TA CHO - 27001333300220200005901-(28-10-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CHOCÓ

Quibdó, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintidós (2022).

INTERLOCUTORIO No 0459

REFERENCIA: EXPEDIENTE 27001333300220200005901

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: DIEGO ARMANDO AYALA SIERRA

DEMANDADO: NACIÓN –RAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

MAGISTRADA PONENTE: MIRTHA ABADÍA SERNA

Estando el proceso a despacho, correspondería efectuar el respectivo estudio de admisibilidad a no ser porque revisado el petitum del libelo demandatorio, los suscritos magistrados observan que la actora pretende se declarase la nulidad del acto administrativo mediante el cual se negó la prestación salarial resultante de la aplicación del Decreto 383 de 2013, que regula la bonificación judicial.

Como se dejó trazado, el trámite se encamina al procedimiento del medio de control de nulidad contemplado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, para que de esta manera se reliquiden las prestaciones sociales de la demandante.

En controversias como la presente (Tema salarial Fiscalía General de la Nación) esta Sala había proferido sentencias siguiendo el criterio expuesto por el H. Consejo de Estado en providencias como la del 3 de septiembre de 2015, expediente No. 11001333203020120033601, en la que se señaló:

“(…)

de Estado en providencias como la del 3 de septiembre de 2015, expediente No. 11001333203020120033601, en la que se señaló:

“(…) Ahora bien, examinado el expediente, la Sala estima infundado el impedimento manifestado, toda vez que la Ley 4ª de 1992 estableció el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacion al y de la Fuerza Pública y fijó las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales, además reguló la prima especial de los Magistrados de los Tribunales Contencioso Administrativos, excluyendo a los funcionarios que optaron por la escala salarial de la Fiscalía General de la Nación.

Nótese que la Ley 4 de 1992 no incluyó a los empleados que optaran por la escala salarial de la Fiscalía General de la Nación razón por la que se expidieron los Decretos 53 de 7 de enero y 109 de 5 de marzo de 1993, que fijaron el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la entidad mencionada, los cuales rigen para estos.

Lo anterior significa que las disposiciones que regulan el tema salarial de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, no se relacionan con las normas aplicables a los funcionarios de la rama, como son los Magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En consecuencia, dicho evento no atenta contra la imparcialidad del Juez, dado que con el resultado del proceso en ningún momento beneficiaría a quienes manifestaron el impedimento.

De conformidad con lo dispuesto por el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es válido afirmar que las disposiciones que regulan el tema salarial,

que con el resultado del proceso en ningún momento beneficiaría a quienes manifestaron el impedimento.

De conformidad con lo dispuesto por el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es válido afirmar que las disposiciones que regulan el tema salarial, respecto de los funcionarios que optaron por la escala salarial de la FiscalíaREPÚBLICA DE COLOMBIA

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General de la Nación, no guardan relación directa con las normas aplicables en materia prestacional a los Jueces Administrativos. (…)” (Resaltado por la Sala)

En tales condiciones, la Sala acogió la posición expuesta por el Máximo Órgano de Jurisdicción Contencioso Administrativa, puesto que los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y los funcionarios de la Rama Judicial están sometidos a regímenes salariales y prestacionales sustancialmente diferentes.

Ahora bien, tratándose de servidores de la Rama Judicial se tiene que en desarrollo de la Ley 4º de 1992 se expidieron los Decretos 53 y 57 de 1993, mediante los cuales se establecieron los regímenes salariales y prestacionales p ara los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación, de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, respectivamente.

Mediante el Decreto 383 de 2013 se creó la bonificación judicial para los Servidores Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, en el que se prevé:

“ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los

“ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial , la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”

Dicho Decreto 57 de 1993 se expidió “en uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo 14 de la Ley 4a de 1992”

En el presente asunto se trata de juzgar la aplicación de normas que regulan la bonificación de los Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, lo que conlleva a realizar un estudio del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 a fin de determinar si el mencionado emolumento tiene carácter salarial , a dvirtiendo los suscritos que la Ley 4.ª de 1992 también regula aspectos salariales y prestacionales de los funcionarios y servidores de esta Corporación en lo que tiene que ver como por ejemplo con la prima especial, generándose un interés indirecto en la decisión del presente asunto , pues la sentencia a dictar en el sub lite tiene la suficiencia requerida para afectar nuestros intereses, dada la injerencia de esta en la determinación del ingreso base de liquidación de la eventual pensión, lo cual depende de las interpretaciones hechas en

sentencia a dictar en el sub lite tiene la suficiencia requerida para afectar nuestros intereses, dada la injerencia de esta en la determinación del ingreso base de liquidación de la eventual pensión, lo cual depende de las interpretaciones hechas en torno al alcance del referido artículo 14 de la Ley 4a de 1992.

En ese orden de ideas, la Sala considera encontrarse impedida para conocer el proceso de referencia, con fundamentado en el artículo 130 de la Ley 1437 de 2 011, que remite al artículo 141 de la Ley 1564 de 2012, donde se encuentra establecido en el numeral 1º, el interés directo o indirecto por parte del funcionario judicial como causal de impedimento, pues se reitera dentro de la referida actuación, se presenta como materia de debate el reconocimiento y pago de una bonificación judicial aplicable a los funcionarios de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar. En consecuencia, toda decisión podría afectar el principio de imparcialidad bajo el cual se rige la correcta administración de justicia.

Adicionalmente, también nos asiste un interés indirecto en el caso objeto de controversia, pues debido a haber ejercido como magistrados de tribunal, hemos sido beneficiarios de la prima especial de servicios y la bonificación por compensación, discusión similar a laREPÚBLICA DE COLOMBIA

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acontecida con la bonificación judicial objeto del litigio, situación que impide un criterio imparcial y objetivo, como lo exige una recta administración de justicia.

En ese orden de ideas, los suscritos Magistrados se declaran impedidos para conocer del caso de la referencia, al considerarse incursos en la causal de impedimento prevista

imparcial y objetivo, como lo exige una recta administración de justicia.

En ese orden de ideas, los suscritos Magistrados se declaran impedidos para conocer del caso de la referencia, al considerarse incursos en la causal de impedimento prevista en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, aplicable por expresa disposición del artículo 130 de la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, cuyo tenor literal es el siguiente:

“1. Tener el Juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso.”

Sobre el particular ya se ha ocupado el H. Consejo de Estado, sección segunda en sus dos subsecciones declarando fundado los impedimentos de Magistrados de Tribunal que se encuentran las mismas situaciones fácticas a las aquí descritas así:1

“Por consiguiente, los Magistrados manifestaron encontrarse impedidos para conocer el proceso de referencia, fundamentados en el artículo 130 de la Ley 1437 de 2011, que remite al artículo 141 de la Ley 1564 de 2012, donde se encuentra establecido en el numeral 1º, el interés directo o indirecto por parte del funcionario judicial como causal de impedimento. Luego que, dentro de la referida actuación, se presenta como materia de debate el reconocimiento y pago de una bonificación judicial contemplada en el Decreto 0383 de 2013, aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, de la cual han sido beneficiarios durante su vida laboral. En consecuencia, toda decisión podría afectar el principio de imparc ialidad bajo el cual se rige la correcta

Penal Militar, de la cual han sido beneficiarios durante su vida laboral. En consecuencia, toda decisión podría afectar el principio de imparc ialidad bajo el cual se rige la correcta administración de justicia.

En ese sentido, observa la Sala que la causal y los argumentos manifestados en el impedimento formulado por los Magistrados del Tribunal Administrativo de Nariño, son razonables, pues en efecto les asiste un interés indirecto en el resultado del proceso.”2

Vistas así las cosas, y en aras de mantener impoluta la imagen de la administración de justicia, en cuanto a la imparcialidad se refiere, no nos queda camino diferente al de declararnos impedidos para seguir conociendo de este asunto.3

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó,

RESUELVE:

PRIMERO.- DECLARARSE IMPEDIDOS LOS MAGISTRADOS DE ESTE TRIBUNAL para conocer del asunto de la referencia, por encontrarse incurso dentro de la causal

1 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, seis (6) de mayo de dos mil veintiuno (2021), Radicación número: 52001 -23-33-000-2017-00105-01(3430-20), Actor: Omar Bolaños Ordoñez y otros, Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 2 Ver también Consejo de E stado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "A", Consejero ponente: William Hernández Gómez, trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021), Radicación número:

2 Ver también Consejo de E stado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "A", Consejero ponente: William Hernández Gómez, trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021), Radicación número: 73001-23-33-000-2017-00559-01(3642-19), Actor: Armando Santos Reyes y otro , Demandado: Rama JudicialDirección Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ 3 Consejo de Estado sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección A Magistrado Ponente: William Hernández Gómez, diecisiete (17) de marzo de d os mil veintidós (2022) Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Radicación: 27001 -33-33-002-2018-00334-01 (0986 -2022) Demandante: Yaneth Margot Torres Obregón Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración JudicialREPÚBLICA DE COLOMBIA

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prevista por el numeral 1° del artículo 141 del Código General del Proceso, concordante con lo establecido en los artículos 130 y 131 del CPACA.

SEGUNDO.- En consecuenci a, por Secretaría remítase el expediente a la Sección Segunda del Consejo de Estado, para lo de su competencia.

TERCERO.- Por Secretaria comuníquese a las partes esta determinación.

CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

MIRTHA ABADÍA SERNA ARIOSTO CASTRO PEREA

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

MIRTHA ABADÍA SERNA ARIOSTO CASTRO PEREA

Magistrada Magistrado

Firmado electrónicamente

NORMA MORENO MOSQUERA

Magistrada

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Tribunal Administrativo del Chocó denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.