TA CHO - 27001333300220210029301-(30-09-2022)

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Magistrado: Enrique Dussán Cabrera Neiva Dieciocho (18) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante Aminta Ríos Castillo Demandado Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otros Radicación 41001-33-33-004-2024-00184-01

Asunto SENTENCIA Número: S-024

Acta de Sala N°. 011 De la fecha.

1. ASUNTO.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 5 de noviembre de 2024 , proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, que negó las pretensiones de la demanda.

2. DE LA DEMANDA1.

2.1. Las pretensiones

La señora Aminta Ríos Castillo solicita se declare la nulidad del acto ficto configurado el 5 de junio de 2020 , de la petición de fecha 4 de marzo de 2020 radicada bajo el No. HUI2020ER06684, ante el Departamento del Huila y Fomag, donde se solicita el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías reconocidas, en virtud de lo establecido en la ley 1071 de 2006 y ley 1955 de 2019.

A título de restablecimiento del derecho solicita se declare que tiene derecho a que la parte demandada Departamento del Huila reconozca, liquide y pague la sanción moratoria que equivale a un día de salario

1955 de 2019.

A título de restablecimiento del derecho solicita se declare que tiene derecho a que la parte demandada Departamento del Huila reconozca, liquide y pague la sanción moratoria que equivale a un día de salario por cada d ía de retardo, contados desde los 15 días siguientes al momento en que se radicó la solicitud de cesantía, de conformidad con el artículo 57 de la ley 1955 de 2019.

De igual manera, solicita se declare que tiene derecho a que la parte demandada La Nación – Ministerio de Educació n Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconozca, liquide y pague la sanción moratoria que equivale a un día de salario por cada

1 Expediente Digital Samai, Primera Instancia, índice 3 ver archivo “1_ActaReparto50MgDussan(.pdf)”TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 2 de 17

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día de retardo, contados desde los 45 días hábiles siguientes al momento en que quedó ejecutoriad o el acto administrativo que reconoció las cesantías, de conformidad a lo establecido en la ley 1071 de 2006.

Por último, solicita que en el fallo se reconozca, liquide y pague los intereses moratorios regulados en el artículo 192 y 195 numeral 4 del CPACA.

2.2. Los Hechos

de 2006.

Por último, solicita que en el fallo se reconozca, liquide y pague los intereses moratorios regulados en el artículo 192 y 195 numeral 4 del CPACA.

2.2. Los Hechos

Manifestó que, por laborar como docente en el Departamento del Huila, solicitó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el 25 de junio de 2019 el reconocimiento y pago de las cesantías, las cuales fueron reconocidas mediante la resolución No. 5387 del 26 de julio de 2019, siendo el plazo legal para expedir el acto administrativo el 17 de julio de 2019, el cual fue notificado el 14 de agosto de 2019, excediendo el término de los 45 días para cancelar las cesantías el 4 de octubre de 2019, pero la realizó el 17 de octubre de 2019, por lo que transcurrieron más de 28 días de mora contados a partir de los 70 días hábiles que tenían las entidades para reconocer y cancelar las cesantías hasta el momento en que se efectuó el pago

Afirmó que con petición de fecha 4 de marzo de 2020 radicaba bajo el número No. HUI2020ER06684 ante La Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fiduprevisora y Departamento del Huila, solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria , pasando más de 3 meses sin obtener respuesta, de tal suerte que se gener ó el silencio administrativo negativo.

Previo a la presentación de la demanda, la entidad convocada realizó el pago parcial por valor de $1.567.996, por lo que solicita el pago del

meses sin obtener respuesta, de tal suerte que se gener ó el silencio administrativo negativo.

Previo a la presentación de la demanda, la entidad convocada realizó el pago parcial por valor de $1.567.996, por lo que solicita el pago del excedente determinado en $2.090.660.

2.3. Normas violadas y concepto de la violación.

Consideró vulnerados la ley 91 de 1989 artículos 5 y 15; ley 244 de 1995 artículos 1, y 2, ley 1071 de 2006 artículos 4 y 5; ley 1955 de 2019 artículo 57; sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018-SUJ-012-S2 del 18 de julio de 2018, entre otras sentencias.

Señaló que conforme el ma rco normativo y jurisprudencial, tiene derecho a que, las demandadas, le reconozcan liquiden y paguen la sanción por mora, por el pago tardío de las cesantías, consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta el día que se hizo efectivoTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 3 de 17

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el pago, es decir a partir de la fecha en que se cumplió el término de 70 días que se contabiliza a partir de la fecha en que se radica la solicitud hasta la fecha d e pago de las cesantías; tal como lo contempló el

el pago, es decir a partir de la fecha en que se cumplió el término de 70 días que se contabiliza a partir de la fecha en que se radica la solicitud hasta la fecha d e pago de las cesantías; tal como lo contempló el Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018SUJ-012-S2 del 18 de julio de 2018, al señalar los términos en los cuales se debe reconocer la sanción moratoria, indicando que la administración para efectuar el pago efectivo cuenta con 70 días hábiles siguientes al día de la presentación de la solicitud; término que comprende 15 días hábiles para expedir la resolución de liquidación de las cesant ías, 10 días hábiles de ejecutoria, y 45 días hábiles para efectuar el pago de la prestación social

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

3.1. Departamento del Huila2.

Hace un recuento de la trazabilidad en el proceso de la cesantía parcial demandada, para el reconocimiento de la sanción moratoria, como se expone a continuación:

“...la solicitud de cesantías parciales presentada por AMINTA RIOS CASTILLO el 26 de junio del 2019, en virtud de la cual se expidió la Resolución 5387 del 26 de julio del 2019, mediante la cual se le reconoció la suma de $43,276,772 por concepto de cesantías parciales, acto administrativo que fue notificado en oportunidad el 14 de agosto del 20 19, cobró ejecutoria el 29 siguiente y el 02 de septiembre del 2019, fue remitida a la entidad fiduciaria con orden de pago bajo radicado HUI2019EE019039...”

cobró ejecutoria el 29 siguiente y el 02 de septiembre del 2019, fue remitida a la entidad fiduciaria con orden de pago bajo radicado HUI2019EE019039...”

Respecto de la petición del reconocimiento de sanción moratoria radicada, indicó lo siguiente:

“Al hecho 9°: No es cierto. Ya que la secretaria de Educación Departamental, si contesto la petición con radicado HUI202ER06684 del 04 DE MARZO DEL 2020, la contestación se realizó el día 07 de MARZO de 2020 mediante radicado HUI2020EE005560 donde se explica y da el debido tramite a la solicitud, por lo tanto, no operaria el silencio administrativo. Por otro lado si aplicaría “Sic” el fenómeno de la prescripción del derecho ya que la norma establece que son 3 años posteriores a la reclamación por lo tanto tendría para interponer la El “Sic” apoderado de la demandante con radicado HUI2020ER06684 del 4 de marzo de 2020 , solicita a la entidad que represento el reconocimiento y pago de la sanción moratoria objeto de reclamo en la presente demanda”.

En consecuencia, se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, al indicar que actuó dentro de sus limites y competencias, respetando la constitución , la ley y algunos lineamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado , por lo que propuso las siguientes excepciones:

2 ibidem, índice 14, ver archivo “17_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CONTESTACIONDEDEM(.pdf)”TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 4 de 17

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“I) INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER LAS PRETENSIONES; II)

BUENA FE EXCULPATORIA DE MORA; III) COMPARTIBILIDAD DE LA SANCIÓN MORATORIA; IV) CONDENA CON CARGO A TÍTULOS DE TESORERÍA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; V) LA INNOMINADA ; VI)

PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA”

3.2. Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio3.

El apoderado se op uso a todas las pretensiones de la demanda, fundamentando su defensa con el análisis normativo y jurisp rudencial de la forma como se debe liquidar las cesantías y los plazos para el pago de las mismas, como l a ley 91 de 1989 , ley 244 de 1995 modificada por la ley 1071 de 2006, artículo 56 de la ley 962 de 2005, Decreto reglamentario 2831 de 2005, ley 1955 de 2019 y sentencia de unificación 580 del 18 de julio de 2018 del Consejo de Estado.

Concluyó que la mora causada en el pago de la s cesantías esta en cabeza del ente territorial, al no haber expe dido el ac to administrativo de reconocimiento en el tiempo establecido por la ley.

Finalmente, propuso las siguiente excepciones: “INEPTA DEMANDA POR NO

cabeza del ente territorial, al no haber expe dido el ac to administrativo de reconocimiento en el tiempo establecido por la ley.

Finalmente, propuso las siguiente excepciones: “INEPTA DEMANDA POR NO DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL ACTO FICTO ALEGADO ; PAGO DE LA MORA CAUSA: CULPA DE UN TERCERO APLICACIÓN LEY 1955 DE 2019; IMPROCEDENCIA

DE LA INDEXACIÓN DE LA SANCIÓN MORATORIA; IMPROCEDENCIA DE

RECONOCIMIENTO DE SANCIÓN MORATORIA POR SER BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN RETROACTIVO DE CESANTÍAS; CONDENA CON CARGO A TÍTULOS DE TESORERÍA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ; ESTUDIO DE SITUACIONES QUE AMERITAN ABSTENERSE DE LA IMPOSICIÓN DE CONDENA EN COSTAS; DE LA AUSENCIA DEL DEBER DE PAGAR SANCIONES POR PARTE DE LA

ENTIDAD FIDUCIARIA; EXCEPCIÓN GENÉRICA”

3.3. Fiduciaria la Previsora S.A.4.

La apoderada de la sociedad Fiduciaria indic ó que, se opone a las pretensiones de la demanda, en la medida que, de conformidad con la Ley 1955 se tiene que la obligación recae exclusivamente en las entidades territoriales, ya que la Fiduciaria, no es una entidad con carácter territorial, pues de acuerdo con la decisión administrativa del Estado, se tiene que , la ent idad tiene el carácter de empresa social y comercial del estado, y al prestar su servicios financieros, cumple con su obligación que le instruye el fideicomitente, esto es, en el pago que expresamente se dicte en favor del docente.

comercial del estado, y al prestar su servicios financieros, cumple con su obligación que le instruye el fideicomitente, esto es, en el pago que expresamente se dicte en favor del docente.

Propuso las excepciones de: “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR

PASIVA; COBRO DE LO NO DEBIDO; ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA;

INDEBIDA COMPOSICIÓN DE LA PARTE PASIVA – FIDUPREVISORA S.A. ;

INEXISTENCIA EN LA RECLAMACIÓN DEL DERECHO; EXCEPCIÓN INNOMINADA”

3 ibidem, índice 12, ver archivo “5_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CONTESTACIONDEMANDA(.pdf)” 4 ibidem, índice 13, ver archivo “8_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CONTESTACION4100133(.pdf)”TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 5 de 17

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4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA5.

El Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva en sentencia proferida el 5 de noviembre de 2024 , declaró probada s las excepciones de inexistencia de la obligación a reconocer, buena fe exculpatoria de mora, cobro de lo no debido e inexistencia en la reclamación del derecho propuestas por el Departamento del Huila y la Fiduciaria La Previsora S.A; no aprobó la excepción de falta de legitimación en la

mora, cobro de lo no debido e inexistencia en la reclamación del derecho propuestas por el Departamento del Huila y la Fiduciaria La Previsora S.A; no aprobó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Fiduciaria La Previsora S.A.; negó las pretensiones de la demanda; condenó en costas a la parte demandante y se abstuvo de fijar agencias en derecho.

Señaló que, la Ley 91 de 1989 al no contemplar la figura de la sanción moratoria, por principio de favorabilidad se aplica lo consagrado en la Ley 1071 de 2006, pues no puede dársele un trato desigual a los docentes, negándoles un beneficio reconocido a todo s los demás servidores públicos; pues así lo ha establecido la Corte Constitucional en sentencia SU – 336 de 2017, en la cual se concluyó que debía aplicarse la Ley 1071 de 2006.

Indicó que en el presente caso la demandante solicitó el reconocimiento de c esantías parciales el 25 de junio de 2019 por intermedio de la Secretaría de Educación del Departamento del Huila y fueron reconocidas mediante Resolución No. 5387 del 26 de julio de 2019 y notificada el 14 de agosto de 2019 , quedando en debidamente ejecutoriad dicha decisión el 29 de agosto de 2019 ; suma que fue pagada a la docente el 17 de octubre de 2019.

Precisó que, la solicitud de cesantías fue presentada el 25 de junio de 2019, el Departamento del Hu ila contaba con 15 días hábiles , termino

pagada a la docente el 17 de octubre de 2019.

Precisó que, la solicitud de cesantías fue presentada el 25 de junio de 2019, el Departamento del Hu ila contaba con 15 días hábiles , termino que se extendía hasta el 27 de julio de 2019 y el ente territorial lo expidió el 26 de julio de 2019 es decir en tiempo; cobrando ejecutoria el 29 de agosto de 2019, por lo que, consideró que los cuarenta (45) días comenzaron a correr desde el 30 de agosto de 2019, cumpliéndose dicho plazo el 1 de noviembre de 2019, y como quiera que el pago de las cesantías se realizó el 17 de octubre de 2019; es decir, dentro del término, no se configuró la sanción moratoria alegada por la parte actora, lo que la llevo a declarar probadas las excepciones propuestas por las entidades demandadas.

De otro lado, manifestó que, en modo de discusión, de haberse causado la sanción moratoria, estaría probada la excepción de prescripción extintiva, en el entendido de que, la reclamación administrativa de

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reconocimiento y pago de la sanción moratoria se elevó ante la entidad accionada el día 4 de marzo de 2020, por lo que la solicitud de

Radicación: 41001-33-33-004-2024-00184-01

reconocimiento y pago de la sanción moratoria se elevó ante la entidad accionada el día 4 de marzo de 2020, por lo que la solicitud de conciliación extrajudicial debía presentarse hasta el 4 de marzo de 2023, sin embargo, solo tuvo lugar hasta el día 16 de abril de 2024, cuando ya estaba prescrito su derecho , por lo que trajo a colación pronunciamientos del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B, sentencia del 10 de septiembre de 2020 dentro del Rad. No. 08001-23-33-000-2013-0057901 (3482-15) con ponencia del Dr. Carmelo Perdomo Cuéter y sentencia del 23 de septiembre de 2010 dentro del Rad. N o. 47001-23-31-0002003-00376-01 (1201-08).

5. RECURSO DE APELACIÓN6.

La apodera de la parte actora, solicita se respeten los precedentes jurisprudenciales de la Sala Plena del Consejo de Estado contenidos en la Sentencia del 27 de marzo de 2007, Consejero Ponente: Dr. Jesús María Lemus Bustamante, Número Interno 2777 -2004, demandante José Bolívar Caicedo Ruíz y en la sentencia del 18 de julio de 2018, SUJSII-012-2018, al considerar que el a quo, trasgredió el debido proceso, al lesionar la interpretación adecuada a leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que regula el asunto de l litigio, pues consideró que se

SUJSII-012-2018, al considerar que el a quo, trasgredió el debido proceso, al lesionar la interpretación adecuada a leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que regula el asunto de l litigio, pues consideró que se encuentra demostrado, que el acto administrativo que reconoció la prestación económica solicitada se expidió por fuera del término dispuesto para ello en el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006, al indicar lo siguiente:

“... la petición de reconocimiento y pago de cesantías se formuló el día 25 DE JUNIO DE 2019, la cual, fue decidida mediante RESOLUCION No. 5387 DEL 26 DE JULIO DE 2019, se canceló el 14 DE AGOSTO DE 2019. Nótese que por la administración, en este caso, LA NACI ÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALFONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO se omitieron los términos para resolver y pagar la prestación social solicitada, pues, conforme con las disposiciones legales (artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006) el pago debió haberse efectuado a más tardar el día 17 DE JULIO DE 2019, fecha en la cual se vencía el término de los 27 que tenía para resolver y pagar la prestación peticionada. Así las cosas, en virtud de no haberse cancelado la cesantía reconocida en la fecha máxima para ello, aplicando las disposiciones legales que regulan el asunto, esto es, en 17 DE JULIO DE 2019, a partir del día 18 DE JULIO DE 2019 empezó a correr la mora a que se

aplicando las disposiciones legales que regulan el asunto, esto es, en 17 DE JULIO DE 2019, a partir del día 18 DE JULIO DE 2019 empezó a correr la mora a que se refiere el parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, mora que causó h asta el día anterior al pago de la prestación, esto es, 13 DE AGOSTO DE 2019, para un total de 25 días...”

Por lo que solicita se revoque la sentencia impugnada y se acceda a las pretensiones de la demanda.

6 ibidem, índice 26TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 7 de 17

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6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA.

Conforme lo regulado en el numera 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la L ey 2080 de 2020, y dado a que en el presente caso no es necesario decretar pruebas, no hubo lugar a correr traslado a las partes para alegar.

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

7.1. Competencia.

Como el proceso es de competencia de los jueces administrativos en primera instancia de conformidad con el artículo 155 numeral 2 en concordancia con el 156 inciso 3 del CPACA antes de la entrada en vigencia de la reforma efectuada con la ley 2080 de 2021, el Tribunal es

primera instancia de conformidad con el artículo 155 numeral 2 en concordancia con el 156 inciso 3 del CPACA antes de la entrada en vigencia de la reforma efectuada con la ley 2080 de 2021, el Tribunal es competente para conocer la segunda instancia, al así preverlo el artículo 153 ibidem y como quiera que se trata de la sentencia que decide el litigio planteado, esta es apelable de conformidad con el inciso primero del artículo 243 del CPACA.

7.2. Asunto jurídico a resolver.

Conforme a la apelación de la parte demanda nte, y acorde a lo establecido en el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, debe determinarse si el Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva, desconoció los precedentes jurisprudenciales de unificación del Consejo de Estado con respecto al reconocimiento y pago de la sanción por mora en el pago de cesantías señalado en la Ley 1071 de 2006, en consecuencia, si a la demandante le asiste el derecho a que se le reconozca y pague la sanción moratoria, conforme a lo dispuesto en la normatividad en comento.

Así mismo se estudiará de oficio, si ha operado el fenómeno de prescripción extintiva del derecho, lo que conllevaría a revocar la sentencia impugnada.

7.3. Del fondo del asunto.

7.3.1. La Sanción moratoria por el no pago de las cesantías docente

La Ley 244 de 1995 artículos 4 y 5, modificada por la Ley 1071 de 2006, fijó los términos para el reconocimiento y pago oportuno de las cesantías de los servidores del sector público, conforme a lo

La Ley 244 de 1995 artículos 4 y 5, modificada por la Ley 1071 de 2006, fijó los términos para el reconocimiento y pago oportuno de las cesantías de los servidores del sector público, conforme a lo consagrado en el artículo 123 de la Carta Política, considerando 15 díasTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 8 de 17

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para expedición del acto administrativo de reconocimiento, 10 días de notificación y 45 días para pago.

Respecto de la aplicación de dicha norma la Sección Segunda de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en Sentencia de Unificación CESUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018 concluyó:

“82. Por lo anterior, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido que a los docentes les son aplicables las Leyes 244 de 19954 y 1071 de 20065, que contemplan la sanción por mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidores públicos; siendo consonante esta posición, con la adoptada por la Corte Constitucional.”

7.3.2. De la entidad responsable del pago de la sanción moratoria a la luz del artículo 57 de la ley 1955 de 2019.

En primer lugar, la Sala considera necesario precisar que, respecto a la exigibilidad de la sanción moratoria, resulta importante establecer si

la luz del artículo 57 de la ley 1955 de 2019.

En primer lugar, la Sala considera necesario precisar que, respecto a la exigibilidad de la sanción moratoria, resulta importante establecer si existe o no acto escrito que reconoce las cesantías, y si este fue expedido dentro de los términos establecidos por el legislador, para tal efecto el Consejo de Estado en l a Sentencia de Unificación que viene siendo objeto de estudio, estableció:

“(…) 91. De conformidad con la exposición de las normas que contemplan el plazo para el reconocimiento de las cesantías parciales o definitivas, y pese a que el parágrafo del artículo 5º, previó la sanción respecto del incumplimiento en el pago, más no en el reconocimiento de la prestación social, de acuerdo con la teleología del legislador, se establece que precisamente una de las razones por las cuales se contempló la penalidad f ue en aras de establecer una limitación al defectuoso funcionamiento de la administración pública que debido a los procesos burocráticos y la corrupción posibilitaba cambiar el orden de radicación de las peticiones encaminadas al reconocimiento de la prest ación social, aprovechándose de la urgencia del empleado para proveer sus necesidades básicas y de su familia 7, o simplemente no emitiría el acto administrativo con el fin de que el plazo para la cancelación del valor no iniciase, y por ende, se condiciona ría la norma a la actuación de la entidad pública empleadora.

92. Es preciso indicar así, que el establecimiento de un término para el reconocimiento de la cesantía y de otro para que se efectúe su pago efectivo, busca proteger al trabajador garantizando el cometido de tal prestación, y que

92. Es preciso indicar así, que el establecimiento de un término para el reconocimiento de la cesantía y de otro para que se efectúe su pago efectivo, busca proteger al trabajador garantizando el cometido de tal prestación, y que justamente con ella, se pueda solventar la eventualidad para la cual la solicitó -parcialeso por la que se causó -definitivas-.

93. Así las cosas, no pueden confundirse los mencionados términos de expedición del acto de reconocimiento de la cesantía y de su pago efectivo, con el previsto por el legislador con el propósito de configurar una decisión presunta resultado del silencio a dministrativo, y menos para entender causada por ésta la sanción por mora; pues, esta penalidad se encuentra justificada por el simple incumplimiento de la obligación de pago, no por la

7 Gaceta del Congreso. Proyecto de Ley 38 de 1995. Senado de la República de ColombiaTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 9 de 17

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ficción legal de que la petición que sobre tal prestación se hizo no tuvo respuesta, asumiéndola como negativa por definición.

94. En criterio de la Sala, éste debe ser el real entendimiento de la sanción moratoria por no expedir el acto de reconocimiento en término, pues lo contrario sería asumir que la simple inacción de la administración impediría la

94. En criterio de la Sala, éste debe ser el real entendimiento de la sanción moratoria por no expedir el acto de reconocimiento en término, pues lo contrario sería asumir que la simple inacción de la administración impediría la causación de la penalidad analizada en esta sentencia, en detrimento de la filosofía de la cesantía y de los derechos del trabajador.” (Negrillas de la Sala)

Para mayor precisión realizó el siguiente cuadro para el conteo de los términos según la situación específica así (párrafo 115):

Y definió las siguientes reglas jurisprudenciales:

“3.5. Reglas jurisprudenciales que se dictan en la sentencia.

192. Considerando el auto del 1 de febrero de 2018 9, por el cual, el pleno de la Sección Segunda avocó conocimiento del presente asunto, con el fin de emitir

pronunciamiento sobre los siguientes aspectos:

1. ¿Cuál es la naturaleza del empleo de docente del sector oficial y si le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus modificaciones?

8 Se consideran los supuestos de los artículos 68 y 69 del CPACA según los cueles, la entidad tuvo 5 días para citar al peticionario a recibir notificación personal, 5 día s más para que comparezca, 1 día para entregarle el aviso, y 1 día para perfeccionar la notificación por este medio. Estas diligencias totalizan 12 días. 9 Folios 234 a 242 vto.

HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA

TÉRMINO PAGO

CESANTÍA

CORRE

MORATORIA

PETICIÓN SIN RESPUESTA No aplica 10 días, después de cumplidos 15 para expedir

HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA

TÉRMINO PAGO

CESANTÍA

CORRE

MORATORIA

PETICIÓN SIN RESPUESTA No aplica 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición

ACTO ESCRITO

EXTEMPORANEO

(después de 15 días) Aplica pero no se tiene en cuenta para el cómputo del término de pago 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición ACTO ESCRITO EN TIEMPO Personal 10 días, posteriores a la notificación 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación ACTO ESCRITO EN TIEMPO Electrónica 10 días, posteriores a certificación de acceso al acto 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación ACTO ESCRITO EN TIEMPO Aviso 10 días, posteriores al siguiente de entrega del aviso 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la entrega del aviso ACTO ESCRITO EN TIEMPO Sin notificar o notificado fuera de término 10 días, posteriores al intento de notificación personal 8 45 días posteriores a la ejecutoria 67 días posteriores a la expedición del acto

ACTO ESCRITO Renunció Renunció 45 días después de la renuncia 45 días desde la renuncia

personal 8 45 días posteriores a la ejecutoria 67 días posteriores a la expedición del acto

ACTO ESCRITO Renunció Renunció 45 días después de la renuncia 45 días desde la renuncia ACTO ESCRITO Interpuso recurso Adquirida, después de notificado el acto que lo resuelve 45 días, a partir del siguiente a la ejecutoria 46 días desde la notificación del acto que resuelve recurso

ACTO ESCRITO,

RECURSO SIN

RESOLVER Interpuso recurso Adquirida, después de 15 días de interpuesto el recurso 45 días, a partir del siguiente a la ejecutoria 61 días desde la interposición del recursoTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 10 de 17

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Aminta Ríos Castillo Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otros Radicación: 41001-33-33-004-2024-00184-01

1. En el evento en que la administración guarde silencio frente a la solicitud de reconocimiento de las cesantías definitivas o parciales, o se pronuncie de manera tardía. ¿A partir de qué momento se hace exigible la sanción por mora?

1. Cuál es el salario a tener en cuenta para liquidar la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas y parciales , prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006?

1. Cuál es e