TA CHO - 27001333300220140071201-(30-09-2022)

R/D 27001333300220140071201

Actor: Darlin Palacios Mosquera y otros Contra: Municipio de Bojayá – Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Bojayá

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Quibdó, treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

SENTENCIA No. _0168_/

REFERENCIA: 27001333300220140071201

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: DARLIN MOSQUERA PALACIOS Y OTROS

DEMANDADO: MUNICIPIO DE BOJAYÁ – EMPRESAS DE SERVICIOS

PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BOJAYÁ

MAGISTRADA PONENTE: Dra. MIRTHA ABADÍA SERNA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia N° 0195 del 12 de diciembre de 201 9, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó , dentro del proceso promovido por la señora DARLING MOSQUERA PALACIOS Y OTROS contra el MUNICIPIO DE BOJAYÁ – EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BOJAYÁ y que resolvió negar las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Por conducto de apoderado judicial la señora DARLING MOSQUERA PALACIOS Y OTROS, presentó demanda de reparación directa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la L ey 1437 de 2011, en contra la MUNICIPIO DE BOJAYÁ –

OTROS, presentó demanda de reparación directa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la L ey 1437 de 2011, en contra la MUNICIPIO DE BOJAYÁ – EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BOJAYÁ, para que con citación y audiencia de los representantes legales de las entidades demandadas y el Ministerio Público, previo los trámites de un proceso ordinario, se hagan las siguientes o similares:

DECLARACIONES Y CONDENAS

Como pretensiones solicitó las que se sintetizan:

Que se declare administrativamente responsable a las demandadas bajo el título de imputación de falla del servicio por las lesiones sufridas en la humanidad de la menor Karen Dayana Palacios Mosquera, por el desprendimiento del cable alta tensión del alumbrado público y en consecuencia se paguen los perjuicios tanto materiales como inmateriales.

Igualmente solicitó que se le diera cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187,188 y 192 del CPACA.

HECHOS DE LA DEMANDA

Como hecho s de la demanda la parte demandante expuso como a manera de ilustración se trascriben para un mayor entendimiento incluso con errores:

“PRIMERO. El día 14 de mes de julio de 2012, cuando la menor KAREN DAYANA PALACIOS MOSQUERA, transitaba por las calles del corregimiento de Napipí, seR/D 27001333300220140071201

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desprendió una red de alta tensión del alumbrado públi co de ese corregimiento, ocasionándole grave lesiones, en la mano y muslo del lado izquierdo de su cuerpo. SEGUNDO. La menor fue traslada al Hospital San Francisco de Asís de la ciudad de Quibdó, por cuenta de su señora madre, siendo atendida por la E.P.S. CAPRECOM. De conformidad con lo consignado en la Historia Clínica número 1133629303, se evidencia que la niña entró al servicio de urgencia, el día 18 de julio del 2012, a las 7:45 de la mañana.

TERCERO. El Diagnostico Inicial fue de Quemadura Eléctrica en mano y muslo, con un cuadro clínico de 24 horas de evaluación caracter izado por quemadura por corriente eléctrica en lesiones en muslo y antebrazo izquierdo de segundo grado, y le fue concedida una incapacidad de 10 Días, con Secuelas permanentes estéticas, por la dichas lesiones.

CUARTO. La legislación nacional establece q ue la prestación del alumbrado públicos es responsabilidad de los municipios o distritos dentro del perímetro urbano y el área rural comprendidos en su jurisdicción. Por consiguiente, son los municipios y Distritos quienes deben realizar las actividades ne cesarias para prestar este servicio, o en su defecto, contratar su ejecución con terceros idóneos de acuerdo como lo establece la

rural comprendidos en su jurisdicción. Por consiguiente, son los municipios y Distritos quienes deben realizar las actividades ne cesarias para prestar este servicio, o en su defecto, contratar su ejecución con terceros idóneos de acuerdo como lo establece la Ley 80 de 1993. De ahí que es el Municipio de Bojayá , y no otra persona, la entidad encargada de su adecuada prestación y funcionamiento.

Ahora bien, hechas las anteriores precisiones, es de público conocimiento el mal estado de las redes de alumbrado público, toda vez que el Consejo Comunitario de esa urbe da fe del deterioro y casi total abandono de la red de alumbrado Público del corregimiento de Napipí, y en especial sobre las lesiones graves causadas en el cuerpo de la menor aquí referenciada, por la caída de un cable de alta tensión.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se fundamentó la presente demanda en las siguientes normas:

“Código Contencioso Administrativo Colombiano en su artículo 86, el cual fue modificada por el art. 16 del Decreto 2304 de 1989 y luego artículo 13 de la ley 1285 de enero 22 del 2009 que modificó la Ley 270 de 1996 en su artículo 42. Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 2, 6, 12, 13, 15, 18, 21, 23, 29, 30, 31, 32, 44, 49, 51, 59, 87, 88, 89, 90, 93, 116, 217 y 218. Ley 446 de 1998, art. 40 y 48, Código

Civil, art, 1613 y ss, Código de Procedimiento Civil, arts 174 y 293, pacto internación al derechos civiles y políticos, convención Internacional de Derechos Humanos. L Ley 153 de 1.887, Arts, 4 y 7 Ley 23 de 1991, arts, 59 y 65, Ley 65 de 1993 y Ley 954 de 2005.”

LA SENTENCIA APELADA.

Mediante providencia N° 0195 del 12 de noviembre de 201 9, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó , resolvió negar las pretensiones de la demanda. En dicha providencia se consideró en el caso concreto luego de referirse al régimen de responsabilidad del estado, valorar las pruebas en especial los testimonios y citar las normas que regulan la fuente objeto de la responsabilidad endilgada a la demandada , que:R/D 27001333300220140071201

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“En el presente asunto, pretende la parte actora se declare responsable al Municipio de Bojayá y a la Empresa de servicios Públicos Domiciliarios de Bojayá por la falla del servicio que dio lugar a las lesiones sufridas por la menor KAREN DAYANA PALACIOS MOSQUERA el día 14 de julio de 2012 al hacer contacto con una red eléctrica de alta tensión del alumbrado público en el corregimiento de Napipí -Municipio de Bojayá y se les condene al pago de los perjuicios causados.

MOSQUERA el día 14 de julio de 2012 al hacer contacto con una red eléctrica de alta tensión del alumbrado público en el corregimiento de Napipí -Municipio de Bojayá y se les condene al pago de los perjuicios causados.

Conforme la valoración probatoria efectuada en este asunto, en especial la historia clínica de la menor PALACIOS MOSQUERA aportada al expediente, se tiene por acreditado el daño antijurídico aleado po r la par te actora, consistente en las quemaduras causada al cuerpo de aquella.

El daño, en esos términos, ostenta la naturaleza de cierto, actual y determinado, motivo adicional para predi car el cumplimiento de los preceptos normativos contenidos en el artículo 90 de la Constitución Política, necesarios para sustentar la existencia del daño antijurídico.

Ahora bien, establecida la existencia del daño antijurídico, aborda el Despacho el análisis de imputación con el fin de determinar si en el caso concreto dicho daño le puede ser atribuido a las entidades demandadas y, por lo tanto, si estas se encuentran en el deber jurídico de resarcir los perjuicios que de dicho daño se derivan y, en consecuencia, debe acceder a las suplicas de la demanda.

Considera el Despacho, que el escaso material probatorio arrumado al plenario, impide la imputación a las entidades demandadas de las lesiones sufridas por la menor KAREN DAYANA PALACIOS MOSQUERA, dado que no se allegaron pruebas tendientes a demostrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos que derivaron las lesiones de la ya mencionada.

DAYANA PALACIOS MOSQUERA, dado que no se allegaron pruebas tendientes a demostrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos que derivaron las lesiones de la ya mencionada.

Si bien en la demanda se relata que la menor Palacio s Mosquera el día 14 de julio de 2012 cuando transitaba por las calles del corregimiento de Napipí resultó lesionada al desprenderse una red de alta tensión del alumbrado público de ese corregimiento, lo cual le enero graves lesiones, en la mano y muslo de l lado izquierdo de su cuerpo; lo cierto es, que ello no resulta suficiente para deducir la acción u omisión de las entidades que provocara el daño antijurídico, toda vez que no se suministraron mayores detalles de como ocurrieron los hechos en los que resultó lesionada la referida menor.

Aunque se recepcionaron los testimonios de los señores OSNAY CUESTA PALACIOS, ELDA MARIA VALENCIA CORDOBA y SILVIA MOSQUERA CHAVERRA y además fueron incorporadas al proceso, las declaraciones extraprocesos rendidas por l os señores VICTOR FIDEL CASTRO CUESTA y ALFONSO CUESTA PALACIOS, ninguna de estas personas presenciaron el hecho en el que resultó lesionada la menor PALACIOS MOSQUERA, PRESUNTAMENTE CON LA RED DE ALTA TENSION EN EL Corregimiento de Napipí -Municipio de Boj ayá, de ahí que tampoco sea posible establecerse las circunstancias de las referidas lesiones de la víctima ni atribuir estas a las entidades demandadas.

Tampoco se pudo constatar el estado de las acometidas eléctricas, conexiones y redes del servicio de alumbrado público en el municipio de Bojayá para la época de los

las entidades demandadas.

Tampoco se pudo constatar el estado de las acometidas eléctricas, conexiones y redes del servicio de alumbrado público en el municipio de Bojayá para la época de los hechos, esto es, las lesiones sufridas por la menor PALACIOS MOSQUERA.R/D 27001333300220140071201

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El Despacho recuerd a que a las partes les incumbe probar las obligaciones o su extinción al poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado. En efecto, las cargas con las que deben correr quienes se enfrentan en un litigio judicial responden a principios y reglas jurídicas que regulan la actividad probatoria a través de las cuales se establecen los procedimientos para incorporar al proceso-de manera reguila y oportunalas pruebas de los hechos, si la intención de la parte es convencer al juez sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los mismos y las respectivas consecuencias o controvertir su valor con el fin de que incidan en la decisión judicial.

De ahí que las decisiones del juez deben regirse por tres principios fundamentales: onus probando incumbit actori (al demandante le corresponde probar los hechos en que funda su acción); reus, inexcipiendo, fit actor (el demandado, cuando excepciona, funge de actor y debe probar los hechos en que funda su defensa); y actore non probante,

funda su acción); reus, inexcipiendo, fit actor (el demandado, cuando excepciona, funge de actor y debe probar los hechos en que funda su defensa); y actore non probante, reus absolvitur (el demandado debe ser absuelto de los cargos si el demadnate no logar probar los hechos fundamento de su acción)

Estos principios están recogidos tanto en la legislación sustancial (artículo 1757 del Código Civil) como adjetiva (artículo 167 d el Código General del Proceso) y responde primordialmente a la exigencia de justificar lo afirmado con el fin de persuadir a otros sobre su verdad, salvo cuando se trate de hechos notorios y afirmaciones o negaciones indefinidas por no requerir prueba.

Por las razones anteriormente explicadas, el Despacho considera que en el caso de autos no se probó la falla de la administración, razón por la cual no le es imputable el daño sufrido por la parte actora y en consecuencia habrá de negarse las súplicas de la demanda.”1

DEL RECURSO DE APELACIÓN

Oportunamente en los términos del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, la parte demandante presentó recurso de apelación manifestado en esencia que:

“La defensa de los actores judiciales respeta pero no comparte tal consideración, y por ende la decisión, y juzga por el contrario, que la juez de instancia pese a que las demandas no contestaron la demanda, dio por fundada la causal de exclusión de responsabilidad, cuando es mediante las excepciones que las demandas podí an romper o desnaturalizar el nexo de imputación de manera total o parcial, pues en materia de responsabilidad derivada de redes eléctricas la administración pública se

responsabilidad, cuando es mediante las excepciones que las demandas podí an romper o desnaturalizar el nexo de imputación de manera total o parcial, pues en materia de responsabilidad derivada de redes eléctricas la administración pública se encuentran obligadas, a efectos de enervar la acción indemnizatoria acreditar el caso fortuito o la fuerza mayor, con miras a exonerarse de la responsabilidad que se le endilga.

(…).”

Como se puede ver del expediente señores magistrados, las demandadas no cumplieron con la carga procesal de probar la existencia de una causa extraña, esto es, que el daño se produjo por fuerza mayor, culpa exclusiva y determinante de la víctima o hecho exclusivo y determinante de un tercero, por lo tanto, la juez de instancia erró al

1 Ver folios 184-196 del expediente.R/D 27001333300220140071201

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aplicar la causal exonerativa de responsabilidad. Esto demuestra señores magistrados, que el régimen de riesgo excepcional relacionado en las consideraciones de la sentencia está consignado de manera nominal, pero no probatoriamente, por cuanto se retira, las demandadas no dieron po r demostrado la existencia de una fuerza mayor, culpa exclusiva y determinante de la víctima o hecho exclusivo y determinante de un tercero y como ello ocurrió así, se denota una falsa motivación de la sentencia.

retira, las demandadas no dieron po r demostrado la existencia de una fuerza mayor, culpa exclusiva y determinante de la víctima o hecho exclusivo y determinante de un tercero y como ello ocurrió así, se denota una falsa motivación de la sentencia.

Señores magistrados, en el expediente no existe prueba en el sentido de que la víctima, antes del evento dañoso, hubiera tenido conocimiento del estado anómalo de las redes eléctricas, y mucho menos del peligro que representaban. Por el contrario, las pruebas allegadas, constituidas básicamente por un conjunto de testimonios, conducen a afirmar que el daño tuvo origen tanto en la estructura - es decir en las redes eléctricas -, como en el comportamiento, esto es, en la actividad que por sí misma es riesgosa, toda vez que se trata del flujo de energía eléctrica de grandes voltajes. Esto es suficiente para concluir que la menor Karen Dayana Palacios Mosquera, no se puso deliberadamente en una situación en la cual podía ser alcanzado por la energía.

En ese orden de ideas, en el asunto sub –judice se pre senta el fenómeno de grada acumulativa, como quiera que el daño resulta imputable tanto a quien ejerce la guarda de la actividad riesgosa, es decir, la empresa pública, como al propietario de la cosa mediante la cual se presta y desarrolla esa actividad, es decir, la Municipalidad.

Así las cosas, la juez de instancia paso por alto que si la menor Karen Dayana Palacios Mosquera, en gracia de discusión hubiera participado en la producción del daño en el régimen excepcional la culpa de la víctima es causa par cial (concausa) que constituye un factor de graduación del perjuicio mas no de exoneración de responsabilidad del mismo.”2

régimen excepcional la culpa de la víctima es causa par cial (concausa) que constituye un factor de graduación del perjuicio mas no de exoneración de responsabilidad del mismo.”2

Por auto N° 1679 del 6 de diciembre de 2019, se concedió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante.3

TRAMITE DE LA SEGUNDA INSTANCIA

Mediante Auto Interlocutorio Nº 045 del 10 de febrero de 2020, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 12 de noviembre de 2019, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó y se ordena se notifique a la Agente del Ministerio Público.4

Con Auto Interlocutorio N° 0153 del 24 de febrero de 2020, obrante a folio 216, se prescinde de la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, y en su lugar se ordena correr traslado a las partes por el término común de diez (10) días para que presenten sus alegatos de conclusión por escrito; y vencido este al Ministerio Público por diez (10) días.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

DE LA PARTE DEMANDANTE.

2 Ver folios 198-199 del expediente. 3 Ver folios 204 vto del expediente. 4 Ver folios 213-214 del expediente.R/D 27001333300220140071201

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Hizo uso de esta etapa procesal reiterando lo expuesto en el recurso de apelación. (fols. 217-219)

DE LA PARTE DEMANDADA.

No hizo uso de esta etapa procesal

MINISTERIO PÚBLICO.

No emitió concepto de fondo alguno.

II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó que negó las pretensiones de la demanda.

CONSIDERACIONES SOBRE LOS PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA

DE MÉRITO

1. Presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa en el caso sub examine.

1.1. Competencia.

La Corporación es competente para conocer la segunda instancia del presente asunto de conformidad al artículo 153 del C.P.A.C.A.5.

1.2. El ejercicio oportuno de la acción.

En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que se interpuso dentro de los dos (2) años que establece el literal

1.2. El ejercicio oportuno de la acción.

En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que se interpuso dentro de los dos (2) años que establece el literal J del artículo 164 del C.P.A.C.A., toda vez que el daño por cuya indemnización se demanda se produjo el 14 de julio de 2012 6 y la demanda se presentó el 24 de septiembre de 2014 7. Lo anterior teniendo en cuenta e l cumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudial 8 de que trata el artículo 161 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011 , que fue radicada el 5 de junio de 2014, y la constancia fue expedida el 22 de agosto de 2014.9

5 “Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia. Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de auto s susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda. ” 6 Se extracta de las historias clínicas obrantes en el expediente. 7 Ver acta de reparto folio 49 del expediente. 8 Ver artículo 21 de Ley 640 de 2001. 9 Ver folio 13 y 15 del expedienteR/D 27001333300220140071201

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1.3. Legitimación en la causa por activa.

La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y el material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.

De igual manera, la legitimación material es condición necesaria para obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.

Así, en relación con el extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la parte actora hace al extremo demandado y el material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.

Por los hechos objeto de la demanda solicitan reparación: Darlin Palacios Mosquera (madre de la víctima directa), y Karen Dayana Palacios Mosquera ( víctima directa), por lo que está legitimado en la causa por activa.

Por su parte, el Municipio de Bojayá y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, está legitimada en la causa por pasiva , toda vez que la parte actora

por lo que está legitimado en la causa por activa.

Por su parte, el Municipio de Bojayá y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, está legitimada en la causa por pasiva , toda vez que la parte actora le endilga las lesiones que se sufrió l a menor con las redes eléctricas en dicha municipalidad.

La Sala encuentra que le asiste legitimación en la causa por pasiva de hecho y la material hará parte del estudio de fondo en el caso concreto.

CONSIDERACIONES SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO

2. Problema jurídico.

Conforme a l recurso de apelación interpuestos corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico:

¿El Municipio de Bojayá y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios , está n llamados en los términos del artículo 90 Constitucional a indemnizar a los hoy demandantes por las lesiones padecidas en la humanidad de la menor Karen Dayana Palacios Mosquera como consecuencia del desprendimiento de una red eléctrica ocurrido el 14 de julio del 2012?

Para absolver el anterior interrogante la Sala utilizará el siguiente esquema: i) Consideraciones generales sobr e la responsabilidad del Estado y; iii) Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado. i) Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado.R/D 27001333300220140071201

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El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 10 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión de un interés legítimo protegido por el ordenamiento jurídico. En otras palabras, es toda afectación a un interés tutelado que no está justificado por la ley o el derecho11, ya que contraría el orden jurídico12 o carece de una causa que justifique tal afectación13.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el dañ o especial, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto14.

La Sección Tercera del H. Consejo de Estado15 ha determinado que, en vista de que la Constitución Política no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual, “sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consult e razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar ”, la jurisprudencia no puede establecer un único título de imputación a aplicar en eventos fácticamente semejantes.

que den sustento a la decisión que habrá de adoptar ”, la jurisprudencia no puede establecer un único título de imputación a aplicar en eventos fácticamente semejantes. En todo caso, tales consideraciones no implican el desconocimiento del derecho fundamental a la igualdad, reflejado en la construcción jurisprudencial de una argumentación específica constitutiva de un precedente –por parte de esa Corporación– en asuntos en los que se presenten daños antijurídicos similares.

En relación con el régimen de responsabilidad la alta Corporación parte generalmente de tres criterios de imputación, a saber sin desconocer los consagrados en la Ley 270 de 1996 : falla del servicio, riesgo excepcional y daño especial, según los hechos probados y la ratio de la atribución jurídica del daño que proceda en cada caso.

La falla en el servicio genera responsabilidad cuando se acredita la extralimitación de funciones, retardo en el cumplimiento de obligaciones, defectuoso cumplimiento o incumplimiento de obligaciones, u omisión o inactividad de la administración pública, es decir, cualquier irregularidad de la administración que ocasione un daño imputable al Estado16. El riesgo excepcional procede cuando el daño acaece como consecuencia de la actividad legítima de la administración pública, que comporta un riesgo excesivo o de

10 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.

reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 11 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945 12 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez Sarrión. 2ª ed.

Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90. 13 Consejo de Estado, Sección Ter cera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499; Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C, sentencia de 18 de mayo de 2017, rad.: 36.386, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 15 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –en pleno-, sentencia del 19 de abril de 2012, exp. 21515. 16 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24 de febrero de 2005, exp. 14.170.R/D 27001333300220140071201

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naturaleza anormal, sea porque la administración incrementó el peligro inherente o

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naturaleza anormal, sea porque la administración incrementó el peligro inherente o intrínseco a la actividad o porque en el despliegue de la actividad se crearon riesgos que, en atención a su exposición e intensidad, desbordaron o excedieron lo que razonablemente debía asumir la víctima17.

Por último, el daño especial responde a un criterio de imputación fundamentado en el desequilibrio de las cargas públicas, la equidad y la solidaridad. Para que se comprometa la responsabilidad del Estado conforme a este título atributivo se requiere que: (i) se desarrolle una activi dad legítima de la administración; (ii) dicha actividad entrañe una ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas; (iii) que ese rompimiento cause un daño grave y especial, que ese ciudadano no esté en el deber jurídico de soportar; y (iv) que exista un nexo causal entre la actividad legítima de la administración y el daño causado18.

En conclusión, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, resarcimiento que debe ser proporcional al daño sufrido.

1. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado.

Teniendo en cuenta lo anterior, entrará la Sala a revisar los presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado, esto es, el daño antijurídico y si este resulta imputable a las entidades demandadas.

a. El daño antijurídico.

responsabilidad extra