TA CHO - 27001333300220200011801-(28-10-2022)

Radicación Número: 2700133330022020011801

Acción: Nulidad y restablecimiento

Demandante: Adán Santos Palacios y Otros

Demandado: Municipio de Acandí

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correo electrónico: des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co

Teléfono 6 71 39 82 Página 1 de 28

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

Quibdó, veintiocho (28) octubre de dos mil veintidós (2022).

Sentencia No. 191

RADICACIÓN NÚMERO: 27001333300220200011801

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO.

DEMANDANTE: ADÁN SANTOS PALACIOS Y OTROS

DEMANDADO: MUNICIPIO DE ACANDÍ.

REFERENCIA: APELACIÓN SENTENCIA.

MAGISTRADO PONENTE: ARIOSTO CASTRO PEREA.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia No. 77 del 30 de junio del 2021, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó , dentro del proceso promovido por ADÁN SANTOS PALACIOS Y OTROS contra el MUNICIPIO DEL ACANDÍ , que negó las súplicas de la demanda.

1. Antecedentes.

1.1 Hechos.

Los hechos de la demanda son:

SANTOS PALACIOS Y OTROS contra el MUNICIPIO DEL ACANDÍ , que negó las súplicas de la demanda.

1. Antecedentes.

1.1 Hechos.

Los hechos de la demanda son:

“Los señores ADAN SANTOS PALACIOS, IGNACIO PINEDA LÓPEZ, ANA VICTORIA BERRIO TORRES, ORLANDO ANTONIO IBARRA MONTOYA, DAMARYS QUEJADA NADAL, MANUEL IVÁN FLÓREZ LÓPEZ y GILMA MOLINAR CARDALES, son servidores públicos que laboran al servicio del municipio de Acandí- Chocó, desde las fechas que a continuación se relacionan:

Nº NOMBRE CC Nº Fecha de posesión 1 Adán Santos Palacios 82330634 03 mar. 1995 2 Ignacio Pineda López 82330394 03 nov. 1995 3 Ana Victoria Berrio Torres 26286688 01 nov. 1995 4 Orlando Antonio Ibarra Montoya 82330202 21 abr. 1986 5 Damarys Quejada Nadal 39308007 15 oct. 2010 6 Manuel Iván Flórez López 70851344 17 ene. 1994 7 Gilma Molinar Cardales 26285947 01 nov. 1995

En el mes de marzo de 2019, previa solicitud realizada ante el Fondo Nacional del Ahorro para conocer el estado de sus cesantías, se dieron cuenta con sorpresa que a marzo de 2019 solamente llevaban 38 meses (3 años) afiliados al Fondo Nacional del Ahorro y como cesantías se les habí a consignado los siguientes valores.Radicación Número: 2700133330022020011801

Acción: Nulidad y restablecimiento

(3 años) afiliados al Fondo Nacional del Ahorro y como cesantías se les habí a consignado los siguientes valores.Radicación Número: 2700133330022020011801

Acción: Nulidad y restablecimiento

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Teléfono 6 71 39 82 Página 2 de 28 Nº NOMBRE CC Nº SALDO CERTIFICADO POR EL FNA 1 Adán Santos Palacios 82330634 $709.792 2 Ignacio Pineda López 82330394 $1.612.105 3 Ana Victoria Berrio Torres 26286688 $709.792 4 Orlando Antonio Ibarra Montoya 82330202 $1.319.765 5 Damarys Quejada Nadal 39308007 $2.048.907 6 Manuel Iván Flórez López 70851344 $1.280.499 7 Gilma Molinar Cardales 26285947 $1.319.765

Lo anterior significa que ni el tiempo ni el saldo consignado y certificado por el FONDO NACIONAL DEL AHORRO corresponden con la realidad ni con el tiempo realmente laborado por mis prohijados.

Ante esa situación y bastante preocupados, mis poderdantes presentaron el día 04 de junio de 2019, un derecho de petición ante el señor alcalde del Mu nicipio de Acandí, solicitando información acerca de las transferencias que por concepto de cesantías debía hacer ese ente, sin embargo, no hubo respuesta a esa petición.

derecho de petición ante el señor alcalde del Mu nicipio de Acandí, solicitando información acerca de las transferencias que por concepto de cesantías debía hacer ese ente, sin embargo, no hubo respuesta a esa petición.

Ante la negativa del Municipio de Acandí para dar respuesta, se interpuso acción de tutela que correspondió al Juzgado Promiscuo Municipal de Acandí y mediante sentencia Nº 021 del 18 de septiembre de 2019 ordenó que el ente convocado diera respuesta material, completa e integra a la petición realizada por los convocantes.

Mediante oficio Nº DA -100-45-124-2019-345 del 19 de septiembre de 2019 , el señor alcalde del municipio de Acandí, en cumplimiento de la sentencia de tutela, respondió la petición efectuada por los convocantes manifestando que “(…) la administración equidad transparencia y solución 2016 -2019 NO tuvo proceso de empalme con la anterior administración municipal, por lo anterior, según los archivos revisados y organizados por esta administración NO se evidencio el cumplimiento de las anteriores administraciones respecto del pago de las cesantías a los tutelantes (…)” y luego argum entó “Esta administración municipal según los principios de sostenibilidad fiscal, marco fiscal a mediano plazo, estabilidad económica y presupuestal del Municipio y límites al presupuesto anual aprobado por el Honorable Concejo Municipal NO cuenta con los recursos para poder asumir compromisos del pago de las cesantías de vigencias anteriores a 2016, máxime cuando los peticionarios (tutelantes) NO han reclamado sus derechos ante la jurisdicción ordinaria (laboral - administrativa).”

Como puede ver señor juez es injusto, inaudito que después de tantos años laborados el Municipio de

sus derechos ante la jurisdicción ordinaria (laboral - administrativa).”

Como puede ver señor juez es injusto, inaudito que después de tantos años laborados el Municipio de Acandí no haya consignado nunca las cesantías de los demandantes al Fondo Nacional del Ahorro y es peor aún que el señor Alcalde pretenda lavarse las manos argumentado que él cumplió con el pago de las cesantías de los demandantes (cosa que no es del todo cierto porque las trasferencias fueron hechas de forma incompleta) olvidando que los actores trabajan para la municipio no para un alcalde en específico, situación que se puede demostrar con el solo hecho de ver todo el tiempo que llevan como empleados de ese ente territorial.

Además, pretende el municipio alegar que en el caso de los demandantes ya operó la prescripción y que por esa razón no tienen derecho a reclamar el pago de sus cesantías pues ya perdieron el derecho, sin embargo, debe el municipio tener en cuenta que mis poderdantes todavía laboran para esa entidad, por tanto, las cesantías NO han prescrito por cuanto la fecha de exigibilidad es a partir de la terminación de la relación laboral.”

2. Las pretensiones.

El apoderado de la parte demandante, formuló como tales las siguientes.

“PRIMERO: Que se declare la nulidad del acto contenido en el oficio N° DA 100 – 45124 – 2019-345 del 19 de septiembre de 2019, por medio del cual el señor alcalde del Municipio de Acandí, negó el pago de las cesantías adeudadas a mis poderdantes, argumentando que el municipio no cuenta con los recursos para poder asumir compromisos del pago de cesantías de vigencias anteriores.

cesantías adeudadas a mis poderdantes, argumentando que el municipio no cuenta con los recursos para poder asumir compromisos del pago de cesantías de vigencias anteriores.

SEGUNDO: Que como consecuencia de l o anterior y a titulo de restablecimiento del derecho se ordene al Municipio de Acandí, que consigne al Fondo Nacional del Ahorro, lo correspondiente al pago de las cesantías que adeudan a cada uno de mis poderdantes por el tiempo que llevan laborando al servicio del ente territorial.

TERCERA: Que se condene en costas a la parte demandadaRadicación Número: 2700133330022020011801

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3. Trámite procesal.

La demanda se presentó el 10 de julio de 2 020, le correspondió al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, donde fue admitida mediante auto interlocutorio No. 593 del 13 de julio de 2020.

La Entidad accionada, contestó la demanda oportunamente y propuso las excepciones de falta de fundamento legal y la genérica. En cumplimiento del Acuerdo N° CSJCHA21-5 del 19 de enero de 2021, el expediente se envió al Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó y mediante auto interlocutorio 079 del 01 de marzo de 2021, el Juzgado decidió prescindir de la audiencia

envió al Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó y mediante auto interlocutorio 079 del 01 de marzo de 2021, el Juzgado decidió prescindir de la audiencia inicial y corrió traslado a las partes para alegar de conclusión para posteriormente dictar sentencia anticipada de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 181 y el artículo 182A de la Ley 1437 de 2011 y en aplicación de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

4. Sentencia de primera instancia.

La sentencia No. 077 del 30 de junio del 20 21, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, negó las pretensiones de la demanda al declarar probada de oficio la excepción de caducidad del medio de nulidad y restablecimiento del derecho.

Para llegar a esa conclusión el A quo manifestó:

“En el caso sub examine, el término de caducidad debe ser el dispuesto en el literal "d" del numeral 20 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, por lo que el plazo de los cuatro (4) meses en el presente asunto, se empieza a contabilizar a partir del día siguiente a la notificación, comunicación o publicación del oficio N° DA -100-45-124-2019-345 del 19 de septiembre de 2019 por medio del cual se le negó a los demandantes transferir las cesantías al Fondo Nacional del Ahorro desde la fecha de su vinculación.

Lo anterior indica que los demandantes disponían de cuatro (4) meses a partir del día 19 de septiembre del

septiembre de 2019 por medio del cual se le negó a los demandantes transferir las cesantías al Fondo Nacional del Ahorro desde la fecha de su vinculación.

Lo anterior indica que los demandantes disponían de cuatro (4) meses a partir del día 19 de septiembre del 2019, día siguiente a la notificación del referido acto administrativo, para adelantar el trámite de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público y/o incoar la respectiva demanda bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, los cuales vencían el 19 de enero del 2020, término éste que fue suspendido con el trámite de la radicación de la conciliación extrajudicial presentada ante el Ministerio Público el día 27 de diciembre de 2019, tal y como consta a folios 38 al 39, es decir, cuando faltaban veintitrés (23) días para los citados cuatro (4) meses, término éste que se reanudó el 18 de febrero del 2020 día siguiente a la realización de la audiencia de conciliación, lo que significa qu e a partir de esa fecha, iniciaban a contabilizarse los veintitrés (23) días restantes, los cuales vencían el día trece (13) de marzo de 2020, para presentar la demanda ante la Oficina de Apoyo Judicial; sin embargo, la misma solo fue radicada el diez (10) julio de 2020, es decir cuando evidentemente había operado el fenómeno de la caducidad, por lo que habrá de declararse probado dicho medio exceptivo y como consecuencia de ello, se dará por terminado el proceso y se ordenará que en firme esta providencia se archive el expediente y se cancele su radicación.”

En ese orden, el juzgado resolvió:

se dará por terminado el proceso y se ordenará que en firme esta providencia se archive el expediente y se cancele su radicación.”

En ese orden, el juzgado resolvió:

“PRIMERO: DECLÁRASE probada de oficio la excepción de CADUCIDAD del medio del control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva del proveído.

SEGUNDO: NIEGUENSE: las suplicas de la demanda.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Hecho lo anterior, archívese el expediente y cancélese su radicación. ”Radicación Número: 2700133330022020011801

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5. Recursos de apelación.

5.1. La parte demandante.

En su escrito de apelación, el a poderado de la parte demandante manifestó su inconformidad con la decisión adoptada por el juzgado y en consecuencia manifestó: “…No obstante, de la lectura de la mencionada providencia se advierte que el Despacho pasó por alto aspectos como la vacancia judicial y la suspensión de términos adoptados por la Rama Judicial en el año 2020 por motivos de salubridad pública.

En ese orden y para no hacernos extensivos en este caso, se tiene que:

como la vacancia judicial y la suspensión de términos adoptados por la Rama Judicial en el año 2020 por motivos de salubridad pública.

En ese orden y para no hacernos extensivos en este caso, se tiene que:

El acto administrativo objeto de la demanda se notificó el día 19 de septiembre del año 2019, a partir de ahí de conformidad con el artículo 76 del CPACA, contábamos con 10 días para presentar recursos (reposición) contra el mencionado acto, sin embargo, como así no se hizo, el acto quedó en firme el 4 de octubre de 2019, de conformidad con el numeral 3 del artículo 87 del CPACA, en consecuencia, es a partir de l día siguiente5 de octubre de 2019que empezó a correr el termino de caducidad para presentar la demanda.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado y de conformidad con el artículo 164 del CPACA, el termino de caducidad empezó a correr desde el día 05 de octubre de 2019 para culminar el día 5 de enero de 2020 cuando se cumplían los 4 meses de que trata la disposición antes mencionada.

Sin embargo, se debe tener en cuenta la vacancia judicial que inició el 20 de diciembre de 2019 hasta el 10 de en ero de 2020, es decir que, al 20 de diciembre de 2019 cuando inició la vacancia judicial habían trascurrido 2 meses y 15 días de los 4 meses exigidos en el artículo 164 del CPACA, quedando un término exacto de un (1) mes y 15 días para presentar la demanda.

La solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 27 de diciembre de 2019 suspendiendo el termino de

exacto de un (1) mes y 15 días para presentar la demanda.

La solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 27 de diciembre de 2019 suspendiendo el termino de caducidad hasta el 17 de febrero de 2020 cuando se celebró la audiencia ante la Procuraduría, por tanto, el término de caducidad se reanudó el día 18 de febrero de 2020, esto es, el día siguiente al de la celebración de la mencionada diligencia.

Recuérdese que a partir de ese día -18 febrero 2020contábamos con un (1) mes y 15 días para presentar la demanda, esto es, hasta el 02 de abril de 2020, sin embargo, no pudo ser presentada la misma toda vez que mediante Acuerdo PCSJA20 -11517 del 15 de marzo de 2020 el Consejo Superior de la Judicatura, suspendió los términos judiciales desde el 16 de marzo de 2020 (cuando faltaban 17 días para que op erara la caducidad) y tras expedir una serie de acuerdos que continuaron la suspensión de términos, finalmente fue levantada el día 01 de julio de 2020 conforme al Acuerdo PCSJA20-11581 del 27/06/2020.

En ese orden, es a partir del 01 de julio de 2020 que se debe continuar con el conteo de los 17 días faltantes, esto es, hasta el 17 de julio de 2020 y teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 10 de julio de 2020, es claro que, en este caso, no había operado el fenómeno de la caducidad.”

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia.

6.1. Parte demandante.

No se pronunció en esta oportunidad.

6.2. Parte demandada.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia.

6.1. Parte demandante.

No se pronunció en esta oportunidad.

6.2. Parte demandada.

No se pronunció en esta oportunidad.

6.3. Ministerio Público.

No emitió concepto.Radicación Número: 2700133330022020011801

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7. Consideraciones del Tribunal.

8. Jurisdicción y competencia.

La jurisdicción Contencioso Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1531 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es competente el Tribunal Administrativo de Chocó para resolver e l recurso de alzada interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de primera instancia, proferida por un Juez Administrativo del Circuito de Quibdó.

9. Cuestión previa.

Al respecto debe resaltarse que de conformidad con lo estipulado por el artículo 31 de la Carta, a la apelación se le confiere el carácter de medio de defensa y no el de propiciar una revisión «per se» de lo ya resuelto; de manera, que mientras la otra parte no apele, el apelante tiene derecho a que tan solo se examine la sentencia en aquello que le es desfavorable, contrario a lo resuelto en las providencias que a su juicio considera que se

una revisión «per se» de lo ya resuelto; de manera, que mientras la otra parte no apele, el apelante tiene derecho a que tan solo se examine la sentencia en aquello que le es desfavorable, contrario a lo resuelto en las providencias que a su juicio considera que se vulneró los derechos alegados.

Sobre el particular, vale la pena recordar que el artículo 281 del Código General del Proceso (C. G. del P.), aplicable a los asuntos de la jurisdicción contencioso-administrativa por remisión expresa del artículo 3062 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C. de P. A. y de lo C. A.), establece:

“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. (…).”

Asimismo, debe señalarse que en lo que se refiere a las providencias de segunda instancia, el principio de congruencia limita la competencia del ad quem al estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación, tal como lo prevé el ar tículo 328 (inciso 1°) del C. G. del P., así:

“Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. (…).”

casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. (…).”

Al respecto, el H. Consejo de Estado ha precisado que:

“Para el juez de seg unda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo”.3

1 “Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia . Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.”

2 Ley 1437 de 2011: “ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código del Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

3 Consejo de Estado, sala de lo contencioso -administrativo, sección tercera, subsección A, sentencia de 26 de febrero de 2015, exp.

jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

3 Consejo de Estado, sala de lo contencioso -administrativo, sección tercera, subsección A, sentencia de 26 de febrero de 2015, exp. 1999-00878-01, M.P. (E) Hernán Andrade Rincón.Radicación Número: 2700133330022020011801

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Teléfono 6 71 39 82 Página 6 de 28 En esa misma línea de pensamiento ver sentencia del veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017), donde el H. Consejo de Estado hizo un breve antecedente jurisprudencial sobre el principio de consonancia de la decisión judicial.4

En esa medida, la Sala establece el siguiente,

10. Problema jurídico.

La Sala debe resolver los siguientes problemas jurídicos:

¿Operó el fenómeno de la caducidad en el presente caso?

En caso negativo, se determinará si los demandantes tienen derecho al reconocimiento y pago de sus cesantías por todo el tiempo laborado.

De acuerdo a lo expresado anteriormente, el estudio de la Sala se centrará a desarrollar lo siguiente i. De las cesantías; ii. Cesantías para los empleados públicos del nivel territorial; iii. Caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se reclama el pago de prestaciones periódicas, y; iv. Caso concreto.

11. De las cesantías.

1. Caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se reclama el pago de prestaciones periódicas, y; iv. Caso concreto.

11. De las cesantías.

De conformidad con la SU del 25 de agosto de 2016 5, las cesantías fueron consagradas como un derecho prestacional irrenunciable de todos los trabajadores que debe asumido por el empleador.

En ese contexto, la mencionada jurisprudencia manifiesta:

“Las cesantías fueron consagradas en el literal f) del artículo 12 de la Ley 6ª de 1945 como un derecho de carácter prestacional a favor de los trabajadores oficiales, que debía ser reconocido por el patrono a razón de un mes de salario por cada año de trabajo y proporcionalmente por las fracciones de año.

Dicho derecho prestacional fue extendido a todos los asalariados de carácter permanente al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del poder público, departamentos, intendencias, comisarias, municipios y particulares, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 65 de 1946 y se constituyó en una obligación a cargo del Estado en beneficio de sus empleados.

El Decreto 3118 de 1968 “por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se esta blecen normas sobre auxilio de cesantías de empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones”, consagró como uno de los principales objetivos del Fondo Nacional de Ahorro, el pago oportuno de las cesantías6 a los empleados públicos y trabajadores oficiales y, en su artículo 22 consagró:

“Artículo 22º.- Liquidación en 31 de diciembre de 1968. La Caja Nacional de Previsión Social liquidará el

cesantías6 a los empleados públicos y trabajadores oficiales y, en su artículo 22 consagró:

“Artículo 22º.- Liquidación en 31 de diciembre de 1968. La Caja Nacional de Previsión Social liquidará el auxilio de cesantía causado hasta el 31 de diciembre de 1968 en favor de los empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.

Los demás organismos nacionales de previsión social, los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado cuyos empleados o trabajadores no estén afiliados a la Caja Nacional

4 Consejero Ponente: César Palomino Cortés , veintiséis (26) de octub re de dos mil diecisiete (2017), Ref: Expediente No. 250002342000201401139 01, Número Interno: 458 -2015, Demandante: Martha Isabel Valero Moreno, Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), Tema: Reconocimiento de Pensión de Jubilación

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero ponente: LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO, sentencia del 25 de agosto de 2016, Radicación número: 08001-23-31-000-2011-00628-01(0528-14) CE-SUJ2-004-16, Actor: Yesenia Esther Hereira Castillo, Demandado: Municipio de Soledad, Apelación sentencia - autoridades municipales, Sentencia de unificación jurisprudencial CESUJ004 de 2016.

6 Ver artículo 2º.Radicación Número: 2700133330022020011801

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6 Ver artículo 2º.Radicación Número: 2700133330022020011801

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Teléfono 6 71 39 82 Página 7 de 28 de Previsión social harán para éstos la liquidación prevista en el inciso anterior, siempre que el pago de los respectivos auxilios de cesantía corresponda a dichas entidades.

Las liquidaciones practicadas en desarrollo del presente artículo tendrán car ácter definitivo y no podrán revisarse aunque el salario del funcionario y trabajador varíe posteriormente.”

Es decir, a partir de la vigencia del precitado Decreto, la administración de las cesantías dejó de ser obligación de la Caja Nacional de Previsión Social y se trasladó al Fondo Nacional de Ahorro; no obstante, la administración de ellas surgía una vez se efectuara la liquidación respectiva, en virtud del reconocimiento, al tenor de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 ídem, que establecen las liqu idaciones anuales y definitivas por retiro; respecto de éstas últimas se consagró:

“Artículo 28º. - Liquidación año de retiro. En caso de retiro del empleado o trabajador, el respectivo Ministerio, departamento administrativo, superintendencia, establecimientos públicos o empresa industrial y comercial del Estado, liquidará la cesantía que corresponda al empleado o trabajador por el tiempo servido en el año de retiro.”

Ministerio, departamento administrativo, superintendencia, establecimientos públicos o empresa industrial y comercial del Estado, liquidará la cesantía que corresponda al empleado o trabajador por el tiempo servido en el año de retiro.”

Las cesantías así concebidas, se liquidaban con base en el régimen de retroactividad; no obstante, en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 se estableció una forma diferente de liquidación de esa prestación, en los siguientes términos:

“Artículo 99º.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:

1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcional por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.

4ª. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor de l trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos.

5ª. Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a otro de la misma naturaleza. El

sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos.

5ª. Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a otro de la misma naturaleza. El Gobierno fijará el procedimiento que deba seguirse para el efecto.

6ª. Los Fondos de Cesantía serán administrados por las sociedades cuya creación se autoriza, y cuyas características serán precisadas en los decretos que dicta el Gobierno Nacional, en orden a:

Garantizar una pluralidad de alternativas institucionales para los trabajadores, en todo el territorio nacional;

Garantizar que la mayor parte de los recursos captados para orientarse hacia el financiamiento de actividades productivas.

7ª. Todos los aspectos que no se modifiquen específicamente por esta Ley, continuarán regulados por las normas vigentes del régimen tradicional relativo al auxilio de cesantía.

Parágrafo.- En el evento que los empleadores deban efectuar la liquidación y consignación de la cesantía a que se refiere este artículo y no existan suficientes Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantías autorizadas para funcionar, el Gobierno Nacional podrá transitoriamente autorizar a otras entidades u ordenar a las instituciones financieras con participación estatal mayoritaria para que cumplan las funciones de Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía.”

Sin embargo, tal consagración estaba destinada únicamente a empleados o trabajadores cuyas relaciones laborales estuvieran regidas por el Código Sustantivo del Trabajo, en cuanto la ley citada se expidió con la finalidad de introducir reformas a ese estatuto y dictar otras disposiciones, que se entienden relativas a la misma