales ascienden hasta diciembre de 2017 a la suma de $3.290.394.32 y; por lo cual se deberá librar mandamiento de pago por tales valores más los intereses que se llegaren a causar durante el trámite de este memorial”.

Contestación de la demanda El apoderado judicial de la UGPP contestó la demanda y propuso excepciones así:

valores más los intereses que se llegaren a causar durante el trámite de este memorial”.

Contestación de la demanda El apoderado judicial de la UGPP contestó la demanda y propuso excepciones así: EXCEPCION DE PAGO O CUMPLIMIENTO DEL FALLO : Se deriva la anterior de las resoluciones No. RDP 0 15478 del 17/04/2017 para la ordenación de gasto y pago correspondiente, así las cosas se profirió al resolución SFO 001034 del 27/03/2018 y el pago en mención se llevó a cabo el pasado 28/06/2018, según documentos que se anexaran, PORPágina 3 de 20

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MEDIO DE LA CUAL LA CUAL LA UGPP, da cumplimiento al fallo proferido por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, en su totalidad

La sentencia apelada

El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante sentencia No. 12 del 25 de febrero de 2021 , se abstuvo de seguir adelanta la ejecución con fundamento en lo siguiente:

“(…) En ese orden como el apoderado de la parte demandada presentó la excepción de pago o cumplimiento del fallo, la misma tiene vocación de prosperidad, dado que

fundamento en lo siguiente:

“(…) En ese orden como el apoderado de la parte demandada presentó la excepción de pago o cumplimiento del fallo, la misma tiene vocación de prosperidad, dado que con la contestación de la demanda se allegó constancia de pago de la sentencia, tal como se observa a folio 23 del cuaderno de excepciones por tanto el despacho se abstendrá de seguir adelante con la ejecución del crédito”.

El recurso de apelación.

La apoderada de la parte ejecuta nte, apeló la decisión del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, argumentando lo siguiente: “La determinación recurrida comete una falacia argumentativa pues si bien es cierto con la contestación de la demanda se aportó oficio de pago 1034 del 27 de marzo de 2018 también es cierto que la cantidad reconocida en dicha resolución no corresponde al valor adeudado pues a dicha fecha se adeudaba la suma de 21948306 de capital más 3290394 de intereses para un total de 25238700 sin embargo con el oficio SFO 001034 tan solo se reconoció 1422842 por lo que no le asiste razón a su despacho al desechar las pretensiones pues el valor reconocido es inferior al decretado conforme a la sentencia. Es importante informar que los valores reconocidos en dicha resolución no fueron cancelados a mi mandante por ende no se puede importar como abono a la deuda pues los mismos no fueron recibidos por mi mandante. del mismo modo debemos precisar que a la fecha de inclusión en nómina se le adeudaba a mi mandante 29966963 de los cuales 22985829 correspondían al capital y 6981306 por concepto de intereses moratorios pero solo se canceló 8018658 con lo

del mismo modo debemos precisar que a la fecha de inclusión en nómina se le adeudaba a mi mandante 29966963 de los cuales 22985829 correspondían al capital y 6981306 por concepto de intereses moratorios pero solo se canceló 8018658 con lo que se hizo un pago parcial del cual se abona primero a los intereses si el valor restante se abona a capital. ello es así porque conforme lo prevé el artículo 1653 del Código Civil todo pago parcial primero se amortiguan los intereses y valor restante se abona capital. lo que indica que con el primer pago se cancelaron los intereses por 6981306 y se abono a capital la suma de 1037352 por lo cual se adeudaba a la fecha 21 194 8300 6 de capital más los intereses que dicha cantidad a generado, 6981134 hasta el 30 de junio de 2017.Página 4 de 20

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así las cosas conviene recordar que la sentencia que aquí se reclama impuso la obligación a la administración de cancelar el retroactivo pensional sobre la totalidad de los salarios devengados y aplicar sobre dicho retroactivo los descuentos ajustados a la ley sin embargo la accionada efecto un descuento desproporcionado con lo cual se sustrajo la obligación creada por los jueces de instancia. Por otra parte quiero poner de presente que la cuota también desacierto al momento de

ley sin embargo la accionada efecto un descuento desproporcionado con lo cual se sustrajo la obligación creada por los jueces de instancia. Por otra parte quiero poner de presente que la cuota también desacierto al momento de trazar la agencia en derecho pues estipuló que las mismas serían equivalentes al 10% del valor de las pretensiones valor que resulta a todas luces desproporcionado e incongruente pero curiosamente en aquellos casos en los que la administración sale vencida tan solo impone el 1% de agencias en derecho (…) en tal sentido es evidente que su despacho desconoció su propio presidente quebrantando hacia el derecho a la igualdad de mi mandante (…) es innegable que el prócer del juzgado configure un defecto fáctico pues al resolver la situación jurídica tergiversó el sentido y expresión de la prueba documental aportada al expediente por ello y como quiera que al expediente se aportaron suficientes elementos de juicio que demuestran el cumplimiento de la obligación creada por el juez de conocimiento se deberá revocar la sentencia apelada en su lugar se debe seguir con la ejecución”. Por las razones antes expuestas solicit a revocar la decisión adoptada por la primera instancia y en su lugar se ordene seguir adelante con la ejecución. (Fls. 30-31) Trámite ante la segunda instancia. Mediante auto Interlocutorio No. 246 del 8 de junio de 2022 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la pa rte demandante contra la sentencia No. 12 del 25 de febrero de 2021 , proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó. El 27 de julio de 2022 se advirtió sobre la procedencia de proferir sentencia anticipada,

febrero de 2021 , proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó. El 27 de julio de 2022 se advirtió sobre la procedencia de proferir sentencia anticipada, en los términos del artículo 42 de la Ley 2080 de 2021.

II. CONSIDERACIONES

Competencia.

El Tribunal es competente para desatar la alzada con fundamento en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone: “ARTICULO 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos (…)”.Página 5 de 20

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En este punto la Sala hace suya lo precisado por el H. Consejo de Estado:1

“Adicionalmente, los trámites que se surtan al interior de todo proceso de ejecución, incluyendo la presentación de excepciones 2, realización de audiencias3, sustentaciones y trámite de recursos4, también se sujetarán a las previsiones y formalidades del Código General del Proceso, pues el proceso ejecutivo, se debe desarrollar con base en las disposiciones de éste último estatuto procesal y no del Código de Procedimiento

las previsiones y formalidades del Código General del Proceso, pues el proceso ejecutivo, se debe desarrollar con base en las disposiciones de éste último estatuto procesal y no del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Cont encioso Administrativo, dado que en la normatividad procesal administrativo, no existen normas o reglas especiales para este proceso especial de cobro ejecutivo.(…). En este orden de ideas, dado que el trámite del proceso ejecutivo está regulado única e integralmente por el Código General del Proceso y que por ello, su impulso y desarrollo nace bajo la égida de dicho estatuto, será entonces bajo sus preceptos que deberá desarrollarse hasta su finalización, incluyendo como es lógico la definición del mismo e n ambas instancias, salvo claro está, cuando se trate de aplicar una regla prevalente y especial contenida en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que se ocupe exclusivamente de un tema propio del proceso ejecutivo administrativo (notificaciones a las partes, providencias que prestan mérito ejecutivo, plazos para el pago de sentencias., etc.).”

En relación con la procedencia del recurso de apelación para el caso de la referencia se observa que el artículo 321 del Có digo General del Proceso en cuanto a las providencias apelables dispone:

“Artículo 321. -Procedencia. Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad. (…)”.

Se trata en este caso del recurso de apelación que la parte ejecutada ha formulado contra la sentencia del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó por medio del cual se declaró no probada las excepciones propuestas por ésta, y dispuso

Se trata en este caso del recurso de apelación que la parte ejecutada ha formulado contra la sentencia del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó por medio del cual se declaró no probada las excepciones propuestas por ésta, y dispuso abstenerse de seguir adelante con la ejecución en el presente asunto, al estar comprendido dentro del inciso 1º del artículo 321 del Código General del Proceso, es procedente el recurso de apelación.

1 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Expediente Nº 150012333000-2013.00870-02 (0577-2017), Demandante: Dolly Castañeda y Rubén Darío Mejía, demandado: Departamento de Boyacá. 2 Ver artículo 442 de la Ley 1564 de 2012. 3 Ver artículos 372 y 373 C.G.P. 4 Ver artículos 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 y 330 del C.G.P.Página 6 de 20

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Siendo competente la Corporación y proceder el recurso de apelación que se interpuso en este asunto contra la sentencia que resolvió las excepciones se procede a su estudio y decisión.

Siendo competente la Corporación y proceder el recurso de apelación que se interpuso en este asunto contra la sentencia que resolvió las excepciones se procede a su estudio y decisión.

Problema jurídico.

Consiste en establecer si ya se cumplió la sentencia de fecha 26 de septiembre de 2014 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de Quibdó, confirmada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, que ordenaron a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, “reliquidar la pensión de jubilación reconocida a favor de la señora CARMEN IRLENIS

MURILLO DE RUIZ (…)”

Para resolver el problema jurídico planteado, se abordará el estudio de los siguientes temas: i) la normatividad que regula el proceso ejecutivo, ii) el título ejecutivo cuando se persigue el cumplimiento de una sentencia, iii ) hechos probados iv) se analizará el caso concreto.

• La normatividad que regula el proceso ejecutivo.

La Ley 1437 de 2011 no estableció procedimiento para el proceso ejecutivo; sin embargo, la norma en el artículo 306 señaló que en aquellos aspectos no contemplados en el código, se seguiría el Código de Proced imiento Civil 5, en el cual de manera expresa se encuentra el trámite del proceso ejecutivo. La norma mencionada es del siguiente tenor:

«Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimie nto Civil en lo que sea

siguiente tenor:

«Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimie nto Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».

La disposición hace alusión y remite al Código de Procedimiento Civil, normatividad que fue subrogada por el Código General del Proceso, el cual se encuentra vigente desde el 1° de enero de 2014.

Igualmente, el mismo ordenamiento dispone: “ARTÍCULO 298. PROCEDIMIENTO. <Artículo modificado por el artículo 80 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Una vez transcurridos los términos previstos en el artículo 192 de este código, sin que se haya cum plido la condena impuesta por esta jurisdicción, el juez o magistrado competente, según el factor de

5 Hoy Código General del ProcesoPágina 7 de 20

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conexidad, librará mandamiento ejecutivo según las reglas previstas en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias, previa solicitud del acreedor. Si el título lo constituye una conciliación aprobada por esta jurisdicción o un laudo

conexidad, librará mandamiento ejecutivo según las reglas previstas en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias, previa solicitud del acreedor. Si el título lo constituye una conciliación aprobada por esta jurisdicción o un laudo arbitral en que hubiere sido parte una entidad pública, el mandamiento ejecutivo se librará, previa solicitud del acreedor, una vez transcurridos seis (6) mes es desde la firmeza de la decisión o desde la fecha que en ella se señale, bajo las mismas condiciones y consecuencias establecidas para las sentencias como título ejecutivo. En este caso, se observarán las reglas establecidas en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias judiciales. Si la ejecución se inicia con título derivado de conciliación aprobada por esta jurisdicción, se aplicará el factor de competencia por conexidad. Si la base de ejecución es un laudo arbitral, operarán los c riterios de competencia por cuantía y territorial, definidos en este código. PARÁGRAFO. Los defectos formales del título ejecutivo podrán declararse por el juez de oficio en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso”. (resaltamos) - El Título Ejecutivo cuando se persigue el cumplimiento de una sentencia.

En este punto la Sala hace referencia al contenido de los artículos 422 del Código General del Proceso y 297 de la Ley 1437 de 2011, en donde se define el título ejecutivo y se señalan las providencias que tienen tal característica, respectivamente.

El artículo 422 del Código General del Proceso al referirse al título ejecutivo, dice:

«Art. 422. Títulos Ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las

y se señalan las providencias que tienen tal característica, respectivamente.

El artículo 422 del Código General del Proceso al referirse al título ejecutivo, dice:

«Art. 422. Títulos Ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley

«La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184».

(Subrayado fuera de texto)

Y el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, señala en su numeral 1° que las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicció n de lo ContenciosoPágina 8 de 20

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Administrativo en las que se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias constituyen un título ejecutivo6.

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Administrativo en las que se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias constituyen un título ejecutivo6.

La definición contenida en el artículo 422 del Código General del Proceso permite inferir que hay requisitos de forma y de fondo, siendo los primeros “ que se trate de documentos que (…) tengan autenticidad, que emanen de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de este”7 y los segundos, “que de esos documentos aparezca a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su causante, una obligación clara expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma de dinero”8.

Conforme a las normas anteriores, se pueden demandar las obligaciones que reúnan las siguientes condiciones o requisitos de fondo: i) que las obligaciones sean expresas, claras y exigibles, ii) que emanen del deudor o de su causante, o que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción y iii) que constituyan plena prueba contra él9.

Así, pues, quien pretenda que se libre mandamiento de pago, debe aportar el correspondiente título ejecutivo, el cual debe ser suficiente para acreditar los requisitos de forma y de fondo referidos en precedencia10.

El H. Consejo de Estado ha considerado que la sentencia puede ser un título ejecutivo autónomo, por lo cual consigue ser objeto de ejecución sin tener que encontrarse ligado a un acto administrativo de reconocimiento; sin embargo, para ser exigida por la vía

El H. Consejo de Estado ha considerado que la sentencia puede ser un título ejecutivo autónomo, por lo cual consigue ser objeto de ejecución sin tener que encontrarse ligado a un acto administrativo de reconocimiento; sin embargo, para ser exigida por la vía ejecutiva, si es necesario que haya sido presentada para su pago ante la entidad condenada. Al respecto, esta Sala11 hizo referencia a lo expuesto en sentencia de tutela del 18 de febrero de 2016 proferida dentro del retomó proceso de radicación 11001-0315-000-2016-00153-00(AC), la Sección Segunda, Subsección “A”, donde se indicó lo siguiente:

6 “Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo: 1.- Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias. […]”. 7 El Proceso Civil, parte especial, 7ª edición 1991, Págs. 822 a 824 8 ib. 9 Devis Echandía, Hernando, Editorial Temis, 1961. 10 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B, Consejera Ponente Doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez, de 25 de junio de 2015, expediente 200012331000 2011 -00548 01 (2586 – 2013), proceso ejecutivo, actor: Yesid Fernando Romero Pineda, Nació n – Mindefensa – Ejercito Nacional. Tema: apelación de la sentencia que resolvió las excepciones. 11 Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B; Consejera Ponente

apelación de la sentencia que resolvió las excepciones. 11 Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B; Consejera Ponente Doctora. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Sentencia de 18 de mayo de 2018, Radicación número: 76001-23-33-000-201500265-01(1286-16) Demandante: Holger Peña Córdoba Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle del CaucaPágina 9 de 20

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«No obstante, esta Subsección considera que, para efectos de librar mandamiento de pago de las sentencias emitidas por los funcionarios pertenecientes a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no es requisito la copia de los actos administrativos que dieron cumplimiento a las órdenes judic iales para conformar el título ejecutivo. Veamos: c) Regulación del proceso ejecutivo en la Ley 1437 de 2011 y el Código de Procedimiento Civil. El CPACA reguló de manera parcial e incompleta lo concerniente a los documentos que se pretendan hacer valer c omo título en la ejecución de las sentencias, en el artículo 297 del CPACA, el cual regula lo siguiente: “[…] Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

sentencias, en el artículo 297 del CPACA, el cual regula lo siguiente: “[…] Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas profer idas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en l as que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.

3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.

4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.” (Subrayado y negrilla fuera de texto).

De la norma anterior, claramente se deduce que constituyen títulos ejecutivos,

administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.” (Subrayado y negrilla fuera de texto).

De la norma anterior, claramente se deduce que constituyen títulos ejecutivos, además de los enunciados en los numerales 2 y 3, (i) la sentencia debidamente ejecutoriada proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y; (ii) lasPágina 10 de 20

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copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. Ahora bien, según el CPC y el CPACA12la sentencia es la providencia que decide sobre las pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito. Por tanto, es una integralidad jurídica autónoma y suficiente con fuerza de cosa juzgada, provista de ejecutividad y ejec utoriedad para que sea debida y oportunamente cumplida. Por ello, la sentencia proferida por los jueces administrativos 13, una vez ejecutoriada, constituye por sí sola el título ejecutivo idóneo para solicitar la ejecución de la sentencia, sin que s