TA CHO - 27001333300220210017201-(30-09-2022)

República de Colombia Rama Judicial

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

M.P. Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Neiva – Huila, primero (01) de abril de dos mil veinticinco (2025).

ASUNTO : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE : GRUPO GBC S.A.S. EN LIQUIDACIÓN

DEMANDADA : DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

DIAN PROVIDENCIA : SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA RADICACIÓN : 41 001 33 33 008-2020-00085 01

Aprobado en sesión de la fecha. Acta N° 023.

ASUNTO

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora contra la sentencia adiada 30 de agosto de 2024, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, que negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.

1. LA DEMANDA

1.1. Las Pretensiones

El apoderado judicial de la sociedad Grupo GBS S.A.S. En Liquidación , concreta las pretensiones de la siguiente manera:

• Se declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 900012 del 19 de septiembre de 2018, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva, por medio de la cual se propuso modificar la declaración del impuesto sobre la renta para la equidad CREE periodo 01 del año gravable 2015.

Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva, por medio de la cual se propuso modificar la declaración del impuesto sobre la renta para la equidad CREE periodo 01 del año gravable 2015.

• La nulidad de la Resolución que Resuelve el recurso de Reconsideración No. 900006 del 15 de octubre de 2019, proferida por la jefe de la División Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva, mediante la cual se confirmó la anterior.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Grupo GBC SAS EN LIQUIDACIÓN vs. DIAN 410013333008 2020 00085 01 – Impuesto al Consumo Periodo 01 Año 2015

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• Se ordene la compulsa de copias del proceso a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación , a efectos de que inicien las investigaciones por los hechos ocurridos dentro del proceso de competencia de cada entidad.

• Como restablecimiento del derecho , se declare que la parte demandante no adeuda suma alguna.

1.2. Los hechos

El 19 de abril de 2016, la sociedad demandante presentó su declaración de Impuesto de Renta para la Equidad CREE periodo 01 año gravable 2015, identificada con el número de Formulario 91000350658531.

Durante los días 4 y 5 de octubre de 2017, los funcionarios de la DIAN llevaron a cabo diligencia de registro en todas las sedes de la sociedad, con el fin de obtener pruebas contables para sustanciar la investigación, violando normas constitucionales y legales.

a cabo diligencia de registro en todas las sedes de la sociedad, con el fin de obtener pruebas contables para sustanciar la investigación, violando normas constitucionales y legales.

El 9 de febrero de 2018 , se notif icó el Auto de Inspección Tributaria No. 132382018000002 y el 13 de abril de 2018 se profirió Requerimiento Especial No. 900011 y Acta de Inspección Tributaria.

El 19 de septiembre de 2018, se profirió la Liquidación Oficial de Revisión No. 900012, contr a la cual se presentó recurso de reconsideración, confirmándose la decisión el 15 de octubre de 2019 a través de la Resolución de Reconsideración No. 900006, la que fue notificada por edicto el 14 de noviembre de 2019.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

Se indicó que los actos administrativos acusados contravienen los artículos 1, 13, 29, 83 y 95 de la Constitución Política, además de los artículos 779 -1, 683, 742, 743 y 745 del Estatuto Tributario, así como los artículos 340, 190, 191, 416 y 428 del Código Penal (Ley 599 de 2000).

En el concepto de violación básicamente refiere que en la diligencia de registro que consagra el artículo 779 -1 del Estatuto Tributario, la entidad demandada desconoció las disposiciones allí contenidas, toda vez que durante su desarrollo no se vinculó a la Fuerza Pública, tal como se evidencia en el acta de la misma, lo que debía efectuarse no solo por protección de las pruebas sino como garantía de la protección de los derechos constitucionales

durante su desarrollo no se vinculó a la Fuerza Pública, tal como se evidencia en el acta de la misma, lo que debía efectuarse no solo por protección de las pruebas sino como garantía de la protección de los derechos constitucionales y legales de la sociedad demandante, con lo cual, además, se desconocieron los artículos 683 del E.T., sobre el espíritu de justicia y equidad, 742 ídem que ordena que las decisiones se funden en hechos probados y sobre idoneidad de los medios de prueba y el artículo 745 guardián de la dudaTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Grupo GBC SAS EN LIQUIDACIÓN vs. DIAN 410013333008 2020 00085 01 – Impuesto al Consumo Periodo 01 Año 2015

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probatoria, circunstancias estas que denotan que la ilegalidad de las manifestaciones administrativas.

De igual manera se aduce, que la actuación de la entidad denota la ilegalidad de las deci siones, aunado a que los excesos cometidos en las actuaciones de los servidores público en el desarrollo de la diligencia los hacen sumergirse en conductas claramente tipificadas en los artículos enlistados del código penal y, por ende, redunda en que los actos administrativos emitidos dentro del proceso sean impregnados de ilegalidad.

2. Contestación De La Demanda1

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, seccional Neiva, por medio de apoderad a, contestó la demanda, ateniéndose a lo que se pruebe y oponiéndose a las declaraciones pedidas.

Frente a los hechos indicó que son ciertos los que aluden a la presentación del impuesto sobre la renta para la equidad CREE 2015 por parte de la

oponiéndose a las declaraciones pedidas.

Frente a los hechos indicó que son ciertos los que aluden a la presentación del impuesto sobre la renta para la equidad CREE 2015 por parte de la contribuyente Grupo GBC SAS en liquidación, así como a la realización de la diligencia de registro el 5 de octubre de 2017 por funcionarios de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva. Así mismo, los relativos a la expedición del auto de inspección tribut aria, el requerimiento especial, la liquidación oficial de revisión, la interposición del recurso de reposición y su resolución a través de la Resolución No. 900006 del 2019.

Sostiene que no son ciertos los hechos relacionados con la violación de normas constitucionales y legales, toda vez que a través de la Resolución No. 0465 del 4 de octubre de 2017, el Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva ordenó el registro de que trata el artículo 779 -1 del Estatuto Tributario a la sociedad demandante e n los establecimientos de comercio registrados en el RUT.

Como excepción previa formuló la de “ineptitud de la demanda por incumplimiento de requisitos legales” y como fundamentos de la oposición indicó que del sustento de la demanda no se desprende ninguna argumentación que controvierta los actos administrativos demandados, con los cuales se modificó la declaración privada sobre la renta para la equidad presentada por la sociedad contribuyente, toda vez que se adicionaron ingresos brutos por valor de $499.646.000 generándose un mayor impuesto sobre la renta líquida gravable CREE de $54.996.000 y se impuso la correspondiente sanción de inexactitud, modificaciones que no fueron controvertidas por la sociedad

valor de $499.646.000 generándose un mayor impuesto sobre la renta líquida gravable CREE de $54.996.000 y se impuso la correspondiente sanción de inexactitud, modificaciones que no fueron controvertidas por la sociedad demandante ni en sede administrativa ni en sede judicial.

Que, la discusión en sede judicial no tiene referentes que conlleven a controvertir los actos administrativos, puesto que únicamente se centra en la

1 Anotación 017 Expediente digital Primera Instancia.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Grupo GBC SAS EN LIQUIDACIÓN vs. DIAN 410013333008 2020 00085 01 – Impuesto al Consumo Periodo 01 Año 2015

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diligencia de registro y en el cumplimiento de los requisitos consagrados en el artículo 779 -1 del Estatuto Tributario, sin embargo, contrario a esas afirmaciones, la diligencia llevada a cabo en desarrollo de la investigación tributaria cumplió a cabalidad los requisitos contenidos en el artículo 779 -1 del Estatuto Tributario, de cuyo contenido se desprende que la autoridad tributaria ostenta facultad de registro, la que en efecto no puede ser discrecional o arbitraria.

Se tiene que, mediante la Resolución No. 0465 del 4 de octubre de 2017 el Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva ordenó el registro de que trata la norma citada a la sociedad demandante en los establecimientos de comercio registrados en el RUT, con la argumentación o sustento correspondiente; contándose además con competencia para ello , dado que, el artículo 1º del Decreto 2321 de 2011 establece que son competentes para ordenar el registro de los Directores Seccionales de Impuestos y Aduanas, lo

correspondiente; contándose además con competencia para ello , dado que, el artículo 1º del Decreto 2321 de 2011 establece que son competentes para ordenar el registro de los Directores Seccionales de Impuestos y Aduanas, lo que así ocurrió en el asunto de marr as, pues dicha resolución fue expedida por el Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva y en ella se solicitó la colaboración de la fuerza pública para efectos de garantizar su ejecución.

Expone que la diligencia de registro se notificó a Diego Mauricio Charry (Administrador) y durante su desarrollo estuvo presente Carlos Albeiro Carvajal (Auxiliar de sistemas y colaborador contable), este último quien suscribe la correspondiente acta; circunstancias estas que demuestran que la Administración Tri butaria cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 779-1 del Estatuto Tributario, al llevar a cabo la diligencia de registro como mecanismo que permite verificar la veracidad de la declaración tributaria y la conducta del contribuyente, tal com o lo ha establecido la Corte Constitucional, especialmente en la sentencia C -505 de 1999, por lo que las pruebas recaudadas en el desarrollo de la misma fueron legalmente obtenidas, incorporadas y valoradas probatoriamente dentro de la investigación tributaria adelantada.

Cita pronunciamientos del Consejo de Estado y la Corte Constitucional relacionados con la procedencia de dicha diligencia de registro y precisa que la simple afirmación de nulidad no controvierte la legalidad de un acto administrativo, a unado a que durante la investigación administrativa se garantizó el debido proceso del contribuyente y los actos administrativos se encuentran soportados con las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso.

administrativo, a unado a que durante la investigación administrativa se garantizó el debido proceso del contribuyente y los actos administrativos se encuentran soportados con las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso.

Respecto a las glosas determinadas en aquellos, además de señalar que la parte actora no controvierte ni discute ninguna de ellas, refiere que las mismas son conducentes, pertinentes y útiles para determinar que existe diferencia de ingresos dejados de declarar en el año gravable 2015 por el impuesto sobre la renta para equidad CREE, encontrándose sustentada la Liquidación Oficial No. 900012 del 19 de septiembre de 2018, a través de laTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Grupo GBC SAS EN LIQUIDACIÓN vs. DIAN 410013333008 2020 00085 01 – Impuesto al Consumo Periodo 01 Año 2015

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cual se modificó la declaración presentada por el contribuyente y la Resolución Recurso de Reconsideración No. 900006 del 15 de octubre de 2019, legalmente obtenidas, incorporadas y valoradas probatoriamente dentro de la investigación tributaria adelantada.

En cuanto a las glosas determinadas en aquellos, además de señalar que la parte actora no controvierte ni discute ninguna de ellas, refiere que las mismas son conducentes, pertinentes y útiles para determinar que existe diferencia de ingresos dejados de declarar en el año gravable 2015 por el impuesto sobre la renta para equidad CR EE, encontrándose sustentada la liquidación oficial No. 900012 del 19 de septiembre de 2018, a través de la cual se modificó la declaración presentada por el contribuyente y la resolución

impuesto sobre la renta para equidad CR EE, encontrándose sustentada la liquidación oficial No. 900012 del 19 de septiembre de 2018, a través de la cual se modificó la declaración presentada por el contribuyente y la resolución recurso de reconsideración No. 900006 del 15 de octubre de 2019.

Precisó que la adición de ingresos brutos operacionales, es un hecho sancionable tal como lo establece el artículo 647 y 648 del Estatuto Tributario con el equivalente al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar propuesto por la Administración Tributaria y el saldo a pagar declarado por el contribuyente, razón por la cual su legalidad no tiene discusión. En lo que respecta a la condena en costas, solicitó que no disponga fijarlas en razón a que la DIAN, como entidad demandada, actuó de conformidad con la normatividad vigente y aplicable al asunto.

3. De la excepción propuesta

La única excepción formulada por la entidad demandada en la contestación de la demanda fue la exceptiva previa de “ineptitud de la demanda por incumplimiento de requisitos legales”, fue despachada desfavorablemente por auto del 9 de septiembre de 2021 2, por lo que no hay lugar a hacer pronunciamiento adicional.

4. Sentencia De Primera Instancia3

El Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, profirió sentencia el 30 de agosto de 2024, negando las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.

Luego de hacer mención a los planteamientos de las partes, que tienen relación con las irregularida des que aduce la parte actora se presentó e n la diligencia de registro, que, según la Dian, cumplió a cabalidad los requisitos

Luego de hacer mención a los planteamientos de las partes, que tienen relación con las irregularida des que aduce la parte actora se presentó e n la diligencia de registro, que, según la Dian, cumplió a cabalidad los requisitos del artículo 779-1 del Estatuto Tributario, señaló que en el presente caso, se encontraba acreditado que mediante Resolución No. 0456 del 4 de octubre de 2017, el Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva, consider ó necesario esclarecer presuntas anomalías tributarias cometidas por el contribuyente directamente o a través de sus vinculados, resolviendo ordenar el registro de que trata el artículo 779 -1 del E.T. a la sociedad Grupo GBC

2 Doc. 10, exp. electrónico, OneDrive. 3 Archivo 05 Expediente Digital Primera Instancia SAMAI.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Grupo GBC SAS EN LIQUIDACIÓN vs. DIAN 410013333008 2020 00085 01 – Impuesto al Consumo Periodo 01 Año 2015

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SAS, en los establecimientos de comercio ubicados según RUT en la ciudad de Neiva. En el artículo 5, dispuso “Solicitar la colaboración de la Fuerza Pública, de conformidad con el inciso tercero del artículo segundo de la Ley 383 de 1997, con el objeto de garantizar la ejecución de las respectivas diligencias4”.

Dicha resolución se notificó ese mismo al señor Diego Mauricio Charry en calidad de administrador5.

Según el acta de registro, la diligencia se desarrolló en los establecimientos de comercio de la contribuyente, indicándose: “Durante el desarrollo de la

Dicha resolución se notificó ese mismo al señor Diego Mauricio Charry en calidad de administrador5.

Según el acta de registro, la diligencia se desarrolló en los establecimientos de comercio de la contribuyente, indicándose: “Durante el desarrollo de la diligencia se hizo presente el señor Carlos Albeiro Carvajal Villalba, con Cedula 1.077.856.5 4, quien se desempeña como Auxiliar de Sistemas y colaborador contable, y quien a partir del momento atiende la diligencia, toda vez que el señor Fabio Andrés Cuellar Moreno, manifiesta que él se notificó de la diligencia de registro, pero que no suministr aría más información hasta que no llegara la persona encargada para atender el desarrollo de la diligencia”.6

Igualmente, concluye señalando: “Una vez realizada la diligencia de registro se deja constancia de los siguientes hechos: se respetaron los dere chos fundamentales, derecho a la integridad personal, derecho al trabajo, a la comunicación y se permitió el desarrollo de la actividad económica en los establecimientos objeto de registro. No se afectaron ni sustrajeron bienes; la revisión de archivos y d ocumentos se hizo en presencia de personal de los establecimientos quienes constataron que únicamente se retiraron los documentos antes relacionados. Los computadores se dejaron en el estado que se encontraron y de tal hecho firma en constancia las persona s que atendieron la diligencia de Registro y los funcionarios comisionados por la DIAN.”. En efecto, la referida acta fue suscrita por el señor Carlos A. Carvajal y los funcionarios de la DIAN.

De acuerdo con el Acta de Inspección Tributaria del 12 de ab ril de 20187, la

fue suscrita por el señor Carlos A. Carvajal y los funcionarios de la DIAN.

De acuerdo con el Acta de Inspección Tributaria del 12 de ab ril de 20187, la diligencia se realizó en los establecimientos de comercio de propiedad de la sociedad contribuyente y en la misma se describieron el resumen de actividades realizadas y los hallazgos, sin que de su contenido se desprenda alguna situación relevante, diferente al trámite normal de la diligencia. Con fundamento en ello, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales seccional Neiva expidió los actos administrativos demandados, mediante los cuales se modificó la liquidación privada de renta No . 91000350658531 del 19 de abril de 2016, correspondiente al año gravable 2015, determinando mayores valores por impuesto y sanciones8.

De acuerdo con ello, y conforme se expuso, la diligencia de registro tributario es una facultad reglada de la adminis tración, cuya legalidad únicamente

4 Pp. 611-613, doc. 06, exp. electrónico, OneDrive. 5 Pp. 614, doc. 06, exp. Electrónico, OneDrive. 6 Pp. 615-630, doc. 06, exp. Electrónico, OneDrive 7 Pp. 55-72. Doc. 06, exp. electrónico, OneDrive. 8 Pp. 17-28 doc. 01 y pp. 100-135 doc. 06, exp. electrónico, OneDriveTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Grupo GBC SAS EN LIQUIDACIÓN vs. DIAN 410013333008 2020 00085 01 – Impuesto al Consumo Periodo 01 Año 2015

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depende que i) la orden esté contenida en un acto administrativo

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depende que i) la orden esté contenida en un acto administrativo debidamente motivado, que ii) sea proferido por el Administrador de Impuestos y Aduanas Nacionales o el Subdirector de Fiscalización de la DIAN, que iii) su notificación se produzca al momento inicial de la diligencia a la persona que se halle en el lugar; que iv) la diligencia se realice en un lugar que no corresponda a la vivienda o lugar de habitación del contribuyente, cuando se trate de una persona natur al; aspectos estos que no discute la parte demandante, toda vez que su inconformidad radica únicamente en el hecho de que la fuerza pública no hubiera sido partícipe en el registro.

Al respecto señaló, que del contenido del acto administrativo que dispuso la realización de la diligencia de registro, se desprende que se cumplieron cada uno de los requisitos exigidos por la norma, hall ándose debidamente motivado, fue expedido por el Director de la DIAN Seccional Neiva, se notificó en momentos previos a su re alización y se llevó a cabo en los establecimientos de comercio de la sociedad contribuyente, aunado a que en el artículo 5 se dispuso la colaboración de la Fuerza Pública, aspecto este echado de menos por la demandante, es decir, sí existe constancia de que el señalado apoyo fue solicitado por la demandada.

Que, el hecho que no exista constancia de la participación de la fuerza pública en la diligencia, pues nada se indica en el acta de registro y tampoco en el informe de la actuación, no tiene ninguna i ncidencia en la validez de la

Que, el hecho que no exista constancia de la participación de la fuerza pública en la diligencia, pues nada se indica en el acta de registro y tampoco en el informe de la actuación, no tiene ninguna i ncidencia en la validez de la actuación, tal como se expuso, en la medida en que el artículo 779 -1 del Estatuto Tributario no establece que sea un requisitos para su práctica, aunado a que el objetivo de esa prerrogativa de la administración es que no se v aya a ver truncado el desarrollo de la diligencia cuyo fin es lograr la obtención oportuna y adecuada de las pruebas y, eventualmente, la única consecuencia adversa (mala conducta) sería aplicable al miembro de la Fuerza Pública que no atienda lo solicitad o, aspecto que no es objeto de estudio en el presente caso.

Así entonces, resulta ba evidente que la demandada demostró que la diligencia se surtió con el lleno de los requisitos legales, dejándose las constancias correspondientes sobre su desarrollo en l as actas que fueron suscritas por el representante de la sociedad aquí demandante que participó durante la ejecución de ese acto.

Adicional a lo dicho, de manera somera alega la parte demandante que en el curso de la diligencia se incurrió en diferentes atropellos por parte de los funcionarios que la practicaron, sin embargo, de ello no existe prueba alguna y, por el contrario, en el acta correspondiente, la que se insiste fue suscrita por un trabajador de la sociedad demandante, se dejó plena constancia de su desarrollo y con ello de la garantía de los derechos fundamentales de la sociedad y de sus trabajadores o clientes.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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desarrollo y con ello de la garantía de los derechos fundamentales de la sociedad y de sus trabajadores o clientes.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Grupo GBC SAS EN LIQUIDACIÓN vs. DIAN 410013333008 2020 00085 01 – Impuesto al Consumo Periodo 01 Año 2015

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Con fundamento en ello, neg ó las pretensiones de la demanda, sin que hubiera lugar tampoco a la compulsa de copias deprecada, comoquiera que, además de que no existe evidencia alguna de que los sucesos que escasamente se citan por la parte demandante hubieran ocurrido, la sociedad está en capacidad, de así considerarlo, de poner en conocimiento de las autoridades correspondientes los r eferidos hechos, a través de su representante.

5. Recurso de Apelación9

Oportunamente el apoderado actor interpuso recurso de apelación aduciendo que, como eje diametral de la presente d i s c u s i ó n, se tiene la desatención y violación por parte de la entidad demandada a la norma tributaria en su artículo 779 -1 inc. 3 que señala "Para tales e f e c t o s, la fuerza p ú b l i c a deberá c o l a b o r a r, previo requerimiento de los funcionarios fiscalizadores, con el objeto de garantizar la ejecución de las respectivas diligencias. La no atención del anterior requerimiento por parte del miembro de la fuerza pública a quien se le haya solicitado, s e r á causal de mala conducta .".

Que se puede aseverar que hubo vulneración en el despliegue operativo de los funcionarios de la DIAN, en el entendido de que no hubo presencia de

la fuerza pública a quien se le haya solicitado, s e r á causal de mala conducta .".

Que se puede aseverar que hubo vulneración en el despliegue operativo de los funcionarios de la DIAN, en el entendido de que no hubo presencia de miembros de la fuerza pública, siendo este un deber normativo y no una simple potestad que tiene el ente fiscalizador, como lo menciona su apoderada.

Además, que esta diligencia de registro se extendió al día siguiente de su instalación, lo cual es una clara revelación de la ilegalidad, toda vez que, más que una actividad administrativa, esta se desarrolló de una manera operativa, es decir, los sucesos mencionados se llevaron a cabo en horas de la madrugada, sin presencia de la fuerza pública y más aún en un horario donde las personas a cargo de la diligencia, no podían fungir como funcionarios públicos administrativos, en horario y funciones no establecidas en sus cargos.

En cuanto al pronunciamiento en materia penal, por parte del despacho de primera instancia, advirtió la falta de competencia del juez administrativo para ello, además, del hecho de que la solicitud principal relacionada con dicha área consistía en compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación, razón por la cual se avizora ser precisa la imposición de este recurso.

Agregó que, la utilización de la diligencia de registro como mecanismo para la obtención de pruebas dentro del proceso, es utilizada de manera subsidiaria, como es manifestado por el fallo de primera instancia, pero, para el caso, se utilizó como único mecanismo dentro proceso, sin adelantar otras

la obtención de pruebas dentro del proceso, es utilizada de manera subsidiaria, como es manifestado por el fallo de primera instancia, pero, para el caso, se utilizó como único mecanismo dentro proceso, sin adelantar otras

9 Anotación 07 Expediente Digital SAMAI Primera Instancia.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Grupo GBC SAS EN LIQUIDACIÓN vs. DIAN 410013333008 2020 00085 01 – Impuesto al Consumo Periodo 01 Año 2015

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formas contenidas en el Estatuto Tributario como medios para la obtención de las pruebas.

Así las cosas, y por las anteriores manifestaciones , consideró que estaba plenamente probado que las pruebas obtenidas se hicieron de forma ilegal con procedimientos equívocos, con violación a normas legales y constituciones por tanto no tendrían valor probatorio legal dentro del proceso.

En desarrollo de las facultades establecidas , la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá tomar las medidas necesarias para evitar que las pruebas obtenidas sean alteradas, ocultadas o destruidas, mediante su inmovilización y aseguramiento; para tales efectos, la fuerza pública deberá colaborar, previo requerimiento de los funcionarios fiscalizadores, con el objeto de garantizar la ejecución de las respectivas diligencias. La no atención del anterior requerimiento por parte del miembro de la fuerza pública a quien se le haya solicitado, será causal de mala conducta.

De igual manera, que la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, seccional de Neiva - Huila, remita copia de la solicitud de acompañamiento de la Fuerza P ública para la diligencia de registro llevada a cabo el 4 de

De igual manera, que la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, seccional de Neiva - Huila, remita copia de la solicitud de acompañamiento de la Fuerza P ública para la diligencia de registro llevada a cabo el 4 de octubre de 2017, dentro del proceso administrativo citado. Con estos elementos probatorios pretende demostrar que las actuaciones dentro de la investigación tributaria están impregnadas de ilegalidad.

Solicita la revocatoria del fallo y se accedan a las pretensiones de la demanda.

6. Alegatos de Conclusión Segunda Instancia

Con auto del 15 de enero de 2025, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, habiéndose dispuesto que ejecutoriada la providencia pasara el expediente al despacho para fallo, conforme al numeral 5º del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2081 de 2021.

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA

7.1. Competencia

Conforme a lo preceptuado en los artículos 15310, 243 (numeral 1)11 y 247 del CPACA, corresponde decidir el recurso de apelación interpuesto por el

10 Artículo 153 del CPACA: « Competencia de los Tribunales Administrativos en segunda instancia. Los Tribunales Administrativos Conocerán en Segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, […]» 11 Artículo 243 del CPACA: “Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los jueces.

primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, […]» 11 Artículo 243 del CPACA: “Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los jueces. También serán apelables los siguientes auto s proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

1. El que rechace la demanda.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Grupo GBC SAS EN LIQUIDACIÓN vs. DIAN 410013333008 2020 00085 01 – Impuesto al Consumo Periodo 01 Año 2015

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apoderado de la parte actora contra la sentencia adiada 30 de agosto de 2024, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, que negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.

7.2. De la caducidad

Conforme al numeral 2 del artículo 164 del C.P.A.C.A., por regla general, el término para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto admin istrativo cuya nulidad se pretenda, so pena de perder la oportunidad de acceder a la administración de justicia y hacer efectivos sus derechos.

En el presente caso, la actuación administrativa concluyó con la Resolución N° 9000 06 del 1 5 de octubre de 20 1912, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la Liquidación Oficial de Revisión N° 900.012 del 19 de septiembre de 201813; acto administrativo aquel que se

N° 9000 06 del 1 5 de octubre de 20 1912, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la Liquidación Oficial de Revisió