TA CHO - 27001333300220210027901-(30-09-2022)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Cuarta de Decisión

Neiva, dieciocho de febrero de dos mil veinticinco

MAG. PONENTE: RAMIRO APONTE PINO

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD

DEMANDANTE: MARÍA NANCY VILLALBA MOTTA DEMANDADO: MUNICIPIO DE RIVERA Y OTROS RADICACIÓN: 41 001 33 33 001-2018-00274-01

PROVIDENCIA: SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA

ACTA: 10A

I. EL ASUNTO.

Resuelve la sala el recurso de apelación instaurado por los sucesores procesales de la demandada Marina Ramos Calderón (qepd) contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Neiva el 27 de junio de 2023.

II. ANTECEDENTES.

1. La demanda.

Actuando por conducto de apoderado judicial, la señora María Nancy Villalba Motta promueve el medio de control de nulidad contra el municipio de Rivera y contra los señores Oliverio, Cecilia, Ana Yibe, Luz Marina, Amparo, Azucena, Floralba y Salomón Ramos Calderón; en procura de que se nulite la resolución 0311 del 23 de octubre de 2014, “por medio del cual se da en venta un lote de propiedad del municipio”.

2. Fundamentación fáctica.

Como sustento de orden fáctico, aduce lo siguiente:

a. Por conducto de la resolución 0311 del 23 de octubre de 2014, el municipio de Rivera dio en venta a la familia Ramos Calderón el lote ubicado

Como sustento de orden fáctico, aduce lo siguiente:

a. Por conducto de la resolución 0311 del 23 de octubre de 2014, el municipio de Rivera dio en venta a la familia Ramos Calderón el lote ubicado en la calle 4 No 1-214, identificado con la matrícula inmobiliaria 200-231104 (escritura pública 3528 del 10 de octubre de 2013) y ficha catastral 01-000054-0008-000.

b. Durante el proceso de venta , la administración omitió realizar una “inspección judicial” para medir y precisar el terreno sobre el cual ejerce posesión la familia Ramos Calderón, y es falso que la extensión del mismoMaría Nancy Trujillo Motta vs Municipio de Rivera 41001-33-33-001-2018-00274-01

2 sea de 270 m2, porque los actos de señor y dueño los han realizado sobre una porción de dicha área.

3. Fundamentación legal.

Considera que la resolución enjuiciada adolece de falsa motivación, porque no se tuvo en cuenta el terreno que le cor respondía a otros poseedores (incluida la demandante y la señora Albenis Motta Cortés).

Así mismo, el valor pagado por el predio es insignificante ($610.000) , teniendo en cuenta su extensión y ubicación. Suma que no fue tasada por un perito evaluador (como correspondía).

Adicionalmente, el municipio no realizó una inspección al lote (no hay constancia de ello); lo cual, era necesario, teniendo en cuenta las manifestaciones de interés por parte de algunas personas sobre la situación jurídica del bien ; amén de que el ente territorial conocía la dirección de

constancia de ello); lo cual, era necesario, teniendo en cuenta las manifestaciones de interés por parte de algunas personas sobre la situación jurídica del bien ; amén de que el ente territorial conocía la dirección de notificaciones de los posibles afectados con la venta.

4. La oposición.

a. Oliverio, Cecilia, Ana Yibe, Luz Marina, Amparo, Azucena, Floralba y Salomón Ramos Calderón.

Luego de referirse a cada uno de los hechos, se opusieron a la prosperidad de las pretensiones, y como medios defensivos propus ieron las siguientes excepciones:

a. Caducidad.

Si la demandante se consideraba afectada con la venta, debió promover el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la resolución 0311 del 23 de octubre de 2014; oportunidad que ya feneció.

b. Indebida escogencia de la acción o del medio de control.

Insiste que se debió promover el referido medio de control , p orque la accionante esgrime un interés propio y directo (poseedora de una extensión del predio dado en venta a la familia Ramos Calderón).

c. Inexistencia de la falsa motivación.

En el acto demandado se individualizó en debida forma el bien objeto de venta (dirección, ficha catastral y matrícula inmobiliaria) y se fijó un precio, de acuerdo con los estudios realizados en su momento.María Nancy Trujillo Motta vs Municipio de Rivera 41001-33-33-001-2018-00274-01

3 Así mismo, el procedimiento administrativo se realizó en debida forma ;

de acuerdo con los estudios realizados en su momento.María Nancy Trujillo Motta vs Municipio de Rivera 41001-33-33-001-2018-00274-01

3 Así mismo, el procedimiento administrativo se realizó en debida forma ; amén de que el concejo de Rivera autorizó la venta del inmueble, y la misma se perfeccionó por las siguientes razones:

1. los compradores ocupaban el predio mucho antes del 30 de novie mbre de 2001 (hecho notorio), ii) por conducto del acuerdo 008 del 25 de julio de 2013 , el concejo autorizó la venta, iii) se elaboró y registró la correspondiente escritura y, iv) el precio pactado fue pagado.

De igual manera, existe una conciliación (acta allegada al proceso) con la que se saneó la “longitud” del predio y se acordó la entrega del lote que le corresponde a la demandante.

d. Carencia de idoneidad probatoria.

La parte actora no aportó pruebas idóneas, pertinentes y conducentes para demostrar el vicio alegado.

b. Municipio de Rivera.

No se opuso a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que el bien ubicado en la calle 4 No 1-214 de Rivera solo podía venderse mediante licitación pública, de acuerdo con lo preceptuad o en los artículos 35 y 36 de la Ley 9 de 1989, y demás normas concordantes.

Así mismo, asegura que para establecer el precio base de venta se debía tener en cuenta el artículo 27 del Decreto 2150 de 1995 y el Decreto 1420 de 1998.

En consecuencia, formuló oferta de revocatoria directa con devolución del

Así mismo, asegura que para establecer el precio base de venta se debía tener en cuenta el artículo 27 del Decreto 2150 de 1995 y el Decreto 1420 de 1998.

En consecuencia, formuló oferta de revocatoria directa con devolución del dinero pagado ($610.800).

5. El trámite de la oferta de revocatoria y citación a la audiencia inicial.

El 23 de septiembre de 2020 se puso en conocimiento de las partes la oferta de revocatoria directa; la cual, fue aceptada por la accionante, quien solicitó que se citara a la audiencia de conciliación (artículo 180-8º del Cpaca).

Por su parte, los señores Oliverio, Cecilia, Ana Yibe, Luz Marina, Amparo, Azucena, Floralba y Salomón Ramos Calderón se opusieron; argumentando que previamente expresaron que no consentían que el municipio revocara directamente el acto demandado.

Con el fin de que las partes llegaran a un acuerdo, el 31 de mayo de 2021 el a quo citó a audiencia inicial.María Nancy Trujillo Motta vs Municipio de Rivera 41001-33-33-001-2018-00274-01

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6. Traslado alegatos.

El 28 de junio de 2021 el a quo prescindió de la audiencia inicial, fijó el litigio, decretó pruebas , declaró no probadas las excepciones (indebida escogencia del medio de control y caducidad ) y corrió traslado a las partes para alegar, quienes manifestaron lo siguiente:

a. Parte demandante.

Insiste que el acto demandado adolece de falsa motivación , porque no se

escogencia del medio de control y caducidad ) y corrió traslado a las partes para alegar, quienes manifestaron lo siguiente:

a. Parte demandante.

Insiste que el acto demandado adolece de falsa motivación , porque no se verificó la extensión del bien ni a sus poseedores, y porque se acreditó que la demandante compró el 2 de febrero de 1992 una porción (89 m 2) del bien dado en venta.

b. Oliverio, Cecilia, Ana Yibe, Luz Marina, Amparo, Azucena, Floralba y Salomón Ramos Calderón.

Reiteraron los argumentos esbozados en la contestación de la demanda, recalcando que el municipio de Rivera no puede desconocer sus propios actos (respeto de los principios de buena fe y confianza legítima).

c. Municipio de Rivera.

Se pronunció extemporáneamente.

d. Ministerio Público.

No rindió concepto.

7. El fallo impugnado.

El 27 de junio de 2023 el Juzgado Primero Administrativo de Neiva declaró no probadas las excepciones propuestas por los litisconsortes necesarios y declaró la nulidad de la resolución 0311 del 23 de octubre de 2014.

Como sustento, realizó un análisis de “los bienes del Estado en la Constitución de 1991”, y consideró acreditados los siguientes hechos:

a. Mediante la escritura pública 3528 del 17 de octubre de 2013 de la Notaría Tercera de Neiva, la Nación le cedió un baldío urbano al municipio de Rivera, de acuerdo con la instrucción administrativa 18 de 2009 (artículo

a. Mediante la escritura pública 3528 del 17 de octubre de 2013 de la Notaría Tercera de Neiva, la Nación le cedió un baldío urbano al municipio de Rivera, de acuerdo con la instrucción administrativa 18 de 2009 (artículo 123 de la Ley 399 de 1997) . Situación, que además se constata con el certificado de tradición del 23 de octubre de 2014 (matrícula 200-231104).María Nancy Trujillo Motta vs Municipio de Rivera 41001-33-33-001-2018-00274-01

5 b. A través del acuerdo 008 del 25 de julio de 2013, el concejo de Rivera autorizó al alcalde para vender algunos inmuebles de propiedad del municipio.

c. El 17 de octubre de 2014 el alcalde expidió un edicto emplazatorio dando a conocer la solicitud de compra del lote ubicado en la calle 4 No. 1-24 este (área de 270 m2 y matrícula inmobiliaria 200-231104); el cual, se fijó en la cartelera municipal.

d. Por conducto de la r esolución 0311 del 23 de octubre de 2014, el municipio de Rivera dio en venta el predio a los señores Oliverio, Cecilia, Ana Yibe, Luz Marina, Amparo, Azucena, Floralba y Salomón Ramos Calderón, por un valor de $610.800.

Dicho acto fue notificado a los beneficiarios el 25 de octubre de 2014

e. El 5 de noviembre de 20 14, la señora María Nancy Villalba Motta le solicitó al municipio información respecto del inmueble ubicado en la calle

Dicho acto fue notificado a los beneficiarios el 25 de octubre de 2014

e. El 5 de noviembre de 20 14, la señora María Nancy Villalba Motta le solicitó al municipio información respecto del inmueble ubicado en la calle 4 “salida a termales”, aportando los documentos que acredita ban su interés en el mismo.

f. Por medio del oficio Spi 0779 del 11 de noviembre de 2014, la secretaría de planeación del municipio de Rivera puso en conocimiento de los señores Ramos Calderón la comunicación y anexos aportados por la demandante , quienes solicitaron no tener en cuenta tal oposición.

g. A través de los oficios Spi 0237 y 0238 del 12 de marzo de 2015 , la misma secretaría le informó a la familia Ramos Calderón y a la señora María Nancy Villalba Motta, que el 14 de marzo de 2015 se realizaría la medición para determinar el área del lote y definir las inquietudes presentadas.

h. Los señores Ramos Calderón no expresaron su consentimiento al municipio de Rivera para que revocara de forma la resolución 0311 del 23 de octubre de 2014.

1. El municipio de Rivera se abstuvo de suscribir la e scritura de venta , teniendo en cuenta la reclamación planteada por la señora Albenis Motta Cortés (derecho adquirido porque suscribió un contrato de compra venta con la señora Carmen Calderón de Ramos).

j. Los señores Ramos Calderón le han solicitado en varias oportunidades al municipio la suscripción de la correspondiente escritura pública.

k. La secretaría de planeación certificó que el bien inmueble identificado

con la señora Carmen Calderón de Ramos).

j. Los señores Ramos Calderón le han solicitado en varias oportunidades al municipio la suscripción de la correspondiente escritura pública.

k. La secretaría de planeación certificó que el bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 200-231104, se encuentra ubicado en suelo urbano (suelo residencial comercial o suelo residencial tipo II) , el cual fueMaría Nancy Trujillo Motta vs Municipio de Rivera 41001-33-33-001-2018-00274-01

6 adquirido por el municipio mediante la escritura pública 3528 del 17 de octubre de 2013.

l. En ese orden de ideas, concluyó que el predio objeto de la presente controversia es un bien fiscal (Ley 388 de 1997), y solo se puede utilizar para los fines previstos en el plan de ordenamiento territorial (construcción de vías públicas, espacio urbano, servicios públicos y programas de vivienda de interés social).

Ahora bien, salvo las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico, los municipios pueden enajenar este tipo de bienes, pero mediante licitación, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 36 de la Ley 9 de 1989 y el Decreto 1082 de 2015 ; cuya base de venta se determinará mediante avalúo.

En el acto demandado se indica que el predio tiene un área de 270 m 2, y no obra en el expediente administrativo un informe o inspección que permita establecer su verdadera área; habida cuenta de que la familia de la demandante ejerce la tenencia del 50% del bien desde el 2 de octubre de 1992, con base en la venta de los derechos que le correspondían sobre

permita establecer su verdadera área; habida cuenta de que la familia de la demandante ejerce la tenencia del 50% del bien desde el 2 de octubre de 1992, con base en la venta de los derechos que le correspondían sobre el predio realizada por la señora Carmen Calderón de Ramos a la señora Albenis Motta Cortés.

Así mismo, de acuerdo con la conciliación suscrita entre la demandante y los litisconsortes necesarios (acta 016 del 10 de junio de 2019), cada parte ejerce la tenencia sobre un porcentaje del bien objeto de venta; y a dicho pacto no le han dado cumplimiento.

Adicionalmente, para la fijación del precio del bien no se realizó el correspondiente avalúo comercial, y se desconocen los criterios que tuvo en cuenta la administración local para el efecto.

En ese orden de ideas , la resolución 0311 del 23 de octubre de 2014 desconoce las leyes 137 de 1959, 9 de 1989 y 388 de 1997, incurriendo en falsa motivación.

8. La impugnación.

Inconformes, los sucesores procesales de la señora Luz Marina Ramos Calderón interpusieron el recurso de apelación; planteando los siguientes argumentos de disenso:

a. La sentencia desconoce el principio dispositivo y carece de congruencia, porque a pesar de que la parte demandante únicamente adujo la falsa motivación, a partir de la extensión del terreno y de su precio, el a quoMaría Nancy Trujillo Motta vs Municipio de Rivera 41001-33-33-001-2018-00274-01

7 extendió el problema jurídico para determinar si el acto se expidió con vulneración del ordenamiento jurídico.

41001-33-33-001-2018-00274-01

7 extendió el problema jurídico para determinar si el acto se expidió con vulneración del ordenamiento jurídico.

Dicha situación no pudo ser advertida en su momento , porque el a quo convocó a audiencia inicial y posteriormente prescindió de la misma, y en ella las partes habrían podido zanjar las diferencias respecto de la extensión del lote (extrajudicialmente los interesados en el predio llegaron a un acuerdo en ese sentido).

En esa medida, el a quo solo debía analizar los sigu ientes supuestos y señalar si se probaron (lo cual no ocurrió): i) inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho , ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad , iii) el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y, iv) los motivos que sirven de fundamento al acto no justifican la decisión.

b. En el escrito de subsanación de la demanda no se especifica con claridad la normatividad superior vulnerada y el concepto de dicha vulneración.

Además, detrás de la demanda fluyen los intereses particulares de la señora Albenis Motta Cortés , quien nunca agotó la vía administrativa y utilizó el medio de control de simple nulidad para “enmascarar” el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; el cual, se encuentra caduco.

c. Se omitió decretar pruebas de oficio para determinar el tiempo que “mis clientes y sus ancestros” llevan “habitando” el predio, y poder identificar que la demandante persigue la nulidad y el restablecimiento de un derecho.

c. Se omitió decretar pruebas de oficio para determinar el tiempo que “mis clientes y sus ancestros” llevan “habitando” el predio, y poder identificar que la demandante persigue la nulidad y el restablecimiento de un derecho.

Así mismo, la no realización de la audiencia inicial (oportunidad para conciliar y decretar pruebas de oficio) implicó que solo se tuvieran en cuenta las aportadas por la parte demandante.

d. Se configura una indebida valoración probatoria, p orque no se advirtió el interés particular de la demandante con la conciliación extrajudicial que suscribió con los litisconsortes necesarios.

De igual manera, no fue valorada la “Guía Metodológica 6 de Saneamiento y Titulación de la Propiedad Pública Inmobiliaria expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial” ISBN 958-97785-0-X, Diciembre del 2005, páginas 44 y 45”.

e. Los compradores del predio obraron de buena fe, por haberse surtido el siguiente procedimiento: i) expedición del acuerdo 008 del 25 de julio de 2013 (incorporación de bienes al patrimonio del municipio), ii) elaboración de la escritura 3528 del 17 de octubre de 2013, iii) transferencia del dominio mediante la resolución 0311 del 23 de octubre de 2014.María Nancy Trujillo Motta vs Municipio de Rivera 41001-33-33-001-2018-00274-01

8 Sin embargo, el municipio de Rivera se ha negado a protocolizar la escritura de venta, desconociendo sus propios actos.

En definitiva, para la adjudicación del baldío urbano se siguió el

8 Sin embargo, el municipio de Rivera se ha negado a protocolizar la escritura de venta, desconociendo sus propios actos.

En definitiva, para la adjudicación del baldío urbano se siguió el procedimiento previsto pa ra quienes ocupaban bienes antes del 30 de noviembre de 2001.

En efecto, la familia Ramos Calderón es “propietaria” del predio desde el mes de octubre de 1936 (han pagado los i mpuestos y los servicios públicos) . Dato no informado por el municipio para inducir en error al juzgador.

Las pruebas de ese hecho sí fueron aportadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por los señores Anayibe Ramos Calderón y otros contra el municipio de Rivera (rad. 41001333300520200005100).

f. La sentencia soslaya los artículos 1, 42, 53, 58, 70 y 90 del estatuto superior, relacionados con la dignidad humana, buena fe, derecho a la propiedad privada y responsabilidad extracontractual del Estado.

Así mismo, se de sconocieron los artículos 5, 9, 11, 17, 21 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

También se vulneró el debido proceso, porque en la parte resolutiva de la sentencia no se indican cuales recursos se pueden interponer; afectando el derecho a la doble instancia.

Finalmente, “este proceso por tratarse de una situación familiar con raigambre constitucional y derechos fundamentales, no puede ser analizada sólo desde un enfoque iuspositivista mediante regla de subsunción. Al tratarse de un predio que es habitado desde hace más de ochenta años es necesario que se tenga en consideración principios

constitucional y derechos fundamentales, no puede ser analizada sólo desde un enfoque iuspositivista mediante regla de subsunción. Al tratarse de un predio que es habitado desde hace más de ochenta años es necesario que se tenga en consideración principios y derechos fundamentales los cuales incluso deberá ser analizados mediante el test de ponderación”.

9. Alegaciones de conclusión en segunda instancia.

a. Parte demandante.

Guardó silencio.

b. Oliverio, Cecilia, Ana Yibe, Luz Marina (sucesores procesales), Amparo, Azucena, Floralba y Salomón Ramos Calderón.

No se pronunciaron.María Nancy Trujillo Motta vs Municipio de Rivera 41001-33-33-001-2018-00274-01

9 c. Municipio de Rivera.

No se pronunció.

d. Ministerio Público.

No rindió concepto.

III. CONSIDERACIONES.

1. Cuestión previa.

Al interponer el recurso de apelación, el apoderado de los sucesores procesales de la señora Luz Marina Ramos Calderón solicitan que de oficio se decreten las siguientes pruebas:

“1. Se solicite el traslado de las pruebas que obran dentro del expediente con Radicado No. 41001333300520200005100, Medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho ANAYIBE RAMOS CALDERÓN Y OTROS contra MUNICIPIO DE RIVERA, el cual cursa en el JUEZ QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL de Neiva – Huila.

2. Como prueba que fue aportada dentro de la oportunidad procesal, pero que no fue

cursa en el JUEZ QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL de Neiva – Huila.

2. Como prueba que fue aportada dentro de la oportunidad procesal, pero que no fue valorada en la primera instancia se anexa nuevamente la Guía Metodológica 6 de Saneamiento y Titulación de la Propiedad Pública Inmobiliaria expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial” ISBN 958-97785-0-X, diciembre del 2005, páginas 44 y 45”: Adjudicación de Baldíos Urbanos, para que s u contenido y la normatividad y su aplicación allí explicada sean valorada para el presente caso”.

Al respecto, huelga recordar que el artículo 212 del Cpaca, establece que en la segunda instancia solo procede el decreto de pruebas i) cuando las partes l as pidan de común acuerdo; ii) cuando se niegan en primera instancia, o cuando a pesar de haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió; iii) cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para p edir pruebas en primera instancia, pero solo para demostrar o desvirtuar estos hechos; iv) cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria y, v) cuando con ell as se pretendan desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3º y 4º.

De igual manera, el artículo 213, ibídem, regula el decreto de pruebas de oficio y las de mejor proveer. Las primeras se pueden decretar en cualquiera de la s instancias junto con las pedidas por las partes para el esclarecimiento de la verdad . Las segundas pueden decretarse antes de

oficio y las de mejor proveer. Las primeras se pueden decretar en cualquiera de la s instancias junto con las pedidas por las partes para el esclarecimiento de la verdad . Las segundas pueden decretarse antes de dictar sentencia (oídas las alegaciones de las partes) para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda.María Nancy Trujillo Motta vs Municipio de Rivera 41001-33-33-001-2018-00274-01

10 Tomando como marco de reflexión la s anteriores preceptivas, se deniega el traslado de las pruebas que obran en el expediente radicado bajo el número 41001333300520200005100, porque no se encuentra acreditado ninguno de los supuestos que justifique decretar pruebas en segunda instancia, y tampoco advierte la existencia de puntos oscuros que amerite proceder a decretar medios de convicción para mejor proveer; amén de que en la solicitud no se individualizan los documentos que presuntamente resultarían pertinentes y útiles para resolver la presente controversia.

Lo mismo ocurre con la guía metodológica, porque ya fue incorporada y su valoración será un aspecto a resolver en el análisis de fondo.

2. La competencia del ad quem.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153 del Cpaca, ésta corporación es competente para resolver los recursos de apelación, y en razón a que solo impugnaron los sucesores procesales de la señora Luz Marina Ramos Calderón; al tenor de lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso1, el análisis del asunto se limitará a las inconformidades planteadas en el recurso.

3. El problema jurídico.

Calderón; al tenor de lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso1, el análisis del asunto se limitará a las inconformidades planteadas en el recurso.

3. El problema jurídico.

El sub lite se contrae a establecer si se debe revocar la sentencia; en especial, precisar: i) si se configuró una indebida escogencia del medio de control, ii) si el fallo desconoció el principio de congruencia, porque se analizó si el acto demandado se expidió con vulneración del ordenamiento jurídico, iii) si no se probó el vicio de la falsa motivación, iv) si se configuró una indebida valoración probatoria, v) si los compradores del predio obraron de buena fe y, vi) si el fallo desconoce principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política ( artículos 1, 42, 53, 58, 70 y 90) y en la Convención Americana de Derechos Humanos (artículos 5, 9, 11, 17, 21 y 25).

1Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubier e adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.María Nancy Trujillo Motta vs Municipio de Rivera 41001-33-33-001-2018-00274-01

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4. Lo probado.

En el sub lite se encuentra acreditado lo siguiente:

a. Por conducto del acuerdo 008 del 25 de julio de 2013, el concejo de

Rivera dispuso:

“ARTÍCULO PRIMERO. AUTORIZAR al Alcalde Municipal para vender los predios propiedad del Municipio a los propietarios de las viviendas construidas dentro de los programas de vivienda de interés social adelantados por la entidad territorial. El precio de la venta será el determinado para cada programa de vivienda.

Así mismo, autorizarlo para que celebre los contratos de compraventa sobre los bienes ejidos del Municipio, en cuyo caso el precio de la venta, será establecido acorde a las disposiciones legales, salvo los que a la fecha de entrada en vigencia de este acuerdo hayan sido pagados.

ARTÍCULO SEGUNDO. AUTORIZAR al Alcalde Municipal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1001 de 2005 o las normas que la modifiquen, a ceder a título gratuito a favor de los ocupantes los terrenos de propiedad del Municipio que sean

dispuesto en la Ley 1001 de 2005 o las normas que la modifiquen, a ceder a título gratuito a favor de los ocupantes los terrenos de propiedad del Municipio que sean bienes fiscales, siempre y cuando hayan sido ocupados ilegalmente para vivienda de interés social con anterioridad al 30 de noviembre de 2001…”.

b. Mediante escritura pública 3528 del 17 de octubre de 2013 se protocolizó la declaración de propiedad del municipio de Rivera sobre el inmueble baldío urbano ubicado en la calle 4 No 1 -214 (área de 270 m 2 y ficha catastral 01-00-0054-0008-000), con el fin de que la oficina de registro le asignara una matrícula inmobiliaria.

En la misma se indica que el municipio adquirió el inmueble “…por donación que le hizo La Nación al tenor del Artículo 7 de la Ley 137 de 1.959, donación asumida por el Municipio de Rivera Huila a través del Acuerdo No. 006 del 7 de Julio de 1.988, protocolizado mediante la escritura pública No. 775, otorgada en la Notaría Primera de Neiva Huila el 1 de marzo de 1.989, así como lo disp one el Artículo 123 de la Ley 388 de 1997”.

c. El 22 de octubre de 2013 dicho predio fue registrado con la matrícula 200-231104, figurando el municipio como propietario en virtud de “cesión de baldío urbano de la Nación… instrucción administrativa No. 18 de 2009”.

d. El 17 de octubre de 2014 la secretaría de planeación de Rivera fijó edicto en la cartelera municipal (durante 5 días), informado la solicitud de compra

baldío urbano de la Nación… instrucción administrativa No. 18 de 2009”.

d. El 17 de octubre de 2014 la secretaría de planeación de Rivera fijó edicto en la cartelera municipal (durante 5 días), informado la solicitud de compra de ese predio que presentó la familia Ramos Calderón y “emplazando” a todas las personas que se creyeran con derecho sobre el lote para que se pronunciaran en el mencionado término.

e. Por c onducto de la reso lución 0311 del 23 de octubre de 2014 , el municipio de Rivera dio en venta a la familia Ramos Calderón el lote de 270María Nancy Trujillo Motta vs Municipio de Rivera 41001-33-33-001-2018-00274-01

12 m2, ubicado en la calle 4 N. 1-214 (matrícula 200-231104 y ficha catastral 01-00-0054-0008-00), por un valor de $610.800.

f. El 25 de octubre siguiente ese acto fue notificado personalmente a la señora Cecilia Ramos Calderón (actuando en nombre propio y en representación de sus hermanos) ; quedando ejecutoriado el 1º de noviembre de 2014.

g. El 28 de octubre siguiente los compradores cancelaron la suma acordada.

h. El contrato de compraventa se consignó en un documento privado , suscrito el 30 de octubre de 2014 por el alcalde y la señora Luz Marina Ramos Calderón.

1. El 5 de noviembre de 2014 la demandante le informó al alcalde “lo concerniente al trámite de escrituración que se está llevando a cabo con respecto al

Ramos Calderón.

1. El 5 de noviembre de 2014 la demandante le informó al alcalde “lo concerniente al trámite de escrituración que se está llevando a cabo con respecto al

predio de la calle 4 salida a Termales, donde están solicitando los herederos de la señora RITA LUZ CALDERON, quienes solo tienen derecho al 50% y el otro 50% le corresponde a la señora ALBENIS MOTTA CORTES, C.C. 36.147.128, para fines de aclarar la situación a tiempo”.

Como anexos, aportó los siguientes documentos:

1. Recibos de