TA CHO - 27001333300220210018501-(30-09-2022)

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Magistrado ponente: ENRIQUE DUSSÁN CABRERA Neiva Diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Acción Tutela Demandante Luz Aurora Pastrana Rivera Demandado Departamento del Huila y otro Derechos invocado Petición Radicación 41 001 33 33 009 2024 00393 01 Asunto SENTENCIA No. S-026 Acta de Sala N°. 012 De la fecha.

1. OBJETO.

Decide la Sala la impugnación interpuesta por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Fomag, contra la sentencia de fecha 14 de enero de 2024 , proferida por el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva, que tuteló el derecho de la accionante.

2. DE LA SOLICITUD DE TUTELA.1

Luz Aurora Pastrana Rivera, a través de apoderada judicial, presenta acción de tutela solicitando se resuelva de fondo la petición presentada consistente en el cumplimiento de fallo judicial.

Manifiesta que mediante derecho de petición radicado el 15 de febrer o de 2024 HUILA 20240215F45206, la accionante solicitó se diera cumplimiento a la sentencia ejecutoriada donde se ordenó el reconocimiento del 75% del salario promedio devengado por los accionantes durante su último año de servicio, incluyendo todos los factores salariales percibidos en su pensión de jubilación. Afirma que transcurridos 4 meses desde su radicación, no se le ha dado respuesta de fondo a dicha solicitud.

accionantes durante su último año de servicio, incluyendo todos los factores salariales percibidos en su pensión de jubilación. Afirma que transcurridos 4 meses desde su radicación, no se le ha dado respuesta de fondo a dicha solicitud.

3. TRÁMITE DE LA TUTELA.2

Mediante providencia del 9 de diciembre de 2024, el Juzgad o Noveno Administrativo de Neiva, admitió la acción de tutela contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – a través de su vocera la Fiduciaria La Previsora SA y la Secretaría de Educación del Departamento del Huila, decisión notificada el 9 de diciembre de 2024.3

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Demandante : Luz Aurora Pastrana Rivera Demandado : Departamento del Huila Radicación : 41 001 33 33 009 2024 00393 01

4. RESPUESTAS DE LA ACCIONADA.

4.1. Fiduprevisora SA – vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.4

La Directora de Gestión Judicial de la Fiduprevisora SA solicita se declare la improcedencia de la acción de tutela al considerar que no es el mecanismo idóneo para exigir el reconocimiento y pago de prestaciones económicas.

Hace un análisis de la naturaleza jurídica de la Fiduprevisora como vocera y administradora del Fomag, e indica que solicitud del accionante

el mecanismo idóneo para exigir el reconocimiento y pago de prestaciones económicas.

Hace un análisis de la naturaleza jurídica de la Fiduprevisora como vocera y administradora del Fomag, e indica que solicitud del accionante es de una prestación económica que corresponde a un trámite administrativo que se radica en la Secretaría de Educación Departamental, y no un derecho de petición que deba responder esa entidad, por lo que esta entidad no es la llamada a proferir actos administrativos que reconozcan algún factor económico, y la competencia es de la secretaría de educación municipal o departamental, exponiendo in extenso el procedimiento para el reconocimiento de pres taciones económicas regulado en el artículo 2.4.4.2.3.2.1. del decreto 1272 de 2018.

Resalta que las dos únicas funciones que cumple Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en relación con las solicitudes de reconocimiento de las prestaciones sociales en favor de los docentes, son: i) estudiar los proyectos de acto administ rativo (Resolución) que remiten las Secretarías de Educación a nivel nacional, devolviendo el resultado, en calidad de negado o aprobado, y ii) pagar las prestaciones sociales reconocidas a través de una Resolución (Acto administrativo) que única y exclusi vamente pueden promulgar las Secretarías de Educación a nivel nacional, una vez dicho ente territorial nos remita toda la documentación legalmente necesaria para proceder con el pago, es decir, copia de la resolución con constancia de ejecutoria y orden de pago sin errores.

Argumenta que la pretensión de los accionantes se encuentra

la documentación legalmente necesaria para proceder con el pago, es decir, copia de la resolución con constancia de ejecutoria y orden de pago sin errores.

Argumenta que la pretensión de los accionantes se encuentra encaminada al reconocimiento y pago de una prestación económica, por lo qu e el accionante cuenta con otros mecanismos judiciales para solicitar el pago de las prestaciones rela cionadas en el escrito. Esta situación no puede ser cuestionada por vía de acción de tutela; es decir que el juez constitucional no es el competente para avocar conocimiento de las pretensiones expuestas por la parte actora.

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Indica que una vez consultadas las bases datos de la entidad y sus aplicativos, se evidencia que la prestación de pensión jubilación fue remitida por la secretaria de educación para realizar la respetiva validación de liquidación, por lo que se procedió a priorizar el mismo con el área encargada, recalcando que una vez realizado el estudio, se remite nuevamente a la Secretaría de Educación, bien sea en estado aprobado o negado, y la responsabilidad de la emisión del Acto Administrativo recae exclusivamente en la Secretaría de Educación.

Además, señala que la revisión de los expedientes que ingresan con solicitudes prestacionales reviste de cierto grado de complejidad, al tratarse de reconocimientos de carácter económico que podrían llegar

Administrativo recae exclusivamente en la Secretaría de Educación.

Además, señala que la revisión de los expedientes que ingresan con solicitudes prestacionales reviste de cierto grado de complejidad, al tratarse de reconocimientos de carácter económico que podrían llegar a afectar el erario público.

4.2. Secretaría de educación departamental del Huila

Guardó silencio.

5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.5

El Juzgado Noveno Administrativo de Neiva en sentencia proferida el 14 de enero de 2025 tuteló el derecho fundamental de petición y debido proceso a la accionante, y le ordenó “al DIRECTOR DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAGy/o a quien corresponda que en el plazo de los DOS (2) DÍAS siguientes a la notificación del presente fallo (si aún no lo hubiere hecho) DÉ RESPUESTA DE FONDO, DE MANERA CLARA, PRECISA Y CONGRUENTE a la petición formulada por la señora LUZ AURORA PASTRANA RIVERA el 15 de febrero de 2024 bajo el N°. HUILA20240215F45206 y PRACTIQUE su notificación efectiva, advirtiéndole también que debe comunicar el cumplimiento de esta orden al Despacho, so pena del trámite establecido en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991.” , y dispuso desvincular a la Secretaría de Educación departamental del Huila.

Luego de hacer el análisis sobre los derechos fundamentales invocados, sostiene que de las pruebas portadas se evidencia que la petición se encuentra en estado de validación de liquidación desde el

Secretaría de Educación departamental del Huila.

Luego de hacer el análisis sobre los derechos fundamentales invocados, sostiene que de las pruebas portadas se evidencia que la petición se encuentra en estado de validación de liquidación desde el 29 de agosto de 2024 en el Fomag, sin que después de 10 meses de haberse radicado la petición, la accionante haya recibido respuesta a su solicitud, además que no se constató tampoco que las accionadas le hayan formulado requerimiento alguno a la actora conforme lo establece el artículo 17 del CPACA, ni que opere la excepción dispuesta ene le parágrafo del artículo 14 de la misma norma.

Considera que además del derecho de petición, se ha vulnerado el debido proceso por cuanto se ha desconocido el reglamento previsto

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para el reconocimiento de prestaciones económicas consagrado en el Decreto 1272 de 2018.

Afirma que, en atención al estado actual de la petición, se advierte entonces que la Fiduciaria Fiduprevisora S. A. -vocera FOMAGno ha dado conducta impulsora a las actuaciones de su competencia y que esa situación no ha variado todaví a, vulnerándose así los derechos fundamentales de petición y debido proceso, además porque esa fiduciaria sobrepasó el plazo concedido para decidir el asunto, situación que entraba el procedimiento administrativo e impide que se ofrezca una

esa situación no ha variado todaví a, vulnerándose así los derechos fundamentales de petición y debido proceso, además porque esa fiduciaria sobrepasó el plazo concedido para decidir el asunto, situación que entraba el procedimiento administrativo e impide que se ofrezca una respuesta de fondo, clara y precisa a la accionante.

Finalmente indica que se desvincula a la Secretaría de Educación Departamental del Huila por cuanto su radio de acción funcional no atañe a la situación de fondo examinada, sin perjuicio del trámite que le corresponde realizar una vez se surta lo correspondiente por parte del Fomag.

6. IMPUGNACIÓN DE LA FIDUPREVISORA SA – VOCERA Y

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES

SOCIALES DEL MAGISTERIO.6

La Dirección de Gestión Judicial manifiesta su inconformidad con el fallo de tutela y solicita se declare la improcedencia de la acción de tutela como quiera que esta no es el mecanismo idóneo para exigir prestaciones económicas, por existir un mecanismo diferente a la tutela para la protección del derecho que la parte actora considera conculcado, partiendo del carácter subsidiario de la acción constitucional y lo soli citado por el accionante no es un derecho de petición por cuanto tiene un trámite y términos estipulados en la ley, por lo tanto la solicitud es un procedimiento que nada tiene que ver con la petición regulada por la Constitución Política.

Hace un análisis de la naturaleza jurídica de la Fiduprevisora y reitera el procedimiento regulado en el decreto 1272 de 2018 para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del Fomag, indicando que la entidad no puede realizar reconocimientos,

el procedimiento regulado en el decreto 1272 de 2018 para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del Fomag, indicando que la entidad no puede realizar reconocimientos, modificaciones o correcciones de actos administrativos, ni realizar pagos mientras no exista el acto administrativo que así lo determine, y resalta que las dos únicas funciones que cumple Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en relación con las solicitudes de reconocimiento de las prestaciones sociales en favor de los docentes , son las de estudiar los proyectos de acto administrativo que remiten las

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Secretarías de Educación a nivel Nacional, y pagar las prestaciones sociales reconocidas a través de una resolución.

Insiste que la tutela es improcedente para decidir derechos litigiosos de contenido económico, y reitera que la petición de la accionante es una solicitud de prestación económica que corresponde a un trámite administrativo que radica en la secretaría de educación departamental, y no a un derecho de petición que deba responder esa entidad.

Señala que una vez consultadas las bases de datos la solicitud se encuentra en gestión por el área correspondiente para su estudio por lo que no existe vulneración a derecho fundamental alguno, y tampoco se probó un perjuicio irremediable.

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

encuentra en gestión por el área correspondiente para su estudio por lo que no existe vulneración a derecho fundamental alguno, y tampoco se probó un perjuicio irremediable.

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

7.1. Competencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, esta Corporación es Competente para conocer de la impugnación de la acción de tutela instaurada por la accionada.

7.2. Asunto jurídico a resolver.

Corresponde determinar si es improcedente la acción de tutela por no ser el mecanismo idóneo para exigir prestaciones económicas, y definido lo anterior si la accionada Fiduprevisora SA como vocera del Fondo Nacional de prestaciones Sociales del Magisterio no es la entidad competente pa ra dar respuesta a la petición presentada por la accionante relacionada con el cumplimiento a la sentencia judicial proferida a su favor , y en consecuencia debe revocarse el fallo de primera instancia.

7.3. Procedencia de la acción de tutela para solicitar el cumplimiento de una sentencia judicial.

La Corte Constitucional7 ha señalado que el cumplimiento oportuno de las sentencias judiciales por parte de los particulares y de las entidades públicas, es uno de los pilares básicos de un Estado Social de Derecho, tal como la establecen los artículos 228 y 229 de la Constitución Política.

Esta Alta Corte precisa que “el obligado cumplimiento de lo resuelto por los jueces y tribunales es una garantía institucional del Estado de Derecho y, al mismo ti empo, un derecho fundamental de carácter subjetivo que se deduce de los artículos 29 y 58 de la

y tribunales es una garantía institucional del Estado de Derecho y, al mismo ti empo, un derecho fundamental de carácter subjetivo que se deduce de los artículos 29 y 58 de la

7 Sentencia T-023 de 2022TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 6 de 10

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Constitución”,8 al igual que precisó que “el acceso a la administración de justicia (…) no consiste en realizar los actos de postulación requeridos para poner en movimiento el aparato jurisdiccional, sino en el derecho constitucional fundamental de la exigencia rápida y oportuna, sin dilaciones injustificadas, que contenga una eficaz y pronta realización material de sus decisiones.”9 En tal sentido, la relevanci a desde el enfoque constitucional que tiene el cumplimiento de las sentencias judiciales ejecutoriadas obliga a los jueces y tribunales a adoptar las medidas necesarias y adecuadas a cada caso, con el fin de garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales y el acatamiento de la cosa juzgada que otorga seguridad jurídica a los asociados.”10

Ahora, respecto a la procedencia de la tutela para dar cumplimiento a sentencias judiciales ejecutoriadas, la Corte Constitucional ha precisado que debe diferenciarse las obligaciones de dar de las obligaciones de hacer, pues de manera general la acción de tutela resulta procedente cuando se está en presencia de una obligación de hacer.

Así advierte que “Por la vía del cumplimiento coercitivo de las decisiones judiciales, la

hacer, pues de manera general la acción de tutela resulta procedente cuando se está en presencia de una obligación de hacer.

Así advierte que “Por la vía del cumplimiento coercitivo de las decisiones judiciales, la jurisprudencia constitucional, en términos generales, ha precisado que existen obligaciones de hacer y de dar. Respecto de las primeras, ha señalado que el proceso ejecutivo es un medio de defensa judicial, no obstante, en algunas oportun idades ha considerado que carece de idoneidad y eficacia 11 por cuanto el diseño procesal de la acción ejecutiva en las diferentes especialidades no contemplan medidas de apremio que obliguen al cumplimiento de las obligaciones de hacer , como sí sucede con las obligaciones de dar frente a las cuales se pueden solicitar y decretar el embargo y secuestro de bienes, entre otras cautelas. En tratándose de las segundas, esto es, las obligaciones de dar contenidas en decisiones judiciales (v.gr. el pago de una suma de dinero), la Corte ha estimado como regla general 12 que el proceso ejecutivo es el escenario idóneo por excelencia para procurar su cumplimiento forzado y, por ello, debe acudirse a ese medio de defensa con carácter preferente para que la autoridad judi cial libre el mandamiento de pago correspondiente en tanto se trate de una obligación clara, expresa y actualmente exigible.13

8 Sentencia T-554 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 9 Sentencia T-537 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell. 10 Sentencia T-229 de 2022. 11 Esto ha sucedido mayoritariamente cuando advierte que la orden judicial involucra derechos fundamentales para cuya

9 Sentencia T-537 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell. 10 Sentencia T-229 de 2022. 11 Esto ha sucedido mayoritariamente cuando advierte que la orden judicial involucra derechos fundamentales para cuya salvaguarda urge la adopción de medidas para su cumplimiento, las cuales por temas de idoneidad exceden las posibilidades previstas en el proceso ejecutivo. En tales casos, ha estimado que la acción de tu tela se torna procedente. Ejemplo de ello es la Sentencia T-023 de 2022 (M.P. Diana Fajardo Rivera), en la cual una ciudadana de 71 años solicitó el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, a la dignidad humana, de acceso a la administración de justicia y al cumplimiento de las providencias judiciales, porque el municipio accionado -que se encontraba en proceso de reestructuraciónno dio cumplimiento a una decisión judicial de nulidad y restablecimiento del derecho que o rdenaba el reintegro y pago de salarios y prestaciones a la actora, y en su lugar, dicho municipio profirió unas resoluciones en las que dispuso no reintegrarla por imposibilidad jurídica y fáctica para hacerlo. La Sala Primera de Revisión determinó que el proceso ejecutivo no era el mecanismo idóneo porque la actora no podría acudir al mismo en tanto el municipio se encontraba cobijado con acuerdo de reestructuración en los términos de la Ley 550 de 1999, situación que sumada a la condición de vulnerabilidad por edad y factor económico de la actora, conllevó a que se concediera el amparo definitivo ordenando (i) en cuanto a la

obligación de hacer (reintegro imposible), a la autoridad judicial competente que efectuara de oficio la fijación del monto de la liquidación compensatoria; y, (ii) respecto de la obligación de dar, que con prelación se le cancelaran las acreencias a las que tenía derecho. 12 La excepción a dicha regla la ha fijado cuando, por ejemplo, se solicita el cumplimiento de sentencias que reconocen pensiones (obligaciones de dar), en tanto se encuentra de por medio la amenaza y vulneración del mínimo vital y de la dignidad humana. En tales casos, la Corte ha sostenido que la acción de tutela se torna procedente sin agotar el trámite ejecutivo, con el fin de ordenar que el derecho reconocido se ejecute mediante la inclusión en la nómina de pensionados. Al respecto se puede consultar las sentencias T -916 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño; T -441 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; y, T-404 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; entre otras. 13 Por ejemplo, en la Sentencia T -830 de 2005 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), la Corte se ocupó de una acción de tutela que formuló un ciudadano c ontra la Superintendencia de Sociedades porque, en el marco de un proceso de liquidación de una sociedad privada, no incluyó por extemporáneo el crédito laboral (acreencias laborales) que había sido reconocido a favor de aquel en sentencia ordinaria laboral del año 2003. En el año 2004 finalizó la existencia jurídica de la sociedad obligada. En esa ocasión se identificó que, siendo una obligación de dar, la tutela era improcedente ante la posibilidad de acudir al proceso

aquel en sentencia ordinaria laboral del año 2003. En el año 2004 finalizó la existencia jurídica de la sociedad obligada. En esa ocasión se identificó que, siendo una obligación de dar, la tutela era improcedente ante la posibilidad de acudir al proceso ejecutivo como mecanismo idóneo y eficaz, en tanto en el proceso de liquidación de debe disponer de la constitución de una reserva legal para atender obligaciones condicionales o sujetas a litigio. Por lo tanto, la Corte estimó que el actor debía iniciar el trámite de ejecución sobre dichos remanentes.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 7 de 10

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56. En este orden de ideas, la jurisprudencia constitucional ha aceptado que el cumplimiento de las decisiones judiciales es una faceta esencial de los derechos de debido proceso y de acceso a la administración de justicia, y que la vigencia de un orden justo impone que el derecho reconocido no se torne nugatorio, sino que se pueda asegurar el efectivo cumplimiento de lo ordenado mediante la tutela judicial efectiva, lo cual impone contar con los medios de defensa idóneos y eficaces para procurar la garantía del derecho consignado en el fallo judicial.”

En tal sentido cuando se trata de la solicitud de cumplimiento de una obligación de hacer, en la que el proceso ejecutivo no goza de la misma efectividad, su cumplimiento puede ordenarse a través de esta acción constitucional, en aras de garantizar los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

obligación de hacer, en la que el proceso ejecutivo no goza de la misma efectividad, su cumplimiento puede ordenarse a través de esta acción constitucional, en aras de garantizar los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Es más, incluso cuando se trata de una obligaci ón de dar, en la que el medio de control procedente es la vía ejecutiva, la Corte Constitucional señaló que la acción de tutela es procedente “(i) (…) la autoridad que debe cumplir lo ordenado en la sentencia se niega a hacerlo, sin justificación razonable. (ii) Cuando la omisión o renuencia a cumplir la orden emanada de la decisión judicial quebranta directamente los derechos fundamentales del peticionario, en consideración con las especiales circunstancias en las que se encuentra. (iii) Cuando el mecanismo ordinario establecido en el ordenamiento jurídico para proteger el derecho fundamental carece de idoneidad, por lo que no resulta efectivo para su protección.”14

7.4. Caso concreto

Si bien en el presente proceso no se aportó prueba alguna relacionada con la existencia de sentencia judicial en firme a favor de la accionante, si se encuentra probado que la accionante elevó petición el 15 de febrero de 2024 con radicado HUILA20240215F45206 15, y según lo expuesto en el escrito de tutela esta petición pretende el cumplimiento a la sentencia ejecutoriada donde se ordenó el reconocimiento del 75% del salario promedio devengado por la accionante durante su último año de servicio, incluyendo todos los factores salariales percibidos en su pensión de jubilación, afirmación que no fue controvertida por la

del salario promedio devengado por la accionante durante su último año de servicio, incluyendo todos los factores salariales percibidos en su pensión de jubilación, afirmación que no fue controvertida por la Fiduprevisora como vocera y administradora del Fomag en el escrito de contestación a la tutela, y al no emitir pronunciamiento alguno la Secretaría de Educación departamental dentro de esta acción constitucional, se presume la veracidad de lo expuesto en el escrito de tutela conforme lo establece el artículo 20 del decreto 2591 de 1991.

Además, la Fiduprevisora, tanto al contestar la acción de tutela como en el escrito de impugnación, reconoce que el trámite de la petición elevada por la actora se encuentra en la etapa de validación por parte de esta entidad, sin que a la fecha se haya allegado prueba alguna de haberse dado respuesta a esta petición, así:

14 Sentencia T-560 de 2014 15 Pág. 197 y 198, archivo 001, carpeta zip, índice 4 samai primera instancia,TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 8 de 10

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Como se advierte de lo señalado por la Corte Constitucional, la petición de cumplimiento de sentencia se equipara a un derecho de petición, conforme la definición establecida en el artículo 13 de la ley 1437 de 2011 sustituido por el 1 de la le ley 1755 de 2015, pues otra cosa es el

de cumplimiento de sentencia se equipara a un derecho de petición, conforme la definición establecida en el artículo 13 de la ley 1437 de 2011 sustituido por el 1 de la le ley 1755 de 2015, pues otra cosa es el plazo que la autoridad administrativa tiene para el cumplimiento de la sentencia que es de 30 días (Art. 192 de la ley 1437 de 2011), pero esto no inhibe al interesado de ejercer el derecho fundamental de petición y a la entidad de responderle, bien indicándole que aún tiene plazo para cumplirla o el trámite que está o ha realizado para su acatamiento, todo lo cual es diferente a la opción que también tiene el titular del derecho de ejercer la ejecución de la sentencia, sin que esto tampoco inhiba el ejercicio del derecho fundamental de petición en aras que la sentencia le sea cumplida.

Así las cosas, luego de haber transcurrido más de un año desde la radicación de la petición, sin que la accionante hubiese recibido respuesta alguna, se configura la vulneración de los derechos de petición y debido proceso de la accionante, pues conforme lo establece la misma accionada Fiduprevisora SA, estas peticiones dan inicio a un procedimiento regulado en el ordenamiento jur ídico que debe surtirse previo a emitir la respuesta respectiva.

En tal sentido, el Decreto 1272 de 2018 en sus artículos 2.4.4.2.3.2.1. y 2.4.4.2.3.2.2. establece el proce dimiento para la radicación de las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de prestaciones sociales del magisterio, indicando que estas se deben presentar ante las secretarías de educación certificadas

solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de prestaciones sociales del magisterio, indicando que estas se deben presentar ante las secretarías de educación certificadas en educaci ón, quienes son las encargadas de recibir y radicar las solicitudes y expedir el proyecto de acto administrativo el cual debe subir a la plataforma con su respectivo expediente para que sea revisado por la sociedad fiduciaria, y una vez aprobado por este, la secretaría de educación debe suscribir el acto administrativo de reconocimiento, el cual debe ser enviado a la sociedad Fiduciara con su constancia de ejecutoria, para efectos del pago.

El parágrafo del artículo 2.4.4.2.3.2.2. expresamente dispone que “Todos los actos administrativos que sean expedidos por la entidad territorial certificada en educación, a través de los cuales se reconozcan prestaciones económicas a los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, deberán contar con la aprobación previa por parte de la sociedad fiduciaria , so pena de incurrir en las responsabilidades de carácter disciplinario, fiscal y penal correspondientes.”TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 9 de 10

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Demandante : Luz Aurora Pastrana Rivera Demandado : Departamento del Huila Radicación : 41 001 33 33 009 2024 00393 01

Con base en lo anterior, a efectos de determinar la entidad responsable de emitir la respuesta a la accionante, que el juez identificó como el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y que esta entidad afirma en la impugnación no es de su c ompetencia por no ser

de emitir la respuesta a la accionante, que el juez identificó como el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y que esta entidad afirma en la impugnación no es de su c ompetencia por no ser la autoridad encargada de emitir el acto administrativo, la Sala evidencia que si bien se encuentra acreditado que la Secretaría de educación departamental del Huila ya adelantó la primera parte del procedimiento y subió a la platafor ma el proyecto de acto administrativo que se encuentra para la revisión de la Fiduprevisora SA, lo cierto es que conforme a la norma expuesta, en este trámite interviene tanto la FIDUPREVISORA, como entidad administradora del FOMAG, y la Secretaría de Educ ación territorial certificada, en este caso, la Secretaría de Educación del Departamento del Huila, y hasta que no se emita una respuesta de fondo no se atenúa la responsabilidad de ninguna de ellas , no pudiendo trasladarse al usuario la carga del trámite administrativo que internamente deban realizar las entidades para resolver de fondo su solicitud.

Así las cosas, como se trata de una solicitud en la que tanto la Fiduprevisora como la Secretaría de Educación del Departamento del Huila intervienen, las dos entidades son las llamadas a atender de fondo la solicitud de la accionante, y en consecuencia se modificará el fallo de primera instancia en tal sentido, considerando la Sala que si bien la orden se dio al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, conforme lo expuesto en el recurso de impugnación y la norma transcrita, quien tiene la competencia para r