TA CHO - 27001333300220210017701-(30-09-2022)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Neiva, primero (01) de abril de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADO PONENTE : JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO RADICACIÓN : 410013333002 2025 00033 01

DEMANDANTE : DANNIA GISSELLA ZULETA QUINTERO

DEMANDADO : ICBF REG. HUILA Y O.

MEDIO DE CONTROL : TUTELA SENTENCIA No. : 05-04-69-25/AT 13-2-11

ACTA No. : 21 DE LA FECHA

1. TEMA.

Se decide la impugnación de la parte demandada contra la sentencia del 20 de febrero de 202 5, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Neiva , donde amparó los derechos al trabajo, estabilidad laboral reforzada, seguridad social y vida digna de la actora.

2. ANTECEDENTES DE LA PRIMERA INSTANCIA.

2.1. Posición de la actora.

La señora Dannia Gissella Zuleta Quintero solicita el amparo de sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, trabajo, seguridad social, derecho de los niños y maternidad reforzada, para que se determine que su despido fue ineficaz y se ordene al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y la Corporación Minuto de Dios de Garzónen adelante CORMIDI y Colegio Gimnasio Minuto de Dios, su reintegro con el pago de erogaciones dejadas de percibir desde el 31 de diciembre de 2024 hasta su regreso, manteniendo la relación laboral por el término legalmente dispuesto.

Minuto de Dios, su reintegro con el pago de erogaciones dejadas de percibir desde el 31 de diciembre de 2024 hasta su regreso, manteniendo la relación laboral por el término legalmente dispuesto.

En los hechos relata que desde octubre de 2023 desempeña el cargo de auxiliar pedagógico en la Corporación Minuto de Dios de Garzón a través de contratos de prestación de servicios con duración de 3 meses cada uno, cuyo pago es de $2’211.631. En diciembre comunicó verbalmente su estado de embarazo a la coordinadora de la institución y ella manifestó que lo pondría en conocimiento del vicepresidente de la instituci ón y fue presentada en el informe final de ese mes , aunque desconoce la fecha en que se realizó.

Manifiesta que el 23 de diciembre de 2024 finalizó la prórroga de su contrato y permaneció a la espera del llamado a su renovación, pero la corporación prescindió de sus servicios, aunque ahora desarrolla el programa de atención a la primeraRADICACIÓN: 410013333002 2025 00033 01

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infancia en Neiva y tampoco intervino el ICBF aun cuando contrató dicho programa para el municipio de Palermo con otro operador denominado “Amor y Vida”.

Señala que las dos entidades tienen responsabilidad y deben garantizar su estabilidad laboral reforzada por maternidad hasta que cuente con estabilidad económica y emocional para su hijo que está por nacer , además, sin trabajo no puede continuar con el pago de su seguridad social, lo que ha decidido ignorar el ICBF pese a que vela por los derechos de los niños.

económica y emocional para su hijo que está por nacer , además, sin trabajo no puede continuar con el pago de su seguridad social, lo que ha decidido ignorar el ICBF pese a que vela por los derechos de los niños.

Hace referencia a los derechos a la vida, seguridad social de la mujer en embarazo, derecho al trabajo y las sentencias SU075 de 2018 , para señalar que su tutela es procedente porque carece de otros mecanismos de defensa judicial pues la conducta de las demandadas genera desprotección económica y falta de asistencia de seguridad social.

2.2. Trámite

2.2.1. La tutela fue admitida en auto del 7 de febrero de 20251 contra el Instituto Colombiano de Bienestar FamiliarICBFregional Huila y la Corporación Minuto de Dios de Garzón - Colegio Gimnasio Minuto de Dios, a quienes se ofició y solicitó pruebas de su relación contractual, la relación laboral de la actora y el conocimiento de su estado de embarazo.

2.2.2. Mediante auto de febrero 17 de 2025, se ordena al ICBF informar si en el 2025 ha suscrito un nuevo contrato de aportes con la Corporación Minuto de Dios de Garzón, la ciudad o municipio en que será ejecutado y el personal que se requerirá.

2.3. Posición de las demandadas.

2.3.1. ICBF Dirección Regional Huila (archivo 4, Samai).

La directora regional ICBF Huila solicita desvincularlo porque no tiene una relación contractual o laboral con la demandante.

Señala que no es procedente su vinculación como sujeto pasivo porque la actora hace referencia a una relación laboral con la Corporación Minuto de Dios de Garzóncontractual o laboral con la demandante.

Señala que no es procedente su vinculación como sujeto pasivo porque la actora hace referencia a una relación laboral con la Corporación Minuto de Dios de GarzónColegio Gimnasio Minuto de Dios, quien cuenta con autonomía administrativa y presupuestal para contratar el personal para el cumplimiento del objeto contractual.

1 Archivo 2, Samai.RADICACIÓN: 410013333002 2025 00033 01

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Añade que el ICBF suscribe contratos de aportes de conformidad con el artículo 127 del Decreto 2388 de 1979 con entidades administradoras de servicios para ejecutar distintos programas del Bienestar Familiar y estas a su vez realizan los procedimientos necesarios para cumplir el contrato, sin que el ICBF participe en ello, por eso el Consejo de Estado ha señalado que los contratos de aporte no se asimilan al contrato de obra, prestación de servicio u otro contrato2, además no se cumplen los elementos de l a rtículo 34 del CST para considerar que es responsable por solidaridad.

2.3.2. Corporación El Minuto de Dios de Garzón - CORMIDI de Garzón (archivo 5, Samai).

El vicepresidente de la Corporación solicita absolverlo o declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, pues no ha vulnerado los derechos fundamentales de la actora, considerando que los contratos laborales y de prestación de servicios suscritos como entidad sin ánimo de lucro, están condicionados a la existencia de contratos de aporte que se suscriben anualmente con el ICBF.

fundamentales de la actora, considerando que los contratos laborales y de prestación de servicios suscritos como entidad sin ánimo de lucro, están condicionados a la existencia de contratos de aporte que se suscriben anualmente con el ICBF.

Sobre los hechos indica que es cierto que el 10 de diciembre de 2024 la demandante informó verbalmente su estado de embarazo a la coo rdinadora de Modalidad Familiar, ella a su vez lo comunicó a las directivas y sobre ello dejó constancia en el informe técnico mensual del 27 de diciembre de 2024, pero su contrato no se renovó porque finalizó el contrato de aporte suscrito con el ICBF Regional Huila y no está desarrollando ningún programa dirigido a la primera infancia en Neiva.

Precisa que empleados y contratistas saben que, como entidad sin ánimo de lucro, no le es posible mantener contratos laborales o suscribir otros porque no existen más servicios para prestar, sin embargo, en dos oportunidades se ha comunicado con la demandante, una de forma verbal y otra vía Whatsapp, manifestando que de ser seleccionados como operadores para la vigencia 2025 del “PROCESO DE INVITACIÓN PRIMERA INFANCIA ICBF” mediante contratos de aportes, priorizará su hoja de vida para ser contratista, pues de lo contrario no tendría cómo garantizar su vinculación laboral.

Indica que la actividad contractual del ICBF se rige por los contratos de aporte que contemplan la Ley 7 de 1979 y el Decreto 2388 de 1979, los cuales se suscriben con instituciones de utilidad pública o social, sin ánimo de lucro, de reconocida solvencia moral y t écnica conforme al artículo 2.4.3.2.7. del Decreto 1084 de 2015 y sólo

instituciones de utilidad pública o social, sin ánimo de lucro, de reconocida solvencia moral y t écnica conforme al artículo 2.4.3.2.7. del Decreto 1084 de 2015 y sólo

2 Cita la sentencia del 11 de agosto de 2010, Rad. 76001 -23-25-000-1995-01884-01(16941), CP.

ENRIQUE GIL BOTERO:RADICACIÓN: 410013333002 2025 00033 01

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cuando ello no es posible podrá contratar a personas naturales con “reconocida solvencia moral”.

Manifiesta que fue operadora del ICBF en el contrato de aportes No. 41001402024 del 23 de febrero al 31 de diciembre de 2024 y para cumplir con dicha obligación suscribió contratos laborales y de prestación de servicios con el talento humano necesario para garantizar los servicios a niños y niñas beneficiarios del departamento, pero con la claridad de que su duración dependería de la subsistencia del contrato de aportes con el ICBF, pues no cuenta con otros contratos que permitan vincular a dicho personal.

Señala que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la actora, pues en la vigencia del contrato de aportes cumplió con todas sus obligaciones como empleador y contratante, pero al finalizar el contrato conlleva la terminación de la vinculación con los trabajadores y contratistas

2.4. Sentencia de primera instancia.

El 20 de febrero de 2025 (archivo 9, Samai) el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva profirió sentencia amparando los derechos fundamentales al trabajo,

con los trabajadores y contratistas

2.4. Sentencia de primera instancia.

El 20 de febrero de 2025 (archivo 9, Samai) el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva profirió sentencia amparando los derechos fundamentales al trabajo, estabilidad laboral reforzada, seguridad social y vida digna de la demandante y ordena a la Corporación El Minuto de Dios de Garzón (CORMIDI) que en 5 días siguientes a la notificación de la decisión:

1. Disponer la vinculación contractual de la demandante como auxiliar pedagógica en alguno de los 3 contratos de aportes que suscribió en el 2025 con el ICBF Regional Huila, para ejecutarse en Neiva, mientras suscriba los contratos de aportes con el ICBF y se requiera el cargo o desempeño de auxiliar pedagógico hasta el término del periodo de lactancia (6 meses después del parto).

2. Reconocer y pagar a la demandante la indemnización del artículo 239 -3 del CST, correspondiente a 60 días de honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios del 2024.

3. Realizar el pago de aportes o cotizaciones al sistema de seguridad social en salud de la demandante desde el 24 de diciembre de 2024 o si pagó los 31 días de diciembre, desde el 1° de enero de 2025 hasta que se haga efectiva su nueva vinculación como auxiliar pedagógica, pues le correspondería a la actora su pago en los contratos del 2025.

Agrega que: “también le corresponderá hacer el pago de las cotizaciones en segur idad social en salud de la actora desde la finalización del contrato de aportes y hasta laRADICACIÓN: 410013333002 2025 00033 01

Agrega que: “también le corresponderá hacer el pago de las cotizaciones en segur idad social en salud de la actora desde la finalización del contrato de aportes y hasta laRADICACIÓN: 410013333002 2025 00033 01

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suscripción de uno nuevo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), lo que se hará durante todo el periodo de la licencia de maternidad y hasta que culmine la misma”.

Niega el amparo solicitado en relación con el ICBF Regional Huila, pero le exhorta a verificar y exigir a CORMIDI en la vigencia 2025 que garantice la estabilidad laboral reforzada de la actora, en aplicación del artículo 34 del CST.

Para arribar a lo anterior analizó los requisitos de procedencia de la acción, para señalar que es procedente por tratarse de un sujeto de especial protección constitucional como mujer gestante y atendiendo la regla de unificación de la sentencia SU -075 de 2018 las mujeres titulares de estabilid ad reforzada por embarazo tienen un mecanismo de protección preferente.

Continuó con el marco normativo y jurisprudencial de la protección especial de la mujer gestante y lactante 3, su estabilidad laboral reforzada 4 según las reglas de unificación desarrolladas sobre los diferentes tipos de contrato y alternativas laborales5, especialmente el contrato de prestación de servicios según las sentencias SU-075 de 2018, T-329 de 2022 y T-086 de 2023.

Al arribar al caso concreto, indica que debe evaluar el tipo de relación que existió entre la demandante y las demandadas, si se trató de una prestación de servicios o

SU-075 de 2018, T-329 de 2022 y T-086 de 2023.

Al arribar al caso concreto, indica que debe evaluar el tipo de relación que existió entre la demandante y las demandadas, si se trató de una prestación de servicios o del encubrimiento de una relación laboral, por lo cual señala que el 1° de marzo de 2024 la demandante suscribió con la CORMIDI contrato de prestación de servicios profesionales como auxiliar pedagógico , en desarrollo del “programa de primera infancia DIMF en el marco de la estrategia “cero a siempre” en el municipio de Palermo”, el contrato sería hasta el 30 de abril de 2024, pero suscribió 4 Otrosí que se extendieron hasta el 23 de diciembre de 2024.

Indica que la ejecución de dicho programa se extrae del contrato de aporte No. 41.00140-2024 suscrito por CORMIDI con el ICBF Huila, pero las pruebas aportadas indican que las obligaciones de la demandante estarían encaminadas al cumplimiento del objeto contractual y no a una subordinación o dependencia propia de la relación laboral, por lo que su vinculación corresponde a prestación de servicios.

3 Artículos 13, 43 y 53 de la Constitución Política, 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, So ciales y Culturales, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio No. 3 de la OIT y sentencia T-186 de 2023.

4 Sentencias T-253 de 2023, SU-049 de 2017, T-246 de 2022, C-005/17, C-118/20, SU-075/18 y SU070/13, T-186 de 2023. 5 Sentencia SU-070 de 2013 y SU-075 de 2018.RADICACIÓN: 410013333002 2025 00033 01

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Añade que la actora demuestra su estado de gravidez con los exámenes practicados el 1° y 14 de diciembre de 2024 y el 10 de diciembre de 2024 lo comunicó verbalmente a CORMIDI y de ello se dejó constancia en el informe técnico mensual del 27 de diciembre de dicho año, pero el contrato de prestación de servicios finalizó en diciembre de 2024 y hasta ese mes se ejecutó el contrato de aporte.

Señala que el ICBF Huila informó que CORMIDI es administradora del servicio en 3 contratos de aporte para la vigencia 2025 en la ciudad de Neiva con ejecución hasta el 30 de septiembre del presente año, el objeto del contrato se re laciona con la primera infancia y la suscripción de uno de dichos contratos fue anterior a la radicación de la tutela, por eso la CORMIDI faltó a la verdad al negar que ejecuta contratos de aportes de la primera infancia.

Manifiesta que era obligación de la corporación demandada vincular nuevamente a la demandante como auxiliar pedagógica, porque la causa del contrato de servicios volvió a existir a través de la suscripción de 3 contratos de aportes con el mismo objeto para ejecutarse en Neiva y así garantizar la estabilidad laboral reforzada por

la demandante como auxiliar pedagógica, porque la causa del contrato de servicios volvió a existir a través de la suscripción de 3 contratos de aportes con el mismo objeto para ejecutarse en Neiva y así garantizar la estabilidad laboral reforzada por ser sujeto de especial protecci ón constituci onal, pues tampoco contaba con una autorización del inspector de trabajo para finalizar la relación contractual con ella.

Considera que los actos realizados por CORMIDI permiten presumir que la terminación del contrato obedeció al estado de gravidez de la actora, pues así haya ocurrido el vencimiento o cumplimiento del plazo de ejecución del contrato , en un acto discriminatorio no la vinculó nuevamente aunque habían 3 nuevo s contratos con el mismo objeto y si bien indicó que priorizaría la hoja de vida de la actora en caso de suscribir un nuevo contrato, ello no ha ocurrido y demuestra la vulneración de los derechos al trabajo, estabilidad laboral reforzada , seguridad social y vida digna.

Indica que se ha truncado la posibilidad de que la actora cuente con asistencia para su proceso de gestación y ello impone su amparo garantizando la renovación de su contrato como mínimo hasta el periodo de lactancia para garantizar su mínimo vital y del menor que está por nacer, siempre que CORMIDI suscriba contratos de aportes con el ICBF y requiera un auxiliar pedagógico , no hay lugar a ordenar el pago de honorarios durante el tiempo en que no existió contrato de aportes entre el ICBF y la mentada corporación, hasta que se renueve su vinculación, pues no había causa para devengarlos, sin perjuicio del pago de aportes a seguridad social en salud.

Considera que si hay lugar a ordenar el pago de 60 días de trabajo conforme al

la mentada corporación, hasta que se renueve su vinculación, pues no había causa para devengarlos, sin perjuicio del pago de aportes a seguridad social en salud.

Considera que si hay lugar a ordenar el pago de 60 días de trabajo conforme al artículo 239-3 del CST, porque es aplicable a contratos de prestación de serviciosRADICACIÓN: 410013333002 2025 00033 01

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pues su fundamento constitucional no distingue el vínculo laboral en el que se encuentra la mujer gestante.

No ordena el pago de la licencia de maternidad porque la actora aún no puede reclamarla pues está en embarazo, pero si hay lugar a ordenar el pago de aportes a seguridad social en salud desde el día siguiente a la finalización de su vinculación contractual hasta su efectiva vinculación, incluso deberá hacerlo una vez finalice el contrato de aportes y hasta la suscripción de un nuevo contrato con el ICBF durante la licencia de maternidad.

Considera que el ICBF Huila no ha vulnerado los derechos fundamentales de la actora porque no existe un vínculo contractual o laboral con ella, pero aplicando el artículo 34 del CST lo exhortará para que, en condición beneficiario de la ejecución del contrato de aportes del 2025 verifique y exija a CORMIDI garantizar la estabilidad laboral reforzada de la demandante.

2.5. Las impugnaciones.

2.5.1. ICBF Dirección Regional Huila.

La directora regional ICBF Huila solicita revocar el fallo de tutela y ordenar su desvinculación.

2.5. Las impugnaciones.

2.5.1. ICBF Dirección Regional Huila.

La directora regional ICBF Huila solicita revocar el fallo de tutela y ordenar su desvinculación.

Señala que no está de acuerdo con la exhortación a verificar y exigir la estabilidad laboral reforzada de la actora, pues el contrato de aportes que suscribe con las Entidades Administradoras del Servicio no se asimila al contrato de obra, prestación de servicios u otro contrato y en este asunto no existe una relación laboral con su entidad, ya que se realiza con la persona jurídica EAS quien tiene absoluta autonomía e independencia en su ejecución , así unas son las obligaciones de carácter administrativo y otras las contrataciones que haga la EAS para desarrollar el objeto del contrato, por eso no puede darse aplicación al artículo 34 del CST, citando en apoyo sentencia de la Corte Suprema de Justicia6 en ese sentido.

Señala que la Corte Constitucional 7 ha señalado el alcance del concepto de solidaridad del artículo 34 del CST y la Corte Suprema de Justicia ha definido que para configurarse la solidaridad se requiere que la actividad desarrollada por el contratista independiente cubra la necesidad del beneficiario y constituya una función normalmente realizada por él y esté directamente vinculada con la explotación de su objeto económico, pero en su caso no podría atender directamente

6 “Sala laboral 10 de octubre de 2018 SL 4430-RAD 54744Magistrado ponente Jorge Mauricio Burgos”.

explotación de su objeto económico, pero en su caso no podría atender directamente

6 “Sala laboral 10 de octubre de 2018 SL 4430-RAD 54744Magistrado ponente Jorge Mauricio Burgos”. 7 Cita las sentencias C-593 de 2014, T-668 de 2000, T-990 de 2000 y T-1173 de 2000.RADICACIÓN: 410013333002 2025 00033 01

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la labor encomendada, porque no está en sus actividades propias ni cuenta con personal de planta que lo realice y los beneficiarios de la obra ejecutada son los niños, niñas, padres de familia y comunidad.

No obstante, sí ejerce supervisión de los programas contratados derivados del contrato de aporte, pero como coordinador de la política de infancia en Colombia, no como dueño o beneficiario de la labor.

2.5.2. Corporación El Minuto de Dios de GarzónCORMIDI.

El vicepresidente de dicha Corporación (archivo 12, Samai) en oportunidad legal solicita revocar el fallo de tutela porque ha realizado apreciaciones erróneas y de su parte ha sido respetuoso con los derechos fundamentales de la demandante, reconociendo la especial protección de las mujeres en estado de embarazo y periodo de lactancia.

Refiere que no se han tenido en cuenta las condiciones especiales de la vinculación laboral o de servicios de los contratos de aportes suscritos con el ICBF y se desconoce su objeto misional y sentido social de servir a la comunidad sin ánimo de lucro, sin ninguna utilidad económica, por eso sus servicios sólo se prestan mientras

laboral o de servicios de los contratos de aportes suscritos con el ICBF y se desconoce su objeto misional y sentido social de servir a la comunidad sin ánimo de lucro, sin ninguna utilidad económica, por eso sus servicios sólo se prestan mientras existan los contratos de aporte con el ICBF , según los lineamientos y tiempo que establezca dicha autoridad.

Por eso mantuvo la vinculación de la actora por el término establecido en el contrato de aportes y a diferencia de otros contratos con entidades del Estado, este contrato no inicia tan pronto se suscribe y por eso no faltó a la verdad, pues una vez firma el contrato inicia una fase de alistamiento a solicitud del ICBF por 7 días, en la cual se remiten las hojas de vida del talento humano para que el ICBF avale la contratación del recurso humano a través de un comité técnico operativo acompañado por la coordinadora del centro zonal y/o supervisora del contrato, es allí donde comunica las prioridades para la contratación como mujeres en estado de embarazo que informaron en su momento a la corporación y no puede contratar hasta que ese paso se agote.

Indica que la demandante ya se encuentra vinculada a la fase de alistamiento del contrato de aportes No. 41002402025 a ejecutarse en Neiva, pues la actora solicitó que su vinculación se hiciera en esa ciudad y en la fecha de admisión de la tutela no había suscrito dicho contrato en Neiva, razón por la cual no hizo parte del contrato de aportes No. 41001592025 que tuvo inicio el 4 de febrero de 2025 en el centro zonal de Garzón.RADICACIÓN: 410013333002 2025 00033 01

DEMANDANTE: DANNIA GISSELLA ZULETA QUINTERO

zonal de Garzón.RADICACIÓN: 410013333002 2025 00033 01

DEMANDANTE: DANNIA GISSELLA ZULETA QUINTERO

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3. SEGUNDA INSTANCIA, CONSIDERACIONES. 3.1. Competencia, legitimación y validez.

La Corporación es competente para dirimi r esta instancia (artículo 32 del Decreto 2591 de 1991) por lo cual procede a tomar la decisión que corresponda, porque no se avistan circunstancias que invaliden lo actuado , están las partes legitimadas en causa pues la actora a tribuye la vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales a las demandadas , lo cual fue amparado por el a quo , siendo impugnada por ambas demandadas, de ahí el interés en que se decida esta instancia.

3.2. Problema jurídico.

Se plantea a la Sala decidir:

3.2.1. Se debe revocar el fallo de primera instancia, porque la CORMIDI es una entidad sin ánimo de lucro que ha garantizado los derechos fundamentales de la actora, en cuanto sus servicios y su vinculación sólo puede continuar durante la ejecución de los contratos de aportes suscritos con el ICBF , pues su función social se limita únicamente a ellos y ya vinculó a la actora en fase de alistamiento en el contrato de aportes No. 41002402025 a ejecutarse en Neiva.

3.2.2. Se debe revocar la decisión de exhortar al ICBF para que verifique y exija a la CORMIDI garantizar la estabilidad laboral de la actora, porque el contrato de aportes que suscribió con la CORMIDI como entidad administradora del servicio-EAS

la CORMIDI garantizar la estabilidad laboral de la actora, porque el contrato de aportes que suscribió con la CORMIDI como entidad administradora del servicio-EAS no se asimila al contrato de obra, prestación de servicios u otro contrato, ni existe una relación laboral que genere solidaridad, pues tiene absoluta a utonomía e independencia en su ejecución y el ICBF solo ejerce la supervisión de los programas de la política de infancia en Colombia derivados del contrato de aporte.

El Tribunal considera que debe revocar la sanción del artículo 239 -3 del CST impuesta a la CORMIDI y la exhortación dispuesta para el ICBF pues ello no deriva del contrato de aportes celebrado y, confirmar el amparo de los derechos incoados en relación con CORMIDI en el cumplimiento de la estabilidad laboral reforzada.

Lo anterior, se sustenta en el análisis de: a) El contrato de aporte del ICBF, b) El derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer gestante en el contrato de prestación de servicios y, c) el caso concreto.RADICACIÓN: 410013333002 2025 00033 01

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3.3. Contrato de aporte del ICBF

El artículo 21-9 de la Ley 7 de 1979 confiere al ICBF la función de:

“ARTÍCULO 21. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tendrá las siguientes funciones: (...) 9. celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o internacionales para el manejo de sus campañas, de los establecimientos destinados a sus programas y en general para el desarrollo de su objetivo”.

funciones: (...) 9. celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o internacionales para el manejo de sus campañas, de los establecimientos destinados a sus programas y en general para el desarrollo de su objetivo”.

Tal disposición f ue reglamentada por el Decreto 2388 de 1979 el cual reguló los entes vinculados a su celebración y los contratos de aportes, así:

“Artículo 8°. Hacen parte también del Sistema Nacional de Bienestar Familiar las entidades públicas o privadas, de carácter nacional, distrital, departamental, comisarial, intendencial o municipal, que habitualmente realicen actividades relacionadas con la protección preventiva y especial del menor, la garantía de sus derechos y la realización e integración armónica de la familia. (...) Artículo 125. El ICBF, podrá celebrar los contratos de que trata el artículo 21, nu meral 9° de la Ley 7ª de 1979 con Instituciones de Utilidad Pública o Social de reconocida solvencia moral y técnica, dando preferencia a las más antiguas y que hayan sobresalido por sus méritos y dotes administrativos. Parágrafo. Cuando no se pueda celebrar contratos con Instituciones sin ánimo de lucro, se suscribirán con personas naturales de reconocida solvencia moral. (...) Artículo 127. Por la naturaleza especial del Servicio de Bienestar Familiar, el ICBF podrá celebrar contratos de aporte, entendiéndose por tal, cuando el instituto se obliga a proveer a una institución de utilidad pública o social de los bienes (edificios, dineros, etc) indispensables para la prestación total o parcial del servicio , actividad que se cumple bajo la exclusiva responsabilidad de la institución, con personal de su dependencia, pero de

a una institución de utilidad pública o social de los bienes (edificios, dineros, etc) indispensables para la prestación total o parcial del servicio , actividad que se cumple bajo la exclusiva responsabilidad de la institución, con personal de su dependencia, pero de acuerdo con las normas y el control del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, su vigencia será anual, pero podrá prorrogarse de año en año. (...) Artículo 128. Los contratos de aporte que el ICBF celebre para la prestación de los servicios de bienestar familiar sólo están sujetos a las cláusulas obligatorias de todo contrato administrativo. El Instituto también podrá celebrar contratos innominados y de carácter mixto”. (Subrayas propias). El Consejo de Estado 8 se ha definido este tipo de contrato s para reseñar su regulación jurídica especial:

“26. De otra parte, lo primero que cabe destacar sobre los contratos de aporte celebrados por el ICBF es su particular régimen jurídico, formado por un marco general de habilitación para celebrar contratos, dado por la Ley 7 de 1979 (artículo 21 – numeral 9), por la posibilidad de auxiliar a los organismos que presten los servicios de bienestar familiar (artículo 21 – numeral 14), y una normatividad encargada de especificar sus elementos particulares: el decreto reglamentario 2388 de 1979 (...)”

8 se Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, C.P. Danilo Rojas Betancourth, sentencia del 30 de junio de 2016, Rad. 25000-23-26-000-2004-01381-01(33130).RADICACIÓN: 410013333002 2025 00033 01

DEMANDANTE: DANNIA GISSELLA ZULETA QUINTERO

sentencia del 30 de junio de 2016, Rad. 25000-23-26-000-2004-01381-01(33130).RADICACIÓN: 410013333002 2025 00033 01

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Precisa dicho precedente la condición atípica del contrato de aportes dado su objeto encaminado a integrar el sector privado en el cumplimiento de programas relacionados con su fin:

“Para la Sala, el contrato de aporte es “una clase de convención atípica encaminada a que el ICBF –en virtud de su función de propender y fortalecer la integración y el desarrollo armónico de la familia, proteja al menor de edad y le garantice sus derechos– suscriba con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o internacionales el manejo de sus campañas, de los establecimientos destinados a sus programas y en general para el desarrollo de su objetivo”. (Subrayas fuera del texto).

Añade la sentencia en cita:

“26.2. Ahondando en las caract