TA CHO - 27001333300220220003001-(28-10-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

M.P. Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Neiva, veinte (20) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

MEDIO CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE : YEFERZON CONDE VANEGAS Y OTROAS

DEMANDADO : NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSAEJERCITO

NACIONAL PROVIDENCIA : SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA RADICACIÓN : 41 001 33 33 007 2019 00194 01

Aprobado en Sala de la fecha. Acta N° 035.

1. OBJETO A DECIDIR.

Corresponde a la Sala decidir de fondo el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 12 de agosto de 2021 , proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Neiva, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1.1. De las pretensiones de la demanda.

YEFERZON CONDE VANEGAS, GACELA CONDE VANEGAS, BRAYAN STID CONDE VANEGAS Y MIRLEY VANEGAS CEDIEL , por conducto de apoderado judicial, han promovido demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, con el fin de que se le declare administrativamente responsable por los daños y perjuicios que le fueron ocasionados, derivados de la

directa contra la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, con el fin de que se le declare administrativamente responsable por los daños y perjuicios que le fueron ocasionados, derivados de la enfermedad denominada esquizofrenia paranoide adquirida por el señor Yeferzon Conde Vanegas durante la prestación del servicio militar obligatorio en el año 2017.

En consecuencia, se condene a las entidades demandadas al reconocimiento y pago por los daños y perjuicios ocasionados de la siguiente manera:

a) Perjuicios inmateriales - Daños morales: La suma de 100 S .M.M.L.V. para Yeferzon Conde Vanegas, afectado directo y para la señora Mirley Vanegas Cediel, madre del afectado. A su vez la suma de 50 S .M.M.L.V. para Gacela,2

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y Brayan Stid Conde Vanegas, en calidad de hermanos.

• Daño a la salud : La suma de 1 00 S .M.M.L.V. para Yeferzon Conde Vanegas en su calidad de afectado directo.

Se le ordene la NACI ÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL - BATALLÓN DE INGRESOS NO. 53 DE CONSTRUCCIONES ESPECIALES DE NEIVA, seguir prestando los servicios de salud y el tratamiento psiquiátrico al joven YEFERZON CONDE VANEGAS

NACIONAL - BATALLÓN DE INGRESOS NO. 53 DE CONSTRUCCIONES ESPECIALES DE NEIVA, seguir prestando los servicios de salud y el tratamiento psiquiátrico al joven YEFERZON CONDE VANEGAS permanentemente.

Que se realice Junta m édico laboral por parte de la NACI ÓN - MINISTERIO

DE DEFENSAEJÉRCITO NACIONAL - BATALLÓN DE INGRESOS N ° 53

DE CONSTRUCCIONES ESPECIALES DE NEIVA, donde determine la pérdida de capacidad laboral de YEFERZON CONDE VANEGAS y de corresponderle una p érdida superior al 50% se le conceda la pensión de invalidez.

1.2. Los hechos fundamento de la demanda.

Indica la demanda que el demandante Yeferzon Conde Vanegas fue incorporado al Ejército el 8 de febrero de 2017 luego de aprobar exámenes físicos y psicológicos, siendo asignado al Batallón de Ingenieros No. 53 en Neiva.

Tras completar su entrenamiento y juramento de bandera , fue enviado a prestar servicio en la Base Militar de Cerro Neiva, bajo el mando del subintendente Juan Sebastián Bello Lozano y dos cabos.

En agosto de 2017, el subintendente Bello Lozano le ordenó subir a una torre de energía eléctrica para conectar cables y, pese a que Yeferzon advirtió que era ilegal y peligroso, fue obligado a cumplir la orden.

Que, al subir a la torre, Yeferzon entregó un cable al subintendente , quien recibió una descarga eléctrica y cayó al suelo, hecho que dejó a Yeferzon en estado de shock.

Que, al subir a la torre, Yeferzon entregó un cable al subintendente , quien recibió una descarga eléctrica y cayó al suelo, hecho que dejó a Yeferzon en estado de shock.

Tras el accidente, los mandos presentes comenzaron a amenazar e intimidar a Yeferzon para que no hablara sobre lo ocurrido, sometiéndolo a maltratos psicológicos y sobrecarga de trabajo, por lo que, en septiembre de 2017, Yeferzon empezó a presentar síntomas de afectación psicológica como insomnio, ansiedad y nerviosismo, especialmente tras saber que el subintendente sufrió quemaduras.

Después de varios meses de sufrir maltratos y amenazas, el soldado Yeferzon Conde Vanegas empezó a mostrar un comportamiento retraído y3

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callado, lo cual preocupó a su madre quien al preguntarle por teléfono qué le ocurría, sin obtener respuestas claras debido al miedo que él sentía.

Precisa que el cabo Segundo Ibarra obligó a Yeferzon Conde Vanegas, mediante amenazas y maltrato psicológico, a firmar un documento con el fin de cerrar la investigación sobre el accidente ocurrido, no obstante, pese a haber sido reubicado continuaron los maltratos del mencionado Cabo, quien lo humillaba verbalmente.

En el mes de octubre de 2017 Yeferzon es enviado para Bue naventurahaber sido reubicado continuaron los maltratos del mencionado Cabo, quien lo humillaba verbalmente.

En el mes de octubre de 2017 Yeferzon es enviado para Bue naventurainfantería de Marina No. 2, donde, por encontrarse bien de salud y no cumplir bien su servicio por la enfermedad que lo aquejaba, algunos compañeros del pelotón lo inducían a consumir marihuana y algunas veces sin que él se diera cuenta le aplicaban otras sustancias no conocidas. Asimismo, lo maltrataban psicológicamente, especialmente por el sargento Felipe Vélez.

En abril de 2018, el sargento Vélez llamó a la señora Mirley Vanegas para avisarle que a Yeferzon lo enviarían a Neiva en bus, pre via descalificación del soldado e ignorando que estaba enfermo por presiones y maltrato recibido tras el accidente.

Al recibirlo, su madre notó cambios severos en el comportamiento de Yeferzon, por lo que lo llevó al hospital, donde le diagnosticaron esquizofrenia paranoide, trastorno afectivo bipolar, ep isodios depresivos y psicóticos desarrolladas durante su estancia en el Ejército.

La enfermedad ha empeorado progresivamente , y aunque está en tratamiento, ha tenido interrupciones porque fue desafiliado del sistema de salud militar tras su desacuartelamiento sin evaluación médica adecuada.

Precisa la demanda que e l Ejército no realizó exámenes de retiro ni junta médica, y entregó a Yeferzon enfermo a su famil ia, pese a haber sido admitido inicialmente en condiciones físicas y mentales óptimas. El concepto psicológico de ingreso lo declaró completamente apto , lo que respalda que

médica, y entregó a Yeferzon enfermo a su famil ia, pese a haber sido admitido inicialmente en condiciones físicas y mentales óptimas. El concepto psicológico de ingreso lo declaró completamente apto , lo que respalda que su deterioro mental ocurrió durante la prestación del servicio militar por causa del maltrato sufrido.

Debido a las patologías adquiridas, Yeferzon no puede llevar una vida normal, practicar deportes ni trabajar, y depende de tratamiento psiquiátrico continuo, lo que ha ocasionado en su familia crisis emocionales, angustia y trastornos en su vida diaria , ya que no pueden dejarlo solo y han debido internarlo en múltiples ocasiones.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

Por conducto de apoderado, la entidad accionada se opuso a las4

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pretensiones de la demanda, argumentando que carece de hechos y pruebas que demuestren la responsabilidad de la entidad.

Indica que la demanda presenta una versión de las circunstancias de modo, tiempo y lugar del supuesto daño sufrido por Yeferzon Conde Vanegas. Sin embargo, la entidad demandada sostiene que no hay evidencia suficiente que pruebe estos hechos, ni que el daño tenga origen en una acción u omisión atribuible a la administración.

Precisó que tampoco está demostrado que el soldado tenga un estado de

embargo, la entidad demandada sostiene que no hay evidencia suficiente que pruebe estos hechos, ni que el daño tenga origen en una acción u omisión atribuible a la administración.

Precisó que tampoco está demostrado que el soldado tenga un estado de salud crítico, ni que haya una limitación definitiva de su capacidad laboral, no hay informes médicos posteriores al hecho ni constancia de atención por parte de personal médico militar y tampoco hay informe administrativo de lesión o registro de ingreso al dispensario médico por descarg a eléctrica, como afirma la demanda, pese a que la carga de la prueba recae sobre el demandante.

Reitera que la actividad de la entidad se ejecutó dentro de los márgenes normales del servicio militar, el soldado no fue sometido a riesgos mayores que sus compañeros, las actividades realizadas eran propias del entrenamiento militar y no representaban peligros extraordinarios.

Precisa que el servicio militar es una carga impuesta por el Estado en beneficio del interés general y la ley solo prevé algunas compensaciones, que no son laborales ni equivalentes al régimen de soldados profesionales, por lo que los daños sufridos durante el servicio no son antijurídicos per se, ya que son inherentes a dicha carga pública.

Finalmente, precisa que no se configuró un sacrificio especial ni injusto frente a los demás conscriptos, no se rompió el equilibrio frente a las cargas públicas y no existe prueba de que el daño sea atribuible al Estado bajo ningún régimen de responsabilidad (falla del servicio, riesgo excepcional, etc.).

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El a quo negó las pretensiones de la demanda, considerando que, a pesar de estar p robada la afectación a la salud mental del demandante , no existe

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El a quo negó las pretensiones de la demanda, considerando que, a pesar de estar p robada la afectación a la salud mental del demandante , no existe evidencia suficiente para establecer un nexo causal entre dicha afectación y la prestación del servicio. La causa determinante, según las pruebas, es el consumo voluntario de alucinógenos por parte del demandante , lo que configura la excepción de culpa exclusiva de la víctima, lo cual exonera al Estado de responsabilidad extracontractual.

Destacó la distinción con los soldados profesionales: el soldado obligatorio presta servicio por deber constitucional (solidaridad y reciprocidad social), mientras que el profesional lo hace voluntariamente a cambio de una5

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contraprestación, precisando que el Estado tiene una obligación de garantizar la integridad psicofísica de los obligados al servicio.

Precisó que la demanda atribuye el origen de las patologías a un incidente de descarga eléctrica durante una orden, pero este hecho no está suficientemente probado, pues no a parece en informes administrativos de lesiones, los testimonios que sugieren el incidente se basan en referencias indirectas (lo dicho por la madre del demandante) y rumores, y no en presencia directa de los testigos, la historia clínica no menciona el supuesto incidente ni atención médica relacionada.

indirectas (lo dicho por la madre del demandante) y rumores, y no en presencia directa de los testigos, la historia clínica no menciona el supuesto incidente ni atención médica relacionada.

De igual forma, señala que l as alegaciones de malos tratos tampoco fueron probadas y se desvirtúan con el acta de buen trato firmada por el demandante, a la cual el juzgado le otorga mayor peso probatorio.

Consideró que e l planteamiento del Ministerio Público sobre una posible omisión en la valoración de ingreso del demandante no fue el eje central de la demanda y no está probado en el expediente.

El fa llo le otorgó “pleno valor probatorio” al dictamen pericial aportado al proceso, el cual, con base en la historia clínica, determinó que las patologías del demandante tienen un origen común, no atribuible al servicio militar. De manera concreta, concluyó q ue la aparición de las enfermedades mentales se debió al consumo de sustancias alucinógenas, sin que exista prueba de que estas le hayan sido suministradas por la institución, ni de que las funciones asignadas durante el servicio hayan sido tan desproporci onadas como para inducir dicho consumo o causar los trastornos.

Finalmente, el juzgado sostuvo que, al ser el daño consecuencia de una decisión autónoma y voluntaria del propio demandante, se rompe el nexo causal con la prestación del servicio militar. En consecuencia, no se puede atribuir responsabilidad al Estado, ya que no se demostró que el conscripto hubiera sido expuesto a un riesgo excepcional, ni que se haya producido una ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas, ni tampoco que hubiera existido falla en la prestación del servicio.

hubiera sido expuesto a un riesgo excepcional, ni que se haya producido una ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas, ni tampoco que hubiera existido falla en la prestación del servicio.

4. RECURSO DE APELACIÓN.

4.1. PARTE DEMANDANTE

El apoderado de la parte actora solicita que se revoque el fallo de primera instancia y se acceda a las pretensiones de la demanda, declarando la responsabilidad del Estado por el daño antijurídico y especial sufrido por Yeferzon Conde Vanegas. Señala que las enfermedades que lo aquejan surgieron durante la prestación del servicio militar obligatorio, en un contexto6

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de presión, amenazas y maltrato psicológico que no fueron debidamente valorados por el juez de primera instancia.

Cuestiona que la decisión judicial se haya basado en un dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, elaborado por médicos laborales y no por especialistas en psiquiatría, quienes carecen de competencia técnica para determinar el origen y las causas de enfermedades mentales. Enfatiza que dicho dictamen solo podía emplearse para establecer la pérdida de capacidad laboral, pero no para atribuir responsabilidad ni para fijar la fecha de estructuración del daño.

Asimismo, advierte que durante la audiencia de contradicción del dictamen pericial no se le permitió ejercer plenamente su derecho de defensa, ya que

fijar la fecha de estructuración del daño.

Asimismo, advierte que durante la audiencia de contradicción del dictamen pericial no se le permitió ejercer plenamente su derecho de defensa, ya que el juez impidió la formulación de preguntas esenciales. Esta limitación condujo a una interpretación errónea del alcance del dictamen, al otorgársele efectos que no le correspondían, como la determinación del origen de la patología.

Reclama también que el fallo haya fijado como fecha de estructuración del daño el 22 de abril de 2019, cuando ya existían diagnósticos psiquiátricos desde mayo de 2018, según consta en la historia clínica y en los testimonios aportados.

Argumenta que la enfermedad se desarrolló durante la prestación del servicio militar, bajo custodia directa del Estado, lo cual configura un daño especial que altera el equilibrio de las cargas públicas. En este sentido, aunque se alegue un posible consumo de sustancias, dicho hecho —no plenamente probado— ocurrió en un entorno de vigilancia y control estatal, lo que impone al Ejército un deber de protección del conscripto, sin que pueda escudarse en la autonomía del individuo.

Agrega que el dictamen pericial no establece una relación causal entre el consumo de sustancias y la esquizofrenia que padece el actor. Por el contrario, existen antecedentes clínicos y testimoniales que evidencian el deterioro progresivo de su salud mental durante el servicio, lo cual desvirtúa la tesis de que el daño sea imputable exclusivamente a la conducta del demandante.

También critica que el juez haya restado importancia a la ausencia de un

deterioro progresivo de su salud mental durante el servicio, lo cual desvirtúa la tesis de que el daño sea imputable exclusivamente a la conducta del demandante.

También critica que el juez haya restado importancia a la ausencia de un informe oficial sobre el incidente eléctrico en el que participó Yeferzon Conde, sin considerar que este fue objeto de amenazas por parte de sus superiores, lo cual fue corroborado por el testimonio de su compañero José Ricardo.

Señala, además, que se otorgó valor probatorio a un acta de buen trato firmada por el actor, pese a que ya padecía las enfermedades mentales diagnosticadas, lo que compromete su capacidad para expresar libremente7

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su voluntad. Igualmente, se omitió valorar un testimonio que advertía sobre el comportamiento alterado del demandante al momento de suscribir dicho documento.

Finalmente, recuerda que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que cuando el Estado impone el deber de prestar servicio militar y si el conscripto resulta afectado en s u salud, debe responder si no lo reintegra en las mismas condiciones en que lo recibió. En este caso, Yeferzon Conde ingresó en condiciones psicofísicas normales, situación confirmada por los testimonios, aun cuando el examen médico de ingreso no fue anexado al expediente.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1 Competencia

Conde ingresó en condiciones psicofísicas normales, situación confirmada por los testimonios, aun cuando el examen médico de ingreso no fue anexado al expediente.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1 Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se decidirá la apelación formulada.

6.2 Oportunidad de la acción

En relación con la caducidad de la acción de reparación directa, el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo establece:

“i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.

En el presente caso, el hecho por el cual se endilga responsabilidad a la entidad demandada y que según el apoderado del demandante habría generado el daño, correspond e a la enfermedad denominada esquizofrenia paranoide adquirida por el señor Yeferzon Conde Vanegas durante la prestación del servicio militar obligatorio.

El primer diagnóstico de la enfermedad se realizó el 23 de mayo de 2018, cuando el señor Yeferzon Conde Vanegas aún prestaba el servicio militar. En este orden de ideas, el término para presentar la demanda, so pena de operar la caducidad, vencía el 23 de mayo de 2020, pero como fue radicada

cuando el señor Yeferzon Conde Vanegas aún prestaba el servicio militar. En este orden de ideas, el término para presentar la demanda, so pena de operar la caducidad, vencía el 23 de mayo de 2020, pero como fue radicada el 9 de julio de 2019, se tiene entonces, que fue dentro del término previsto en la ley.

6.3. Las pruebas aportadas al proceso8

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• Registros civiles de nacimiento autenticados de Yeferzon Conde Vanegas, Mirley

Vanegas Cediel, Gacela Conde Vanegas, Brayan Stid Conde Vanegas.1

• Historia Clínica del señor Yeferzon Conde Vanegas emitida por el Hospital

Universitario Hernando Moncaleano Perdomo”.2

• Certificación de prestación del servicio militar obligatorio del señor Yeferzon Conde Vanegas, emitida por el Batallón de Ingenieros N°53 de Construcción

Coronel Manuel María Paz Delgado del Ejército Nacional.3.

• Copia de la libreta militar del señor Yeferzon Conde Vanegas.4

• Orden Administrativa de Personal N°1198 de la Dirección de Personal del Ejército Nacional de fecha 8 de febrero de 2017. por medio de cual se declara el alta de soldados regulares y bachilleres .5

• Orden Administrativa de Personal N°1771 de la Dirección de Personal del Ejército Nacional de fecha 31 de julio de 2018. por medio de cual se descuartela a un

soldados regulares y bachilleres .5

• Orden Administrativa de Personal N°1771 de la Dirección de Personal del Ejército Nacional de fecha 31 de julio de 2018. por medio de cual se descuartela a un personal por tiempo de servicio militar cumplido.6

• Extracto de hoja de vida del Ejército Nacional del señor Yeferzon Conde

Vanegas.7

• Dictamen de Calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional practicado al señor Yeferzon Conde Vanegas el 18 de febrero de 2021.8

• Ficha médica unificada – Administración y Retiro de Personal de fecha 6 de agosto de 20189.

• Acta del examen médico, psicológico y odontólogo por licenciamiento tiempo servicio militar cumplido de acuerdo hr no 20182133688003/mdn -cgfm-coejcsecej-jempp-cede3-diorg de fecha 27 de junio 2018 a un soldado regular integrantes del primer con tingente de 2017 (1 -c 2017) orgánico del batallón de ingenieros No.53 de construcción realizado con el apoy o de los profesionales de la salud del dispensario médico de la Novena Brigada donde determinan si algún soldado tiene alguna clase de novedad física, psicológica o odontológica con el fin de continuar prestándole los servicios médicos hasta solucionar dicha novedad.10

• Acta del buen trato donde el soldado regular integrante del primer contingente 2017 Yeferzon Conde Vanegas testifica bajo el jura mento de buena fe que el tiempo que estuvo en calidad de incorporado por el batallón de ingenieros No. 53 de construcción "Coronel Manuel María Paz Delgado" se les respetaron todos sus

2017 Yeferzon Conde Vanegas testifica bajo el jura mento de buena fe que el tiempo que estuvo en calidad de incorporado por el batallón de ingenieros No. 53 de construcción "Coronel Manuel María Paz Delgado" se les respetaron todos sus

1 Folios 32 al 35 C. Ppal. 1 Expediente Digitalizado 2 Folios 36 al 96 idem 3 Folio 98 idem 4 Folios 99 idem 5 Folios 102 al 103 6 Folios 104 y 105 7 Folio 106 al 109 8 Archivo 015 expediente one drive 9 Archivo 025 expediente one drive 10 Idem9

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derechos y que no fue maltratado de palabra, obra, física ni psicológicamente por el personal del Ejército Nacional.11

7. Asunto Jurídico a Resolver.

Consiste en determinar si las pruebas allegadas y controvertidas dentro del presente proceso permiten atribuir responsabilidad patrimonial y administrativa, bajo el título de daño especial, a la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSAEJERCITO NACIONAL , por la enfermedad de Esquizofrenia Paranoide que desarrolló YEFERZON CONDE VANEGAS, durante la prestación del servicio militar obligatorio como soldado auxiliar bachiller, o si hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia, que denegó las pretensiones de la demanda, por considerar que la misma no tuvo relación

prestación del servicio militar obligatorio como soldado auxiliar bachiller, o si hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia, que denegó las pretensiones de la demanda, por considerar que la misma no tuvo relación con la prestación del servicio y haber sido desencadenada por el consumo voluntario de estupefaciente por parte del conscripto.

7.1 La responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política establece una cláusula general de responsabilidad del Estado, al señalar que este responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, y que sean causados por la acción u omisión de las autoridades públicas en ejercicio de sus funciones.

De lo que se desprende que para declarar la responsabilidad estatal se requiere la concurrencia de dos presupuestos a saber: (i) La existencia de un daño antijurídico y (ii) que ese daño antijurídico sea imputable a la entidad pública, bajo cualquiera de los títulos de imputación de responsabilidad.

La Corte Constitucional, ha definido el daño antijurídico como el perjuicio que es provocado a una persona y que no tiene el deber jurídico de soportarlo. Al respecto ha señalado:

“La Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho, pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los der echos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. (…) Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido

particulares frente a la actividad de la administración. (…) Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemni zación. Igualmente, no basta que el daño sea antijurídico, sino que éste debe ser además imputable al Estado, es decir, debe existir un título que permita su atribución a una actuación u omisión de

11 Idem10

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una autoridad pública”12.

Así pues, se concluye que, para la configuración del primer elemento de la responsabilidad del Estado, se exige que además de existir un daño, sea antijurídico, lo que equivale a decir que la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, ya que se constituiría en una ruptura del principio de igualdad de los ciudadanos frente a las cargas públicas.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Así, para que el Estado indemnice el daño causado al administrado, es necesario que además de ser antijurídico, haya sido causado por la acción u omisión de las autoridades públicas, Vr. Gr., que el daño se haya ocasionado como consecuencia de una conducta desarrollada por una autoridad pública o una omisión o ausencia de c umplimiento de sus funciones. Es decir, que concurran la causalidad material - imputatio facti y la atribución jurídicaimputatio iuris.

La imputabilidad, como se vio, no solamente tiene un componente jurídico, que surge de la conducta asumida por la Administración frente a sus deberes funcionales, sino que también tiene un ingrediente fáctico, circunscrito a la relación de causalidad que debe existir entre la acción o la omisión de la autoridad y la producción del daño que denuncia la parte demandante haber sufrido.

Esto lleva al plano del onus probandi, dado que a la misma le incumbe probar que los hechos lesivos sucedieron bajo las circunstancias de tiempo, modo y lugar denunciadas, en virtud a que la mera afirmación, en estos casos, resulta insuficiente para dar por establecidos los hechos.

Atendiendo a las condiciones concretas en las que se haya producido el hecho, el Despacho deberá entonces adaptar el régimen de responsabilidad

insuficiente para dar por establecidos los hechos.

Atendiendo a las condiciones concretas en las que se haya producido el hecho, el Despacho deberá entonces adaptar el régimen de responsabilidad al caso concreto, para lo cual dará aplicación al principio iura novit curia.

Así, cuando el daño se produzca como consecuencia del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas se aplicará el régimen de daño especial; si el daño proviene de la realización de actividades peligrosas se aplicará el riesgo excepc ional; y si acaece por defectuoso funcionamiento de la Administración o por falta de actividad de la misma cuando tiene el deber de hacerlo, se aplicará la falla probada del servicio.

12 Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996.11

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Pero, en todo caso, el daño no será imputable al Estado si se evidenci a que fue producido por culpa exclusiva de la vícti