TA CHO - 27001333300220180016302-(30-09-2022)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Cuarta de Decisión

Neiva, dieciocho de febrero de dos mil veinticinco

MAG. PONENTE: RAMIRO APONTE PINO

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: HÉCTOR PUERTO POLANCO

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL PROVIDENCIA: SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA RADICACIÓN: 410013333004-2022-00550-02

ACTA: 10 A VIRTUAL DE LA FECHA

I.- EL ASUNTO.

Resuelve la Sala el recurso de apelación instaurado por la parte demandante y demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva el 30 de octubre de 20241.

II.- ANTECEDENTES.

1.- La demanda.

Actuando por conducto de apoderado judicial, el señor Héctor Puerto Polanco promueve el medio de control de nulidad y restablecimiento contra La NaciónRama JudicialDirección Ejecutiva de Administración Judicial, en procura de previa inaplicación de los “artículos 6 del decreto 658 de 2008, articulo 8 del decreto 723 de 2009, artículo 8 del decreto 1.388 de 2010, articulo 8 del decreto 1.039 de 2011, el artículo 8 del decreto 874 de 2012, el artículo 8 del decreto 1.024 de 2013, el artículo 8 del decreto 194 de 2014, el artículo 1º del

articulo 8 del decreto 1.039 de 2011, el artículo 8 del decreto 874 de 2012, el artículo 8 del decreto 1.024 de 2013, el artículo 8 del decreto 194 de 2014, el artículo 1º del decreto 1.257 de 2015, y el artículo 1º del decreto 245 de 2016…”, se declare la nulidad del oficio DESAJNEO 17-281 del 25 de enero de 2017 y de la resolución 6008 del 13 de julio de 2022 (sic); a través de las cuales, le negaron el reconocimiento y pago del 30% del valor de la asignación salarial, creada como prima especial, y la reliquidación de las prestaciones sociales.

A título de restablecimiento del derecho, solicita la reliquidación y pago de sus prestaciones sociales y laborales, causadas desde julio de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2020.

1 Samai, índice 42, primera instancia.Héctor Puerto Polanco vs. Nación – Rama Judicial 41001-23-33-004-2022-00550-02

2 Finalmente, solicita que las sumas resultantes sean indexadas y que se condene en costas a la demandada.

2.- Fundamentación fáctica.

Sustenta las pretensiones en los siguientes argumentos de orden fáctico:

a.- Desde julio de 2007 hasta la fecha labora en la Rama Judicial. En dicho periodo se desempeñó como Juez de la República en diferentes despachos judiciales.

b.- El artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 creó a favor de jueces y magistrados una prima especial sin carácter salarial; la cual debía ser

despachos judiciales.

b.- El artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 creó a favor de jueces y magistrados una prima especial sin carácter salarial; la cual debía ser reglamentada por el Gobierno Nacional (su monto podía oscilar entre el 30% y el 60% de la remuneración mensual).

c.- La demandada “para pagarle al actor su salario y prestaciones, fraccionó la remuneración básica en dos partes así: a) Un 70% le atribuyó la connotación de sueldo básico mensual, b) al restante 30% le atribuyó el carácter de prima especial de servicios sin carácter salarial”. Lo que a su vez, le generó una afectación en la liquidación de sus prestaciones sociales.

d.- Por ese motivo, el 16 de enero de 2017, le solicitó a la demandada que le reconociera y pagara el 30% del valor de la asignación salarial , que como prima especial se dedujo de su salario básico mensual cuando fungió como Juez de la República ; que efectuara el pago de la prima especial como un agregado o adición al salario. En consecuencia, que le reliquidaran las prestaciones sociales.

e.- A título de respuesta, la demandada emitió la resolución DESAJNEO 17-281 del 25 de enero de 2017, denegando la petición.

f.- Contra esa determinación interpuso el recurso de apelación (concedido mediante resolución DESAJNER 17-1678 del 1° de marzo de 2017); que a su vez, se resolvió desfavorablemente mediante resolución 6008 del 13 de julio de 2022.

3.- Fundamentación legal.

Como sustento de las pretensiones, invoca la siguiente normatividad:

2017); que a su vez, se resolvió desfavorablemente mediante resolución 6008 del 13 de julio de 2022.

3.- Fundamentación legal.

Como sustento de las pretensiones, invoca la siguiente normatividad:

Constitución Política: artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 53 y 209.

Ley 4 de 1992, arts. 2 y 14. Ley 270 de 1996, art. 152-7.Héctor Puerto Polanco vs. Nación – Rama Judicial 41001-23-33-004-2022-00550-02

3 Apoyándose en la citada no rmatividad y en un pronunciamiento de unificación jurisprudencial 2, considera que los actos acusados se dictaron de manera irregular; porque el Gobierno Nacional reglamentó la prima especial, como una reducción o recorte al salario, al tomar el 30% de la remuneración básica y asignarle el título de prima especial sin car ácter salarial; disminuyendo la natural eza salarial de la remuneración y desmejorando los salarios y prestaciones sociales de los servidores judiciales.

“…En la sentencia citada, que declara la nulidad de las normas que regulaban la prima prevista en el artículo 14 de la ley 4ª de 1992, El Consejo de Estado deja claramente definido que la prima debe ser un agregado o plus al salario, en un valor no inferior al 30% de la remuneración básica y que las prestaciones de los servidores judiciales se deben liquidar con el 100% de ésta y no con el 70% como hasta ahora se ha hecho.

Con base en lo anterior, solicita acceder a las súplicas de la demanda

judiciales se deben liquidar con el 100% de ésta y no con el 70% como hasta ahora se ha hecho.

Con base en lo anterior, solicita acceder a las súplicas de la demanda (Samai, índice 3, primera instancia).

4.- La oposición.

El apoderado de la entidad demandada solicita que la sentencia que decida la presente controversia se fundamente en la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019; recordando que en la misma el Consejo de Estado “ordena reconocer a los jueces: (i) Reliquidación de prestaciones sociales y laborales con base en el 100% del salario básico mensual; y (ii) El reconocimiento del 30% adicional, calculado sobre el 100% del salario básico, por concepto de prima especial del artículo 14 Ley 4ª de 1992, sin carácter salarial”.

A título de excepciones, propuso las siguientes:

a.- Prescripción.

Con fundamento en el artículo 41 del decreto 3135 de 1968, refiere que “En el presente caso ha operado la prescripción trienal de los derechos laborales debe tenerse en cuenta la fecha de radicación (16 de enero de 2017) de la petición ante la entidad demandada, mediante la cual reclamó el reconocimiento adicional de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, y la liquidación de sus prestaciones sociales con el 100% de su asignación mensual, desde el 1º de enero de 1993 y en adelante en su condición de Juez de la Republica; razón por la cual, las sumas reclamadas, causadas con anterioridad a dicha fecha se encuentran prescritas.

enero de 1993 y en adelante en su condición de Juez de la Republica; razón por la cual, las sumas reclamadas, causadas con anterioridad a dicha fecha se encuentran prescritas.

Se debe indicar que se debe aplicar la prescripción trienal sobre las sumas de dinero que reclama la parte actora, pues se tratan de sumas de dinero que se causan sucesivamente, situación que por la inactividad de la parte demandante no deba

2 Consejo de Estado. Sentencia del 2 de septiembre de 2019 exp. 41001233300020160004102. CP. Carmen Anaya Castellanos. Reiterada en sentencia del 15 de diciembre de 2020 exp.

73001233300020170056801. CP Jorge Iván Rincón Córdoba.Héctor Puerto Polanco vs. Nación – Rama Judicial 41001-23-33-004-2022-00550-02

4 afectar a la Rama Judicial, sino que por el contrario se sancione h aber dejado transcurrir dicho tiempo no solo de la petición del pago de la prima especial como factor salarial, sino de la presentación de la demanda”.

b.- Imposibilidad material para cumplir con el pago solicitado.

Asegura que “la entidad se encuentra en una imposibilidad presupuestal de reconocer esos derechos, debido a que no están presupuestados esos mayores valores que se generarían en la nómina para el reconocimiento de dichas acreencias laborales a todos los servidores judiciales beneficiarios, y a que se podría ir en contravía de la prohibición contenida en el artíc ulo 71 del Decreto 111 de 1996 , compilatorio del artículo 86 de la Ley 38 de 1989, y en el artículo 2.8.3 .2.1. del

contravía de la prohibición contenida en el artíc ulo 71 del Decreto 111 de 1996 , compilatorio del artículo 86 de la Ley 38 de 1989, y en el artículo 2.8.3 .2.1. del Decreto 1068 de 2015 , según las cuales ninguna autoridad podrá contrae r obligaciones atribuibles al presupuesto de gastos sobre apropiaciones inexistentes, es decir, no se pueden asumir obligaciones que no cuenten con una disponibilidad presupuestal.

Lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha asignado recursos de presupuesto en el rubro de nómina para cancelar los mayores valores que se generarían en las asignaciones de los funcionarios y servidores judiciales por reconocimientos y conciliaciones relacionadas con reliquidación de las prestaciones sociales y acreencias laborales de Jueces con el 100% de la asignación básica más la prima especial adicional del 30%, sin carácter salarial, derivados de la sentencia de unificación mencionada.

Así mismo, mediante Oficio DEAJ019-1361 de 27 de noviembre de 2019, el Director Ejecutivo de Administración Judicial, solicitó a la Directora del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la asignación de los correspondientes recursos con el fin de dar cu mplimiento a la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019, por lo tanto, la entidad se encuentra a la espera de la respuesta que den de esa cartera ministerial”.

c.- Innominada

Las que el fallador encuentre probadas.

Finalmente, resaltó que desde el 1° de enero de 2021 se cancela a los Jueces de la República, el 30% de la prima especial como factor salarial;

c.- Innominada

Las que el fallador encuentre probadas.

Finalmente, resaltó que desde el 1° de enero de 2021 se cancela a los Jueces de la República, el 30% de la prima especial como factor salarial; con base en la ya citada sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019 (Samai, índice 16, primera instancia).

5.- El trámite surtido. Alegaciones conclusivas.

El 22 de noviembre de 2023, el Juzgado Once Administrativo Transitorio de Neiva anunció que proferiría sentencia anticipada (difiriendo la resolución de la prescripción al fondo del asunto), fijó el litigio, incorporó los medios de prueba y corrió traslado para alegar de conclusión (Samai, índice 18, primera instancia).

En los siguientes términos se pronunciaron las partes:Héctor Puerto Polanco vs. Nación – Rama Judicial 41001-23-33-004-2022-00550-02

5 a.- Parte actora.

Reiteró los argumentos expuesto en el escrito inicial; precisando, que el periodo a reajustar va hasta el 31 de diciembre de 2020 (Samai, índice 27, primera instancia).

b.- Rama Judicial.

Considera que se deben negar las pretensiones de la demanda, porque las diferencias reclamadas se encuentran prescritas (Samai, índice 29, primera instancia).

c.- Ministerio Público.

No rindió concepto (Samai, índice 33, primera instancia).

6.- El fallo impugnado.

El a quo accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, declarando

c.- Ministerio Público.

No rindió concepto (Samai, índice 33, primera instancia).

6.- El fallo impugnado.

El a quo accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, declarando probada parcialmente la prescripción, respecto de las diferencias salariales y prestacionales causadas con anterioridad al 19 de noviembre de 2019 (sic).

Seguidamente, inaplicó por inconstitucional el artículo 6° del Decreto 658 de 2008; los artículos 8° de los Decretos 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014; así como los artículos 7° de los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y subsiguientes que se hubieran expedido en materia salarial y prestacional para los servidores judiciales.

Declaró la nulidad del oficio DESAJNEO 17-281 del 25 de enero de 2017 y de la resolución RH -6008 del 9 de diciembre de 2021 , y a título de restablecimiento del derecho le ordenó a la accionada lo siguiente:

“a.- Reliquidar y pagar las prestaciones sociales y demás emolumentos devengados por el señor HÉCTOR PUERTO POLANCO, identificado con cédula de ciudadanía N° 12.114.153, desde el 1 de julio de 2007, pero con efectos fiscales a partir del 19 de noviembre de 2019 (por prescripción trienal), hasta el 31 de diciembre de 2020, teniendo en cuenta para el efecto como base de liquidación el 100% de la

de noviembre de 2019 (por prescripción trienal), hasta el 31 de diciembre de 2020, teniendo en cuenta para el efecto como base de liquidación el 100% de la remuneración básica mensual legal, incluyendo el 30% que había sido excluido a título de prima especial.

b.- Reconocer y pagar al señor HÉCTOR PUERTO POLANCO, identificado con cédula de ciudadanía 12.114.153, desde el 1 de julio de 2007 , pero con efectos fiscales a partir del 19 de noviembre de 2019 (por prescripción trienal), hasta el 31 de diciembre de 2020, la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, sin carácter salarial, en cuantía equivalente al 30% de la asignación básica mensual, entendida como un agregado o valor adicional.Héctor Puerto Polanco vs. Nación – Rama Judicial 41001-23-33-004-2022-00550-02

6 c.- Reconocer y pagar en el respectivo fondo de pensió n, las diferencias en los aportes pensionales que se generen con la inclusión de la prima especial como factor salarial desde el 1 de julio de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2020 y, de las sumas que resulten a favor del demandante en el mismo periodo, realícense los descuentos para el mismo efecto. Lo anterior, en razón a que dichos aportes son irrenunciables e imprescriptibles.

Las sumas resultantes deben ajustarse a su valor, de acuerdo con el inciso final del artículo 187 del CPACA; aplicando la fórmula matemática indicada en la parte motiva de esta providencia.

e imprescriptibles.

Las sumas resultantes deben ajustarse a su valor, de acuerdo con el inciso final del artículo 187 del CPACA; aplicando la fórmula matemática indicada en la parte motiva de esta providencia.

Finalmente, negó las restantes pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.

Como sustento, inicialmente analizó el marco normativo que regula el régimen salarial y prestacional de l os funcionarios y empleados de la Rama Judicial y la creación de la prima especial3; y apoyándose en la sentencia de unificación de la Sala Plena de Conjueces del H. Consejo de Estado4, arribó a la siguiente conclusión:

“… no existe duda que a quienes se dedujo la prima especial sin carácter salarial de la asignación básica, tienen derecho a que se les reconozca dicha prestación como una adición a la remuneración mensual, y que se efectúe, en principio, la reliquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos devengados.

Como quiera que la Rama Judicial le descontó a título de prima especial el 30% del salario y le liquidó las prestaciones sociales y laborales con base en el 70% de la remuneración mensual; el despacho, considera que no existe duda que se encuentra en deuda con la parte demandante por estos precisos conceptos.”

A su vez, aduce que no es de recibo esgrimir como justificación la dificultad presupuestal; porque como lo ha considerado el H. Tribunal Administrativo del Huila, los reconocimientos salariales y prestacionales están directamente relacionados con la satisfacción de derechos fundamentales: como la vida digna, el bienestar del trabajador y el de su familia5.

Estableció que el demandante tiene derecho al reajuste con efectos

están directamente relacionados con la satisfacción de derechos fundamentales: como la vida digna, el bienestar del trabajador y el de su familia5.

Estableció que el demandante tiene derecho al reajuste con efectos fiscales desde el 19 de noviembre de 2019 (por prescripción trienal) . Como quiera que la obligación se hizo exigible el 1° de julio de 2007 , pero realizó la reclamación administrativa el 16 de enero de 2017 y presentó la demanda el 19 de noviembre de 2022 (sic); esto es, después de los tres años siguientes.

3 Citó el Decreto 272 de 2021 que ordenó el reajuste en sede administrativa. 4 Sentencia del 2 de septiembre de 2019. SUJ -016-CE-S2-2019. CP. Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez), Bogotá, D. C, dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18). Actor: JOAQUÍN VEGA Pérez. D emandado: Rama Judicial - Dirección Ejecutiva De Administración Judicial. 5 Tribunal Administrativo del Huila. Sentencia del 31 de enero de 2023. Exp. 410013333005 -201800385-03. MP. Jorge Alirio Cortés Soto.Héctor Puerto Polanco vs. Nación – Rama Judicial 41001-23-33-004-2022-00550-02

7 Finalmente, destacó que los aportes pensionales se reconocerán desde que se constituyó el derecho6, es decir, a partir del 1° de julio de 2007 (Samai, índice 49, primera instancia).

7.- La impugnación.

Finalmente, destacó que los aportes pensionales se reconocerán desde que se constituyó el derecho6, es decir, a partir del 1° de julio de 2007 (Samai, índice 49, primera instancia).

7.- La impugnación.

Inconforme, ambas partes interpusieron recurso de apelaci ón en los siguientes términos:

a.-Parte demandante.

Al momento de decretar la prescripción el a quo no tuvo en cuenta que la H. Corte Constitucional7 ha indicado que “…que mientras la Administración no responda el derecho de petición del cual hace parte integrante el recurso de apelación, no corre el termino de prescripción y que este solo empieza a contabilizarse a partir de la respuesta efectiva que surta la Administració n. Ahora bien, corolario es el carácter de optativo para el administrado demandar durante el silencio o esperar a que la administración responda sin que sus derechos se vean afectados por el fenómeno de caducidad de la acción o prescr ipción de los derechos…”

Como está probado que la accionada tardó más de 5 años en resolver el recurso de apelación -por conducto de la r esolución 6008 del 13 de julio de 2022 - (notificado el mismo día), es claro que no operó la prescripción. Pues insiste, la misma se interrumpió fue con la reclamación (17 de enero de 2017) y no con la presentación de la demanda (como equivocadamente lo hizo el a quo).

b.-Rama Judicial.

Argumenta ausencia de motivación de la sentencia; porque a su parecer, no se fundamentó la orden de reliquidar los aportes a seguridad social en pensión:

demanda (como equivocadamente lo hizo el a quo).

b.-Rama Judicial.

Argumenta ausencia de motivación de la sentencia; porque a su parecer, no se fundamentó la orden de reliquidar los aportes a seguridad social en pensión:

“Lo anterior desencadena un flagrante desconocimiento de los derechos de mi procurada, en especial del debido proceso, y los derechos de defensa y contradicción, pues como resulta evidente, la entidad demandada a la cual represento, no tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la incidencia de la prima especial como factor salarial para la liquidación de las prestaciones sociales durante los periodos reclamados por la parte actora, así como también para los aportes a seguridad social en salud -a la cual es ahora condenada-, ni en sede administrativa ni en sede judicial.

6 Cita pronunciamiento del Tribunal Administra tivo del Huila, que precisó que el juez que ordena el reconocimiento y pago de las diferencias en los aportes en pensión no excede el uso sus facultades legales y constitucionales; mucho menos, incurre en fallo ultra o extrapetita, toda vez que los mismos, es decir los aportes, constituyen el capital indispensable para acceder al reconocimiento pensional; son propios de la controversia y por ende, ese aspecto no es susceptible de debate entre las partes (Sentencia del 6 de febrero de 2024. radicación 410013333-003-2022-00248-02, Rodrigo Hernández Fierro vs Fiscalía General de la Nación. M.P. Ramiro Aponte Pino). 7 Cita sentencia C-792 de 2006.Héctor Puerto Polanco vs. Nación – Rama Judicial 41001-23-33-004-2022-00550-02

8

7 Cita sentencia C-792 de 2006.Héctor Puerto Polanco vs. Nación – Rama Judicial 41001-23-33-004-2022-00550-02

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Es así, como se observa en la decisión del a quo, se ha rebasado la relación jurídico procesal trabada en la litis, involucrándose en una decisión que no era de su deber pronunciarse; ya que era la parte actora la que tenía la carga procesal de plantear, en sede administrativa y en las pretensiones de la dema nda, las acciones constitucionales y legales en lo que respecta a los aportes a pensión, acción que no se realizó…”

Finalmente, insiste que “Resulta inviable asumir obligaciones sin respaldo presupuestal y teniendo en cuenta que a la fecha el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha asignado recursos de presupuesto para cancelar los mayores valores que se generarían para conciliar la prima especial del 30%, sin carácter salarial, derivados de la sentencia de unificación mencionada y del Decreto 272 citado”.

En tal virtud, solicita revocar en lo pertinente el fallo de primera instancia y en su lugar, denegar las súplicas de la demanda (Samai, índice 34, primera instancia).

8.- Pronunciamientos en segunda instancia.

a.- Parte actora.

Guardó silencio.

b.- Rama Judicial.

Guardó silencio.

c.- Ministerio Público.

No rindió concepto.

III.- CONSIDERACIONES.

1.- La competencia.

De acuerdo con las preceptivas consagradas en el artículo 153 del CPACA, esta Corporación es competente para resolver los recursos

No rindió concepto.

III.- CONSIDERACIONES.

1.- La competencia.

De acuerdo con las preceptivas consagradas en el artículo 153 del CPACA, esta Corporación es competente para resolver los recursos instaurados contra el fallo de primera instancia; amén de que no se advierten falencias sustanciales o adjetivas que invaliden la actuación.

2.- El problema jurídico.

Teniendo en cuenta que la sentencia fue impugnada por las dos partes, se puede abordar el análisis del asunto sin limitación (artículo 328 del CGP); en tal virtud, el sub lite se contrae a establecer si el demandante tiene derecho a la reliquidación de sus prestaciones sociales y laborales, causadas a partir del 17 de enero de 2014; tomando como base el 100%Héctor Puerto Polanco vs. Nación – Rama Judicial 41001-23-33-004-2022-00550-02

9 del salario mensual, y el reconocimiento de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, entendida como una adición o agregado, y precisar si se configuró la prescripción trienal.

De igual manera, corresponde analizar si el a quo desconoció el principio de congruencia y la necesidad de motivar la decisión, al disponer el reconocimiento de las diferencias por concepto de aportes pensionales causadas a partir del 1° de julio de 2007.

Finalmente, determinar si la entidad demandada se encuentra relevada de asumir el pago de una eventual condena por ausencia de respaldo presupuestal.

3.- La prima especial de servicios.

El artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 dispuso que el Gobierno Nacion al

de asumir el pago de una eventual condena por ausencia de respaldo presupuestal.

3.- La prima especial de servicios.

El artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 dispuso que el Gobierno Nacion al establecería “una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993”.

La reglamentación de dicho emolumento para los funcionarios de la Rama Judicial fue controversial, porque se generó una disparidad entre quienes se acogieron al régimen salarial previsto en el Decreto 57 de 1993 y los que decidieron no hacerlo . Ya que en primer caso se estableció que la prima correspond ía al 30% de la remuneración mensual, y en el segundo se reconoció como una adició n al salario básico.

Al respecto, el Consejo de Estado señaló:

“En segundo lugar, el ejecutivo reglamentó el régimen salarial ordinario de los servidores públicos, así como previsto en el Decreto 57 de 1993, aplicable a los funcionarios que renunciaron al régimen ordinario y optaron por est e y, a quienes se vincularon a partir de su vigencia. Frente al régimen de acogidos al Decreto 57

funcionarios que renunciaron al régimen ordinario y optaron por est e y, a quienes se vincularon a partir de su vigencia. Frente al régimen de acogidos al Decreto 57 de 1993, se determinó que «el treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial».

Y frente al régimen salarial de los no acogidos, se estableció que «los funcionarios a que se refieren los artículos 5 y 6 del presente decreto tendrán derecho a una prima especial mensual equivalente al treinta por ciento (30%) de la asignaciónHéctor Puerto Polanco vs. Nación – Rama Judicial 41001-23-33-004-2022-00550-02

10 básica y los gastos de representación sin carácter salarial y sustituye la prima de que trata el artículo 7 del decreto 903 de 1992»”8.

A través de sentencia del 29 de abril de 2014 (expediente No. 1100103-25-000-2007-00087-00); dicha Colegiatura declaró la nulidad de algunos de los artículos de los decretos reglamentarios9 que establecían que el 30% del salario básico era la prima especial , aspecto que fue reseñado en la sentencia de unificación del 2 de septiembre de 2019:

“El mencionado fallo consideró que los decretos expedidos anualmente, con el fin de reglamentar la previsión del 30% del salario denominada prima, no fueron claros, lo que conllevó a una interpretación errada por parte de las entidades encargadas de aplicarlos, toda vez que entendieron que dicho porcentaje hacia parte del salario,

de reglamentar la previsión del 30% del salario denominada prima, no fueron claros, lo que conllevó a una interpretación errada por parte de las entidades encargadas de aplicarlos, toda vez que entendieron que dicho porcentaje hacia parte del salario, es decir, que el 100% de este se discriminaría así: 30% correspondía a prima y el 70 % restante al salario; y no de la manera correcta que obedece a reconocer como prima especial el 30 % del 100 % del salario, en otras palabras, como un adicional al salario básico o asignación básica.

Según el fallo judicial que hizo tránsito a cosa juzgada, la última forma de liquidación es la que más se ajusta a los principios constituciones de progresiv idad, favorabilidad y no regresividad.

Así las cosas, el Gobierno Nacional con la expedición de tales decretos contrarió los criterios establecidos en la Ley marco –Ley 4° de 1992 -, que estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones sociales.

En consecuencia, con la aplicación de estos decretos, las entidades, disminuyeron los salarios, al liquidar el 30% como prima especial sin tenerla como un adicional al mismo; por lo anterior, la Sala de Conjueces, concluyó en aquel la oportunidad (sentencia de 29 de abril de 2014), que se evidenciaba una contravención a la Constitución y a la Ley marco por parte de los decretos salariales demandados por lo que decretó su nulidad.

(…)

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, Consejero Ponente: Carmen Anaya de Castellanos (Conjuez), providencia del dos (2) de

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8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, Consejero Ponente: Carmen Anaya de Castellanos (Conjuez), providencia del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 41001 -23-33-000-2016-0004102(2204-18), Actor: Joaquín Vega Pérez. 9 Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto 106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43 de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de 1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997; 6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y 13 º del Decreto

37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto 44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto 2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto 1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto 3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto 4172 de 2004; 8º, 10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936 de 2005; 9º del Decreto 388 de 2006; 6 del

Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de 2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto 618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de 2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007.Héctor Puerto Polanco vs. Nación – Rama Judicial 41001-23-33-004-2022-00550-02

11 En cuarto lugar, esta Sala co