TA CHO - 27001333300120200006101-(28-10-2022)

Rad. 27001333300120200006101

Ejecutante: Isabelina Palacio Rentería y Otros

Ejecutado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

1

Quibdó, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintidós (2022).

INTERLOCUTORIO Nº_0460_

REFERENCIA: 27001333300120200006101

MEDIO DE CONTROL: EJECUTIVO SEGUIDO DE SENTENCIA

EJECUTANTE: ISABELINA PALACIOS RENTERÍA Y OTROS

EJECUTADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA

NACIONAL.

MAGISTRADA PONENTE: DRA. MIRTHA ABADÍA SERNA.

Decide la Sala el recurso de apelación int erpuesto por la parte ejecutada contra el auto 071 del 24 de febrero de 2021, proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante el cual se decretó la medida cautelar.

I. ANTECEDENTES

1. El doctor Ovidio Hurtado Marmolejo, actuando como apoderado judicial de los señores Isabelina Palacios Rentería y Otros instauró demanda ejecutiva en contra de la Nación Ministerio de defensa – Policía Nacional, con fundamento en el artículo 306 del C.G.P., con el fin de que se librara mandamiento de pago por las sumas contenidas en el acuerdo conciliatorio emitido en la audiencia inicial N° 136 del 19 de noviembre de 2015 y el auto interlocutorio N° 1237 25 de noviembre de la misma

contenidas en el acuerdo conciliatorio emitido en la audiencia inicial N° 136 del 19 de noviembre de 2015 y el auto interlocutorio N° 1237 25 de noviembre de la misma anualidad y mediante el cual se impartió aprobación al acuerdo, proferida por el Juzgado Primero Administrat ivo de Descongestión del Circuito de Quibdó, en el proceso de reparación directa radicado bajo número 27001333300120140008200.

2. Mediante providencia del 03 de septiembre de 2020, el Juzgado libró mandamiento de pago en favor de los ejecutantes por las obli gaciones dinerarias contenidas en la sentencia arriba descrita. 1

3. Por otro lado, mediante escrito allegado vía email el día 21 de septiembre de 2020, el apoderado de los ejecutantes, solicitó al señor Juez, el embargo y retención de de los fondos que en cuenta corriente o de ahorro, tenga o lleguen a tener las entidades demandadas, en las centrales con sede en Bogotá de los Bancos BBVA,

y Banco Agrario de Colombia.

4. Con providencia del veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte (202 0) (sic), el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó , Decretó la medida cautelar de embargo solicitada.

5. El apoderado de la parte ejecutada presentó oportunamente recurso de apelación

1 Ver Expediente en SAMAIRad. 27001333300120200016401

Ejecutante: Angie Carolina Mena Martinez y Otros

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Ejecutante: Angie Carolina Mena Martinez y Otros

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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ contra la anterior decisión y en el acotó en esencia previo a citar el artículo 63 de la CN, que las cuentas bancarias, objeto de medida cautelar a nombre de la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional , al ser recursos pertenecientes al presupuesto general de la Nación son inembargables.2

6. Mediante auto de 04 de marzo de 2021, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, concedió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte ejecutada contra el auto del 24 de febrero de 2021.3

II. CONSIDERACIONES

Competencia.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 125 del CPACA modificado por el artículo 20 de la ley 2080 del 25 de enero de 2021 , literal h) “El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente ” corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por el ejecutado contra el auto mediante el cual se decretó la medida cautelar de embargo.

Problema jurídico.

La controversia planteada por el recurrente busca determinar si es procedente la medida cautelar frente a los recursos girados a la entidad pública por concepto de transferencias de la Nación.

Para absolver el anterior problema jurídico la Sala unitaria se referirá brevemente i) Inembargabilidad de los recursos públicos y criterio jurisprudencial sobre la materia

transferencias de la Nación.

Para absolver el anterior problema jurídico la Sala unitaria se referirá brevemente i) Inembargabilidad de los recursos públicos y criterio jurisprudencial sobre la materia y; ii) caso concreto.

1. Inembargabilidad de los recursos públicos y criterio jurisprudencial sobre la materia.

El artículo 63 de la Constitución Política establece que son inalienables, imprescriptibles e inembargables los bienes de uso público, parques naturales, entre otros, y los que determine la ley.

En atención a tal precepto, la Ley 179 de 19944 dispuso, en su artículo 6.°, que «Son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman»5. De igual manera, los artículos 18 y 91 de la Ley 715 de 20016 consagran que los recursos del sistema

2 Ver cuaderno de medidas de expediente en TYBA 3 Ver cuaderno de medidas de expediente en TYBA. 4 «Por la cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989, Orgánica de Presupuesto». 5 Precepto reproducido en el artículo 19 del Decreto 1II de 1996. 6 «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 Y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros».Rad. 27001333300120200016401

Ejecutante: Angie Carolina Mena Martinez y Otros

Ejecutado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros».Rad. 27001333300120200016401

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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ general de participaciones «no pueden ser sujetos de embargo», premisa que fue reproducida en el artículo 1.7 del Decreto 1101 de 20078•

Ahora bien, el mencionado sistema fue creado en virtud de los artículos 356 y 357 superiores, con la finalidad de que los entes territoriales pudieren financiar los servicios a su cargo con recursos transferidos por la Nación, y está constituido, de acuerdo con el artículo 3.° de la Ley 715 de 2001, de la siguiente manera:

El Sistema General de Participaciones estará conformado así:

3.1. Una participación con destinación específica para el sector educativo, que se denominará participación para educación. 3.2. Una participación con destinación específica para el sector salud, que se denominará participación para salud. 3.3. Una participación de propósito general que incluye los recursos para agua potable y saneamiento básico, que se denominará participación para propósito general.

El artículo 4.° de la citada Ley establece que los recursos del sistema general de participaciones, se distribuyen así: 58.5% para educación, 24.5% destinados a salud y el 17% restante a <<propósito general».

La prohibición de embargar activos públicos tiene como objeto preservar los recursos destinados a la consecución de los fines esenciales del Estado, en

y el 17% restante a <<propósito general».

La prohibición de embargar activos públicos tiene como objeto preservar los recursos destinados a la consecución de los fines esenciales del Estado, en especial, la protección de la dignidad humana, pues de no existir tal veto, podría afectarse el funcionamiento de la Administración y privilegiarse el interés particular en afectación del general.

No obstante, la Corte Constitucional 9, al estudiar la constitucionalidad del artículo 6.° de la Ley 179 de 1994, concluyó que el principio de inembargabilidad del presupuesto público tenía excepciones, pues era dable embargado cuando se persigue el pago de condenas judiciales, tal como ya lo había afirmado en anteriores pronunciamientos.10

Ese alto tribunal reiteró tal criterio, en sentencia C-566 de 200311, al señalar que «la inembargabilidad de dichos recursos solamente se ajusta a la Constitución en la medida en que ello no impida la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias

7 (Los recursos del Sistema General de Participaciones, por su destinación social constitucional, no pueden ser objeto de embargo [... ]». 8 "Por medio del cual se reglamenta el artículo 19 del Decreto III de 1996, los articulas 1 y 91 de la Ley 715 de 2001, y se dictan otras disposiciones». 9 Corte Constitucional, sentencia C-354 de 1997, M. P. Antonio Barrera Carbonell: "La Corte entiende la norma acusada, con el alcance de que si bien la regla general es la inembargabilidad . ella sufre excepciones cuando se trate de sentencias Judiciales, con miras a garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos a las personas en dichas sentencias».

se trate de sentencias Judiciales, con miras a garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos a las personas en dichas sentencias». 10 Sentencias (i) C-13 de 1993, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz; (ii ) C-337 de 1993, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa; y (iií) C103 de 1994, M. P. Jorge Arango Mejía. 11 M. P. Álvaro Tafur Galvís.Rad. 27001333300120200016401

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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ surgidas de las obligaciones laborales», postura reafirmada en los fallos C-1154 de 200812 y T-873 de 201213.

Por otro lado, aunque el artículo 294 del Código General del Proceso (CGP) prevé que no podrán embargarse los bienes «incorporados en el sistema general de participación», esta Corporación14 dijo que ello era posible cuando se pretendiera garantizar derechos reconocidos mediante una providencia judicial, en los siguientes términos:

[... ] la salvaguarda de los bienes del presupuesto general no obsta para que la Administración adopte medidas conducentes al pago de sentencias condenatorias a su cargo, la rigidez de la regla que prohíbe su retención cautelar se matiza, puesto que existe un deber explícito de respetar integralmente los derechos judicialmente reconocidos a terceros.

[...] tanto la legislación vigente como la jurisprudencia constitucional que

su retención cautelar se matiza, puesto que existe un deber explícito de respetar integralmente los derechos judicialmente reconocidos a terceros.

[...] tanto la legislación vigente como la jurisprudencia constitucional que la ha depurado establecen que, no obstante el principio de inembargabilidad de los recu rsos públicos sirve de base para el desarrollo del Estado social de derecho, su aplicación cede cuando de satisfacer ciertas obligaciones se trata, puntualmente si estas son de estirpe laboral, se derivan de sentencia judiciales o constan en títulos emanados de la administración.

En atención al derrotero jurisprudencial analizado, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han sido del criterio de que los recursos del presupuesto general son embargables, cuando con tal medida cautelar se prete ndan el cumplimiento de una condena judicial relacionada con derechos laborales.15

1. Caso concreto.

En el sub lite, a través del proceso ejecutivo, los ejecutantes pretendes el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el acuerdo conciliatorio emitido en la audiencia inicial N° 136 del 19 de noviembre de 2015 y el auto interlocutorio N° 1237 25 de noviembre de la misma anualidad , emanada de esta jurisdicción, que reconoce los daños y perjuicios causados a los demandantes po r los hechos ocurridos el día 20 de marzo de 2011 en los que murió el joven Jedier Yarlinson Palacios Mosquera y mediante memorial solicitó al a quo que decretara el embargo y retención de una suma de dinero.

Dicha solicitud fue decretada, bajo la premisa de que la medida cautelar de embargo resulta procedente siempre y cuando la acreencia esté contenida en una sentencia

y retención de una suma de dinero.

Dicha solicitud fue decretada, bajo la premisa de que la medida cautelar de embargo resulta procedente siempre y cuando la acreencia esté contenida en una sentencia judicial o título valor o acto administrativo que contenga obligaciones claras,

12M. P. Clara Inés Vargas Hemández. 13 M. P. Mauricio González Cuervo. 14 Sección segunda, subsección B, auto de 21 de julio de 2017, M. P. Carmelo Perdomo Cuéter, expediente 08001-23-31-000-2007-00112-02. 15 Postura acogida por la sección primera de esta Corporación, en fallo de tutela de 19 de noviembre de 2018,

C. P. Hemando Sánchez Sánchez, expediente 11001-03-15-000-2018-02203-01.Rad. 27001333300120200016401

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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ expresas y exigibles, que no hayan sido acatadas en los términos y procedimientos fijados en los estatutos procesales aplicables.

Inconforme con la decisión anterior, la parte ejecutada presentó recurso de apelación bajo el argumento que los recursos de dicha entidad son inembargables.

Esta Sala considera que ninguna de las consideraciones expuestas por el ejecutado son suficientes para desvirtuar las excepciones que la jurisprudencia contenciosoadministrativa y constitucional, ha reconocido como habilitantes para practicar la medida de embargo sobre bienes inembargables.

son suficientes para desvirtuar las excepciones que la jurisprudencia contenciosoadministrativa y constitucional, ha reconocido como habilitantes para practicar la medida de embargo sobre bienes inembargables.

A juicio de la Sala el ejecutado desconoce las sentencias C-793 de 2002, C-566 de 2003, C -1154 de 2008, C -539 de 2010 y C -543 de 2013, dictadas por la Corte Constitucional, y en desconocimiento del precedente fijado en el auto del 8 de mayo de 2014 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado16. Veamos.

Especial prevalencia se predica de la pretensión cautelar del caso, puesto que el crédito cuyo pago se demanda, además de mostrarse como una orden judicial, se relaciona en sentido amplio como una prestación de origen laboral.

Como se vio, las sentencias constitucionalidad en mención y el auto del 8 de mayo de 2014 identifica unas reglas.

A través de la primera 17 de las providencias mencionadas, se declaró exequible el aparte demandado del artículo 18 18 de la Ley 715 de 2001, al considerar que los créditos a cargo de las entidades territoriales por actividades propias del sector educación (que conste en decisiones judiciales u otros títulos legalmente validos), se deben pagar mediante el procedimiento allí señalado, y una vez transcurrido el termino para su exigibilidad, es posible adelantar su ejecución con embargo de recursos del presupuesto, en principio los dest inados al pago de sentencias o conciliaciones (cuando se trate de esta clase de títulos), y si es necesario, sobre los dineros para educación del sistema general de participaciones.

recursos del presupuesto, en principio los dest inados al pago de sentencias o conciliaciones (cuando se trate de esta clase de títulos), y si es necesario, sobre los dineros para educación del sistema general de participaciones.

Por medio de providencia C -566 de 2003 19, se declaró la exequibilidad de l a expresión “estos recursos no pueden ser sujetos de embargo” contenida en el primero inciso del artículo 91 20 de la Ley 715 de 2001, condicionado a que los

16 Expediente 11001-03-27-000-2012-00044-00 (19717) 17 M.P. Jaime Córdoba Triviño. 18 “Artículo 18. Administración de los recursos. Los departamentos, los distritos y los municipios certificados administrarán los recursos del Sistema General de Participaciones en cuentas especiales e independientes de los demás ingresos de las entidades territoriales. Estos dineros no harán unidad de caja con las demás rentas y recursos de la entidad territorial. Estos recursos, del sector educativo, no podrán ser objeto de embargo , pignoración, titularización o cualquier otra clase de disposición financiera” (aparte. Subrayado, condicionalmente exequible) 19 M.P. Álvaro Tafur Galvis 20 “Prohibición de la Unidad de caja. Los recursos del Sistema General de Participaciones no harán Unidad de caja con los demás recursos del presupuesto y su administración deberá realizarse en cuentas separadas de los recursos de la entidad y por sectores. Igualmente, por su destinación socia l constitucional, estos recursosRad. 27001333300120200016401

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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ créditos a cargo de las entidades territoriales por actividades propias de cada uno de los sectores a los que se destinan los recursos del sistema general de participaciones (educación, salud y propósito general), bien sea que consten en sentencias o en otros títulos legalmente validos que contengan una obligación clara, expresa y exigible, “(…) deben ser pagados mediante el procedimiento que señale la ley y que trascurrido el término para que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo, en primer lugar, de los recursos del presupuesto destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esa clase de títulos, y, si ellos no fueren suficientes, de los recursos de la participación respectiva, sin que puedan verse afectados con embargo los recursos de las demás participaciones”.

Con el fallo C -115421 de 26 de noviembre de 2008, esa alta Corporación declaró exequible el artículo 2122 del Decreto 28 de 200823, bajo el entendido de que «[...] el pago de las obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia debe efectuarse en el plazo máximo de dieciocho (18) meses[ 24], contados a partir de la ejecutoria de la misma, y que si los recursos correspondientes a los ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial no son suficientes para el pago de las citadas obligaciones, deberá acudirse a los recursos de destinación específica».25

Por su parte, en la sentencia C-543 de 2013, el máximo tribunal constitucional se

suficientes para el pago de las citadas obligaciones, deberá acudirse a los recursos de destinación específica».25

Por su parte, en la sentencia C-543 de 2013, el máximo tribunal constitucional se inhibió de emitir un pronunciamiento de fondo en relación con los cargos formulados contra “(…) el parágrafo 2 del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo); el artículo 70 (parcial) de la Ley 1530 de 2012; numerales 1, 4 y el parágrafo del artículo 594 de la Ley 1564 de 2012”, no obstante, en la parte considerativa reiteró las reglas exceptivas al principio de inembargabilidad de los recursos que forman parte del sistema nacional de participaciones, bajo los siguientes presupuestos:

no pueden ser sujetos de embargo, titularización u otra clase de disposición financiera” (aparte. Subrayado, condicionalmente exequible) 21 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 22 “Inembargabilidad. Los recursos del Sistema de Participaciones son inembargables. Para evitar situaciones de decisiones judiciales que afecten la continuidad, cobertura y calidad de los servicios financiados con cargo a estos recursos, las medidas cautelares que adopten las autoridades judiciales relaci onadas con obligación laborales, se harán efectivas sobre ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial. Para cumplir con la decisión judicial, la entidad territorial presupuestará el monto del recurso a comprometer y cancelará el respectivo crédito judicial en el transcurso de la vigencia o vigencias fiscales subsiguientes. Las decisiones de la autoridad judicial que contravengan lo dispuesto en el presente decreto, no producirán

y cancelará el respectivo crédito judicial en el transcurso de la vigencia o vigencias fiscales subsiguientes. Las decisiones de la autoridad judicial que contravengan lo dispuesto en el presente decreto, no producirán efecto alguno, y darán lugar a causal de destitución del cargo conforme a las normas legales correspondientes” (se subraya). 23 “Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguidamente y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones”. 24 El artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) disminuyó el termino para que proceda la ejecución de las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en la liquidación o pago de una suma de dinero de 18 a 10 meses. 25 En sentencia C-539 de 2010, la Corte Constitucional, respecto de los cargos formulados contra el artículo 21 de Decreto 28 de 2008, ordenó estarse a lo resuelto en la C-1154 DE 2008Rad. 27001333300120200016401

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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ “El artículo 63 de la Constitución dispone que "Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables"

A la luz del anterior precepto debe entenderse que además de los bienes señalados expresamente en éste, el Constituyente le otorgó al legislador la facultad para

inalienables, imprescriptibles e inembargables"

A la luz del anterior precepto debe entenderse que además de los bienes señalados expresamente en éste, el Constituyente le otorgó al legislador la facultad para determinar, entre otros, los bienes que tienen naturaleza de inembargables, del cual también se deriva el sustento constitucional del principio de inembargabilidad presupuestal.

Por su parte, la Corte Constitucional, al fijar el contenido y alcance del artículo 63 sobre el tema en discusión, ha sostenido que el principio de inembargabilidad es una garantía que se hace necesario preservar y defender, con el fin de proteger los recursos financieros del Estado, en particular, los destinados a cubrir las necesidades esenciales de la población. Esto, por cuanto si se permitiera el embargo de todos los recursos y bienes públicos (i) el Estado se expondría a una parálisis financiera para realizar el cometido de sus fines esenciales, y (ii) se desconocería el principio de la prevalencia del interés general frente al particular, el artículo 1 y el preámbulo de la Carta Superior26.

Sin embargo, contempló excepciones a la regla general para armonizar el principio de inembargabilidad de recursos públicos con otros principios, valores y derechos constitucionales, entre los que se encuentran, la dignidad humana, la vigencia de un orden justo y el derecho al trabajo. Éstas son:

(i) Satisfacción de créditos u obligaciones de origen laboral con el fin de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas27". (ii) Pago de sente ncias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y la realización de los derechos en ellas contenidos28.

efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas27". (ii) Pago de sente ncias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y la realización de los derechos en ellas contenidos28. (iii) Títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible.29 (iv) Las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educación, salud, agua potable y saneamiento básico)30

26 Corte Constitucional, sentencia C -546 de 1992, Magis trado Ponente: Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez Caballero. 27 C-546 DE 1992 28 En la sentencia C -354 de 1997 (Antonio Barrera Carbonell), se expuso que aunque el principio general de inembargabilidad que consagraba la norma acusada resultaba ajustada a la Constitución. Precisó que tratándose de los créditos a cargos del Estado, bien sea que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuestoen primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos – y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos. 29 La sentencia C-103 de 1994 (Jorge Arango Mejía), se estableció una segunda excepción a la inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación, así: para hacer efectiva una obl igación que conste en un acto

29 La sentencia C-103 de 1994 (Jorge Arango Mejía), se estableció una segunda excepción a la inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación, así: para hacer efectiva una obl igación que conste en un acto administrativo que preste merito ejecutivo, esto es, que se expresa, clara y exigible, procederá la ejecución después de los diez y ocho (18) meses. 30 C-793 DE 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño.Rad. 27001333300120200016401

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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ Esta posición ha sido reiterada por la Corporación, sin que haya declarado la inexequibilidad de las normas referentes a la inembargabilidad de bienes y recursos públicos31, como lo pretende el actor.”

De lo anterior, la Sala colige que el principio de inembargabilidad de los recursos públicos (que encuentra su fundamento en la protección de los fondos financieros de la Nación en aras de la prevalencia del interés general) no es absoluto, pues su afectación es necesaria en algunos casos con miras a hacer efectivos otros principios de raigambre fundamental como la igualdad, dignidad humana y el derecho al trabajo, cuya garantía también corre por cuenta del Estado.

En efecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha decantado la aplicación de este principio para precisar las tres reglas exceptivas que regulan su aplicación: la primera surge cuando es menester cancelar créditos u obligaciones de origen laboral, con el fin de efectivizar el derecho al trabajo en

aplicación de este principio para precisar las tres reglas exceptivas que regulan su aplicación: la primera surge cuando es menester cancelar créditos u obligaciones de origen laboral, con el fin de efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas; la segunda tiene que ver con el pago de sentencias judiciales para proteger la seguridad jurídica y el respeto de las garantías en ellas reconocidas; y la tercera se origina en los títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible.

En este punto, la Sala estima importante señalar que las excepciones de inembargabilidad deben sujetarse a los precisos términos contemplados en la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, lo que permite concluir que corresponde al Operador Judicial definir en cada caso concreto la procedencia o improcedencia de la medida cautelar requerida.

Por su parte, la Sección Cuarta del H. Consejo d e Estado ha establecido lo siguiente32:

La Corte ha sostenido que este principio tiene sustento constitucional (art. 63) en la protección de los recursos y bienes del Estado y la facultad de administración y manejo que a éste compete, que permite asegurar la consecución de los fines de interés general que conlleva la necesidad de hacer efectivos materialmente los derechos fundamentales y, en general, el cumplimiento de los diferentes cometidos estatales33.

No obstante, este principio no puede ser considerado absoluto, pues la aplicación del mismo debe e ntenderse de acuerdo a los parámetros fijados por la jurisprudencia constitucional.

31 La línea jurisprudencial que desarrolla lo atinente al principio de inembargabilidad de los bienes y recursos

del mismo debe e ntenderse de acuerdo a los parámetros fijados por la jurisprudencia constitucional.

31 La línea jurisprudencial que desarrolla lo atinente al principio de inembargabilidad de los bienes y recursos públicos como sus excepciones está compuesta, principalmente, por las siguientes sentencias: C -546 de 1992, C-013,C-017, C107, C-337, C-555 de 1993, C-103 y C-263 de 1994, C-354 y C-402 de 1997, T-531 de 1999, C-427 de 2002, T -539 de 2002, C -793 de 2002, C -566, C-871 y C-1064 de 2003, C -192 de 2005, C -1154 de 2008 y C-539 de 2010. 32 Consejo de Estado, Auto del 8 de mayo de 2014, Exp. 19.717, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 33 Cfr. sentencias C-546 de 1992, C -337 de 1993, C-103 de 1994, , C -354 de 1997, C-793 de 2002, C-566 de 2003 y C-192 de 2005.Rad. 27001333300120200016401

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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ Es por esto que la Corte en reiteradas oportunidades ha sostenido que el citado principio respecto del presupuesto de las entidades y órganos del Estado encuentra algunas excepciones cuando se trate de34:

1. la satisfacción de créditos u obligaciones de origen laborales, necesaria para

principio respecto del presupuesto de las entidades y órganos del Estado encuent