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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

EJECUTIVO N° 41001-33-33-003-2018-00243-03

Demandante: Nancy Córdoba; Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, veinticinco (25) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

S A L A D E D E C I S I Ó N N º 5

MEDIO DE CONTROL: EJECUTIVO

DEMANDANTE: NANCY CÓRDOBA SERRANO

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL EXPEDIENTE: 41001-33-33-003-2018-00243-03

SENTENCIA: Nº TAH 005-25-02-031

TEMA: DIFERENCIA EN CAPITAL EJECUTADO Y

FIJACIÓN DE AGENCIAS EN DERECHO

MAGISTRADA PONENTE: NELCY VARGAS TOVAR

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad ejecutada contra la sentencia proferida en audiencia el 3 de diciembre de 2024 por el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, mediante la cual declaró no probadas las excepciones de confusión, prescripción y pago de la obligación en cumplimiento de un turno, y ordenó seguir adelante con la ejecución.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

La señora Nancy Córdoba Serrano presentó solicitud de ejecución de las

cumplimiento de un turno, y ordenó seguir adelante con la ejecución.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

La señora Nancy Córdoba Serrano presentó solicitud de ejecución de las sentencias dictadas el 28 de mayo de 2021 por el Juzgado Décimo Administrativo Transitorio de Neiva, y el 23 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Huila, a través de las cuales se condenó a la Nación – Rama Judicial , a reliquidar y pagar a la demandante las prestaciones sociales causadas a partir del 5 de enero de 2013 , y las que se causen a futuro, teniendo en cuenta la2

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EJECUTIVO N° 41001-33-33-003-2018-00243-03

Demandante: Nancy Córdoba; Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial bonificación judicial como factor salarial1.

1.1. Pretensiones:

Consecuencia de lo anterior, solicitó se libre mandamiento por el capital correspondiente a la condena impuesta, y por los intereses causados a partir del 14 de enero de 2022 , por ser la fecha de ejecutoria de la sentencia, hasta cuando se acredite el pago de la obligación.

1.2. Hechos:

Como fundamento fáctico 2, relató la parte actora que , en sentencia del 28 de mayo de 2021, el Juzgado Décimo Administrativo Transitorio de Neiva accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho N° 41001-33-33-003-2018-00243-00; declarando la nulidad de los actos

las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho N° 41001-33-33-003-2018-00243-00; declarando la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales se le negó la reliquidación de sus prestaciones sociales con inclusión de la bonificación judicial como factor salarial.

En virtud de ello, se condenó a la demandada a “reliquidar y pagar a favor de la señora NANCY CÓRDOBA SERRANO […] todas las prestaciones sociales causadas a partir del 5 de enero de 2013 y las que se causen a futuro, teniendo en cuenta la bonificación judicial como factor salarial”.

Luego, el Tribunal Administrativo del Huila dictó sentencia el 23 de noviembre de 202 1, en virtud de la cual confirmó la decisión de primera instancia , modificando el resolutivo tercero, en el sentido de precisar que se aplicaría la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad de la palabra “únicamente” contenida en el inciso 1 del artículo 1 del Decreto 0383 de 2013, y sus decretos modificatorios; decisión que quedó ejecutoriada el día 14 de enero de 2022.

Indicó que, el 2 de diciembre de 2022 presentó la primera solicitud de pago de la sentencia judicial ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, adjuntando los documentos requeridos para el efecto , procedimiento que repitió el 16 de febrero de 2023; sin embargo, a la fecha de radicación de la demanda ejecutiva, la entidad no había efectuado el pago de las sumas a las que se encontraba obligada.

2. Trámite Procesal en Primera Instancia

demanda ejecutiva, la entidad no había efectuado el pago de las sumas a las que se encontraba obligada.

2. Trámite Procesal en Primera Instancia

1 Índice 067 del expediente electrónico de primera instancia, visible en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial de la Jur isdicción Contenciosa Administrativa SAMAI. 2 Índice 067 del expediente electrónico de primera instancia, visible en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial de la Jur isdicción Contenciosa Administrativa SAMAI.3

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EJECUTIVO N° 41001-33-33-003-2018-00243-03

Demandante: Nancy Córdoba; Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

En auto del 5 de abril de 20243 se libró mandamiento ejecutivo a cargo de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , por concepto de capital indexado equivalente a $ 55.470.923, más los intereses moratorios generados desde el 14 de enero de 2022.

2.1. Oposición al mandamiento de pago:

La Nación – Rama Judicial4 se opuso a la s pretensiones ejecutivas, formula ndo como excepciones la confusión de la obligación respecto de los intereses, y la prescripción.

Para el efecto, sobre la confusión, expuso que la sentencia base de la ejecución genera intereses conforme al artículo 192 del C.P.A.C.A., en virtud del cual los beneficiarios cuentan con tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia para acudir ante la entidad a hacerla efectiva; so pena de cesar la causación de intereses “desde entonces hasta cuando se presente la solicitud”.

beneficiarios cuentan con tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia para acudir ante la entidad a hacerla efectiva; so pena de cesar la causación de intereses “desde entonces hasta cuando se presente la solicitud”.

Añadió que, el trámite de solicitud de pago de sentencias judiciales a cargo de entidades, se encuentra reglamentado en el Decreto 1068 de 2015 –adicionado por el Decreto 2469 del mismo año–; el cual prevé que, la solicitud “deberá ser presentada mediante escrito […]” (destacado del original).

En ese sentido, planteó que, aunque la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es deudora de la ejecutante, también es acreedora en cuanto a que le asiste el derecho de recibir los documentos prescritos por los citados decretos; y, en caso de no recibirlos, se extingue la obligación de intereses moratorios.

En cuanto a la prescripción, estimó que, al no presentar la solicitud de pago en el término indicado por el artículo 192 del C.P.A.C.A., “los demandantes pierden esos intereses, por lo que podemos hablar de prescripción de este derecho que en algún momento ostentaron, pues esos intereses no pueden ser reconocidos con retroactividad, por lo que esta excepción esta llamada a prosperar, frente a los intereses de mora”5.

Finalmente, se refirió al pago de la obligación en cumplimiento del turno , señalando que la demandante debía esperar el turno asignado para el pago de la sentencia; pues, de lo contrario, vulnera el derecho a la igualdad de otros

3 Índice 0 79 del expediente electrónico de primera instancia, visible en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa SAMAI.

la sentencia; pues, de lo contrario, vulnera el derecho a la igualdad de otros

3 Índice 0 79 del expediente electrónico de primera instancia, visible en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa SAMAI. 4 Índice 085 del expediente electrónico de primera instancia, visible en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa SAMAI. 5 Índice 085 del expediente electrónico de primera instancia, visible en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial de la Jur isdicción Contenciosa Administrativa SAMAI.4

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EJECUTIVO N° 41001-33-33-003-2018-00243-03

Demandante: Nancy Córdoba; Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial beneficiarios de condenas judiciales que han presentado la respectiva documentación con anterioridad.

2.2. Sentencia apelada:

El 3 de diciembre de 20246, la Juez Tercera Administrativa del Circuito de Neiva dictó sentencia en el marco de la celebración de la audiencia inicial, en la cual declaró no probadas las excepciones formu ladas por la entidad ejecutada, ordenó s eguir adelante con la ejecución , y condenó en costas a la parte vencida.

Para el efecto, en tratándose de la excepción de confusión estimó que, no es de recibo el argume nto planteado por la ejecutada, por cuanto , lo que contempla la Ley es que, si no se presenta oportunamente la cuenta de cobro, se suspenderá el pago de los intereses moratorios; de suerte que, si tal

de recibo el argume nto planteado por la ejecutada, por cuanto , lo que contempla la Ley es que, si no se presenta oportunamente la cuenta de cobro, se suspenderá el pago de los intereses moratorios; de suerte que, si tal normatividad constituyera una auténtica obligación, el apoderado de la demandada estaría habilitado para exigir el cumplimiento de la misma en su modalidad de hacer, circunstancia que, a juicio de la a quo, no se configura en el sub examine , pues, la consecuencia jurídica que plantea la norma es la suspensión de los intereses que se vienen causando, como una sanción para el acreedor que no es diligente en la radicación de su cuenta de cobro ante la entidad ejecutada; sin embargo, no resulta plausible derivar de ello la posibilidad que el deudor requiera judicialmente el cumplimiento de dicho trámite.

Así, adujo que “no existe confusión pues lo que el apoderado de la Rama Judicial denomina como “obligación”, en realidad corresponde a un simple “trámite” cuya falta solo trae una consecuencia negativa para el acreedor, consistente en la no causación de intereses mientras no presente debidamente la cuenta de cobro”.

En cuanto a la excepción de prescripción, sostuvo que, la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho se produjo el 13 de enero de 2022, de manera que, los tres (3) meses de que trata el precepto 192 del C.P.A.C.A. fenecieron el 14 de abril de 2022. En esa senda, teniendo en cuenta que la documentación se radicó por parte de la ejecutante el 16 de febrero de 2023, se torna palmario

el 14 de abril de 2022. En esa senda, teniendo en cuenta que la documentación se radicó por parte de la ejecutante el 16 de febrero de 2023, se torna palmario para el despacho de primera instancia que cesaron los intereses causados entre el 15 de abril de 2022 y el 15 de febrero de 2023, reanudándose los mismos,

6Índice 112 del expediente electrónico de primera instancia, visible en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa SAMAI.5

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Demandante: Nancy Córdoba; Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial desde el 16 de febrero de 2023, y hasta que se verifique el pago ; razón por la cual se permite indicar que “NO prospera la exceptiva”.

Igualmente, consideró que la excepción denominada “pago de la obligación en cumplimiento constitucional del turno” no tiene vocación de prosperidad, como quiera que, si bien existen unos turnos estrictos para el cumplimiento de las providencias base de recaudo, lo cierto es que, tal situación no impide que los titulares de la obligación puedan iniciar las acciones ejecutivas a efectos de garantizar el cobro de las obligaciones a su favor.

Finalmente, al condenar en costas a la entidad demandada, fijó como agencias en derecho la suma de $2.782.501, equivalente al 5% de la suma determinada como capital adeudado.

2.3. La apelación:

Inconforme con la anterior decisión, el mandatario judicial de la ejecutada

en derecho la suma de $2.782.501, equivalente al 5% de la suma determinada como capital adeudado.

2.3. La apelación:

Inconforme con la anterior decisión, el mandatario judicial de la ejecutada interpuso recurso de apelación7 planteando –en primer lugar– la existencia de diferencias entre lo cobrado y lo realmente debido por concepto de capital; circunstancia que impedía a la entidad realizar el pago ejecutado.

En segundo lugar, controvirtió la condena en costas, específicamente las agencias en derecho fijadas, por considerar que no se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias.

Al respecto, expuso que, el propósito de las agencias en derecho era reconocer los costos afrontados por la representación en el proceso judicial, esto es, como contraprestación al tiempo y el esfuerzo dedicados; los cuales resultaban menores en un trámite ejecutivo que en el curso del medio de control que dio lugar a la condena ejecutada.

De modo que, las costas en el proceso ejecutivo no debían necesariamente tasarse a partir de su causación, sino que “una vez cumplida la obligación dentro del término señalado en el mandamiento ejecutivo, se revisarán las actuaciones surtidas y se tasarán con base en las tarifas para dichos procesos”8.

3. Trámite de Segunda Instancia

7 Índice 11 3 del expediente electrónico de primera instancia, visible en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa SAMAI. 8 Índice 113 del expediente electrónico de primera instancia, visible en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa SAMAI.6

Contenciosa Administrativa SAMAI. 8 Índice 113 del expediente electrónico de primera instancia, visible en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa SAMAI.6

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Demandante: Nancy Córdoba; Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial El 7 de febrero de 2025 se admitió el recurso de apelación presentado por la parte ejecutada 9. Luego, el 13 de febrero siguiente, el Secretario de esta Corporación pasó el expediente al despacho para proferir decisión de segundo grado10, en armonía a lo consagrado en el artículo 247 -5º del C.P.A.C.A.11; sin que previo a ello se allegar e pronunciamiento alguno d e las partes o el

Ministerio Público.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Tribunal es competente para conocer este asunto en segunda instancia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta que se trata de una sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva y corresponde a la Corporación su conocimiento como superior funcional.

Igualmente, de acuerdo con el artículo 328 del C.G.P., la competencia se circunscribe a los argumentos formulados por la parte ejecutada en el escrito de alzada.

2. Problema Jurídico

El problema jurídico se contrae a establecer si las diferencias en la determinación del capital adeudado impiden realizar el pago de la obligación y

de alzada.

2. Problema Jurídico

El problema jurídico se contrae a establecer si las diferencias en la determinación del capital adeudado impiden realizar el pago de la obligación y si debe modificarse el monto de las agencias en derecho fijadas por la Juez Tercera Administrativa de Neiva; o si, por el contrario, hay lugar a confirmar la providencia impugnada, en la que se declaró no probadas las excepciones formuladas por la entidad ejecutada y se ordenó seguir adelante con la ejecución.

3. Resolución del Problema Jurídico

Para resolver el asunto planteado, se analizará brevemente (i) la naturaleza del proceso ejecutivo y los aspectos generales de los títulos ejecutivos, así como a (ii) las excepciones procedentes en los casos de ejecución de providencias

9 Índice 005 del expediente electrónico de segunda instancia, visible en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial de la Jur isdicción Contenciosa Administrativa SAMAI. 10 Índice 010 del expediente electrónico de segunda instancia, visible en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa SAMAI. 11 Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.7

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Demandante: Nancy Córdoba; Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial judiciales, y (ii) las co stas procesales y las agencias en derecho; para posteriormente dilucidar el caso concreto.

3.1. Naturaleza del proceso ejecutivo:

Los procesos ejecutivos buscan el cumplimiento total y definitivo de

judiciales, y (ii) las co stas procesales y las agencias en derecho; para posteriormente dilucidar el caso concreto.

3.1. Naturaleza del proceso ejecutivo:

Los procesos ejecutivos buscan el cumplimiento total y definitivo de obligaciones expresas, claras y exigibles, bien sean de dar, hacer o no hacer; por lo que el fin de dicho trámite sobreviene, por regla general, ante la extinción de la obligación.

Al tenor del artículo 104, numeral 6, del C.P.A.C.A., la jurisdicción contenciosa administrativa es competente para conocer de “los procesos ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como las providencias de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contrat os celebrados por esas entidades”.

En concordancia, el artículo 297, numeral 3, del mismo estatuto procesal, “las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias”, constituyen título ejecutivo.

3.2. Aspectos generales del título ejecutivo:

Doctrinalmente, el título ejecutivo ha sido definido como aquel en el cual consta una obligación que puede ser de dar, de hacer o de no hacer, que debe ser clara, expresa y actualmente exigible y proveniente del deudor12; o como:

“el documento, o la serie de dos o más documentos conexos, que por mandato legal o judicial o por acuerdo de quienes lo suscriben, contiene una obligación de pagar una suma de dinero, o dar otra cosa,

“el documento, o la serie de dos o más documentos conexos, que por mandato legal o judicial o por acuerdo de quienes lo suscriben, contiene una obligación de pagar una suma de dinero, o dar otra cosa, o de hacer o no hacer a cargo de una o más personas y a favor de otra y otras personas, que por ser expresa, clara, exigible y constituir plena prueba, produce certeza judicial necesaria para que pueda ser satisfecha mediante el proceso de ejecución respectivo”13

A su turno, el artículo 442 del Código General del Proceso dispone que, pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que

12 Rodríguez Tamayo, Mauricio Fernando. L a acción ejecutiva ante la jurisdicción administrativa. El concepto de título ejecutivo. Librería Jurídica Sánchez R Ltda., 5ª Ed. p. 53. 13 Velásquez Gómez, Luis Guillermo. Los procesos ejecutivos y medidas cautelares. 13ª Ed. Editorial Librería Jurídica S ánchez R. Ltda. Medellín, 2006. p. 47.8

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Demandante: Nancy Córdoba; Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial consten en documentos que provengan del deudor , o de su causante , y constituyan plena prueba contra él.

En uniforme jurisprudencia, las Altas Cortes han sostenido que los títulos ejecutivos deben gozar de ciertas condiciones formales y sustanciales 14. Particularmente, en providencia del 11 de octubre de 2006 15, el Consejo de Estado señaló que las formales consisten en que el documento , o el conjunto

ejecutivos deben gozar de ciertas condiciones formales y sustanciales 14. Particularmente, en providencia del 11 de octubre de 2006 15, el Consejo de Estado señaló que las formales consisten en que el documento , o el conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación, sean auténticos, y emanen del deudor , o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el Juez, o tribunal, o de cualquier jurisdicción, de un acto administrativo debidamente ejecutoriado , o de otra providencia judicial que tuviere fuerza ejecutiva conforme a la Ley.

Por su parte, aquellas sustanciales hacen referencia a que las obligaciones que se acreditan a favor del ejecutante , o de su causante, y a cargo del ejecutado, o del causante, sean claras, expresas y exigibles.

En ese sentido, se entiende que una obligación es expresa, cuando aparece precisa y manifiesta en la redacción misma del título; es decir que, en el documento que contiene la obligación, deben constar, en forma nítida, en primer término, el crédito del ejecutante y en segundo término, la deuda del ejecutado; de manera que se declaran expresamente estas dos situaciones sin que, para ello, sea necesario acudir a elucubraciones, o suposiciones.

Así, es clara, cuando aparece fácilmente determinada en el título, esto es, que debe ser fácilmente inteligible, y entenderse en un solo sentido.

Y, es exigible, cuando puede requerirse el cumplimiento de la misma por no estar sometida a plazo o condición, o bien porque estos se hubieren cumplido.

De otro lado, los títulos ejecutivos se han clasificado como singulares y complejos, siendo los primeros aquellos que se encuentran contenidos en un

estar sometida a plazo o condición, o bien porque estos se hubieren cumplido.

De otro lado, los títulos ejecutivos se han clasificado como singulares y complejos, siendo los primeros aquellos que se encuentran contenidos en un solo documento, y los segundos, los que están integrados por un conjunto de documentos.

Ahora, respecto de los procesos ejecutivos cuya fuente se desprende de sentencias, o providencias judiciales, como se indicó en precedencia, el artículo 297 del C.P.A.C.A. señala que constituyen título ejecutivo:

14 Al respecto, puede verse: Corte Constitucional. Sentencia del 10 de diciembre de 2018. Expediente T -6.609.035. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de l 30 de noviembre de 2017. Magistrado Ponente: Lus Armando Tolosa Villabona. Radicación: 11001-22-03-000-2017-02586-01. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Providencia del 11 de octubre de 2006. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Radicación: 15001-23-31-000-2001-00993-01(30566).9

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Demandante: Nancy Córdoba; Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

“1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

“1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible”

De igual modo, el artículo 298 ídem expresa que, en el caso del citado numeral 2, se emitirá orden de cumplimiento transcurridos seis (6) meses desde la firmeza de la decisión o desde la fecha que en ella se señale, sin que esta se hubiese pagado.

A su turno, el inciso 2 del artícul o 299 del mismo estatuto procesal, dispone que, “[…] las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en la liquidación o pago de una suma de dinero serán ejecutadas ante esta misma jurisdicción según las reglas de competencia contenidas en este Có digo, si dentro de los diez (10) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia la entidad obligada no le ha dado cumplimiento”.

Ahora bien, en cuanto a la conformación del título, el Consejo de Estado ha sostenido que, por regla general, en los procesos ejecutivos que se promueven con fundamento en providencias judiciales, el título ejecutivo es complejo , y está conformado por la providencia, y el acto que expide la administración para cumplirla, casos donde el proceso ejecutivo se inicia porque la sentencia se acató de manera imperfecta. No obstante, por excepción el título ejecutivo es simple, y se integra únicamente con la sentencia , o la respectiva providencia,

cumplirla, casos donde el proceso ejecutivo se inicia porque la sentencia se acató de manera imperfecta. No obstante, por excepción el título ejecutivo es simple, y se integra únicamente con la sentencia , o la respectiva providencia, verbi gracia , cuando la administración no ha proferido el acto para dar cumplimiento a la obligación constituida en la decisión judicial16.

3.3. Excepciones procedentes en los casos de ejecución de providencias judiciales:

Recuérdese que por expresa remisión de los artículos 298 y 306 del C.P.A.C.A., el trámite ejecutivo se rige por el Código General del Proceso, estatuto que en su artículo 442, numeral 2, establece las reglas aplicables a la formulación de excepciones cuando se trata de una obligación contenida en una providencia, conciliación, o transacción judicial, así:

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Auto del 7 de abril de 2016. Consejero Ponente: Gerardo

Arenas Monsalve. Radicación: 68001-23-31-000-2002-01616-01(0957-15).10

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Demandante: Nancy Córdoba; Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

“ARTÍCULO 44 2. EXCEPCIONES . La formulación de excepciones se someterá a las siguientes reglas:

[…]

2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza

someterá a las siguientes reglas:

[…]

2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, solo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o e mplazamiento y la de pérdida de la cosa debida.”

Sobre el particular se ha pronunciado el Consejo de Estado, precisando lo siguiente:

"Ahora bien, respecto de cuáles excepciones pueden proponerse en el proceso ejecutivo derivado de alguna disposición que contenga una obligación clara, expresa y exigible en la actualidad, la normatividad es precisa al consagrar taxativamente la procedencia de las mismas.

Asimismo, el numeral 2º del artículo 509 del C. P. C., hoy previsto en el numeral 2º del Artículo 442 del nuevo Código General del Proceso prevé que si el título ejecutivo consiste en una sentencia de condena o cualquier otra providencia que lleve consigo ejecución, ‘sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia…, la de ‘pérdida de la cosa debida […]’ y las nulidades originadas en la indebida representación de las partes o la falta de notificación a las personas que deben ser citadas como partes. En cuanto a los hechos constitutivos de excepciones previas el citado artículo señala ahora

la cosa debida […]’ y las nulidades originadas en la indebida representación de las partes o la falta de notificación a las personas que deben ser citadas como partes. En cuanto a los hechos constitutivos de excepciones previas el citado artículo señala ahora que no pueden proponerse’ [...] ni aún por la vía de reposición"17.

Lo anterior encuentra fundamento en que el propósito de la eje cución es obtener el cumplimiento de una obligación clara, expresa y exigible, es decir, de la cual se tiene certeza no solo sobre su existencia, sino también de sus

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Auto del 7 de diciembre de 2017. Con sejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicación: 25000-23-36-000-201500819-03 (60499)11

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EJECUTIVO N° 41001-33-33-003-2018-00243-03

Demandante: Nancy Córdoba; Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial titulares, y las condiciones o criterios a los que está sometida la obligación; de ahí que, en este tipo de procesos no tenga cabida un espacio para proponer otro tipo de excepciones , o consideraciones que redundarían en el resurgimiento de una controversia que ya fue decantada por la autoridad jurisdiccional de la que proviene el título ejecutivo.

3.4. De las costas procesales y las agencias en derecho:

Sobre las costas procesales, jurisprudencialmente se ha definido que se trata de los gastos que deben ser sufragados en el proceso, lo que incluye las

3.4. De las costas procesales y las agencias en derecho:

Sobre las costas procesales, jurisprudencialmente se ha definido que se trata de los gastos que deben ser sufragados en el proceso, lo que incluye las expensas –esto es, las notificaciones, los hon orarios de los peritos, los impuestos de timbre, las copias, los registros, las pólizas y, en general, cualquier erogación distinta al pago de los honorarios del abogado – y las agencias en derecho, las cuales corresponden a los gastos de apoderamiento dent ro del proceso18.

Al referirse a la condena en costas, el artículo 188 del C.P.A.C.A. señala que su liquidación y ejecución se regirá por las normas del procedimiento civil, esto es, el Código General del Proceso; estatuto procesal en cuyo